Peor el remedio que la enfermedad

Presentación

Los pensionados, hombres y mujeres, suman 2.200.000 colombianos que luego de haber trabajado entre 25 y 30 años, en promedio, reciben una mesada pensional, inferior a su último salario que, en muchos casos, debe alcanzar para cubrir necesidades familiares (cónyuges, herma­nos, hijos y nietos que forman parte de la población desempleada o que aún estudia). Pensionados que para el actual go­bierno son “clase media” por devengar más de $540.000 al mes y tener seguridad social en salud.

Pensionados que no cuentan como población económicamente ac­tiva (PEA), ni como “población vulnerable” en lo económico, pero sí como una pesada carga para el presupuesto nacional, razón por la cual en la crisis actual tan solo son parte del problema sanitario  que se soluciona confinándolos indefinidamente, bajo el pretexto del alto riesgo que significa el co­vid-19 “para nuestros queridos abuelitos”.

Su edad promedio supera los 65 años. Son viejos pero viejos vigentes para el ejercicio de la ciudadanía, de la cultura, el trabajo, la organiza­ción, la lucha y el disfrute de la vida. Quien verda­deramente vive no puede dejar de ser ciudadano ni de tomar posición frente a situaciones que nos afec­tan a todos! La experiencia, como primera fuente del conocimiento (Kant). es un valor que pueden aportar para contribuir a dar luces frente al engaño y la hipocresía de aquellos que buscan perpetuar un modelo de gobierno excluyente y autoritario que garantiza los privilegios de los grandes capitalis­tas y terratenientes, y para quienes la pandemia les cayó como anillo al dedo para librarse de una co­yuntura caracterizada por grandes movilizaciones populares contra sus políticas excluyentes.

En realidad el coronavirus o covid-19 es un fenó­meno mundial y que no discrimina entre clases so­ciales; todos estamos expuestos a su letalidad, razón por la cual la más eficaz de las medidas preventivas es quedarnos en casa, y, cuando es inevitable salir, conservar entre nosotros el distanciamiento físico, usar tapabocas, lavarnos bien y frecuentemente las manos; evitar aglomeraciones en tiendas, marca­dos, espectáculos públicos, teatros, centros educa­tivos y de trabajo, y sobre todo, en el transporte público.

Por supuesto que el “distanciamiento social” es una falacia. Por el contrario, lo necesario en situaciones tan agobiantes como la presente, es propiciar el en­cuentro social, como expresión de la organización, la comunicación permanente, la solidaridad, el respeto y reconocimiento del otro, la cadena de afectos y el amor en todas sus expresiones, que nos permitirá superar dificultades, sobrevivir y salir fortalecidos!

Y es precisamente sobre esto que queremos con­citar reflexiones, respuestas y propuestas de parte de nuestros interlocutores, que contribuyan a des­pertar conciencia social sobre la necesidad de salir del letargo y la pasividad que el miedo y el con­finamiento obligatorio han provocado en amplios sectores de la población y que ha propiciado la adopción de medidas oportunistas, minimalistas e inapropiadas por parte de este Gobierno, que lejos está de atender en estas horas aciagas las urgentes demandas de los trabajadores, de los sectores más vulnerables y de los micro, pequeños y medianos empresarios que son los principales generadores de empleo formal.

¿Cuántos somos y qué hacemos?

Antes de concluir el último Censo de Población se decía que en Colombia habitábamos 50 millones de personas, sin contar a más de 4 millones que a lo largo de muchos años migraron hacia otros países en busca de mejores oportunidades o por causa del conflicto armado. Venezuela fue uno de los países más abiertos a nuestros connacionales. No hay que olvidarlo! Concluido el censo, le correspondió al Gobierno actual informar los datos y para sorpre­sa nuestra Colombia sólo tenía un poco más de 45 millones de habitantes, incluyendo seguramente a más de un millón de inmigrantes venezolanos que escogieron este país como refugio. Poco tiempo después, respondiendo a múltiples interrogantes de la prensa, de investigadores y académicos, se recti­ficó la información diciendo que el país realmente tiene un poco más de 48 millones de habitantes. Esta enorme diferencia generó más dudas que claridad, pero no queda más que creerle al DANE por­que no tenemos otra fuente de información.

Según el DANE, la población ocupada a nivel na­cional son 22.393.000 personas.

