Tras las declaraciones de Iván Duque y quienes fueron funcionarios de su gobierno en el sentido de negar inicialmente que se hubiese comprado el software espía y, posteriormente, frente a las evidencias contundentes de que había sido comprado ratificadas por NSO Group, la de no tener conocimiento de la compra, funcionarios del gobierno de Estados Unidos manifestaron que era ese país el que lo había realizado la transacción, supuestamente como una herramienta de lucha contra el narcotráfico.
Tras la negación inicial ahora los exfuncionarios del anterior gobierno indican que sólo un reducido número de personas conocía la compra y que el presidente Iván Duque nunca fue informado, pues se trataba de una herramienta operativa en la lucha contra la criminalidad. Sorprende mucho que una compra de semejante envergadura para trabajos de inteligencia no sea del conocimiento pleno de quien fungía como presidente, pues además de ser el supremo comandante de las fuerzas armadas del país es el jefe directo de la agencia de inteligencia del Estado. Según estas versiones todo se hizo a sus espaldas. Muy oportunas las declaraciones del gobierno de Estados Unidos que lanzó un “salvavidas” al entonces jefe de Estado y asumió toda la responsabilidad de la compra.
Sin embargo el gobierno de Estados Unidos que en 2017 había donado el Pegasus al gobierno de Panamá, fue consciente del uso ilegal de ese software en ese país, pues fue utilizado por el gobierno Martinelli para espiar funcionarios estadounidenses y opositores políticos[1], entre otros. Ese uso ilegal en Panamá que ocasionó el retiro del spyware en ese país, no le impidió al gobierno de Biden, propiciar que fuera usado en Colombia.
La absoluta opacidad con la que se hizo esa compra plantea una serie de inquietudes y dudas que no han sido resueltas como lo expresó el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, quien manifestó: “Nos sorprendió lo que pudimos conocer por algunos medios de comunicación. Sí habíamos tenido comunicaciones sobre esto, muy recientes, pero no de ese nivel de detalle, nos parece que todavía hay muchas dudas…Vamos a seguir aclarando algunas dudas que tenemos como país. ¿Qué decimos nosotros? Lo más importante es que se pueda conocer de manera transparente cómo se usó el software, y en qué casos específicos, para que tengamos la garantía de que esto no se repita y, adicionalmente, tanto el Gobierno colombiano, este Gobierno, como la opinión pública, necesita saber realmente qué pasó, porque Colombia tiene toda una historia de situaciones como esta que no se aclaran”[2]
Según funcionarios del Gobierno de Joe Biden, en Washington el software espía Pegasus no fue comprado con plata ilegal ni del narcotráfico, sino con dinero de EEUU y no fue para espiar al hoy presidente Petro ni a políticos ni a manifestantes del paro nacional, ni a la primera línea ni a opositores agregando que el expresidente Iván Duque no sabía de la transacción. Según esa versión del país del norte, Pegasus dejó de usarse en 2022, antes de que Gustavo Petro llegara a la Casa de Nariño.[3]
Si ello fue así, si la compra fue tan apegada a la ley como afirman, cabe preguntarse:
1.- Si fue con dinero de Estados Unidos porque no se pagó desde ese país a Israel? Cuál es la razón por la cual se hizo en efectivo y desde Colombia?
2.- Por incompetente que haya sido Iván Duque, es lícito y/o legal para una agencia de inteligencia colombiana o la policía nacional ocultar la información al supremo comandante de las fuerzas armadas y jefe del director de inteligencia nacional? Quién entonces era el jefe de gobierno de Colombia si el que fungía como tal, lo ignoraba todo?
3.- Cómo estar seguros de que el Pegasus no fue usado, como en Panamá, para espiar opositores políticos o la campaña presidencial del actual mandatario?
4.- Quién garantiza a la ciudadanía colombiana que el software no sigue siendo usado, cuando en la actualidad medios de comunicación difunden información de reuniones privadas como sucedió en días pasados con Gustavo Bolívar?[4]
5.- Por qué no se solicitó autorización de juez de control de garantías para la interceptación de personas cuando es una obligación legal?
6.- Quiénes eran los presuntos narcotraficantes que fueron objeto de interceptación, teniendo en cuenta que en la época en que se acepta que se usó el spyware la acción del gobierno contra el narcotráfico fue en extremo débil?[5]
Estas y todas las demás que surjan deben ser aclaradas. No es posible pretender, como lo hacen algunos, que el hecho de que Estados Unidos haya pagado el Pegasus, lo convierte en legal.
La ausencia de transparencia de la operación y el apoyo siniestro del gobierno de Israel, como lo señalé en artículo anterior,[6] aunado hoy al apoyo de su socio de siempre el gobierno de Estados Unidos, evidencian que hay por lo menos dos aspectos que son de la mayor importancia pero que no parecen generar preocupación en los medios de comunicación ni en la ciudadanía y se refieren el primero de ellos, al que hizo mención el presidente Gustavo Petro, al detrimento de la soberanía nacional y el segundo al riesgo evidente para los derechos humanos.
