“La desaceleración del crecimiento económico en el mes de septiembre, con una variación del 4,2 por ciento, es la más baja de las registradas este año, y…en octubre se produjo un fuerte frenazo en las ventas.” Jaime Alberto Cabal, Fenalco, ET, 16/11/22, 1.2.
“Es un momento indicado para mantener abierto el diálogo político y con el sector productivo para explorar posibilidades de cambios que tengan efectos más positivos y menos recesivos.” María Claudia Lacouture, Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham, ET, 16/11/22, 1.2.
En pocos días fenecen las cuentas del año 2022. En lo que resta hay quehaceres febriles de congresistas y de ciudadanos del común. Todes dan cuenta de las urgencias tanto políticas como económicas, al tiempo que, del presidente para abajo, se preparan a “vacacionar” hasta la primera semana de enero entrante.
Repasemos lo dicho y hecho por el Pacto Histórico y su Frente Amplio, pisando el acelerador de la economía colombiana con el interés de hacer los contrastes y complementariedades a que haya lugar. Para luego hacer un barrido a la política, y el balance pertinente a lo que nos depara el inmediato futuro 2023.
El DANE informó que el tercer trimestre presentó un crecimiento del 7 por ciento anual, que es la mitad de lo obtenido en 2021. En pocas palabras, hay desaceleración, pero que comparada, con la de otros países de la región, la economía de Colombia es positiva. Septiembre fue el mes que fijó la pauta para este descenso, 4,2 por ciento, según lo registró el ISE, Indicador de Seguimiento de la Economía.[1]Mientras que el mayor crecimiento correspondió al mes de mayo con el 17,2 por ciento.
Los cálculos económicos que rinde el ISE resultan de medir 12 actividades. La parada la manda este año el comercio al por mayor que, a noviembre tenía un crecimiento anual de 8,1 por ciento. El segundo lugar fue para la industria del entretenimiento. Es la que más creció entre julio y septiembre, con el 36,9 por ciento anual. Luego siguen los aportes porcentuales de la industria manufacturera, la construcción, 11,7 puntos más que un año atrás; y creció también información y comunicaciones, 14 por ciento, pero su contribución al crecimiento general fue de 0,4 puntos.[2]
En materia económica, sin embargo, el contraste se marca con el comportamiento del sector agropecuario impactado por la ola invernal a la vista. Lo único que creció para el tercer trimestre, como referencia a este comentario inicial, fue la pesca y la acuicultura, con el 9,3 por ciento. De otra parte, de acuerdo al DANE, en el mismo trimestre, las actividades profesionales, científicas y técnicas crecieron 5,2 por ciento menos, y las financieras y de seguros, en cambio avanzaron 6,7 puntos.
Pese al menor ritmo de crecimiento observado en los tres trimestres, el Banco de la República revisó su proyección inicial de 6,9 a 7,9 por ciento. No pocos analistas señalan que nuestra economía tiene un crecimiento notable comparado con la de otras economías de nivel y tamaño similar.
Hay críticas, que alertan sobre la recesión que vendrá para 2023. Mauricio Hernández del BBVA señala que el crecimiento será del 0,7 por ciento. El líder de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal alerta sobre los efectos de la reforma laboral que se tramitará en año que viene. Reclama no “dejar caer el consumo y el comercio…mesura con la anunciada reforma laboral, justo en un momento coyuntural marcado por el signo de la recesión.”
Las tasas de interés que fija el Banco de la República,[3] bailan al ritmo de una inflación que llegó al 12, 53. El salario mínimo tuvo un alza de 16 por ciento, que no fue el 20, o más que reclamaban los sindicatos y sus líderes. El panorama global se pronostica como de real desaceleración y volatilidad crecientes.
Paz Política, Tierra y Democracia
“En IDEA…definieron cinco atributos de democracia: gobierno representativo, derechos fundamentales, compromiso participativo, administración imparcial y control de gobierno…definidos, a su vez, por componentes, en total 16…No hay en el informe referencias a izquierda o derecha; lo que se mide es calidad de democracia, independiente de ideología.” Moisés Wasserman, El estado de las democracias, ET, 9/12/22, 1.13.