Teniendo claro que este dato sobre población “ocu­pada” precede a la pandemia y que el DANE me­dirá el impacto de la misma sólo cuando se haya logrado un estado de “normalidad”, no queda más que aventurarnos a hacer cálculos aproximados. Muchos de ellos dependerán de las medidas que el Gobierno adopté próximamente. Mientras tanto es necesario actuar en procura de que las cosas no sean peores a lo previsto por los más pesimistas.

Ahora bien, de los 8.847.000 obreros y empleados del sector privado, muchos de ellos están vinculados a las grandes y medianas empresas urbanas y laboran en casa (teletrabajo). Otros, entre los que se cuenta la industria manufacturera y tiendas del comercio de alimentos, ropa y bienes industriales, así como las empresas de construcción de edificios y la infraes­tructura vial, los trabajadores fueron reincorporados a sus puestos cumpliendo protocolos de seguridad en los sitios de trabajo y el trasporte público. También hay que incluir las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, las de información y comuni­caciones, las que cumplen actividades financieras y de seguros y sectores como la minería y las grandes plantaciones agroindustriales (café, banano, caña de azúcar, palma de aceite, entre otras) que durante la cuarentena han permanecido activas.

En las medianas empresas (hasta 50 trabajadores) y las pequeñas empresas (hasta 10 trabajadores) que pertenecen al sector formal de la economía, la con­servación del empleo y su funcionamiento depende del crédito bancario en condiciones flexibles o del apoyo gubernamental, entre otras condiciones deter­minadas por el mercado, para evitar su quiebra.

En lo referente a la administración pública, defen­sa y la prestación de servicios de educación y la atención a la salud, que son 2.334.000 personas, si bien se han garantizado las remuneraciones, hay aspectos cuestionables ligados a la pandemia que puntualizaremos en punto aparte.

Otra es la situación de los trabajadores por cuen­ta propia y los ocupados informales, que suman 9.584.000. Un número elevadísimo respecto al to­tal de la población ocupada. Muchos desarrollan actividades comerciales en el espacio público. Así mismo, según datos tomados de la ponencia escri­ta por el Profesor César Ferrari (feb.de 2019), son también informales los siguientes:

“1.Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agen­cias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 2.Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos; 3.Los tra­bajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 4.Los empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos; 5.Los jor­naleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos; 6.Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales; 7.Los patrones o empleadores en empresas de cinco tra­bajadores o menos; 8.Se excluyen los obreros o empleados del gobierno”. (….) “Es también in­formal el empleado doméstico, aunque reciba un salario superior al mínimo y … pague sus contribu­ciones a salud y pensiones, y no pague impuesto a la renta porque la ley no lo obliga”.

Esta clasificación en nuestra opinión es controverti­ble, como lo es para el autor de la ponencia, porque en el caso de las microempresas y famiempresas, consideradas como integrantes del sector informal; el factor determinante para el DANE es el tama­ño (“hasta 5 trabajadores”) y no si estas unidades productivas y sus trabajadores se someten a la ley en materia de aportes parafiscales, entre otros.

No vamos a apresurar suposiciones, pero resulta muy diciente que en esta coyuntura de las dificul­tades el Gobierno sólo ofrezca avales del crédito bancario o apoyos al pago de nóminas a las me­dianas empresas, no obstante que las denominadas “informales” ocupan millones de trabajadores. De hecho se las discrimina por no pertenecer a la “eco­nomía estructurada” o simplemente por ser pobres!

Durante la cuarentena prolongada estos microem­presarios y sus trabajadores deben permanecer confinados, sin recibir apoyo alguno, por el con­trario los arriendos de locales y garajes, así como las facturas de servicios públicos, deben seguirse pagando, incluso con alzas, porque quizás ahora “ven mucha televisión o se lavan más las manos”.

Por otra parte están las personas desempleadas que antes de la pandemia (Enero) eran 3.700.000, cifra que ascendió a más de 6.000.000 durante el confi­namiento total, y que ahora con la suspensión de la cuarentena para un grueso número de grandes, medianas y pequeñas empresas bajó a 4.700.000 de personas desempleadas, sin apoyo estatal alguno. Por supuesto que a este elevado número hay que sumarle los del sector informal que están práctica­mente desempleados, con excepción de los “cuenta propia” que el hambre los obliga al rebusque en las calles como vendedores ambulantes. Creemos no equivocarnos cuando calculamos el desempleo real en estos momentos de más de 8.000.000 de perso­nas, que no tienen forma de asegurar su subsisten­cia porque el Estado los ha ignorado totalmente.