La justificación de que Pegasus fue utilizada en el marco de la lucha contra el narcotráfico debe ser equilibrada con la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente en un país con un historial de violaciones a los derechos humanos.
En Colombia las regulaciones sobre cualquier forma de interceptación a supuestos criminales o sospechosos de serlo con softwares de espionaje u otras maneras de interceptación sin autorización de un juez de la República es ilegal y puede dar lugar a abusos de poder y a la vigilancia indiscriminada de opositores políticos, periodistas y activistas. Esto plantea interrogantes, como atrás lo he señalado, toda vez que la falta de transparencia en las decisiones gubernamentales del momento de la compra y la utilización no ha tenido una explicación plausible.
Además, el impacto social de la implementación de Pegasus no debería ser subestimado. La percepción de que un gobierno está utilizando herramientas de vigilancia para controlar a la población genera un clima de desconfianza y miedo, afectando la participación ciudadana. En este sentido, es importante considerar cómo la tecnología puede influir en la dinámica entre el Estado y la sociedad civil y no pretender normalizar una práctica que ha usado en Colombia la extrema derecha como lo están haciendo algunos medios de comunicación al servicio de ella.
Es claro que sin autorización judicial el uso del software de espionaje Pegasus es ilegal y por ello pone en riesgo varios derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como el derecho a la privacidad que es uno de los más afectados, ya que Pegasus permite acceder a información personal, interceptar comunicaciones y monitorear actividades privadas sin consentimiento. Esto viola la intimidad de las personas. El spyware puede extraer y manejar información sensible sin medidas adecuadas de protección, violando el derecho a la seguridad y la gestión adecuada de los datos personales.
Así mismo se viola el derecho al debido proceso pues la recopilación de pruebas a través de medios ilegales o no autorizados compromete el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo y afecta la validez de los procesos judiciales. La vigilancia injustificada de grupos sociales, políticos o comunitarios, es además, un grave riesgo para la libre reunión y asociación y para la libertad de expresión, pues el espionaje ilegal crea un efecto de autocensura en periodistas independientes y alternativos, activistas y ciudadanos en general que ven expuesto incluso su derecho a la vida como ha ocurrido tantas veces en Colombia en donde líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunicadores independientes y firmantes de acuerdos de paz han sido asesinados por opinar en contra de la extrema derecha.
La transacción de Estados Unidos realizada, según versión del gobierno de ese país, sin conocimiento o autorización del jefe de Estado viola flagrantemente la soberanía de Colombia que perdió el control exclusivo sobre su territorio y sus decisiones internas, socavando la capacidad del Estado colombiano de ejercer su autoridad plena.
Un hecho como la compra y uso de Pegasus por parte de un país extranjero en territorio colombiano, sin consentimiento oficial, es una violación directa de la soberanía de Colombia ya que debilita el control que el Estado tiene sobre su seguridad y política interna, poniendo en riesgo tanto la integridad de sus instituciones como los derechos de sus ciudadanos.
No es entonces un tema menor el esclarecimiento pleno de la compra y uso de Pegasus y urge una reflexión y posterior acción de las autoridades y ciudadanía en general sobre la intersección entre seguridad, derechos humanos y tecnología que debe ser objeto de un análisis crítico y multidimensional para impedir acciones de violación a la soberanía nacional, las implicaciones en materia de derechos humanos y su impacto en la sociedad colombiana.
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[1]https://www.google.com/search?q=declaracion+de+EEUU+sobre+la+compra+de+pegasus&rlz=1C5CHFA_enCO1089CO1089&oq=declaracion+de+EEUU+sobre+la+compra+de+pegasus&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE0OTUxajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:47438997,vid:nOg7v08HX1k,st:0
[2] https://www.elespectador.com/politica/pegasus-murillo-afirmo-que-compra-del-software-por-estados-unidos-no-se-manejo-de-manera-transparente-noticias-hoy/
[3] https://www.bluradio.com/nacion/pegasus-se-abre-un-nuevo-capitulo-con-nuevos-protagonistas-so35
[4] https://www.semana.com/politica/articulo/este-es-el-audio-de-gustavo-bolivar-en-el-que-habla-de-las-campanas-de-desprestigio-contra-caracol-rcn-y-semana-escuchelo-completo/202411/
[5] https://razonpublica.com/narcotrafico-2021-2022/
[6] https://www.sur.org.co/pegasus-una-estrategia-siniestra/
María Consuelo del Río Mantilla, Miembro de Junta Directiva Corporación Sur
Foto tomada de: RTVC Noticias
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