El proceso con el ELN se mantiene ahora estancado y sus avances más significativos se relacionan con el mantenimiento del cese al fuego pactado que tiene dificultades, la principal de las cuales, es que funcione el mecanismo de monitoreo que debe resolver los problemas denunciados por las partes y por las comunidades; la aprobación de la estrategia de la participación ciudadana que es el centro de las negociaciones toda vez que el ELN ha definido que es este mecanismo el que provee de contenidos al proceso de negociación y un problema adicional es el de los enfrentamientos del ELN con otros actores armados en territorios que se disputan entre ellos principalmente con el Clan del Golfo. Sobre esto ya habíamos advertido como un obstáculo real que escapa al control del gobierno y de las Fuerzas Armadas.
El proceso tiene que superar los problemas coyunturales y la Mesa de negociaciones para avanzar tiene que abocar en el menor tiempo posible los supuestos o reales incumplimientos tanto del ELN como del gobierno para avanzar en los otros puntos el principal de los cuales será el de la participación ciudadana. El VI Congreso del ELN no arrojó por lo que se conoce luces ciertas para avanzar en el proceso. Nada nuevo trajeron las conclusiones por lo menos las que se conocen que permitan deducir que este proceso llegue a la terminación del conflicto armado durante los dos años que le restan a este gobierno. Y el gobierno y su equipo negociador debe tomar nota de esta realidad. Los elenos no parecen dispuestos a una negociación rápida y así desperdiciaron la coyuntura favorable de este gobierno para negociar y abandonar la lucha armada. Seguramente esperaran sin romper las negociaciones con este gobierno para ver que sucede en el proceso electoral del año 2026 siendo ellos mismos con su decisión un factor adverso a las fuerzas democráticas en esa contienda política.
El proceso con las Disidencias de las FARC deja un saldo agridulce hasta ahora. La mayor Disidencia la que comanda Alias Mordisco de hecho se ha dividido en una proporción de 60% que se margina del proceso y un 40% que quiere seguir avanzando. El gobierno tiene que confrontar como lo ha decidido al grupo mayoritario de esta insurgencia. El terreno principal de la confrontación como se sabe es el departamento del Cauca en donde se asienta esta organización ligada muy profundamente a las economías del narcotráfico y la minería ilegal y desarrolla atentados terroristas cuya victima es la sociedad civil inerme. Allí no cabe otra respuesta que la que ha decidido el gobierno que debe prepararse para afrontar la arremetida terrorista.
Bien ha hecho el gobierno al lanzar el proyecto Misión Cauca que tiene como propósito la transformación integral de este departamento para garantizar mejores condiciones de vida a las comunidades y la transformación del territorio mediante la sustitución de economías ilícitas por proyectos productivos, así como el esfuerzo coordinado de distintos ministerios para la reactivación económica y el desarrollo social en el territorio. En una situación de confrontación armada como la que se vive en este territorio los proyectos de infraestructura, así como la presencia integral del Estado debe hacerse en coordinación con las Fuerzas Armadas y de Policía. El gobierno no tiene allí otra alternativa que confrontar a esta organización al tiempo que debe emprender una labor persistente y sistemática de ganar a la sociedad para el proyecto de transformación productiva del departamento y las subregiones más golpeadas por la confrontación armada.
En las otras regiones donde hacen presencia y principalmente en la región del Catatumbo el gobierno debe acelerar el proceso de negociación con quienes decidieron permanecer en la mesa de dialogo. Y allí es fundamental que los acuerdos que se vayan pactando sean realmente cumplidos. De ello dependerá que el proceso con estos sectores sea exitoso.
Las negociaciones con la otra Disidencia de las FARC comandada por Iván Márquez, la segunda Marquetalia, avanza a un buen ritmo. Se instaló la Mesa de Negociaciones y se llegó a un primer acuerdo del que hay que destacar El Acuerdo de Medidas Tempranas de Desescalamiento Integral y Gradual del Conflicto en los Territorios donde esta organización tiene presencia, la georreferenciación en los municipios, corregimientos y veredas, donde la Segunda Marquetalia tenga presencia. Este informe deberá ser presentado el 15 de julio y a más tardar el 20 de julio se deberá presentar tanto el plan de desescalamiento del conflicto como los proyectos sociales y económicos de impacto rápido. Al mismo tiempo se anunció por parte de esta agrupación un cese unilateral de fuego lo que no implica limitar las competencias constitucionales y legales de la Fuerza Pública.
El obstáculo mas importante en este proceso es el que tiene que ver con su marco jurídico. Como se trata de una Disidencia conformada mayoritariamente por desertores del Acuerdo de Paz firmado con las FARC el 24 de noviembre del año 2016 no les cabe ese acuerdo por lo cual será el Congreso de la República quien deberá aprobar a iniciativa del gobierno un marco jurídico basado principalmente en el hecho del entrampamiento que parte de su dirigencia sufrió por parte de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez y de la Agencia de Drogas de los Estados Unidos, DEA. Este es el tema que tendrá que ser sorteado en este proceso de negociación.
Finalmente, esta el proceso con las bandas urbanas ligadas con el narcotráfico y los grupos paramilitares cuyo principal agrupamiento es el llamado Clan del Golfo. Las negociaciones avanzan en Buenaventura con los grupos Shottas y Espartanos en la zona urbana, mientras que en las zonas rurales tienen presencia las Disidencias y el ELN, así como el Clan del Golfo. En Medellín y el Valle del Aburra se negocia con más de 300 combos armados que delinquen en esa región lo cual ha llevado a una disminución de los índices de violencia, también se negocia en la capital del departamento de del Chocó, Quibdó. Ahora bien, el problema central es que se carece de un marco jurídico para estos procesos de sometimiento a la justicia. Este marco jurídico requiere de dos condiciones, la primera, es que responda a las expectativas tanto de los grupos sucesores del paramilitarismo como de las bandas ligadas al narcotráfico y a la delincuencia urbana y, la segunda, que logre vencer las resistencias en el Congreso donde paradójicamente los mayores opositores son los aliados y principales beneficiarios de estos actores que temen que la verdad que rebelen estos grupos los termine señalando como sus aliados y beneficiarios. Es una paradoja y allí el gobierno tiene que emplearse a fondo. El proyecto debe presentarse cuanto antes para que se pueda responder a las expectativas de estos grupos criminales.
En esta coyuntura y pese a las arremetidas de una oposición sin proyecto político pero que hace mucho ruido y tiene en sus manos los grandes medios de comunicación, el gobierno debe persistir en el proceso de negociación teniendo claro que los logros serán importantes, pero no definitivos. Persistir en las negociaciones con los actores políticos ELN, y Disidencias, al tiempo que debe acelerar la presentación del proyecto de Ley de sometimiento a la justicia y tratar de avanzar en los acuerdos y en el desarme de los grupos que persisten en la salida política y frente a las Disidencias de Mordisco debe emplearse a fondo para doblegarlos militarmente ahí no tiene otra alternativa.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Boyacá Siete Días
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