A estos trabajadores “en receso forzoso” se suman otras personas que no forman parte de la pobla­ción ocupada y que son beneficiarias de programas asistencialistas, tales como “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción” o “Colombia Mayor”, cuyo monto de $160.000 al mes los condena a vivir en condiciones de miseria. Estos programas se aplican a un millón de familias. Como gran cosa se les ha ofrecido devolverles el impuesto de valor agregado (IVA) por sus compras, que, como no tienen forma de demostrar, entonces les dan $75.000 cada 2 me­ses por familia. El Director del Departamento Na­cional de Planeación, a través de la televisión, se ufanó de esta “gran ayuda”.

Definitivamente la pobreza no tiene privilegios, ni siquiera el de adoptar tal o cual fatiga para vivir. Con razón el filósofo Estanislao Zuleta advertía, aunque en otro contexto de análisis, sobre el talante hipócrita de los usufructuarios del poder:

“¡Obedece, déjame guiarte! ¡Acepta, déjame en­señarte! ¡No intervengas, déjame ayudarte! ¡No luches, déjame protegerte! ¡Sométete, permíteme salvarte!.- Habrá que contestar un día con detalle este discurso, habrá que mostrar que la mejor ma­nera de extraviarse es dejarse guiar, que la mejor manera de idiotizarse es dejarse enseñar; que la mejor manera de permanecer inválido es dejarse ayudar; que el peor peligro es dejarse proteger y que quien acepta que lo salven ya está condenado.”

Claro que, en un instante de sincera prepotencia, puede suceder que una alta funcionaria del Estado como Martha Lucia Ramírez, tenga el desliz de ca­lificar como “atenidos” a quienes ejercen su pleno derecho de reclamar la intervención estatal en todos los asuntos que les incumben, tales como el asegu­ramiento del empleo, la seguridad alimentaria y la protección a la salud. “Atenidos”, dicho por una persona que durante muchos años se ha lucrado del sudor fiscal de los contribuyentes, suena cínico!

Vivimos en medio de una falacia descomunal: un capitalismo que se pretende perpetuar mediante po­líticas artificiales, donde millones de destinos son destruidos, aniquilados en la piedra de sacrificios de la desigualdad y la exclusión, acaso sin otro lí­mite que la pobreza absoluta. Gobernantes medio­cres que lo único que tienen claro es su sumisión incondicional y vergonzosa a los grandes detenta­dores de la riqueza.

Prueba de ello es que las primeras medidas adopta­das por el Gobierno, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, estuvieron enca­minadas a favorecer al sector bancario y financiero, facilitando que en plena pandemia pudieran entre­gar a sus acaudalados socios utilidades de 9 billo­nes de pesos, cifra que difícilmente cabe en nues­tras cabezas, además de garantizar que el Estado sería el aval de los créditos a las mediana y peque­ñas empresas en una proporción del 90%, empresas a las que se sometió a rigurosos estudios sobre su capacidad de recuperación y pago, condiciones que muchas no han podido demostrar. Ante sus dificul­tades de supervivencia, el Estado de nuevo les tien­de la mano y ofrece cubrir temporalmente el 40% del valor de sus nóminas y el 50% del valor de las primas de servicios de los trabajadores que ganen hasta 1 millón de pesos, permitiéndoles que el otro 50% lo paguen de forma diferida, o sea por cuotas mensuales hasta diciembre. Estas primas que equi­valen al 50% del salario mensual, son importantes para los trabajadores porque les permite pagar ma­trículas, útiles escolares y vestuario para sus hijos, o deudas pendientes.

Cabe mencionar que la principal exigencia del Es­tado para entregar subsidios asistencialistas y apo­yos a las nóminas es que las personas beneficiarias estén bancarizadas, es decir que tengan una tarjeta o cuenta de ahorros, para probar su existencia.

Así, todo el flujo de recursos públicos y privados se maneja por los bancos y bien sabemos que estas son entidades “con ánimo de lucro”. Más aún son dueños o codueños de grandes empresas de comu­nicaciones, de la salud privatizada, de la agroin­dustria, de los fondos de pensiones y cesantías, de constructoras de infraestructura vial, entre muchas otras. Tan sólo durante la cuarentena la banca re­gistró utilidades superiores a 4 billones de pesos. ¡Nunca pierden! Por algo, Luis Carlos Sarmien­to Angulo, dueño del Grupo Aval, figura entre los hombres más ricos del mundo, lo que contrasta con las condiciones del país que está entre los más des­iguales e inequitativos del mundo, pese a las in­mensas riquezas naturales y la gran calidad de su capital humano.

