La decisión de derrocar a Pedro Castillo Terrones había sido tomada desde el momento en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desestimó la demanda por supuesto fraude electoral interpuesta por la derrotada candidata presidencial, la Señora Fujimori y, reconoció a Castillo Terrones como presidente legítimamente elegido. Desde aquel día, empezó el viacrucis, que se extendió por 17 meses, del presidente que ni pudo, ni le permitieron gobernar.
Para declarar, a como diera lugar, la “Vacancia por incapacidad moral permanente” del presidente Castillo Terrones, la excandidata derrotada orquestó en el Congreso nacional una alianza de su bancada de extrema derecha neoliberal, Fuerza Popular, con las bancadas de derecha también neoliberales, tales como, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País, Somos Perú, Renovación Popular, entre otras, que agrupó la mayoría del Congreso; pero, como no era suficiente, decidieron saltarse la Constitución para consumar el golpe de estado “antes de que terminara el año 2022. Desde luego, habían asegurado el indispensable respaldo de las cúpulas de las fuerzas armadas y policiales.
Entre tanto, en negociaciones de trastienda, aseguraron la complicidad con la conjura golpista de la Vicepresidenta Dina Boluarte y la bancada de su partido de Izquierda Perú Libre; así como la de las bancadas del bloque magisterial, Perú Bicentenario y los llamados “no agrupados”, a la cual pertenece Guido Bellido, quien se abstuvo, pese a que fungió como premier del primer consejo de ministros del presidente Castillo, cuya fuerza política, el “Partido Magisterial y Popular del Perú” no contaba con representación parlamentaria. A la hora de la verdad, fue traicionado por el partido que le había prestado el aval y por sus posibles aliados, que propiciaron el fracaso de los dos intentos previos para vacar al presidente.
Detrás de la conspiración golpista, además de todas las instituciones del corrupto establecimiento, estuvieron, el verdadero poder en la sombra, “el estado profundo”, los poderosos gremios empresariales, el capital financiero, las multinacionales de la gran minería, los medios masivos de comunicación y la prensa mermelera, así calificada por los pueblos movilizados, las mafias del narcotráfico (Perú es el segundo mayor exportador, después de Colombia, de cocaína a Norteamérica y al mundo) y la embajada de los Estados Unidos, que se apresuró a reconocer el nuevo gobierno encabezado por la usurpadora, vicepresidenta, así calificada por el pueblo declarado en rebeldía.
Según el sociólogo, politólogo y profesor universitario, Héctor Béjar, el fugaz primer canciller (por 19 días) del presidente Castillo, creador del efímero Ejército de Liberación del Perú en la década de los sesenta del siglo pasado,; la causa real del golpe radica en que, Pedro Castillo se había convertido en un obstáculo, porque se negó reiteradamente “a dar luz verde a 41 proyectos mineros que, de ser realizados, afectarían gravemente la vida de los andes peruanos, porque son proyectos a tajo abierto que necesitan grandes cantidades de agua, las cuales perturbarían las grandes cuencas hidrográficas andinas y Perú es un país de pocas fuentes de agua”; el presidente hizo eco de “los pueblos que están en lucha de resistencia contra dichos proyectos”.
Además, Castillo era considerado un obstáculo porque en este año, decenas de “Proyectos ley” de gran explotación minera en ejecución que dejó el dictador Alberto Fujimori, que están a la espera de ser renovados por 40 0 50 años más, no contarían con el aval presidencial”, ((#para hablar en libertad/Rubén Luengas). Asimismo, las multinacionales del Litio esperan concesiones para explotar los 5,6 millones de toneladas de reservas probadas de este combustible no fósil del futuro, con que cuenta El Perú. Se deduce entonces, que en el golpe de facto se ve reflejada la desesperación de los grupos de poder económico ante la negativa de Castillo y la resistencia popular contra estos megaproyectos que afectarán gravemente la vida de los pueblos andinos. (Héctor Béjar).
