Las condiciones de vida de los trabajadores dependen, en el marco de la sociedad capitalista, de la disponibilidad de empleo y de salarios que permitan adquirir los bienes y servicios requeridos para una vida digna. Una mejor distribución del ingreso requiere que sistemáticamente la participación de los trabajadores asalariados aumente sustancialmente en el valor agregado por la economía. Esto no es una reivindicación socialista o comunista. Es simplemente un mandato de la Constitución Política vigente.
Desde que existe capitalismo en Colombia no ha habido trabajo digno para todos los trabajadores, por el contrario, siempre existe una proporción significativa y un número absoluto de personas desempleadas y subempleadas. Así mismo, desde que existe capitalismo, una parte de la clase trabajadora vive en la miseria y cae en los extremos de la mendicidad, la delincuencia y la prostitución forzada. Otra parte importante sale del país en busca de oportunidades laborales. Por tanto, la realidad colombiana se caracteriza por un estado de cosas inconstitucional en estos derechos. La Constitución colombiana no se cumple.
Por los cargos públicos han pasado los “mejores” economistas que ha dado el país, en sus diferentes partidos y orientación políticas. Han contado con el apoyo de organismos multilaterales de cooperación internacional, se han realizado misiones y estudios por parte de los expertos, se ha propuesto en todos los planes de desarrollo el mejoramiento del empleo y de los ingresos. Pero el fenómeno sigue ahí tercamente.
Desde la perspectiva de Marx en El Capital esto se debe a que el desempleo y los bajos salarios, no son “problemas” sino rasgos inherentes del modo de producción capitalista. Por tanto, no tienen solución de fondo. La Constitución no se puede cumplir. Es una mentira ofrecerles a los trabajadores que se van a resolver estos problemas. Podríamos decir que existe un límite estructural. No pudo el todopoderoso Álvaro Uribe, desde una perspectiva de derecha, no pudieron gobiernos liberales y conservadores de distintas tendencias, tampoco va a poder el gobierno progresista de Gustavo Petro. A lo sumo va a lograr algunos paños de agua tibia.
Si no se logran resultados por el lado de la participación de los trabajadores en la producción, a partir de sus fuentes primarias de ingreso, queda la posibilidad de cierto mejoramiento por la vía de la redistribución de ingresos mediante políticas tributarias y de gasto público. No se puede garantizar empleo para todos, ni ingresos dignos, pero el Estado puede intervenir para recaudar parte de las ganancias de los más ricos o asalariados de más altos ingresos y redistribuirlo a los trabajadores más pobres mediante la prestación de servicios subsidiados (educación, salud, agua potable, cuidado infantil, etc.) o transferencias monetarias de diversa naturaleza (a adultos mayores, a niños, etc.). Esta es una vía que no modifica, o lo hace muy parcialmente, la relación social básica de producción, y se enfoca en la redistribución del ingreso generado. No pretende eliminar la desigualdad fundamental, es decir la existencia de capitalistas y de trabajadores asalariados, sino incidir sobre la desigualdad secundaria, los ingresos obtenidos a partir de dicha relación. No se trata de abolir la esclavitud o la servidumbre asalariada, sino de hacerla más llevadera.
Aquí existen más posibilidades de alcanzar algunos resultados. Un gobierno progresista como el actual puede intentar políticas más favorables a los trabajadores. Incluso los capitalistas más salvajes son conscientes de que hay que tomar medidas para paliar la miseria y la pobreza de forma tal que no se genere malestar y protestas por parte de los trabajadores. Incluso los gobiernos de derecha mantienen servicios y programas dirigidos a satisfacer necesidades de la población más pobre y existe por tanto cierta continuidad entre los distintos gobiernos.
Los límites aquí no son tan estrictos. Pero existen. La lucha en torno al salario directo se traslada a la pelea por el salario indirecto, es decir, por todos aquellos ingresos en especie o monetarios que el Estado puede entregar a los trabajadores más pobres.
El conflicto de clases se manifiesta entonces con respecto al reparto de los recursos y la participación de sectores capitalistas en la provisión de bienes y servicios por parte del Estado. Los capitalistas se resisten al aumento de los impuestos y hacen todo lo posible por limitar las reformas tributarias en este sentido. El gobierno Petro logró una reforma tributaria reducida, que no afecta en gran medida la distribución del ingreso.
A continuación, intenta poner en marcha un conjunto de reformas que afectan los intereses de sectores capitalistas particulares: reformas en el sistema de salud, reformas en el sistema de pensiones, reformas o control a los servicios públicos, entre los principales. Se trata de prestación de servicios o administración de recursos que complementan o garantizan ingresos a los trabajadores que son administrados, parcialmente, por empresas capitalistas.
En estos casos se trata de la garantía de derechos establecidos en la Constitución: acceso a la salud, acceso a una pensión, acceso a acueducto, alcantarillado y energía. Son bienes y servicios, valores de uso, que son reglamentados por el Estado, pero prestados en buena medida por empresas capitalistas cuyo objetivo principal es la obtención de ganancias. Las reformas propuestas por el gobierno Petro no son contra el capitalismo en general (de hecho, Petro ha manifestado su intención de desarrollar un capitalismo productivo), sino contra el aprovechamiento por parte del sector privado capitalista en la garantía de algunos derechos constitucionales. Los capitalistas encuentran dentro de sus opciones de inversión rentable la provisión de servicios de salud, de educación de agua potable, de vivienda, etc. Y como todo capitalista, invierten con la intención de obtener la mayor ganancia posible.