Por ello, no podemos aceptar que todos los males de Colombia se los atribuyan a una guerra, que ellos paradójicamente se empeñan en continuar, contra­riando la voluntad de las mayorías que queremos la paz! En realidad para ellos la guerra es un nego­cio y una necesidad porque les permite mantener el despojo de tierra a los campesinos y fortalecer las Fuerzas Armadas garantes de sus privilegios. Esto explica por qué promovieron con rabia el voto por el NO a los acuerdos de paz, cuyo principal promo­tor Álvaro Uribe Vélez sigue liderando a la derecha.

Y la población campesina qué?

Durante la cuarentena los campesinos no han sido problema para el Gobierno, al fin y al cabo, nunca han dejado de trabajar para garantizar los alimentos a toda la población. Igualmente, las agroindustrias de los grandes capitalistas están funcionando. La educación de sus hijos puede es­perar, porque no tienen acceso al Internet ni a los elementos de computación que se requieren para la educación virtual.

Pero, ¿qué tanto sabemos de ellos? El libro “Co­lombia Rural: Razones para la esperanza /2012)” pone de manifiesto que el país es más rural de lo que se cree. De acuerdo con el informe, no el 25% sino el 32% de los colombianos son pobladores ru­rales, ocupando tres cuartas partes (75.5%) de los 1.101 municipios (PNUD, 2011).

Entre las actividades del sector rural la principal es la producción de alimentos, actividad que se inscri­be en la dinámica particular de la agricultura fa­miliar, del trabajo “por cuenta propia” o, de mane­ra ocasional, trabajo asalariado. En otras palabras, la agricultura familiar constituye por sí misma un mercado laboral con alto potencial de demanda. Sin embargo, el 91% reciben ingresos equivalentes al 46% del salario mínimo legal, el 80% están afi­liados al régimen de salud subsidiado (SISBEN) y el porcentaje de ocupados afiliados a pensiones llega solo al 10%, frente a una afiliación de 35% en las cabeceras municipales.

Lo anterior ilustra sobre la situación de los que pro­ducen lo que servimos en nuestras mesas. “No es justo, pero no está en nuestras manos resolverlo”, pensarán muchos para no perturbar su digestión. Sin embargo, esta cuarentena abre espacios de re­flexión para entender que la situación de la Colom­bia rural nos incumbe a todos, porque está estre­chamente ligada a la superación de la violencia que es la peor pandemia que vivimos los colombianos. El problema de fondo está determinado por la si­guiente realidad:

Colombia tiene 114.174.800 de hectáreas, cuyo uso potencial y real de la tierra es el siguiente:

– Para agricultura 14.362.867, en uso 5.317.862, dife­rencia de uso -9.045.005

– Para ganadería 19.251.400, en uso 40.083.171, dife­rencia de uso +20.831.771

– Para uso forestal 78.301.484, en uso 55.939.533, di­ferencia de uso -22.361.951

– Para otros usos 2.259.049, en uso 12.834.234, dife­rencia de uso 10.575.185

Fuente: IGAC, CORPOICA

Cabe destacar: mientras para la producción de pro­ductos agrícolas se destinan poco más de 5 millo­nes de hectáreas, para ganadería se destinan más de 40 millones, cuando en realidad sólo se necesitan 19 millones para un poco más de 24 millones de vacas, esto es casi 2 hectáreas por vaca. Más de 9 millones aptas para agricultura permanecen sin uso, mientras que campesinos desplazados son más de 6 millones. 2.3 millones de campesinos poseen tierras o predios de menos de 3 hectáreas, o sea el 1.7% del territorio. Los grandes terratenientes, que son menos de 3 mil, poseen el 53.5% del territorio nacional, para un promedio de 18 mil hectáreas.

En lo relacionado con el empleo agropecuario, te­nemos:

– Obrero y empleado particular 561.000

– Trabajadores cuenta propia 1.817.000

– Patrón o empleador 262.000

– trabajo familiar sin remuneración 401.000

– Jornalero o peón 751.000

Fuente: DANE

Los obreros y empleados están vinculados a las agroindustrias, a las plantaciones y haciendas ga­naderas, cuyos salarios en promedio son el 74% del salario mínimo legal. Los “cuenta propia” son ma­yoría y están vinculados a la agricultura familiar; sus ingresos promedio, como se dijo, no superan el 46% del salario mínimo. Los jornaleros y peo­nes, por lo general son campesinos sin tierra que trabajan en las haciendas en periodos de cosechas, sin contrato alguno. El trabajo familiar sin remune­ración, lo cumplen principalmente las mujeres que cumplen regularmente su doble rol, reproductor y productivo, y en menor grado los niños y los viejos.