Antes del golpe y durante los 17 meses de su no presidencia, Castillo fue sometido a la más feroz persecución política y de variadas formas de discriminación social, clasista y racista; lo acusaron de terruco, término acuñado en Perú para señalar a los miembros de “Sendero Luminoso” la terrorífica guerrilla de Abimael Guzmán, derrotada hace cerca de 30 años, a sabiendas de que Castillo fue fundador e hizo parte de las “Rondas Campesinas” que impidieron el ingreso de “Sendero” a su región Cajamarca; lo calificaron de comunista, le hicieron la falsa denuncia de fraude electoral, echaron mano de su posición de clase alta y su racismo para tildarlo “de burro, de “cholo de mierda”; y a su esposa la avergonzaron por su vestimenta y por su manera de hablar”. (Francesca Emanuel/larosaroja.org)
Por su parte, el aparato judicial, con la complicidad de los medios de comunicación monopólicos, participó de la campaña de desprestigio, liquidación y aniquilamiento moral del presidente, para presionar su destitución y lo sometió a proceso de judicialización mediante decenas de denuncias ante el congreso por corrupción, que no pudieron demostrar en los dos procesos previos de juicio de vacancia por incapacidad moral; la fiscalía, con el claro propósito de azuzar el golpe de estado, sin presentar pruebas, acusó a Castillo de ser el líder de una “organización criminal” para cobrar coimas por adjudicar licitaciones de obras públicas, allanaron la vivienda de su hermana, el palacio de gobierno fue allanado por orden de la fiscalía, y, para colmo del ensañamiento del establecimiento, lo sometieron, junto a su familia, a la peor humillación con la detención preventiva (sin sentencia judicial) en una cárcel, ordenada por un juez, por supuesta corrupción y lavado de activos, acusaciones que nunca pudieron ser probadas. (Francesca Emanuel/larosaroja.org)
Para remate, el congreso convirtió el palacio de gobierno en cárcel para el presidente, al prohibirle cumplir con su función constitucional de representar al país en el exterior en eventos como la posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la cumbre de la Alianza del Pacífico, en la que debía asumir la presidencia pro tempore de dicho organismo, en la ciudad de México, evento que el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló en señal de protesta. El argumento de la mayoría de derecha fue “impedir que huyera del país”; pero en realidad pretendían pisotear el equilibrio de poderes, destruir moralmente al presidente y precipitar su derrocamiento; objetivo que finalmente lograron al cabo de 17 meses de intensa y sucia actividad conspirativa.
El 7 de diciembre, facha que marcará la historia política de Perú, como habían fracasado en los dos intentos previos, al no lograr los 87 votos requeridos para destituirlo, decidieron citar a Pedro Castillo a la sesión plenaria del Congreso que se realizaría a las 3pm de aquel día, para que hiciera su defensa frente a la tercera solicitud de vacancia que, según la senadora Susel Miranda, tampoco contaba con el número mágico de 87 votos, ocurrió lo inesperado, pues , a las 11 am, cuando Castillo se encontraba en el despacho presidencial en reunión con algunos ministros, seguramente “mal informado” según se rumora en redes, el presidente, convencido de que lo iban a vacar, leyó sorpresivamente la declaración en la cual anuncia que tomó la decisión de “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar, en el más breve plazo, a elecciones para elegir un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses que, entre tanto, “se gobernará mediante decretos ley” y declaró “en reorganización el sistema de justicia, el poder judicial, el ministerio público, la junta nacional de justicia y el tribunal constitucional”.
La declaración cayó como anillo al dedo entre las altas cumbres del poder económico y político, la alianza mayoritaria y golpista del congreso desestimó el proceso de vacancia por corrupción y, en manos que canta u gallo, le iniciaron un “proceso extraordinario” por rebelión y conspiración, es decir lo acusaron disolver ilegalmente el congreso y dar un golpe de estado, lo cerraron en minutos y votaron. El resultado, 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Aunque la Constitución exige que este tipo de proceso de vacancia requiere de 104 votos, cuatro quintas partes de la totalidad de congresistas, las mayorías golpista saltaron de júbilo, corrieron las selfis por montones, finalmente habían logrado consumar el golpe.
Golpe que, según su abogado defensor y, en opinión de connotados juristas y académicos del derecho constitucional, fue ilegal e ilegítima porque no se hizo la deliberación requerida, ni se le garantizó al presidente el debido proceso, no pudo ejercer su derecho a la defensa, ni oponerse a la decisión de vacarlo, se rompió el ordenamiento democrático previsto en la Constitución y la ley; es decir el verdadero golpe de estado fue dado, aquel 7 de diciembre, por el Congreso de la República del Perú.
En opinión de la congresista Susel Paredes de la bancada de los “no agrupados”, quien votó a favor de la vacancia argumentando que Castillo rompió el ordenamiento constitucional al ordenar el cierre del congreso, la declaración del presidente no constituye una rebelión, porque no hubo levantamiento en armas, tampoco fue una conspiración porque no hubo concierto entre varios actores del poder, sino que actuó solo. (Inty Noticias). La verdad no se consumó ningún delito porque el cierre del congreso no se hizo y el golpe de estado fue al revés lo dio el congreso que, además, contó con el respaldo de las fuerzas armadas y del establecimiento, junto con todas sus instituciones.
