Durante los años 2014-2019 la economía creció en 2,8 por ciento anual promedio; en 2020 cayó en picado a -6,8 por ciento. En 2021, si no vuelven las drásticas cuarentenas y los cierres de todo el aparato productivo, se espera que la economía retome un ritmo creciente de 3,5 por ciento. En 2015 la tasa de desempleó había logrado bajar a un dígito (8,9%) y a partir de 2016 inició una senda ascendente alcanzando un máximo anual promedio de 15,9 por ciento en medio de la implosión de la salud pública, esto es, en 2020. En 2021, durante el primer trimestre la tasa de desempleo promedio es de 15,8 por ciento. El desempleo está correlacionado con las situaciones de pobreza. En las crisis los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres; el coeficiente que mide la concentración del ingreso (Gini: cero equivale a una distribución equitativa y 1 máxima desigualdad) había disminuido a 0,508 en 2017, en adelante refleja una acelerada concentración hasta un valor de 0,544 en 2020; en 2021 reculara a un valor semejante a los peores tiempos de iniquidad: 0,557.
Los índices de pobreza compendian estos aciagos años. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2020 el 42,5 por ciento de la población subsistió bajo condición de pobreza, esto es, 21,4 millones de personas. Los índices de pobreza venían aumentando desde el año 2016, en 2015 había descendido hasta 36,1 por ciento, en cifras absolutas 16,7 millones. Para 2021, según las proyecciones del gobierno, el nivel de pobreza se ubicará en 44 por ciento equivalente a 22,5 millones de personas. En resumen, entre 2015 y 2021 el número de pobres aumenta en 5,8 millones de personas lo que significa que la clase media vulnerable tiende a desaparecer en Colombia y a polarizarse entre una oligarquía con bastante poder y una amplia masa de población dependiente de ingresos informales y de políticas asistenciales públicas.
La condición humana ha llegado a ser definida por las necesidades comunes y básicas a toda la especie. Un común denominador a las percepciones de pobreza es la noción de “falta” o “carencia”. La expansión de la economía mercantil junto a la monetización de las sociedades conduce a definir los pobres como carentes del ingreso mínimo requerido para adquirir los bienes y servicios que les permite satisfacer “el sistema de necesidades humanas” (fisiológicas e socio-históricas). Según la definición del Dane, la línea de pobreza es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. La Cepal explica que la línea de pobreza representa un valor monetario en el cual se consideran dos componentes: el costo de adquirir una canasta básica de alimentos y el costo de los demás bienes y servicios, expresado sobre la base de la relación entre el gasto total y el gasto en alimentos. Cuando los ingresos de una familia no son suficientes ni para adquirir la canasta básica de alimentos, este hogar se encuentra en condiciones de pobreza extrema o indigencia. Cuando los ingresos son inferiores al valor de la Línea de pobreza, las personas se encuentran viviendo bajo condiciones de pobreza. Para el año 2020, el Dane estableció el valor de la línea de pobreza extrema nacional (canasta básica de alimentos) en 145.004 pesos y la línea de pobreza monetaria (alimentos más otros bienes y servicios) en 331. 688 pesos.
El gráfico 1 presenta la evolución de las pobrezas extrema (indigencia) y pobreza general a nivel nacional y según ámbitos urbano y rural para el período 2012-2020. El total de pobres registra un novel de pobreza de 37,3 por ciento en el promedio de estos nueve años; en las zonas urbanas es de 30,4 y en las rurales de 40,3. La condición de pobreza extrema o indigencia afecta a 7,6 por ciento de las personas a nivel nacional, a 5,1 en los espacios urbanos y a 12,4 en los rurales.
La sinergia generada entre la recesión económica y la pandemia por el covid-19 impacto de manera negativa a la población urbana, principalmente. Entre los años 2015-2020, el índice de pobreza nacional aumenta 6,4 puntos porcentuales al pasar de 36,1 por ciento a 42,5; en el ámbito urbano crece en 10,8 puntos porcentuales y en el rural cae en -8,6. En 2020 los índices de pobreza urbana y rural se acercan a un promedio de 42,7 por ciento. En relación con la pobreza extrema o indigencia, ocurre algo similar: la indigencia nacional aumenta en 6 puntos porcentuales al pasar de 9,1 por ciento en 2015 a 15,1 en 2020; la incidencia de la pobreza urna crece en 8,2 puntos porcentuales y la rural cae en -1,2. El promedio de la indigencia urbana y rural en 2020 es de 16,2 por ciento. Esta doble dinámica, económica y de salubridad pública, deja ver la mayor fragilidad de los ámbitos urbanos y, en particular, de la clase media vulnerable.
La pobreza bajo instituciones políticas y económicas extractivas. A la sociedad colombiana la caracterizan las instituciones extractivas. Las instituciones políticas extractiva concentran el poder en manos de una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio del poder. Las instituciones económicas están estructuradas por esta élite para extraer recursos del resto de la sociedad y de los territorios. Por lo tanto, las instituciones económicas extractivas acompañan de forma natural a las instituciones políticas extractivas. Las instituciones políticas y económicas extractivas crean una tendencia general hacia los conflictos armados internos, porque conducen a la concentración de la riqueza y el poder en manos de una reducida élite. Las luchas internas y la inestabilidad son rasgos inherentes de las instituciones extractivas[1].
