Hay noticias recientes que indican, por fortuna, la oxigenación de la estrategia del actual gobierno para poner fin al conflicto social y armado, que aún se prolonga en un Tercer ciclo con violencias regionales, cargadas de mucho daño por sus impactos humanitarios en extensas comunidades ubicadas en zonas periféricas del territorio nacional; son comunidades campesinas, indígenas y de afros, bastante vulnerables.
El esquema de Paz del actual gobierno popular del Pacto Histórico acoge un conjunto de teorías, conceptos y leyes que convergen en un planteamiento alternativo, con dificultades en su implementación por las obvias disonancias entre la teoría y la práctica y por el fuerte contraste con el inveterado modelo de pacificación utilizado por las oligarquías desde los años 50 del siglo XX para sofocar los grupos rebeldes liberales o de orientación marxista, que tiene en la paz de JM Santos su expresión más completa; se trata de un programa de desmovilizaciones con promesas que no se cumplen por los gobiernos de turno, con campañas de exterminio de los excombatientes, tal como ocurrió con las amnistías de Rojas Pinilla, de Alberto Lleras y con los pactos posteriores hasta llegar a los del 2016, que al día de hoy presentan grandes vacíos en cada uno de sus componentes, por no decir que son un deplorable fracaso social (casi 500 ex guerrilleros de las Farc asesinados al día de hoy), propiciando el fatídico retorno de la guerra, tal como lo presenciamos en los años recientes.
Así, principios como aquel que establece que se ejecuta lo que se pacta; Ceses bilaterales iniciales entre las partes; formulación de nuevos patrones en la gestión del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado y la adopción de una ley, como la 2272 del 2022 (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=197883 ), que determina que la política de paz es una política de Estado, dieron forma a un programa de paz bastante original, propiciando la organización temprana de una Mesa de diálogos y negociaciones con el ELN (2022), posteriormente otra con las Farc ep de Iván Lozada (2023), a espacios de conversación con los Urabeños (frustrados en su primer momento), con los Pachencas de la Sierra Nevada de Santa Marta y con las bandas delincuenciales urbanas de Buenaventura, Quibdó y Medellín; y en los meses recientes, a la conformación de Mesas de negociaciones con actores insurgentes regionales como Comuneros del Sur en Nariño, las Farc de los Estados Mayores que encabeza Calarcá, con los del Clan del Golfo de Chiquito Malo y con la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano de Walter Mendoza.
Tal vez fue la falta de pericia y la imprudencia de los funcionarios gubernamentales encargados de la paz en su segundo tramo, lo que dio al traste con los avances registrados en la Mesa con el Eln; aunque este espacio mostró importantes progresos durante los primeros meses en lo relacionado con la participación política y la ampliación de la democracia, su implementación no ganó espacio por el descuido gubernamental y la agresividad semántica del principal vocero oficial, empeñado en el desafío y la abierta injerencia en los asuntos internos de la contraparte, hasta el punto de alentar su intemperancia y arrogancia militarista (con secuestros, asaltos a instalaciones militares y campañas de desplazamientos violentos de la población, como el reciente del Catatumbo), lo que derivó en la bancarrota del mecanismo establecido desde octubre del 2022, mismo que se intenta restablecer mediante la reunión de un Congreso de paz convocado para los primeros días de abril (5 de abril), por iniciativa del senador Ivan Cepeda y de Vera Grave, la jefe de la delegación gubernamental. Evento que pretende retomar los códigos argumentativos de la política en la tarea de reactivar los diálogos y consensos para erradicar la violencia. La idea es que prevalezcan los sujetos argumentativos en el restablecimiento de la Mesa de paz.
Un tanto de todo eso sucedió con la Mesa del EMC de las Farc de Ivan Lozada. Instalada en octubre del 2023 en Tibú (Norte de Santander), su quiebre se precipitó por la omisión oficial del principio de la bilateralidad en la construcción de los planes para la transformación territorial del Cañón del Micay y de los 12 municipios del Catatumbo.
Fue un acierto la adopción de los Ceses bilaterales del fuego, pues los hechos de violencia disminuyeron ostensiblemente en los territorios atrapados por la guerra desde el segundo semestre del 2022; pero, a raíz de algunos hechos sangrientos de alto impacto, la manipulación de la prensa corporativa, sobredimensionando la inseguridad, llevó al recorte del alcance de esa herramienta humanitaria probada en la superación de distintos conflictos armados.
La gran prensa corporativa, afín a las facciones de la ultraderecha, ha logrado instalar una matriz mediática adjudicándole a la Paz total las recientes manifestaciones de inseguridad y violencia en territorios como el Catatumbo, el Micay, Calamar y Arauca. Obviamente que el sentido de dicha narrativa tiene un fin político innegable: acusar y responsabilizar a la izquierda de ser la promotora de los procesos sangrientos que afectan el derecho a la vida y la integridad de las comunidades. Omiten que el modelo de seguridad de la derecha ha sido un lastre completo si revisamos lo que fue la “seguridad democrática” de Uribe Vélez (casi 7 mil “falsos positivos”, desplazamientos de casi 10 millones de campesinos y despojo de más de 9 millones de hectáreas); y las estrategias policiales y militares de Ivan Duque.