Transformar la situación que vive la población ru­ral en Colombia, nos impone el reto de impulsar un movimiento de gran magnitud por la adopción de un modelo de desarrollo rural con inclusión, que genere oportunidades para el desarrollo de capaci­dades, promoviendo la productividad y competiti­vidad, respetuosas del medio ambiente, y que con­tribuya a la superación de la pobreza. Esta situación es más urgente para la población víctima del des­pojo y del desplazamiento forzado, que son más de 6.000.000, a quienes se les debe restituir sus tierras, conforme a lo pactado en los Acuerdos de Paz.

En el plan de recuperación económica post-pan­demia, es legítimo exigir que el modelo de desa­rrollo rural se incluya como política de Estado por el Gobierno y por los partidos políticos, pues es la hora de que los compromisos estatales con las víc­timas del conflicto armado se cumplan a cabalidad.

Esto pasa en la Salud y la Educación pese a que son derechos fundamentales

Para el sector de la salud y la seguridad social las políticas neoliberales de los últimos decenios están dirigidas al impulso y concreción de reformas que han dado lugar a la liquidación, privatización o trans­formación de las entidades estatales de la seguridad social, con énfasis en aquellas que prestan servicios de salud, incidiendo en el deterioro de la calidad y en la reducción de cobertura, sobre todo en el campo de la salud pública, además de afectar gravemente la estabilidad y los derechos laborales de los tra­bajadores vinculados a esta rama de los servicios.

En efecto, a principios de la década del noventa, Colombia inició una serie de profundas transfor­maciones en el sistema de salud. Es de resaltar que con la aprobación de la nueva Constitución Política en 1991, se dio un empuje trascendental al proce­so de cambio de los servicios de salud y seguridad social”, éstos pasaron a ser catalogados como “ser­vicio público a cargo del Estado”. Sin embargo, con la Ley 100 de 1993 se cambió radicalmente la forma como se organizaban y ofrecían los servicios de salud a toda la población del país, esto incluye medidas como la eliminación de los monopolios estatales y la promoción de la participación del sec­tor privado en los campos del aseguramiento y la prestación de servicios. Se crearon entonces las EPS y las IPS y, los hospitales públicos se convirtieron en las ESE (empresas sociales del Estado) con un régimen de contratación de carácter privado, para vender servicios. Es decir, con la privatización los antiguos “pacientes” se volvieron clientes y la sa­lud se convirtió en un lucrativo negocio! En este marco, a los trabajadores de la salud (profesiona­les, enfermeras y auxiliares de salud) se les impuso cambios en sus relaciones de trabajo, propias de la informalidad, como la contratación por órdenes de prestación de servicios (OPS) que no garantizan es­tabilidad ni prestaciones sociales.

En estas condiciones, el personal de la salud se vio abocado a enfrentar los riesgos biológicos de la pandemia, en centros hospitalarios que no cuentan aún con los equipos apropiados ni la capacidad ins­talada de camas ni unidades de atención inmediata, ni con capacidad para dotar al personal de la salud de bioelementos de protección personal. Esto sus­citó protestas de los trabajadores de la salud que en principio se buscó acallar con un decreto que im­ponía a las aseguradoras de riesgos laborales (pri­vadas), las ARL a entregar el 5% de lo que recibían en aportes de la población afiliada para destinarlo a proteger al personal de la salud, entre otros, que enfrentaban los riesgos, al tiempo que otro decreto imponía la obligación de los trabajadores del sector a prestar los servicios, no obstante las pésimas con­diciones de protección, incluso que a muchos, so­bre todo de regiones alejadas, se les adeudaban 5 o más meses de salarios. Por su lado, las asegurado­ras de riesgos profesionales pusieron como condi­ción que el Gobierno debía incorporar el covid-19 como un riesgo profesional en su escala de clasifi­cación. No les basta saber que dentro de los agentes de riesgo están los biológicos. Esto ha demorado la entrega de elementos de protección personal y hasta ahora han destinado 126 mil millones de pe­sos, cuando se sabe que en los últimos años obtu­vieron utilidades por más de 5 billones de pesos.