“Petro ya no convoca a sus seguidores a descalificando a Uribe por paramilitar. Uribe ha moderado sus posiciones, no habla de haber entregado el Estado al terrorismo.” Gustavo Duncan, La paz política, ET, 7/12/22, 1.13.
“Es hora de atenuar el presidencialismo, como, por ejemplo, suprimiéndole algunas de las atribuciones aquí mencionadas. Se podría pensar en que, como rigió durante el régimen radical de 1863, los nombramientos de ministros y embajadores…deban ser aprobados por el Senado…” Alfonso Gómez M, ¿Hora de atenuar el presidencialismo?, ET, 7/12/22, 1.13.
El binomio Petro Márquez se ha cuidado a lo largo de estos meses de ceñirse a lo dispuesto por IDEA, el Instituto que cita el exrector de la U. Nacional, Moisés Wasserman, en una columna editorial reciente: no “hacer referencias a izquierda o derecha; lo que se mide es calidad de democracia, independiente de ideología.”
En efecto, así se autodefinen los gobiernos neoprogresistas de la segunda ola,[4] en la que clasifican Gustavo Petro, Gabriel Boric, y antes que ellos Andrés Manuel López Obrador, entre otros presidentes actuales. Estos quieren que se les conozca por sus obras, y por su gestión social liberal.[5]
A no ser que, como el caso de Pedro Castillo, sujeto a una institucionalidad semipresidencial, haya sido objeto de una guerra de guerrillas congresional que lo condujo a su derrocamiento, después que intentó liberarse de una mayoría parlamentaria adversa, una vez que fue apresado por un agente policial que hacía parte de su propia comitiva, cuando buscaba asilo en la embajada mexicana en Lima.
Entonces, quizás se entiende por qué, ahora, otro notable profesor de derecho externadista, un chaparraluno ex procurador y ex fiscal de la nación, Alfonso Gómez Méndez, pregunte también si no es hora de atenuar el presidencialismo. Hasta el punto que él retrocede en la historia hasta revivir la Constitución radical de Rionegro (1863), después de 159 años de extinta.
Él quiere que sea el Congreso, el Senado, quien apruebe el nombramiento de ministros y embajadores. Aunque antes guardó respetuoso silencio. Es solamente ahora, cuando gobierna una fuerza que no clasifica como bipartidista, el Pacto Histórico, el ilustrado don Alfonso se despacha con semejante ocurrencia. Claro está, su preocupación no es democrática, sino liberal. Quiere ponerle control al poder ejecutivo, sin atreverse a proponer un régimen parlamentario, como el de la clásica monarquía constitucional inglesa.[6] En suma, como lo dispone uno de los cinco atributos del IDEA, le apuesta sin sonrojo alguno, al “control del gobierno”, esto es, al poder ejecutivo presidencial.
Otro intelectual colombiano, dedicado al estudio del Estado y el régimen político colombiano, Gustavo Duncan, autor de un libro muy comentado “Los señores de la guerra”, en la parcela de la maltrecha democracia de Colombia, mete baza en el asunto de la paz total, para referirse a la paz política y defenderla como resultado visible de los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro. Ya estos rivales/adversarios no acuden a blandir las armas del terrorismo y el paramilitarismo para zaherirse cada que pueden. Ambos, desde sus orillas son esquivos a definir también la política como de derecha o izquierda. Pareciera que, en lo táctico, la polarización cede, de cara al más importante certamen electoral del año 2023.
En todo caso, de ser cierto lo anterior, entre el 7 de agosto de 2022 y la fecha hay avances en el espinoso asunto de la paz política. La oposición, cuya figura más prominente es Álvaro Uribe Vélez no acude a las lanzas, sino que acepta jugarse en el escenario de la crítica, a la vez que amplifica sus cuestionamientos a través de las huestes congresionales, sabedor como lo es, de la minoría en que se encuentran el Centro Democrático, los Independientes, y otros opositores. Entre otras razones, él espera también que se falle la causa penal pendiente contra él. Luego de experimentar nuevos reveses se prepara para un retorno triunfal.
