Lenin
Los partidos políticos tradicionales de Colombia se han convertido en sofisticadas estructuras de poder organizado al servicio de banqueros, mercaderes y organizaciones criminales que utilizan su influencia en el Estado para disponer a su favor del conjunto de sus instituciones, asegurarse el presupuesto y perpetuar el robo y el saqueo. Detrás de estos partidos se esconden poderosos intereses personales y corporativos que hábilmente encauzan los recursos (legales e ilegales) para inversiones exclusivas y bien focalizadas que disfrazan de proyectos regionales y locales para el “desarrollo”.
Comandados por el capataz de nombre impronunciable, nuestros hacendados y terratenientes antioqueños, galactófagos, mamadores profesionales de la teta pública, bastante reacios a pagar impuestos, convocaron a una “vaca” para demostrar que Antioquia puede sola. Una “vaca” bien lechera, lactífera, ubérrima, para pegarse de sus ubres y no morir de inanición. Estos ordeñadores del erario, vividores y exprimidores públicos, cacareando un chovinismo tosco y pastoril, provinciano y montañero, quieren promover su burda intención separatista. Pero a la “vaca” se metió de frente el Clan del Golfo y los puso en evidencia. Estos empresarios, como los llama Paola Ochoa, casi arruinan la colecta poniendo en riesgo las vías para transportar su emprendimiento hasta el golfo de Urabá, puerto principal para la exportación de un producto de primera, símbolo de nuestro empuje paisa. Como se cree muy independiente, Antioquia quiere ser una república dizque federal, pero su economía depende de tres cosas: de lo que negocian y revenden unos cuantos mercachifles y banqueros usureros, de rentas ilegales y del Presupuesto General de la Nación. ¡Paisanos, con una bandeja de fríjoles con chicharrón no se puede fundar ninguna patria!
Según Paola Ochoa, esa opinadora vacua que predica un derechismo obsceno, “los empresarios del Clan del Golfo, ¡que son empresarios!”, enfatiza, “que tampoco pagan impuestos” debieron haber aportado más a la “vaca” (10 milloncitos apenas) dispuesta por el gobernador indecoroso que hoy se apoderó de Antioquia, pues con esas vías se van a beneficiar “para poder mandar todos sus cargamentos con cocaína que salen del golfo de Urabá”, concluyó la periodista. Y de una vez aprovecho para mencionar y cuestionar un lugar común publicitado por mis coterráneos antioqueños: la tal “pujanza paisa” con la que pretenden justificar su “progreso” y “crecimiento” hace mucho que se convirtió en un mito. La ciudad industrial de Colombia ya no existe, todo lo cerraron, todo lo quebraron, y aun así Antioquia aspira a ser una república (una res-publica, una vaca-pública).
En Colombia, y particularmente en Antioquia, se ha desarrollado lo que el profesor Francisco Cortés ha llamado “capitalismo paraco”, que consiste en procesos de acumulación basados en la desposesión violenta de tierras, el acaparamiento de zonas estratégicas por su ubicación geográfica y riqueza natural, y en la explotación de fuentes ilegales de riqueza que terminaron en masacres, asesinatos, expoliaciones y desplazamientos. Este capitalismo paraco
“se desarrolló sin ninguna limitación estatal o, mejor, con el apoyo del ejecutivo de turno, como una práctica específica de acumulación de capital y aumento de riqueza, que se produjo gracias a la conformación de una relación entre paramilitares, narcotraficantes, políticos y supuestos empresarios honorables. Uno de estos es José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán” (Cortés, 2022).
El capital de nuestros ilustres burgueses de provincia proviene en gran medida de formas no legales de acumulación de capital. Contrabando, extorsiones, narcotráfico y blanqueo de beneficios obtenidos de manera ilícita se mezclan con formas legales de producción, comercio e intercambio, pues toda economía ilícita se justifica apelando a algún tipo de dimensión legal, o se presenta bajo ciertos nombres de gran aceptación social. De ahí que la gran parte de narcos e ilegales se muestren como “simples” ganaderos, empresarios, políticos o hábiles emprendedores que recubren sus riquezas con un barniz moral cuyo discurso edificante resalta el trabajo propio y diligente, el ahorro y el esfuerzo personal. “En este país no hay una sola fortuna que no tenga a la espalda un burro muerto”, dice Don Sabas en La mala hora (Márquez, 2021).
El entrecruzamiento de economías legales e ilegales que conviven y se alimentan juntas hace difuso el límite entre unas y otras y da lugar a una “economía amalgamada” (Ver: Coerción extorsiva en Medellín, 2019), que tiene efectos graves en la sociedad, dado que condiciona la inversión, la distribución, y establece una desigual concentración de la riqueza. Razón por la que Jorge Coronel escribió en el diario Portafolio:
“Con el nivel de captura que tiene el Estado y la manera como la ilegalidad se ha amalgamado con la legalidad, resulta muy difícil creer que las políticas vengan con un espíritu social. Riqueza e ilegalidad riñen con redistribución y democracia” (2021).