Lo más triste es que 12 médicos y un número in­determinado de enfermeras han muerto a causa del contagio del covid-19 y miles más del sector salud se infectaron, lo que ha ocasionado incluso cierres de centros hospitalarios en varias regiones. Los equi­pos respiradores llegan a cuentagotas porque los pedidos a los países que los fabrican se retardaron.

Peor aún, muchos médicos y enfermeras han sido objeto de rechazos, amenazas y agresiones, verba­les y físicas, por parte de vecinos, en los medios de transporte y mercados, lo que resulta inaceptable y vergonzoso.

En la educación es necesario reconocer el gran es­fuerzo que están haciendo los maestros, sin mucho apoyo tecnológico y sin que sus opiniones sean debidamente atendidas por el Ministerio del ramo, para garantizar por medios virtuales la educación de millones de estudiantes, de todos los niveles, que se encuentran confinados.

Con respecto a estos derechos fundamentales, cree­mos que es un privilegio conocer las opiniones del gran maestro filósofo francés Edgar Morín que a sus 99 años de edad (el 8 de julio) y desde su confi­namiento riguroso en Montpellier (Francia) expre­só en extraordinaria entrevista de la cual extracta­mos algunos apartes que resultan muy oportunos e ilustrativos.

Morin lee, escribe, escucha música y mantiene contacto con amigos y parientes. Sus ganas de vi­vir demuestran con fuerza el drama de un azote que está aniquilando miles de ancianos y de enfermos con patologías previas. “Sé bien –dice con tono irónico– que podría ser la víctima por excelencia del coronavirus. A mi edad, sin embargo, la muerte está siempre al acecho. Por lo tanto es mejor pensar en la vida y reflexionar sobre lo que pasa”.

“… La emergencia del virus y las medidas que nos obligan a quedarnos en casa han terminado por estimular nuestro sentimiento de fraternidad. En Francia, por ejemplo, cada noche tenemos una cita en nuestras ventanas para aplaudir a nuestro médi­cos y al personal hospitalario que, en primera línea, asiste a los enfermos.”

“… Esperemos que de esta crisis pueda resurgir un espíritu comunitario capaz de superar los errores del pasado: desde la gestión de la emergencia de los migrantes hasta el predominio de las razones financieras sobre las humanas, desde la ausencia de una política internacional (….) a la incapacidad de legislar en la materia fiscal.”

“…. Un ejemplo claro de cómo la razón económica es más importante y más fuerte de la humanitaria: la ganancia vale mucho más de las ingentes pérdi­das de seres humanos que la epidemia puede infli­gir. Al fin y al cabo, el sacrificio de los más frágiles (de las personas ancianas y de los enfermos) es fun­cional a una lógica de la selección natural. Como ocurre en el mundo del mercado, el que no aguanta la competencia es destinado a sucumbir. Crear una sociedad auténticamente humana significa oponer­se a toda costa a este darwinismo social.”

“… No hay duda de que la sanidad tenga que ser pública y universal. En Europa, en las últimas dé­cadas, hemos sido víctimas de las directivas neoli­berales que han insistido en una reducción de los servicios públicos en general. Programar la gestión de los hospitales como si fueran empresas significa concebir los pacientes como mercancía incluida en un ciclo productivo. Esto es otro ejemplo de cómo una visión puramente financiera pueda producir desastres bajo el punto de vista humano y sanitario.

“…Ahora no tenemos elección. Pero conservar el contacto humano, directo, entre profesores y alum­nos es fundamental. Solo un profesor que enseña con pasión puede influir realmente en la vida de sus estudiantes. El papel de la enseñanza es sobre todo lo de problematizar, a través de un método basado en preguntas y respuestas capaz de estimular el es­píritu crítico y autocrítico de los alumnos. (….) En­señar es una misión, como la que están cumpliendo ahora los médicos: se trata, en cualquier caso, de ocuparse de vidas humanas, de personas, de futuros ciudadanos.”

“…La epidemia, con las restricciones que ha generado, nos ha obligado a realizar una saludable des­aceleración. Yo mismo he notado un fuerte cam­bio en mi ritmo cotidiano: ya no es cronometrado y jalonado como lo era antes. Cuando dejé París para vivir en Montpellier ya noté un notable cam­bio en el desarrollo de mis jornadas. Ahora, con mayor conciencia, me estoy (nos estamos) reapro­piando del tiempo. Bergson había entendido bien la diferencia entre el tiempo vivido (el interior) y el tiempo cronometrado (el exterior). Reconquistar el tiempo interior es un desafío político, pero también ético y existencial.”

