Plantearse el logro de la paz total en un país que durante siete décadas ha tenido que padecer el complejo y doloroso conflicto armado interno no deja de ser un gran desafío sin embargo y como está planteado en el proyecto de la paz total el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional humanitario son guías que pueden contribuir al logro de ese propósito. No obstante, siendo la paz un derecho anhelado por la mayoría de la sociedad, su concreción no deja de ser problemática máxime si se tiene en cuenta el carácter diverso, tanto en su conformación, como en carácter de los grupos al margen de la ley en el país. Una cosa es establecer un proceso de conversación con grupos que tienen un origen político e ideológico y otra cosa es conversar y acordar con grupos cuya naturaleza está centrada en el tráfico de drogas de uso ilícito.
También es necesario señalar que la paz total como propósito político, todavía no tiene muy claro el desarrollo metodológico para su implementación. En el caso particular del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que es el proceso más avanzado, el diálogo dio inicio el 21 de noviembre del año 2022. Se han realizado tres rondas de conversaciones en Caracas, México y La Habana y del cual es posible que resulte un primer acuerdo de cese bilateral al fuego, en un anunció, que deberá realizarse el próximo jueves 8 de junio del 2023. Sin embargo y en este caso particular es bueno tener en cuenta que lo que se está realizando con este grupo guerrillero es un proceso de conversaciones, más no, una mesa de negociación, tampoco hay cómo se ha señalado, una agenda de discusión la cual esperamos se anuncie prontamente así como mayores claridades para el ejercicio de la participación ciudadana que ha reclamado el Ejército de Liberación Nacional.
Con otros grupos guerrilleros como la segunda Marquetalia o el Estado Mayor Central de las FARC se han logrado unos avances sin embargo, tampoco allí hay claridad sobre el proceso de conversación y mucho menos una agenda predeterminada de negociación.
Así mismo, con otras estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y que en muchos casos son continuidad del paramilitarismo también hay importantes procesos de acercamiento más no hay claridad sobre los acuerdos, ni tampoco una agenda. Más allá de una reiterada posición fijada por el gobierno de Gustavo Petro que cualquier diálogo con estos girará alrededor del sometimiento a la justicia esto para marcar una diferencia con los diálogos y eventualmente de negociación que se establezca con los grupos guerrilleros que tienen un marcado carácter político.
Importante tener en cuenta que parte del propósito del gobierno de Gustavo Petro es desarrollar como hasta el momento se ha observado con mucha audacia un ejercicio que procure disminuir la intensidad del conflicto, el enfrentamiento entre grupos y sobre todo, disminuir los ataques que estas organizaciones desarrollan contra la sociedad, por ello es importante destacar los acuerdos que en distintos momentos se ha realizado con bandas o grupos especial y particularmente los acuerdos logrados en Buenaventura entre dos grupos que actúan y delinquen, en ese puerto sobre el Pacífico, así como, esperamos se logre de la misma manera en la mesa de diálogo con bandas armadas en Medellín, recientemente instalada..