El poder económico de grandes empresarios impide que fluya bien la democracia, porque mientras los partidos políticos y sus programas estén atados a sus intereses a través de la promoción y financiación de candidatos y campañas, las discusiones dentro del Congreso no están orientadas a evaluar los beneficios que los proyectos de reformas o los programas de inversiones puedan o no tener sobre la población, pues se ponen por delante intereses de grupos económicos privados muy interesados en mantener intactos sus negocios y valorizar sus propiedades. Los políticos en el Congreso se comportan menos como representantes de la sociedad civil que como voceros de empresas y corporaciones.
Hay toda una cooptación instrumental de los partidos. Esta es la razón por la que hundieron la reforma a la salud en la comisión séptima de Senado, y es que los partidos de los senadores que votaron por su archivo recibieron para sus campañas dineros de dueños de dos grandes EPS: “El grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, y el grupo Bolívar, propietario de Salud Bolívar EPS, financiaron las campañas al Congreso de los partidos Liberal, Conservador, La U, Alianza Social Independiente, Centro Democrático y Colombia Justa y Libres”, publicó El país, de España. Sería bueno que Juvinao, Katherine Miranda, Alejandro Gaviria, Hache P., entre otros, nos contaran realmente en nombre de quiénes es que hablan. No lo van a hacer, por supuesto, y esta es otra de nuestra labor: llevar a cabo una ofensiva crítica cuya esencial indignación y descontento se propongan como tarea principal la investigación y la denuncia. “La agitación política más amplia y, por consiguiente, la organización de denuncia política en todos los aspectos constituye una tarea absolutamente necesaria”, escribe Lenin en Qué hacer (1975), quien además resalta la “urgentísima necesidad” que las clases populares tienen de conocimientos políticos y educación política (p. 102). “Las denuncias políticas son”, según afirma Lenin, “una declaración de guerra al gobierno” (p. 116). Sin embargo, en este caso debemos entenderlo como una declaración de guerra a quienes usan su poder desde el Estado y el Congreso para entorpecer el ejercicio del gobierno que preside Petro.
El modo de nombrar las cosas o el lenguaje que se emplea para mencionarlas no modifica en absoluto la realidad que se designa, pero el uso general de ciertos nombres, tonalidades, registros y definiciones para referirse a un determinado campo de lo real constituye el triunfo de un poder que ha posicionado su propia perspectiva. En un escrito anterior, titulado Política y lenguaje, escribí que en la actividad política el carácter común de los significados depende de un gobierno capaz de defenderlos, y mostré de qué manera el sentido del lenguaje se establece mediante la exteriorización de un poder que nombra diciendo “esto es esto y aquello”. Esto quiere decir que un poder real y una fuerza material determinan el carácter dominante del discurso y las ideas, y modifica el lenguaje y todas sus formas de expresión. Así pues, la lucha por el poder es, naturalmente, un choque ideológico cuyas perspectivas se disputan el dominio en el terreno del lenguaje. Siguiendo a Marx en la Ideología alemana, afirma el filósofo Bolívar Echeverría (2011):
“La lucha ideológica y el dominio ideológico son hechos que ocurren en primer lugar y de manera determinante en la esfera profunda del “lenguaje de la vida real”, allí donde se produce el discurso, el “lenguaje propiamente dicho”, es decir, “la conciencia y las ideas” (p. 181).
La extrema derecha con sus voceros y propagandistas RCN, Caracol, Semana y sus satélites radiales Blu radio, la W, la FM, se sienten muy incómodos (se les acabó la pauta), han reaccionado con furia contra este gobierno, y han emprendido una guerra abierta contra RCTV, Sistema de Medios Públicos de Colombia. Temen perder el dominio ideológico del espectro televisivo y radial.
La victoria popular que se alcanzó con la elección del presidente Petro nos obliga ya a dejar de ser un contrapoder. La fuerza del gobierno no puede seguir midiéndose mediante su capacidad de resistir o reaccionar para poderse defender. “Quien hace política aspira al poder. Al poder como medio al servicio de otros fines”, dice Weber. Y nosotros ya alcanzamos el gobierno, que fue un primer momento de la lucha popular, pero este Estado y su Congreso quieren sabotear sus fines, inmovilizarlo y presentarlo como inviable. Por eso hoy nos encontramos en la segunda fase de una pelea decisiva en la lucha general por el poder. “Este es el tiempo en el pueblo tiene que pasar a un segundo momento después del triunfo electoral, porque ahora hay que ejercer el poder, no el gobierno”, afirmó Gustavo Petro en su discurso de Sincelejo. Derrocar, pues, el viejo régimen que es un régimen de corrupción: así está planteada hoy nuestra tarea. Tal derrocamiento debe coincidir con la conquista del poder mediante una política de masas unificada y concertada dispuesta a defender nuestra actual Constitución. “Nos quieren arrinconar, ¿y quién nos salva? El pueblo”, sentenció Gustavo Petro. Pues bien, es necesario despertar la conciencia del antagonismo irreconciliable que existe entre el interés del pueblo y todo el régimen político y social contemporáneo; promover una conciencia práctica capaz de actuar y decidir, poniendo en el primer plano la conquista del poder para la restructuración total de la organización política. Este es justamente el llamado urgente que hace el presidente para convocar a un proceso social constituyente, pues la vía institucional de la democracia procedimental ha sido bloqueada por la organización mafiosa del poder.
David Rico
Foto tomada de: DW
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