El neoprogresista Gustavo Petro, en ese clima de paz política, y hace uso de sus poderes como presidente. De una parte, para mantener a sus ministros más polémicos. De modo que la Minminas, Irene Vélez Torres,[7] fue defendida, ante la escaramuza de la moción de censura que desplegaron contra ella las fuerzas de la oposición al utilizar como “florero de Llorente” el asunto de la exploración de hidrocarburos.
Petro, luego de la aprobación de la reforma tributaria, con la conducción del ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, un cruce entre neokeynesianismo y neoliberalismo. Preocupado, primero, por controlar la inflación y hacer respetar la regla fiscal, tiene en el haber presupuestal para el siguiente año, alrededor de 20 billones para el programa en materia de reformas sociales. Para avanzar, al fin, en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución de 1991.
En procura de los compromisos establecidos con quienes eligieron al Pacto Histórico, Petro quiere darle impulso a la reforma agraria suspendida, congelada en el tiempo, para darle contenido no solo a los acuerdos de paz, firmados con la insurgencia subalterna por el gobierno Santos, sino para avanzar en términos de lo que fueran postulados del liberalismo social, cuyos extremos fueron Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliécer Gaitán.
La tierra es el banco de pruebas de la condición reformadora, la apuesta por la “justicia social” en la que militan Petro y Márquez desde los tiempos de la campaña presidencial. Pues bien, luego que empezaron a producirse las invasiones de tierras, por campesinos, y comunidades étnicas afincadas en el campo, la ministra de agricultura Cecilia López, y su par en gobierno, Alfonso Prada, buscaron apagar la hoguera de las “ilusiones” progresistas, no solo con retórica.
Enseguida se han listado diez megapredios para empezar a darle contenido a la reforma rural integral que fue triturada entre la ley 135 de 1961, y el pacto de Chicoral, la ley 4a de 1973, en materia de afectación de tierras, para darle cumplimiento a la función social de la propiedad privada que nos remite en el tiempo a las reformas de la revolución en marcha.[8]
De acuerdo con la ANT, la Agencia Nacional de Tierras, hay 10 propiedades que suman 436.309 has. Uno de los predios, San Pablo (Bolívar), tiene 125.775 has, y con él empieza a cumplirse lo acordado en el punto uno de la reforma rural integral. Al compararlo, a manera de ilustración, dicha extensión dispuesta para la reforma es casi la mitad de la tierra sembrada con café en Colombia en 2021 ( 840.000 has).[9] Se trata de diez baldíos, en un país en que algo más del ochenta por ciento de las tierra no tienen titulación adecuada; y en extensión, según Santiago Carmona Caraballo, “equivaldrían al 14,54 por ciento de las tres millones de has que el gobierno de Gustavo Petro se comprometió a comprarle a Fedegán.”[10]
En materia de localización y distribución, dichas tierras están en los departamentos de Bolívar, 3; Meta, 3; Antioquia,2, y Vichada, 2. El predio ubicado en el municipio San Pablo, que ingresó al Fondo de tierras en 2018, no tiene nombre registrado, pero es el más grande hasta ahora, y corresponde al 28,8 por ciento del área a distribuir entre la población rural potencial beneficiaria.
Un segundo predio está en Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio, con el nombre de “Cocorná, Sacamujer y El Rebozo”. Tiene 86.613 has, y es fruto de un exitoso proceso de extinción de dominio; y, al compararlo, su territorio es mayor que el de Pereira. Es el resultado de una sentencia en el proceso impetrado por Inés Giraldo de Ribero contra la nación, el ministerio de agricultura y el INCORA.[11]
Con respecto a la cuestión de la tierra, y las acciones gubernamentales prometidas en materia de reforma aparecen en la lista predios en Cantagallo y Santa Rosa del Sur (Bolívar), Ituango (Antioquia), dos baldíos en La Primavera (Vichada); baldíos en Puerto Gaitán, Vistahermosa y San Martín (Meta).