El abogado penalista, Eugenio Raúl Zafaroni, exjuez de la CIDH, opina lo de Pedro Castillo no fue ninguna locura, sino que al saber que estaban a punto de destituirlo produjo esa declaración para ordenar el cierre del congreso y convocar una constituyente, “la actitud de Pedro Castillo no fue descabellada, no estaba dirigida a cerrar el congreso, sabía que ya no podía hacerlo iba dirigida únicamente a marcar que se iba por razones políticas y no porque lo echaba un congreso deslegitimado y desprestigiado, con apenas 6% o 7% de favorabilidad. Esa actitud fue una proclama teatralizada dirigida a su electorado, una declaración pública que marcaba el futuro… era perfectamente consciente de que los militares y la policía estaban blocalmente, (sic) sin fisuras, en su contra” (Inty Noticias)
La razón asiste al exjuez de la CIDH Zafaroni; pues, conocida la declaratoria de vacancia de Pedro Castillo, los pueblos originarios y mestizos de la sierra, la población postergada desde hace 500 años, con una marcada característica, no únicamente clasista sino también racista, la base electoral de castillo, a las que no les pudo cumplir sus promesas de campaña, se declaró en rebeldía y con ánimo insurgente, autoconvocadas y en procesos de auto organización, declararon la huelga general y en oleadas crecientes de multitudes, se volcaron a las calles, en casi todas las ciudades, provincias y veredas, especialmente del sur, para exigir, en clara coincidencia con lo planteado en la declaración de su presidente, el cierre del congreso, la convocatoria a nuevas elecciones generales, en los primeros meses de 2023, para una Asamblea Nacional Constituyente, la renuncia de la “traidora, usurpadora y golpista, Dina Boluarte, la libertad de pedro Castillo y su restitución en la Presidencia.
Las multitudes rebeldes, movilizadas pacíficamente, acusadas de “violentistas”, vándalos y terrucos, de recibir armas y aceptar brigadas de “ponchos Rojos” armados, procedentes de pueblos Aimaras procedentes de Bolivia al mando de Evo Morales, fueron y han sido criminalmente reprimidas, porque las fuerzas militares dispararon las armas contra los y las protestantes que no poseían armas y han causado más de 72 muertos y cientos de heridos y desaparecidos, en tan solo dos meses y una semana de dictadura. Los pueblos indígenas y campesinos marcharon hacia Lima, se llenaron las calles y las plazas de la capital de indígenas y campesinos procedentes de los cuatro Suyos, en las que se destacan las mujeres indígenas que con sus “guaguas” a sus espaldas, sostenidos por sus ponchos, agitan las consignas exigiendo la renuncia de la dictadora, el cierre del congreso, nuevas elecciones y Asamblea constituyente.
Dina Boluarte, convertida en presidenta de paja, porque cumple órdenes de Keiko Fujimori y se somete a los dictámenes de la cúpula militar, es una presidenta absolutamente inconsciente que se niega renunciar, convoca al diálogo, pero trata de asesinos, vándalos y terrucos a los manifestantes, el congreso de la República, pese a su desprestigio, se niega reiteradamente a convocar nuevas elecciones generales, la cúpula de la CGTP fue declarada traidora por los y las huelguistas porque decidió hacer esquirolaje y negociar, motu proprio, con la dictadura. La izquierda ha sido rebasada y, buena parte de ella, declarada traidora por su participación en el golpe. Perú ha entrado en una crisis generalizada que no parece tener salida institucional, sigue atrapada en el estrecho marco de la constitución fujimorista producto del autogolpe de estado de Alberto Fujimori en 1992. El Jurista argentino Zafaroni asegura que “Perú no tiene mucho futuro de no modificar esa increíble constitución” y asegura que en esta situación “nadie puede gobernar en el Perú”, lo demuestra “la insólita sucesión de seis presidentes en 5 años”
La comunidad internacional se ha pronunciado en contra del golpe, presidentes de México, Colombia, Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras condenaron el golpe y exigieron cese a la arremetida criminal de la dictadura; en el mismo sentido se pronunciaron la CELAC, la ONU y la Unión Europea. La dictadura ha sido completamente aislada por la comunidad de las naciones.
El excanciller Héctor Béjar, ha planteado una propuesta que parece sensata y ofrece la posibilidad de una salida democrática, dice que, si la matanza sigue y las huelgas se profundizan, el pueblo debe asumir el mando, conformar un gobierno provisional y realizar elecciones para elegir una asamblea constituyente popular y democrática. Única salida para resolver la crisis e instaurar un nuevo orden verdaderamente democrático.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia.
Foto tomada de: DW
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