Pero, como en el conocido refrán popular que indica que “los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”, a la Paz total le sucede igual.
Ella sigue viva. Recientes hechos confirman que la misma ha recuperado su oxígeno con varios procesos que avanzan con paso firme para consolidar acuerdos que pongan fin definitivo al conflicto armado regional en el Yari, Calamar, Miraflores, Nariño y Putumayo.
Los Acuerdos del Yari y la Macarena.
En el caso del Yari hay unos acuerdos con el Estado Mayor de Frentes de las Farc de Calarcá Cordoba (conocido como Estado Mayor de los Bloques y Frentes/EMBF), formalizados en un encuentro que se adelantó en el municipio de la Macarena (Meta) el primer fin de semana de marzo de 2025, al que asistieron más de 430 líderes de los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá. Reunión en la que se determinó el impulso de varias Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en el Yari con el acompañamiento de Cesar Jerez de Baluarte agrario; la entrega de tierras para campesinos y la celebración de algunos pactos para la protección de importantes áreas de la Amazonía.
Así, el pasado 9 de marzo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 62 títulos de propiedad, que corresponden a 8.553 hectáreas, a 335 campesinos del municipio de San Vicente del Caguán. La Agencia Nacional de Tierras/ANT del señor Harman anunció que ya hay un segundo polígono sobre el cual se espera tener los actos administrativos listos en el curso de los próximos cuatro meses.
Adicionalmente, en los consensos alcanzados con dicha guerrilla de las Farc, se determinó una iniciativa llamada “Amazonía para la paz”, que es un proceso en construcción con elementos como la regularización, normalización y titulación de tierras a los campesinos y la garantía de derechos a los pueblos indígenas y los legítimos propietarios de la región.
De manera concreta se determinó la atención prioritaria del Parque Chiribiquete, área de reserva forestal y de manejo integrado, con criterios que comprometen a los campesinos a ser defensores de la naturaleza y obligan a las entidades públicas a armonizar las estrategias de conservación con los planes de buen vivir y desarrollo sostenible. En la declaración de la Mesa de paz se dice que se encaminaran gestiones para adelantar procesos de ordenamiento ambiental, con delimitación precisa de límites de los parques, zonas de reserva forestal, resguardos indígenas, entidades administrativas y catastro.
Hay compromisos para prohibir el acaparamiento de tierras y la deforestación al servicio de la ganadería extensiva, de las economías al servicio del narcotráfico y del extractivismo.
Quedaron asuntos para resolver como la persecución judicial hecha por el gobierno de Ivan Duque en el marco del Plan Artemisa que implicó el atropello de campesinos e indígenas en el Guayabero, aun encarcelados en varios centros penitenciarios.
Comuneros del sur.
Con los Comuneros del sur, actor insurgente con presencia en el departamento de Nariño, hay acuerdos de desminado y búsqueda de desaparecidos en la sub región nariñense de Los de Abades (Samaniego, Providencia y Santacruz); además hay planes de transformación territorial para organizar un distrito agro minero y planes de reconversión productiva de la hoja de coca.
La ruta de la paz con La Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano y los Comandos de Frontera.
Con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que lidera Walter Mendoza, después de las adversas circunstancias relacionadas con la inesperada captura de Andrés Rojas de los Comandos de Frontera por parte de la Fiscalía y la DEA, en reciente reunión celebrada en Llorente (Nariño), ambas partes reactivaron la Mesa de diálogo, buscando evitar una ruptura total del proceso.
Las partes acordaron retomar los compromisos firmados en febrero durante el tercer ciclo de diálogo como el piloto para la sustitución de cultivos de uso ilícito en Nariño; las garantías de seguridad para los diálogos de paz; la atención a las víctimas y la creación de una subcomisión para abordar la situación jurídica de los disidentes de la Coordinadora.
El próximo ciclo de diálogo se realizará en la Hormiga o Valle del Guames (Putumayo), -con la presencia directa (custodiada por el Inpec) de Andrés Rojas-, los días 7 y 9 de abril, con la asistencia de países garantes, entidades acompañantes y observadores.
El 10 de abril en un acto público se llevará a cabo el relanzamiento de la Mesa de Diálogos de Paz para presentar los resultados y los compromisos acordados en la sesión 5 de la Mesa, entre la delegación del Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional EB, con el acompañamiento de las comunidades que están convocadas a una concentración de masas, como respaldo del proceso de paz.
Hay que resaltar que las partes llegaron a un consenso para instalar una subcomisión con el propósito de construir los documentos necesarios para la planeación, diseño y puesta en marcha de un cese al fuego bilateral, temporal y local/territorial, con miras a la terminación del conflicto y las condiciones para el tránsito a la vida civil de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en la perspectiva de establecer otros mecanismos para la gestión del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado en el territorio, en un modelo innovador que trasciendo los instrumentos convencionales fijados en el ejército y la policía, pensando en las Guardias territoriales y étnicas que se han consolidado en los territorios.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: El Espectador
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