Con estos ejemplos, el director de la ANT, Gerardo Vega, quien fuera militante del EPL, en la década de los setenta del siglo pasado, entrevistado por el periodista de El Tiempo, contesta que será posible, “La reforma agraria que nunca se hizo en el país”.[12]
En la misma dirección fluye el razonamiento del profesor Mauricio Jaramillo, profesor de la U. del Rosario en Bogotá, quien recuerda cómo Colombia “tiene un índice de concentración de tierras cercano a 0,87, siendo 1 el indicador de mayor concentración.” De avanzar en realidad en el cometido de la reforma rural integral se desmontan privilegios coloniales, de avanza en materia de igualdad social y se dan pasos en firme en el objetivo de construir la paz total, más allá de los discursos y las buenas intenciones.
El Decretazo y el golpe contra Castillo
“Yo creo que este decretazo contraría las normas dispuestas en el Título VIII (de la Rama Judicial) de la Constitución Política por lo que, de conformidad con lo que establece el artículo 4 constitucional, los jueces no estarían obligados a aplicarlo acudiendo a la excepción de inconstitucionalidad.” Germán Vargas Lleras, ET, 18/12/22, 1.30.
“América Latina debe apoyar a Perú defendiendo el Estado de derecho.” Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas, ET, 18/12/22, 1.30.
“Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio.” Declaración conjunta de los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Colombia, ET, 12/12/22.
“Hay dos gobiernos de Gustavo Petro: el de las palabras y el de los hechos.
Mauricio Vargas, el hijo de un notable literato y ensayista, Germán compañero de andanzas de Gabito y el grupo de la Cueva, en la Barranquilla de los años cincuenta, se vino lanza en ristre contra Gustavo Petro en su columna editorial “Las orejas del lobo”. Arremete contra el neoprogresismo de Petro, y echa mano de la encuesta de Invamer, para medir, en sus términos, la distancia que hay entre palabras y hechos del ejecutivo del Pacto Histórico, y quienes son sus compañeros de viaje.
En lo positivo de este mandato bajo escrutinio, el otro Vargas señala que la reforma tributaria es severa pero no catastrófica, porque desmontó el subsidio a la gasolina, y respeta la propiedad privada y el sistema de libre mercado. Concluye que Petro, “ha sido más bien revolucionario con la boca y, por lo pronto, más bien razonable con la firma de leyes y decretos.”[13]
Enseguida, Vargas muestra “las orejitas”, cuando afirma: “me inquieta el anuncio presidencial de designar a 100.000 jóvenes –incluidos miembros de la primera línea acusados de crímenes- como voceros de paz, con un salario mensual de un millón de pesos.” Y se pregunta de una, “¿De dónde saldrán los 1,2 billones de pesos que costará ese ejército juvenil cada año?…será esa la base de algo como los colectivos chavistas que tantos opositores han matado en Venezuela?”[14]
Luego pasa a revisar la encuesta de Invamer, bimestral, que se realiza hace más de 28 años. Fija la atención en la respuesta a la liberación de determinados jóvenes de la primera línea: 58% se opone, 37% de acuerdo. En cuanto a suspensión de exploración de petróleo y gas: 59% se opone; 75% desaprueba legalizar las drogas; las FFMM tienen imagen favorable del 65%.
Mauricio remata su auscultación con la favorabilidad de Petro medida por Invamer: 48 % la aprueba contra 44% que la desaprueba. Y no oculta su tendenciosa opinión con respeto a la opinión pública: ¿Será que, para no depender en el futuro de la opinión pública, el Presidente quiere tejer desde ahora una primera línea de defensa con 100.000 jóvenes a sueldo?”.
Frente a los tozudos hechos, el editorialista los ignora. De modo que contrasta como en agosto, la favorabilidad del presidente era de 56%, y lo que estaban en desacuerdo sumaban el 20%. Ergo, ¿la tendencia es desfavorable a Petro? Pues no. El presidente se posesionó el 7 de agosto, y a la fecha, con las medidas tomadas, la esquiva opinión pública lo sigue favoreciendo. Convendría que el periodista hiciera una comparación con el anterior gobierno, el que defendía de Iván Duque, para determinar en qué cifras estaba.
Otro Vargas, Germán, vecino de columna y de ideología reaccionaria, en El Tiempo del mismo día, se desparrama sobre otro de los asuntos conflictivos, la promesa del presidente Petro de liberar a jóvenes de la primera línea con base en el Decreto 2422 de este año. En “El decretazo” cita el numeral 2o. del art.3, que refiere específicas funciones de la Comisión intersectorial de la reconciliación y la participación ciudadana, para probar, según él, la injerencia indebida del ejecutivo actual en la rama judicial del poder público.
