En la mañana del sábado 25 de noviembre, en la vereda Buenos Aires del municipio de Belén de los Andaquíes, departamento de Caquetá, fue hallado el cuerpo sin vida del líder Mario Jacanamijoy Mutumbajoy, autoridad indígena de la organización Tandachiridu Inganokuna y Consejero Departamental de la Mesa de Concertación de Pueblos Indígenas del Caquetá.
Junto con el líder indígena Inga, desaparecido desde el 23 de noviembre, fue hallado el cuerpo de Dubier Prietro Coro, igualmente luchador social; sus cuerpos presentaban evidencias de haber sido torturados. Ahora no basta con asesinarlos, la afrenta conlleva la tortura. Se trata, no solo de callar sus voces, de cortar sus pasos, sino de martirizar sus cuerpos en busca de generar terror entre quienes comparten sus sueños y la defensa de los derechos de sus pueblos.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana –OPIAC- rechazó el cruel asesinato y denunció que este “se suma al de los 182 líderes indígenas y sociales acallados violentamente este año por defender los territorios y la vida plena de las comunidades”.
Al día siguiente, en la ruta sistemática de crímenes, el domingo 26 en horas de la noche, en el corregimiento Belén de Bajirá, zona de Urabá, fue asesinado el líder de reclamantes de tierra de Curvaradó, Chocó, Mario Castaño Bravo. Por su actividad social, recibía amenazas desde 2013. Para salvaguardar su vida, el gobierno colombiano le había dispuesto un esquema colectivo de seguridad, es decir asignó dos personas para proteger a cuatro personas amenazadas, de donde se colige sin dificultad la seriedad con la cual asume el establecimiento colombiano los ataques contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
De acuerdo con la Comisión Intereclesial de justicia y paz, Mario Castaño Bravo era testigo judicial en contra de ganaderos y empresarios dedicados a la explotación de palma y banano, presuntamente beneficiarios del accionar paramilitar.
Según la investigación “Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. Dinámicas del asesinato de líderes rurales: las covariables municipales”[1], publicada en junio de 2017, correspondiente al período 2005-2015 y adelantada por Francisco Gutiérrez, Margarita Marin y Francy Carranza, los criminales se han ensañado contra los campesinos y líderes rurales: líderes de asociaciones rurales campesinas, indígenas y reclamantes de tierras, principalmente en Antioquia (87), Cauca (83), Valle (38), Córdoba (36) y Nariño (35). Por municipios, los crímenes se han dado en Apartadó (18), Caloto (15), Tierralta (15), Buenaventura (13) y Tumaco 11. Debe tenerse en cuenta que tales datos van hasta 2015 y que durante 2016 y 2017 los ataques se han incrementado.
Las organizaciones más afectadas corresponden a las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones indígenas, organizaciones campesinas no relacionadas con restitución de tierras y organizaciones de restitución de tierras; primordialmente del ámbito municipal. El documento señala que el 58% de los presuntos victimarios está identificado: herederos del paramilitarismo (14%), paramilitares (10%) y ejército (5%).
Formula las siguientes grandes conclusiones: el fenómeno criminal no ha estado cediendo; está relativamente concentrado territorialmente, y ha afectado duramente a las juntas de acción comunal; está asociado a las siguientes variables a nivel municipal: presencia de grupos herederos del paramilitarismo, desigualdad en la tenencia de la tierra y Necesidades Básicas Insatisfechas, así como con economías políticas legales e ilegales y un conjunto de variables relacionadas con herencias del conflicto armado como lo son el acumulado de secuestros y masacres. Por último, el fenómeno SÍ es sistemático. Apabullantemente sistemático.
El conflicto armado colombiano se siente en el campo, aun no puede conjugarse en pretérito, y de ahí que muchos nieguen la existencia del conflicto en Colombia, apoltronados en las mullidas sillas de la burocracia urbana. La situación, aun después de la firma del Acuerdo Gobierno-FARC continúa igual, la violencia se sufre en el campo, la guerra por el poder político continúa librándose en la ruralidad.
Y a los crímenes de líderes sociales, ahora se suman los crímenes de excombatientes de las FARC, que ya sobrepasan los 25 desde la firma del Acuerdo.