“….El confinamiento nos está haciendo dar cuenta de la importancia de la cultura. Una ocasión – a través de estos saberes que nuestra sociedad ha lla­mado injustamente “inútiles” porque no producen ganancias – para comprender los límites del consu­mismo y de la carrera sin pausa hacia el dinero y el poder. Habremos aprendido algo en estos tiempos de pandemia si sabemos redescubrir y cultivar los auténticos valores de la vida: el amor, la amistad, la fraternidad, la solidaridad. Valores esenciales que conocemos desde siempre y que desde siem­pre, desafortunadamente, terminamos por olvidar.”

La otra epidemia

Desde el inicio de la tardía cuarentena este Gobier­no manifestó que el objetivo más importante es el de “minimizar el impacto económico”, buscando man­tener el canal financiero y las relaciones crediticias libre de dificultades, de tal manera que las empre­sas y las familias “puedan cumplir sus obligaciones”. Subsidiariamente pretende “habilitar canales de transferencias monetarias para la población no asa­lariada y vulnerable”.  En otras palabras, primero los bancos y el crédito abierto, garantizando que empre­sas y familias cumplan sus obligaciones y, de mane­ra subsidiaria, ver la posibilidad de entregar ayudas a los no asalariados y vulnerables. Ya vamos a ver qué significa para Alberto Carrasquilla, el Minis­tro de Hacienda, un lobo con piel de oveja, cumplir esta política emergente. Sí, minimizar el impacto económico de la pandemia pero, en segundo lugar, o subsidiariamente, el impacto social y humano. Primero la economía, después la gente!

Cuando se habla de no asalariados y vulnerables, no se está ha­blando de los desempleados, al fin y al cabo estos ya estaban desempleados (3.700.000) antes de la pan­demia y subsistían de alguna manera. Además, no se trata de que una coyuntura de emergencia resuelva un problema del capitalismo: el desempleo, el ejér­cito de reserva tan funcional a los bajos salarios y a la sumisión o “domesticación de la orden” (E.Canetti).

Por supuesto que se refiere a programas asistencia­listas preexistentes “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción” y “Adulto Mayor”, los cuales recibirían un giro adicional, los cuales en página anterior tu­vimos la oportunidad de analizar. A esto se agregó un nuevo programa de asistencia para los trabaja­dores que se encuentran en suspensión de contrato o licencias no remuneradas, consistente en reco­nocerles, hasta por 3 meses la suma de $160.000 mensuales. Nos vendieron el cuento que con esto los programas asistencialistas cubrirían a más de 3 millones de familias, pero recientemente se ha sabido que solo favorecen a 2.5 millones.

Cabe mencionar que este nuevo programa asisten­cialista puso al descubierto al Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien mediante Circular 27 había prohibido la suspensión de contratos o licencias no remuneradas para ahora salir con el chorro de babas de que sí autorizó, y para paliar los efectos les ofrece a los afectados un auxilio mise­rable de $160.000.

Y qué decir de la respuesta gubernamental a la cri­sis de fondo de los hogares generada por el hambre, que obligó a la gente a cambiar la bandera nacio­nal por un trapo rojo en sus ventanas en procura de ayuda humanitaria estatal. Esto dio lugar a que se entregaran mercados ínfimos a los hogares, entrega que en muchos casos estuvo acompaña por el ES­MAD para controlar la protesta. Esta fue también la oportunidad para que muchos alcaldes, incluso go­bernadores, y otros funcionarios mostraran su peor faceta: la corrupción! Mercados de 21 mil pesos fueron sobrefacturados a 49 o hasta 70 mil pesos. Sobre la cantidad y calidad de los alimentos, vale la pena recordar las palabras de 2 concejales de Mon­tería, pertenecientes a la derecha más corrupta: “…no importa, los pobres están acostumbrados a co­mer mierda”. Se los recordaremos en las próximas elecciones, porque los pobres, además de comer, y no precisamente mierda, ¡también votan!