En todo caso, el articulista cita lo dicho por el ministro de justicia Osuna: “La decisión del Presidente sobre liberar a una persona se remitirá al juez de ejecución de penas o quien tenga a cargo su privación de la libertad, y si después de eso hay controversias judiciales, pues los jueces tienen la última palabra.” Sin embargo, Vargas Lleras concluye que la Comisión intersectorial lo que crea es un paratribunal paralelo de justicia, porque “genera un beneficio judicial como lo es la excarcelación”.[15]
Por último, el nieto del expresidente Lleras Restrepo con base en su opinión que calla todo lo que fue y significó el “estallido social” del 2021, cuando fueron asesinados más de 40 protestantes, en su mayoría jóvenes, y arrestados de modo sumario más de 200 jóvenes en varias capitales del país, afirma:
“Todos temíamos que en algún momento este gobierno caería en la tentación de llevarse de calle el Estado de derecho y las instituciones”. Era de esperarse que Colombia “emulara”, de este modo, con la estrategia del “lawfare”, el arma arrojadiza esgrimida por la derecha continental desde la tierra de Donald Trump hasta el Perú del secuestrado presidente Pedro Castillo.
Así lo prueba, de manera sibilina el propio editorial del principal diario del país, Una línea roja para la región: “Siguen retumbando los ecos de lo ocurrido el miércoles 7 de diciembre, cuando en un lapso muy breve el entonces presidente pasó de ejercer la máxima magistratura del país vecino a quedar a buen recaudo, luego que intentara a un autogolpe de Estado por su decisión de clausurar el Congreso.”
Todo lo anterior es la antesala para censurar la declaración de cuatro presidentes de la corriente progresista, electos democráticamente, México, Argentina, Bolivia y Colombia, que siguieron al pronunciamiento del canciller Álvaro Leyva, que rechazó la acción policial contra Castillo, previa a toda actuación judicial. Peor aún, según el editorialista, es lo hecho por el propio presidente Petro: “ha ido incluso más allá al pedirle, a través de un trino a la CIDH, medidas cautelares que protejan a Castillo, quien el jueves pasado fue cobijado con una medida de detención preventiva por 18 meses mientras es investigado por rebelión, según decidió la Corte Suprema.”[16]
El remate es ejemplar, porque ignora lo dispuesto en la Constitución peruana, donde, en efecto, quien ejerce la presidencia, tiene la potestad de disolver el Congreso, porque el diseño institucional peruano lo establece en su régimen semipresidencial, de mediar ciertas circunstancias que el presidente Pedro Castillo no tuvo en cuenta.
Del mismo modo, la Constitución posibilita las denominadas “vacancias”. Estas fueron intentadas en dos oportunidades, por una mayoría insuficiente comandada por el fujimorismo que perdió las elecciones. El día del golpe esta mayoría preparaba una tercera vacancia contra el presidente, en otro episodio de “lawfare” que a la postre se transformó en golpe de Estado congresional para prevenir su disolución, cuando ésta fue anunciada a toda la nación.
Colombia, en el circuito del Lawfare
“Frente a estas reacciones y a toda la controversia, hay que ser muy claros en que el proceder de Castillo –sobre quien además pesan señalamientos de corrupción- el pasado 7 de diciembre configura un golpe de Estado: ordenar la disolución del Congreso…” Editorial de El Tiempo, 18/12/22, 1.30.
El Tiempo, sin más, toma partido contra la Constitución vigente, con el siguiente dictado injerencista: “Lo cierto es que pretender disolver el Congreso será siempre, bajo cualquier circunstancia, inaceptable”. Y concluye, enmendándole la plana a cuatro presidentes progresistas, después de resaltar la postura sensata de Gabriel Boric, en Chile: “La preservación de la democracia y el Estado de derecho debe unir a todos los países de la región”. Así cierra el encabezado que reza: “Se equivocan los gobiernos, incluido Colombia, que insisten en victimizar a Pedro Castillo.”