Durante las últimas tres generaciones –1950–2021–, la población de Colombia aumentó 4,5 veces, el PIB 15,2 y, en consecuencia, el PIB por persona 3,4 veces. Para el año 2021, la población suma 51 millones y el PIB por persona anual es de 15,1 millones de pesos (Gráfico 2). El crecimiento observado del PIB debería permitir que no hubiera necesidades básicas insatisfechas. Los problemas sociales y económicos de Colombia son por lo general del orden de la distribución, esto es, de injusticia. Aún en el peor momento de la conjunción entre caída de la economía y pandemia, en 2020, el ingreso promedio mensual por persona en el país fue de 1.204.120, esto es, 3,6 veces mayor al valor de la Línea de pobreza establecido por el Dane. Potencial e idealmente, en Colombia no debería personas padeciendo las condiciones de pobreza.
La demanda del resto del mundo por bienes primarios constituye el motor de la economía colombiana. Las instituciones políticas y económicas extractivas generan poco empleo digno en relación al crecimiento de la población económicamente activa, concentra el ingreso y la riqueza en pocas manos y las condiciones de vida para el 80 por ciento de la población son de alta vulnerabilidad e inestabilidad (gráfico 3).
En Colombia, el índice de concentración del ingreso –Gini- es de los más altos a nivel de América Latina, durante el período 1950-2020 mantiene un valor promedio de 0,526; antes de 1955 se mantuvo por debajo de 0,4 y en 1995 alcanzó el máximo valor de 0,6. Según las estadísticas del DANE, el coeficiente de Gini fue de 0,517 en 2018. En 2021 se aproxima al valor registrado una década atrás, esto es, 0,560.
El país presenta un desajuste estructural entre la oferta de fuerza laboral (crecimiento de la población económicamente activa -PEA) y la demanda (dinámica de la población ocupada –PO). En los últimos setenta años, la tasa de desempleo registra dos fases: durante el período 1950-1965, la desocupación fue inferior a dos dígitos, manteniéndose en un intervalo de 2 a 8 por ciento; a partir de 1966 la exclusión laboral tiende a estar sobre dos dígitos, alcanzando un pico en el año 2000 de 19,7 y otro en mayo de 2020 de 21,4. En 2021, el promedio de desempleo durante el primer trimestre fue de 15,8 por ciento; la recuperación del empleo en la pandemia se caracteriza por la informalidad.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, la incidencia de la pobreza por ingresos insuficientes descendió de 85,0 por ciento en 1950 a 34,7 en 2018. Según el DANE, la pobreza en Colombia subió a 35,7 por ciento de la población en 2019. Para 2020 la pobreza aumentó a 42,5 por ciento, el mismo nivel que registraba en 2008.
Una redistribución que reproduce el statu quo. En Colombia siempre ha existido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Las 12 reformas tributarias implementadas durante las últimas dos décadas no mejoraron la iniquidad en la distribución del ingreso ni redujeron la pobreza o fortalecieron la dignidad de las personas (gráfico 4). En el país los ricos no pagan impuestos en Colombia pero si se benefician en mayor proporción de los variopintos subsidios que otorga el Estado. En efecto, según el gobierno, el cambio en el índice de Gini antes y después de impuestos y transferencias es reducido, a diferencia de lo observado en la mayoría de los países desarrollados, de algunos emergentes y de la región.
La baja capacidad redistributiva de la política fiscal se cimienta, según el Gobierno, en dos aristas: I) el sistema tributario es poco progresivo, en el sentido que las personas con un ingreso superior al promedio de la economía tributan en menor proporción al que su ingreso se los permite. Esto se encuentra explicado por las múltiples exenciones, así como por otros beneficios tributarios que les favorecen de manera proporcional con respecto al resto de la población colombiana; ii) la asignación de subsidios presenta problemas estructurales de focalización. En efecto, información del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para 2015 muestra que la bolsa agregada de subsidios en Colombia se distribuye homogéneamente entre hogares ricos y pobres, lo que afecta significativamente la capacidad redistributiva de la política fiscal e impide un mayor efecto del gasto público sobre la equidad (DNP, 2018). Al analizar la distribución del gasto por quintiles de ingreso, se encuentra que el 20% de la población con mayores ingresos (quintil 5) recibe en promedio más subsidios que los quintiles dos y tres.
Dignidad, democracia y derechos humanos. El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
En consecuencia, todas las formas deshumanizadoras en que se manifiesta la pobreza y la indigencia deben considerarse como violaciones flagrantes de los derechos humanos. Estas injusticias, además, socavan la democracia e impiden la convivencia pacífica. La impugnación de la clase política dominante, la naturaleza del Estado y del modelo de desarrollo deben estar en el centro de la controversia sobre las condiciones de pobreza en que subsisten actualmente cerca de la mitad de los ciudadanos colombianos.
Anexos
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[1] Acemeglu, Daro y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta Colombiana; Colombia, pp. S. A; capítulo V, pp. 154-183.
Libardo Sarmiento Anzola, Economista y filósofo. Investigador, consultor y escritor independiente.
Foto tomada de: https://www.desdeabajo.info/
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