El escenario local
Los gobiernos centrales de Colombia y Venezuela suelen reducir la frontera a los 2.219 kilómetros de línea limítrofe sobre la que existen siete pasos formales. En realidad, los dos países comparten poblaciones, ecosistemas estratégicos, recursos naturales y fuertes nexos económicos. Siempre han estado perfilados posibles proyectos binacionales ambientales, energéticos, etc., cuya concreción ha sido impedida por problemas de seguridad, falta de presencia integral de los dos Estados y sus recurrentes tensiones. De una y otra forma eso ha ocurrido en los cinco ámbitos compartidos -la península caribeña, la serranía del Perijá y cuenca del Catatumbo, la zona andina central, el piedemonte y los Llanos, la Orinoquia/Amazonia.
El cuarto ámbito fronterizo, donde están ocurriendo los enfrentamientos de la Fuerza Armada Venezolana y una de las disidencias de la exFarc, ha sido escenario del conflicto armado colombiano con no pocos impactos en Venezuela. Por ejemplo, desde la década de 1980, dada su presencia arraigada en Arauca, el ELN usó el Apure como retaguardia logística y generó ataques contra instalaciones militares venezolanas con el argumento de defensa de los migrantes colombianos maltratados. Luego, allí repercutió la disputa entre ELN, FARC y paramilitares tanto por el control de territorios que cobraron un valor estratégico como por las extorsiones a empresas petroleras, a las finanzas departamentales y municipales que recibían importantes regalías, así como a los cultivos de coca y a diversos contrabandos. Y después del Acuerdo de Paz con las FARC, del lado venezolano se instalaron disidentes de esa exguerrilla, y otros grupos armados, como el ELN, reforzaron su actuación con graves efectos para las poblaciones fronterizas y para ambos países.
De la integración a los cierres y rupturas
En los años noventa, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se entrecruzaron las economías de los dos países con mutuos beneficios. Y funcionó una amplia institucionalidad que ayudó a la comunicación entre autoridades nacionales y locales -Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (Copiaf), Comisión Militar Binacional y Fronteriza (Combifrom), Comisión Negociadora de la delimitación en el Golfo (Coneg)- para un manejo concertado de la compleja vecindad.
Esos mecanismos funcionaron hasta unos años después del retiro de Venezuela de la CAN, ordenado en 2006 por Hugo Chávez. Sin embargo, las tensiones entre Chávez y los gobiernos colombianos que coincidieron con sus mandatos presidenciales, los fueron paralizando. Luego de la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro lo reemplazó en la conducción del régimen bolivariano. Aunque continuó el apoyo venezolano a la negociación de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas -FARC y ELN-, las tensiones aumentaron.
El 19 de agosto de 2015, Maduro expulsó a más 24.000 colombianos (algunos tenían estatus de refugiados), culpándolos de las crisis venezolanas. Luego, ordenó cerrar los pasos fronterizos formales entre los dos países. La presión ciudadana logró en julio de 2016 que, en algunos de esos pasos, Maduro permitiera un paso peatonal y un transporte de carga, ambos restringidos. En marzo de 2020 el gobierno colombiano de Iván Duque ordenó el “cierre de la frontera” por la pandemia.
Así, más de cinco años de cierre intermitente de pasos fronterizos formales, han llevado a la población y al comercio a pasar de un país al otro por desiertos, montañas, ríos. Grupos armados ilegales han aprovechado esa situación para controlar esas vías informales afectando lo que queda de comercio binacional y sobre todo al éxodo poblacional que viene de Venezuela a Colombia, para someterlo a su servicio con extorsiones, esclavitud laboral, explotación sexual.
La mayor parte de los venezolanos que se han visto forzados a salir de su país, pasan por Colombia o han tratado de quedarse en este país, a donde también llega una migración pendular que entra en busca de remesas, ingresos, bienes y servicios básicos, y luego sale. De ese éxodo también hace parte el retorno de colombianos, que en los años setenta y ochenta migraron allí buscando ingresos, o en los noventa procurando refugio ante la agudización del conflicto armado, y ahora vuelven con familia binacional.
Maduro se reeligió en 2018 en unas elecciones que, por sus irregularidades, no fueron reconocidas por la mayor parte de países de Europa y las Américas. Duque apoyó la estrategia de la oposición que lidera Juan Guaidó -cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En febrero de 2019, Maduro rompió relaciones diplomáticas y consulares, así como toda comunicación con el gobierno colombiano, y ha reforzado la compra de armamento.
Empezando febrero de 2021, Duque anunció que en mayo entraría en operación el Comando Especializado contra Narcotráfico y Amenazas Transnacionales. Entre los “objetivos de alto valor” citó a los disidentes de la exFARC, al ELN y el Clan del Golfo, y añadió que “en Venezuela muchos de ellos están protegidos porque el Cartel de los Soles que está al lado de Maduro, está haciendo operaciones de narcotráfico”[1]. Maduro le respondió: “Estamos listos para la defensa armada del territorio nacional cuando haga falta… Colombia es un verdadero narcoestado”. Y el ministro de Defensa acusó a Colombia de convertirse en un “centro de conspiración” contra Venezuela[2].
Enfrentamientos, señalamiento y rearmes
En marzo de 2021, el ámbito fronterizo del Piedemonte y el Llano, ha sido escenario de confrontación. Desde la madrugada del domingo 21, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó en La Victoria, municipio Páez, el operativo militar Lanceros de Apure contra el frente X disidente de la exguerrilla FARC. En la noche del 23 y las tardes del 25 y 26 hubo nuevos enfrentamientos, que se ampliaron a pequeñas poblaciones como El Ripial, Santa Rosa los Arenales y el río Arauca. No se sabe cuántas personas han muerto o desaparecido pues hay ataques indiscriminados contra la población civil, bombardeos y saqueos de casas, cuyos habitantes huyen por haber recibido amenazas; además, personas que habían regresado para salvaguardar sus bienes y enseres, habrían sido asesinadas.