Con estas escaramuzas de tres opiniones editoriales sintomáticas se cierra el año 2023 en Colombia. Está en juego el delicado equilibrio de poderes, donde las medidas de reforma que intentan los gobiernos neoprogresistas que, con la excepción de Amlo y Morena en México, no tienen mayoría propia en sus congresos. Colombia, en particular, a través de la figura política del Frente Amplio, pronto tensará la cuerda. Porque siguen las reformas sociales de más calado, y el lobo de la reacción anda suelto.
El año 2023 será el de las elecciones regionales y locales, donde se medirá el grado de aceptación que mantiene el primer gobierno de oposición electo en Colombia según las reglas de la democracia representativa liberal. Para el Pacto Histórico y su coalición será la prueba de qué tanto se ha avanzado en el desenlace de la crisis de hegemonía engendrada desde finales de los años noventa, cuando se entronizó el cáncer político de la excepcionalidad de hecho, con el expediente de las Convivir, en el laboratorio experimental de la gobernación de Antioquia. Porque el régimen parapresidencial que se impuso a través de los dos gobiernos Uribe se resiste a morir, y urge desmontarlo.
No fue suficiente que para entonces la Corte Constitucional desenmascarara aquella fórmula reaccionaria, cuando prohibiera aquella patente de corso que tuvo el concurso del presidente liberal Ernesto Samper y su ministro de defensa, Fernando Botero. Por ello, el país sigue expectante acerca de cuál será el desenlace del juicio criminal contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien ha intentado todas las defensas posibles para no ser despojado “de su piel de oveja”. Será el poder judicial quien pronuncie la última palabra.
__________
[1] Ver El Tiempo, 16/11/2022, p. 1.2.
[2] Consultar estadísticas del DANE.
[3] Como lo hace la FED para los Estados Unidos con el objetivo de domar la inflación.
[4] Los de la primera ola eran más explícitos y directos. Tales fueron los casos de Hugo Chávez, Evo Morales, el primer Lula, Correa, para recordar a algunos, quienes no ocultaban su parentesco ideológico explícito con la Cuba Socialista y su lucha de resistencia antiimperialista contra su vecino.
[5] Para Colombia, la mención al socialismo liberal se encuentra en una polémica surtida al interior de la generación de los Nuevos, en los años veinte del siglo XX. Entonces cruzaron argumentos el periodista comunista Luis Tejada, el cronista de Gotas de Tinta, y Jorge Eliécer Gaitán, quien defendía la tesis del socialismo liberal que en parte abrevaba en su trabajo de grado en derecho, “Las ideas socialistas en Colombia.”.
[6] Conviene revisar lo escrito y dicho por su mentor intelectual y político, Alfonso López Michelsen, cuando aspiraba a repetir presidencia de Colombia.
[7] La ministra hace parte de la organización política feminista Soy Porque Somos, que presentó lista propia a las elecciones, pero no alcanzó a elegir ninguna congresista en la pasada elección. Tiene un doctorado en geografía política en la U. de Copenhagen.
[8] Revisar el ensayo de Alcides Gómez, Política agraria de López y ley de aparcería, en: revista Ideología y Sociedad #14-15, julio-diciembre de 1975. Bogotá, pp: 60-61.
[9] Ver Carmona Caraballo, Santiago, Los diez “megapredios” con los que arranca la reforma rural integral, ET, 15/12/22, 1.3.
[10] Op. cit, ídem.
[11] Ídem. Sus orígenes se remontan a un contrato de exploración y explotación petrolera según escritura pública de 9 de abril de 1937.
[12] ET, 15/12/22, 1.3.
[13] Vargas, Mauricio, El Tiempo, 18/12/22, 1.30.
[14] Op. cit., ídem.
[15] Vargas Lleras, Germán, El decretazo, El Tiempo, 18/12/22, 1.30.
[16] Ver editorial de El Tiempo, 18/12/22, 1.30.
Miguel Ángel Herrera Zgaib, PhD, Presidente de la IGS- Colombia, Director de la revista Pensamiento de RUPTURA.
Foto tomada de: Fundación Paz y Reconciliación
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