Dentro de las 50 empresas más grandes por ingresos operacionales en el año 2021 se encuentran la Nueva EPS en el puesto 7, la EPS Sura en el puesto 11, EPS Sanitas en el puesto 14, Salud Total en el puesto 23, Compensar puesto 27, Famisanar puesto 33, Coosalud puesto 37. En 2021 EPS sanitas declaró ganancias por $66 mil millones de pesos, Salud Total por $137 mil millones.
Al tratar de cambiar esto el gobierno enfrenta un límite no estructural, pero poderoso: la furia del mezquino interés privado. Los capitalistas no están dispuestos a ceder un ápice de sus ganancias. Y han comenzado, por tanto, una lucha radical apoyados en sus políticos en el congreso, en burócratas y en los medios de comunicación principalmente. En esta lucha se presentan como unos funcionarios al servicio de los ciudadanos, destacan sus virtudes gerenciales y no mencionan para nada la razón de ser, el motivo de su patriótica gestión del servicio de salud y otros. Por ningún lado aparece la ganancia. Obviamente todos saben que lo que más les interesa es el balance de resultados al final del año en el cual se encontrarán las ganancias obtenidas y la rentabilidad otorgada al capital de los dueños.
De otra parte, en su combate contra las políticas del gobierno, lo acusan de ideológico y en particular a la ministra de Salud de ser ideológica y activista. Quienes critican al capitalismo en general o las ganancias de algunos sectores capitalistas están “ideologizados”, quienes defienden al capitalismo y a capitalistas particulares son “técnicos objetivos”; la mayoría de los periodistas repite esto como loros amaestrados. Igualmente, advierten sobre los riesgos de la gestión de la salud, las pensiones y los servicios públicos por parte del Estado, caracterizados por la corrupción y el clientelismo.
Un Estado que, precisamente está a su servicio y al cual dirigen, controlan y dominan los intereses privados. El Estado colombiano ha estado tradicionalmente en manos de los grandes capitalistas. Desde la financiación de las campañas, el control por diferentes vías de los congresistas y funcionarios públicos, la incidencia directa en las decisiones de las ramas del poder público, el soborno, etc. La contratación del Estado se realiza contratistas (capitalistas) privados. No importa si es mayor o menor el peso del Estado, los capitalistas siempre están ahí. Si los servicios son prestados principalmente por entidades públicas, estas son controladas por funcionarios a su servicio y las compras de diferentes insumos benefician a sectores capitalistas. Si se privatiza y desregula, ahí están los capitales ávidos de ganancias. Siempre ganan los capitalistas.
Un ejemplo del control de los capitalistas sobre el Estado puede verse en la puerta giratoria. Entre los opositores a la reforma en salud se encuentran ACEMI, ACHC y Colsanitas. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) es dirigida por Paula Acosta[2], quien llegó a ser viceministra de Hacienda y subdirectora del Departamento Nacional de Planeación; la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas es dirigida por Juan Carlos Giraldo[3], quien fue funcionario del Departamento Nacional de Planeación; la EPS Sanitas es o ha sido dirigida por Sylvia Escobar[4], quien fue directiva del Departamento Nacional de Planeación. Son técnicos muy reconocidos que han trabajado en el sector público y luego se han mudado a empresas capitalistas; ellos no tienen ideología, simplemente les interesa “técnicamente” estar del lado de las ganancias.
En la revista Semana se afirma que Sylvia Escobar al ser nombrada en el grupo Sanitas afirmó: “Asumo este nuevo reto con la convicción de estar sirviendo al país desde un sector fascinante y desde una de las compañías más queridas por los colombianos, que centra su promesa de valor en el cuidado de la salud y bienestar de las personas”. Además de cuidar la salud y bienestar de las personas Colsanitas declaró haberse embolsado en 2021 la suma de $494 mil millones con un patrimonio de $899 mil millones, nada mal la rentabilidad. Les fue bien a los accionistas en su “realidad” de valor apropiado.
En cifras como estas se encuentra la explicación de la feroz oposición por parte de los capitalistas y sus servidores (políticos, periodistas, funcionarios públicos, etc.) a las reformas de Petro.
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[1] https://www.sur.org.co/por-sus-metas-los-conocereis-en-el-plan-de-desarrollo-de-petro-las-metas-en-favor-de-los-trabajadores-son-minimas-insuficientes-e-imprecisas/; https://www.sur.org.co/la-lucha-contra-la-desigualdad-de-la-riqueza-e-ingresos-en-el-plan-nacional-de-desarrollo/; https://www.sur.org.co/las-metas-sobre-salario-relativo-y-absoluto-en-el-proyecto-de-plan-de-desarrollo-del-gobierno-petro/; https://www.sur.org.co/no-hay-meta-de-reduccion-del-desempleo-en-el-proyecto-de-plan-de-desarrollo/
[2] https://acemi.org.co/equipo/
[3] https://achc.org.co/junta-directiva/
[4] https://www.halconesypalomas.com/2022/01/20/sylvia-escovar-gomez-asume-presidencia-del-grupo-integral-de-salud-eps-sanitas/; https://www.semana.com/economia/articulo/eps-sanitas-tendra-nuevo-dirigente-en-colombia-sera-una-reconocida-empresaria/202223/; https://www.epssanitas.com/usuarios/web/nuevo-portal-eps/nuestro-equipo#gsc.tab=0
Alberto Maldonado Copello
Foto tomada de: El Colombiano
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