Hay versiones de quienes tuvieron que huir, que coinciden con hipótesis sobre los enfrentamientos hechas por especialistas. Para Sebastiana Barráez[3], las tensiones venían acrecentándose desde que alias Lucas fue capturada en Elorza donde vivía, luego de que sus subalternos se llevaran armas de una unidad militar en 2019. En septiembre del 2020, se desató una pugna cerca a La Victoria cuando un grupo de militares venezolanos de la zona irrumpió en un campamento de alias Ferley en disputa por recursos de negocios ilegales y convenció al alto mando militar de sacar ese grupo de la zona; alias Ferley minó el territorio y dejó en la retaguardia algunos de sus hombres, que respondieron al ejército venezolano ahora en marzo. Este se desquitó con la gente, allanó y destruyó casas, detuvo y forzó desplazamientos. Barráez agrega que la tolerancia o complacencia desde sectores del oficialismo con las disidencias no sería tan fuerte como con el ELN, aunque Maduro ha mostrado simpatías por Santrich y Márquez; de hecho, las muertes infligidas a disidentes en Amazonas y Apure, afectaron al grupo enfrentado a la Segunda Marquetalia.
Para Jorge Mantilla[4] se trataría del final de la paz mafiosa en esa zona fronteriza luego de varios años en que grupos armados de ambos países y autoridades venezolanas habrían llegado a arreglos para la repartición de rentas ilegales y control político-militar en la frontera, afectados por el surgimiento de disidencias dentro de las mismas disidencias. El frente X se habría convertido en jugador incómodo por el aumento de su capacidad económica, la ambición de su jefe de finanzas, alias Ferley, y por la intención de la Segunda Marquetalia de pelear por el liderazgo de grupos rearmados y usar contactos con el régimen venezolano para salir de la marginalidad y consolidarse en Apure. Las recientes operaciones militares parecerían un castigo concertado entre grupos armados y fuerzas de seguridad venezolanas contra el frente X. Mantilla agrega otras razones del lado venezolano. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), además de ser un cuerpo policial, se ha convertido -junto con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)- en el brazo de la represión social y política, lo que mostraría la falta de confianza de Maduro en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) y en los comandantes de la Guardia Nacional en la zona fronteriza. Maduro, desde su burbuja en Caracas, querría información directa para poner orden a una paz mafiosa que seguirá operando una vez domestique o elimine al frente X.
A parar las peligrosas amenazas
Maduro ha repetido que todo el conflicto es producto de una campaña desde Estados Unidos y Colombia “para montar falsos positivos… y crear condiciones para justificar el intervencionismo imperialista”[5]. El comunicado de la FANB acusa al gobierno colombiano y a la CIA de auspiciar actividades del frente X y clasifica el incidente como acto de agresión externa. Desde Colombia se señala que ha sido el régimen venezolano el que ha permitido la presencia y actuación creciente del ELN y de disidentes de la exFARC en territorio de su país, y ahora toma partido en disputas entre esos grupos. El ministro de Defensa, el canciller y la Asamblea Nacional oficialista, responsabilizan a Duque con las mismas acusaciones, de exportar a Venezuela esos grupos armados irregulares. Ante la situación, Maduro ha fortalecido la fuerza aérea de su país, y el Ministro de Defensa colombiano y la Empresa Brasilera de Aeronáutica S.A (Embraer) formalizaron la firma del contrato para la compra de 25 aeronaves de combate táctico, destinadas para la Fuerza Aérea nacional. Estas últimas tensiones refuerzan el ambiente de hostilidad entre los gobiernos centrales de los dos países e incrementan los riesgos de choques incluso militares.
Desde las zonas fronterizas y ciudades del interior de ambos países, organizaciones sociales, humanitarias y académicas que han venido articulando esfuerzos y fortaleciendo nexos positivos a través de Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela, junto con Control Ciudadano para la seguridad y la defensa en Venezuela, promovieron un llamado a Naciones Unidas para que envíe un delegado especial a la frontera ayude a la protección de los derechos humanos, a promover la desmovilización de estructuras de economía ilegal y grupos armados irregulares, a eliminar minas antipersona y restos de municiones de esos grupos, a evitar el agravamiento de la situación, a facilitar diálogos entre autoridades de ambos países y reapertura inmediata de todos los pasos fronterizos, a coordinar una adecuada respuesta a la pandemia y facilitar la asistencia humanitaria del éxodo poblacional forzado desde Venezuela. Ojalá la comunidad internacional contribuya a estos urgentes propósitos y ayude a bajar esta peligrosa tensión binacional.
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[1]https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/08/mundo/colombia-crea-comando-elite-para-combatir-guerrilleros-de-las-farc/
[2] http://dc-13195ec2b43d.notiespartano.com/2021/02/19/estamos-listos-para-la-defensa-armada/
[3]https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/las-disidencias-buscan-convertir-a-la-poblacion-de-apure-en-aliados-sebastiana-barraez/
[4] https://razonpublica.com/guerra-apure-las-farc-venezuela/
[5] https://www.eluniversal.com/politica/93542/presidente-maduro-denuncia-que-eeuu-y-colombia-financian-campana-contra-venezuela
Socorro Ramírez
Foto tomada de: Semana.com
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