Con esto así ha quedado el PGN con las modificaciones contempladas para el segundo y último debate: $184,9 billones para gastos de funcionamiento, $70,5 billones para el pago del servicio de la deuda y $58,5 billones solamente para inversión, manteniendo el monto final aprobado de 313,998 billones de pesos; de estos aproximadamente el 95% de los gastos de funcionamiento, el 100% de los del servicio de la deuda y el 82% de los de inversión, se financian con aportes de la Nación.
Tomado de: Ponencia mayoritaria al PGN.
Las principales modificaciones presentadas para el segundo debate fueron: 1. En el Servicio de la Deuda Pública Nacional Interna, la reducción $-2.036 mm debido a operaciones de manejo del servicio de la deuda pública nacional, que permitió nuevas adiciones 2. para el sector de la Inclusión Social de $469 mil millones dirigidos especialmente a: el ICBF ($400 mm) de los cuales $220 mm para el proyecto de Apoyo al Desarrollo Integral de la Primera Infancia y $210 mm para el proyecto de Protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco del restablecimiento de sus derechos, que como había indicado en el segundo artículo de esta trilogía se encontraba desfinanciado. De la misma manera para el Departamento para la Prosperidad Social le fueron adicionados $70 mm para programas y proyectos en el marco de la reactivación económica de los cuales no hay claridad, y se realizaron traslados por $10 mm para el proyecto de implementación del programa Colombia Mayor, para el fortalecimiento a entidades territoriales en política de seguridad alimentaria, y para apoyo deportivo a minorías étnicas.
3. Para el sector Educación vuelve y juega la misma receta adicionando $200 mm para ICETEX y el programa Generación E y solamente $6,9 mm para el Fondo Estampilla Prouniversidades Públicas. Frente al PAE se trasladaron recursos por $145,9 mm de funcionamiento para inversión y $3 mm para construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje lo cual queda aun insuficiente frente al déficit ya histórico de infraestructura y a las nuevas necesidades de saneamiento básico y medidas de bioseguridad para el regreso a clases presenciales.
Los otros rubros donde se presentaron adiciones fueron en orden descendente: Salud y Protección Social: $203 mm, Transporte: $125 mm, Sector Ciencia, Tecnología e Innovación: $100 mm, Interior: $85 mm, Planeación: $79 mm, Cultura: $78 mm, Presidencia: $76 mm, Sector Defensa y Policía Nacional: $63 mm, TIC: $50 mm, DANE: $40 mm, Fiscalía: $34 mm, Rama Judicial: $32 mm, Agricultura y Desarrollo Rural: $30 mm, Comercio, Industria y Turismo: $30 mm, Minas y Energía: $25 mm, Organismos de Control: $23 mm Trabajo, $17 mm Justicia y del Derecho: $13 mm, Congreso de la República, $10 mm: Hacienda: $5 mm, Empleo Público: $3 mm, Deporte y Recreación: $2 mm, Ambiente y Desarrollo Sostenible: $1 mm.
Con esto, el Servicio de la Deuda (70bll) mantiene su primer lugar dentro de las prioridades del Gobierno de Iván Duque, seguido por Educación (47bll) con un fuerte énfasis en los créditos educativos; en tercer lugar se encontraría el Sector Defensa y Policía (39 bll), que sique causando gran descontento frente a una posición negativa para su reforma, y en cuarto orden, el Sector Salud (35 bll), un sector que se consideraría por otros países el de mayor importancia frente a la crisis actual.
Esa tal reactivación económica, no existe.
Así como el dichoso dinero para la salud durante la pandemia, fue solo un adelanto del ya causado por el Acuerdo de Punto Final, el Plan de Reactivación Económica, dispuesta en el Presupuesto General de la Nación para el próximo año, es una receta de las mismas medidas que venían dándose antes de la pandemia. Por lo cual, ante la incertidumbre del mercado laboral del próximo año, el país podría verse estancado al no encontrar, el apoyo estatal que se requiere para reactivarse. No es posible esperar, que ante una receta de malas prácticas fiscales y monetarias, que habían dejado a Colombia antes de la pandemia con mayor desempleo y más pobreza, se plantee ahora, continuar con ese camino para reactivarla ante lo que ha sido un año catastrófico tanto social como económicamente. La pasividad del Gobierno ha impedido ver la necesidad de encontrar un camino diferente ante lo que ya venia funcionando mal. La inocencia de los partidos del Gobierno de aceptar un PGN que no responde a las necesidades de un Estado mucho más activo y cuya situación requiere de medidas de amplio gasto social en sectores de gran consumo,
¿IVA a la Canasta Básica Familiar?
Entre las muchas observaciones que hizo la oposición sobre el PGN 2021, resalta, tanto por su originalidad como por su impacto para los colombianos, la denuncia sobre el aumento del los Ingresos de la Nación causados por el recaudo de impuestos indirectos, como mecanismo para suplir el déficit con el que llegará el Gobierno de Iván Duque el próximo año. El Senador Wilson Arias resaltó con una canasta llena de víveres, que un aumento de esa proporción en el recaudo solo podría provenir de la imposición del IVA a los bienes exentos en este momento, que son principalmente, los bienes pertenecientes a la canasta básica familiar.
Esta denuncia se sustenta en las orientaciones que desde hace varios años viene dando el Fondo Monetario Internacional respecto a gravar la canasta básica familiar con el Impuesto sobre el Valor Añadido, que en este momento se encuentra en el 19%. Eso significaría un impacto al bolsillo de los colombianos pobres y de clase media altísimo, considerando que el PIB cayó a -15,7%, el Desempleo se encuentra por el 16,8% y los empleos recuperados son precarios, y que, según el último reporte del DANE, la pobreza monetaria aumentó en 2019 de 34,7% a 35,7%, y no conocemos con exactitud la nueva pobreza generada por la pandemia. Un aumento en los bienes de primera necesidad, al contrario de buscar una reactivación económica, significaría la condena a la pobreza de los más afectados durante esta crisis sanitaria. Sin contar además que la pandemia ha dejado más de 1 millón de contagios y 30.500 muertes en el país.
Las sospechas sobre el recaudo de los Impuestos Indirectos se ven reforzadas con el ya viejo anuncio por parte de ANIF, que toma nuevamente fuerza dado que buscan ser consideradas ante la ya anunciada reforma tributaria, de ampliar el IVA a toda la canasta familiar. Una propuesta que podría ser implementada y vendida de la misma manera que cuando se aumentó este impuesto del 16% al 19%, conociendo la fuerte influencia que tienen los gremios financieros sobe el Ministro de Hacienda; junto con otras medidas de reformas laborales y pensionales, que se han ido incrustando en la ley, estas solo podrían ser detenida más allá que por la movilización social masiva, pues el Congreso ha sido incapaz, aun con una oposición bien informada, de parar la receta del fracaso.
Respecto al PGN 2021, solamente queda señalar que el poco debate público frente a estos Proyectos de Ley de iniciativa gubernamental y el reducido margen de maniobra para modificarlos, demuestran la necesidad de un cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso de la República. Un parlamento cooptado por el ejecutivo es un desbalance para la seguridad e independencia de los poderes del Estado y por tanto una alarma ante el abuso de las facultades de algunos funcionarios públicos.
Paula K. Triviño-Gaviria, Socióloga y candidata a Mg. En Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Grupo de Investigación Interdisciplinar en Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo – GSEID-. Funcionaria del Senado de la República. Contacto: [email protected]
Foto tomada de: 20Senador Wilson Arias
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