Unos y otros crímenes han de observarse integralmente, no son hechos aislados, así como también deben interpretarse en el contexto de lo que ocurre en el Congreso de la República. Mientras los áulicos de la guerra y del odio niegan las leyes que pretenden materializar los Acuerdos de La Habana, los gatilleros se pasean, como en los tiempos de Mapiripán, dirigiendo sus armas contra quienes se atreven a contradecir sus designios.
Los perpetuos dueños del poder político se niegan a reconocer cualquier posibilidad de cambio y de ahí que se atraviesen a iniciativas como la que busca crear 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2018 – 2022 y 2022-2026.
Si bien se redujo la confrontación armada, la nueva dinámica de la confrontación política y social, pero al fin y al cabo confrontación, se sigue dando en el campo colombiano, en la lucha por la tierra y en la definición de nuevos espacios políticos para los sectores ajenos al continuismo. Los nuevos dueños del poder armado terminarán definiendo quienes serán los nuevos dueños del poder político.
Dentro de la misma lógica y aunque suene a estupidez, no es gratuito que la tuitera Cabal Molina, devenida en Representante a la Cámara, considere que la masacre de las bananeras, ocurrida el 6 de diciembre de 1928, es “un mito histórico”: “Eso es mentira, los trabajadores fueron armados por la Internacional Socialista y fueron ellos los que atacaron a la fuerza pública”[2].
Y en esa línea también debe inscribirse la creación, por parte de las reservas de las fuerzas militares, de su propia “Comisión de la Verdad”, conformada por un grupo de oficiales y que funcionará paralelamente a la creada por el gobierno nacional. Buscará “reconocer cualquier responsabilidad institucional frente a reclamaciones legítimas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos que pueden ser motivo de reclamo por parte de las víctimas del conflicto”; y además, refutar y aclarar los informes presentados por el Centro de Memoria Histórica y la recién creada “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición”. En otras palabras, de la estrategia paramilitar a la estrategia parahistórica.
Y a propósito de la masacre de las Bananeras, ignora la tuitera Cabal Molina el debate que adelantó Jorge Eliécer Gaitán entre el 3 y el 6 de septiembre de 1929, en el Congreso de la república, luego de haber viajado a la zona e investigado a fondo la matanza. Refiriéndose a una carta que el general Cortés Vargas, comandante de las tropas que protagonizaron la masacre, escribió el 1° de julio de 1929 al coronel Gabriel de Páramo en Santa Marta, en la cual se quejaba de su suerte y vaticinaba que ahora si se lo llevaría el diablo, dijo el inmolado líder Gaitán: “… No se lo llevará el diablo, como lo dice, porque bajo el nivel moral de la política en que nos asfixiamos, no sería extraño que mañana el señor Cortés Vargas fuera el Ministro de Guerra o el candidato a la presidencia de la República. Si este no fuera el país de los políticos corrompidos, no sería el diablo el que se llevara al señor Cortés Vargas, sino los guardias del panóptico”[3].
Así, mientras unos niegan las leyes, otros niegan la historia y otros asesinan a los líderes sociales. ¿Cada uno por su lado? ¿Todos se amamantan de la misma ubre? ¿Todos viajan en el mismo tren cuya maquinaria corrompida, no maquinista, se niega a tomar nuevos rumbos? ¿Quiénes mandan, quiénes obedecen? ¿Como en el juego de la pirinola, todos ponen, todos toman?
¿Unos y otros se entrelazan como las hebras de una soga a la espera de los condenados a la horca?
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
29 de noviembre de 2017
NOTAS
[1] El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria es un programa red financiado por Colciencias y en el que confluyen unidades académicas de las universidades Nacional, Rosario, Norte, Sinú y Sergio Arboleda. http://www.observatoriodetierras.org/wp-content/uploads/2017/05/Reporte-Semestral-ORRPDA-2017.pdf
[2] La Internacional Socialista es la organización mundial de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas. Actualmente agrupa a 150 partidos políticos y organizaciones de todos los continentes, entre ellos el partido liberal colombiano. En su forma actual existe desde 1951 cuando fue restablecida en el Congreso de Frankfurt.
[3] http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-190/la-masacre-de-las-bananeras
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