Dicho lo anterior, es importante también tener en cuenta que en tanto la “paz total” es un propósito en el que está empeñado el presidente de la república, recogiendo he interpretado el clamor nacional, sus avances significativos, sólo podrán verse en el mediano plazo, intentando fortalecer procesos de acuerdo de ceses de hostilidades al tiempo que una eficaz política como lo ha manifestado el Presidente de lucha contra el narcotrafico bloqueando todo el entramado criminal de los grandes capos de la mafia, al mismo tiempo que se pueda pactar, con estos grupos el cumplimiento de una agenda centrada en el respeto y cumplimiento del derecho internacional humanitario a fin de evitar situaciones como las que se han presentado en estos últimos meses, en las que a pesar de existir un acuerdo de cese al fuego, se registran entre enero y mayo del 2023 al menos 120 acciones violatorias del mismo y entre las que se encuentran acciones tan reprochables como el asesinato de menores de edad, masacres, amenazas, hostigamientos y asesinatos a líderes y lideresas sociales en distintas lugares del país, así como la práctica del reclutamiento de menores de edad, en acciones desarrolladas tanto por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, como por parte de las disidencias de Iván Mordisco, de la segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, y las Autodefensas Gaitanistas, entre otros grupos al margen de la ley, acciones la mayoría de las cuales han afectado a la población civil en una clara actitud de violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Todas estas acciones son sin duda alguna situaciones que afectan y parecieran ir en contravía del clamor nacional de lograr por fin La Paz y superar una cruda época de violencia que vivió en la sociedad colombiana durante siete décadas y más, pero también dejan la impresión, para el caso de los grupos armados que se reclaman de carácter político, no tener una adecuada y suficiente comprensión del momento político que vive el país, y ante un gesto de un gobierno de carácter popular que se la viene jugando abiertamente en favor de resolver la aguda problemática del conflicto armado al tiempo que está profundamente comprometido con el impulso de unas reformas sociales, que buscan la equidad y facilitar el acceso de millones de colombianos a derechos fundamentales largamente violados por las élites que durante tantos años de manera excluyente y violenta han gobernado el país, las guerrillas no parecen tener el mismo compromiso, al seguir con estos ataques a la población civil.
Hace falta tener una lectura más compleja de esa realidad nacional en la que este gobierno de carácter progresista y popular está viendo sometido a una serie de ataques en la vía de desestabilizar el gobierno, avanzar en la estrategia de golpe blando como lo ha denunciado el propio presidente Gustavo Petro y repetir como lo han manifestado distintos voceros de la ultraderecha un ejercicio golpista como el que promovieron recientemente contra el presidente Pedro Castillo en el hermano país de Perú.
Desde esta columna compartimos y saludamos el compromiso del movimiento social y Popular de respaldar las reformas que viene promoviendo el gobierno de Gustavo Petro en la movilización Popular en las calles, Y como lo ha señalado el propio presidente desde esa movilización es necesario también exigir la profundización de las mismas, no conformarse con estas iniciativas de reforma a la salud, pensional y laboral será necesario como se anunció el 7 de junio en la plaza de Bolívar ir por la reforma de la educación superior que garantiza acceso de los jóvenes a la universidad pública. Se requiere profundizar la transformación del campo colombiano y democratizar el acceso de la tierra productiva a hombres y mujeres que quieren trabajar la tierra para producir los alimentos que se llevan a la mesa cada día, es importante trabajar desde la movilización popular en exigir una profunda y sistemática lucha contra la corrupción que lleve a la cárcel a los criminales que se robaron los recursos destinados al desarrollo de las políticas sociales y el impulso de las construcciones que mejoran la infraestructura del país, también es importante que en las calles se siga exigiendo las garantías para el desarrollo del ejercicio del derecho a la protesta, lo cual pasa sin duda alguna, por una reforma profunda de las fuerzas militares el desmonte del ESMAD y una transformación democrática del aparato judicial colombiano.
Estas movilizaciones que hoy se tomaron las calles en un nuevo estallido social también le lanzan el mensaje al gobierno que al tiempo que se acompañan las transformaciones lo que realmente se reclama para saldar la deuda histórica que el Estado tiene con la sociedad colombiana es una paz integral que se ocupe de superar las desigualdades, ampliar la democracia y garantizar el derecho pleno de los Derechos Humanos, el desarrollo con equidad y la lucha contra el cambio climático, así como, la superación de prácticas de exclusión social, la lucha frontal por la instalación de políticas educativas que permitan desde la cultura, forjar una nueva ciudadanía, respetuosa de las diferencias, que avance en la superación del patriarcado y rechace cualquier intento de llevar al país, a una profundización de una guerra, de la que justamente, las movilizaciones han manifestado es necesario salir lo antes posible. Para esas transformaciones compañero Presidente, el pueblo está dispuesto a seguir movilizándose para ir de la paz total, a la paz integral.
Alfonso Castillo Garzón, Defensor de los Derechos Humanos
Foto tomada de: Voz de América
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