Germán Vargas Lleras, otro lobo con piel de oveja, fue quien propuso que había que eliminar pagos de primas (de junio y diciembre, además de los intereses de cesantías), propuesta que los empresarios acogieron, con algunos cam­bios que el Gobierno incorporó en sus decretos. No eliminar por ahora los pagos pero si diferirlos en cuotas mensuales. Claro está, que en su mente si está su eliminación en una próxima reforma la­boral que reduzca cargas laborales. Recientemen­te la Presidenta de ACOPI, gremio de los peque­ños industriales, planteó que para la recuperación económica era necesario flexibilizar mucho más la contratación laboral ¿por horas? Y ni que decir de las propuestas que la ANIF, la ANDI y CON­FENALCO vienen haciendo desde hace rato, con el aval del uribato en el poder.

Alucina don Julio Roberto Gómez, Presidente de la CGT cuando plantea que el camino es la concertación tripartita, con presencia del Presidente Duque. Es lo que menos les interesa ahora y más cuando con­sideran que el sindicalismo, dividido absur­damente en siete confederaciones, es minusválido!  Ellos sólo escuchan el grito de las calles y la huelga!

Los recursos. El Gobierno Nacional tiene cuan­tiosos recursos de la Nación y de las Entidades Te­rritoriales, para atender la crisis de la pandemia, tales como el Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE- del Sistema General de Regalías y el Fon­do de Pensiones Territoriales -FONPET-, tomados a título de préstamo o cualquier otro que se re­quiera”. De igual manera, el Gobierno nacional con base en los decreto de emergencia busca pri­vatizar sus acciones en las entidades financieras donde participa aduciendo la optimización de este capital. Así mismo, cabe recordar que la actual Administración creó la Holding Empresarial Es­tatal que lleva por nombre “Grupo Bicentenario”, en la cual se concentran 18 entidades que desa­rrollan actividades conexas al servicio financie­ro público en la cual tiene participación directa e indirecta la Nación y cuyo valor patrimonial, a diciembre de 2018, asciende a $15,8 billones, de los cuales su participación es del 94,3%. Ade­más, se propone ahora vender acciones de ECOPETROL y privatizar otras lucrativas empresas estatales.

“Por otra parte, podría implantar un impuesto al patri­monio temporal extraordinario con tarifas progresi­vas para enfrentar las consecuencias de la pandemia, centrado específicamente en las personas naturales ricas y superricas. Ante la menor presión fiscal del impuesto a la renta a favor de las personas más ri­cas del país –especialmente las superricas y súper superricas– (Garay y Espitia, 2019 y 2020), con­vendría implantar extraordinaria y temporalmente un impuesto al patrimonio, para financiar priori­tariamente a las familias vulnerables del país –en especial aquellas con ocupación informal cuenta propia y las desocupadas de larga duración–……”

Sin embargo, contando con posibilidades reales el Gobierno NO ACTUA en consecuencia. Más aún, estuvo a punto de beneficiar aún más a los ban­queros recibiéndoles en COLPENSIONES 27 mil pensionados de salario mínimo que están a cargo de los Fondos Privados y que, durante toda su vida laboral les cotizaron. Más todavía, ahora proponen una supuesta “hipoteca inversa”, según la cual los viejos mayores de 65 años que no reciben salario o pensión alguna, reciban una suma determinada de los bancos, pudiendo permanecer en sus casas, de las cuales son propietarios, hasta que mueran, que­dándose el banco con la propiedad y no sus hijos.

Para cerrar la tapa, este Gobierno decidió terminar la cuarentena de los sectores productivos y del co­mercio, entre otros, en pleno auge del contagio y el mayor número de muertes, con el propósito perver­so de evadir la posibilidad de tener que conceder la renta mínima, equivalente al salario mínimo, que se estaba tramitando en el Congreso para beneficiar a nueve millones de familias (30 millones de colom­bianos) “¡Que la economía se reactive, que la gente muera! Pues al fin y al cabo, los muertos son pocos.”

Hay más: de 500 líderes sociales y 215 reinsertados asesinados, du­rante la cuarentena han matado a 80. (“los criminales no respetan el confinamiento” dicen) El glorioso Ejército Nacional sigue violando niñas indígenas y campesinas. La investigación de la “Ñeñe-política” que implica al Presidente Duque en compra de votos, sigue durmiendo en la Fiscalía, y el Fiscal, amigo del Presidente, ¡bien gracias!, de paseo en San Andrés.

 

El anterior artículo se publica por la Revista Sur, atendiendo la solicitud de la Asociación de Pensionados de la Universidad Nacional de Colombia, ASPUNCOL, cuya edición estuvo a cargo de Jorge Luis Villada López, colaborador de la Revista.

Foto tomada de: Portafolio