Y el país venía aplazando decisiones importantes en materia laboral, de salud, pensional, en la ruralidad. Y se sabía que estás debían estar precedidas de una reestructuración de la tributación en Colombia, no una reforma al estilo de la pasada, o mejor, en plural, de las pasadas, que terminaron por beneficiar algunos sectores en particular. Se sigue requiriendo una nueva tributación, progresiva, y verde, que posibilite una recomposición fiscal pero también una concepción diferente del gasto público, en particular de lo social. Se requieren de las otras reformas pero para garantizar la inclusión, la universalización, no para profundizar las opciones desde el mercado, que son precisamente las que nos han llevado por los caminos de la precariedad, la pobreza y la desigualdad.
Y es precisamente en esto último donde el país conoció las cifras recientes, con cierre a diciembre de 2020, que nos muestran en una situación de pobreza a nivel nacional del 42.5%, cifra que no se veía desde el año 2008, es decir, el país perdió los esfuerzos sociales realizados en la última década. Y en términos de desigualdad pasó algo similar y se llegó a un índice de Gini de 0.544. Se debe hacer claridad que la línea de pobreza en Colombia está definida en $331.688 pesos al mes, lo que equivale a que una persona se considera pobre cuando gana hasta $11.056 pesos al día; o está bajo línea de pobreza extrema cuando su ingreso promedio día es de $4.833 pesos, que es el 15.1% de la población del país.
Así las cosas, entre 2019 y 2020 3.552.00 personas pasaron a la pobreza y se constituyeron en parte de los 21.022.000 pobres que tiene el país. Si se considera que en promedio en Colombia existen 3.4 personas por hogar, se tiene que son 6.2 millones de hogares en condición de pobreza. De acuerdo con el DANE el 30,4% de la población está en situación de vulnerabilidad, el 25,4% pertenece a la clase media, y el 1,7% se ubica en la clase alta. En otras palabras, Colombia es un país, donde el 72.9% de la población se encuentra en situación de pobreza o de vulnerabilidad (que son las personas que tienen ingresos entre $331.688 a $653.781). Es de aclarar que la clase media para el DANE está compuesta por las personas que tienen ingresos entre $653.781 a $3.520.360)
Por ciudades se muestran cifras que son verdaderamente escalofriantes: Quibdó con el 66.1%, Riohacha 57.1%, Santa Marta 55.1%, Cúcuta 53.5%, Valledupar 53.3%. La ciudad con el menor índice de pobreza es Manizales con el 32.4%. Los nuevos pobres están fundamentalmente en las grandes ciudades, Bogotá (aportó el 31.3%), Cali (10.6%), Medellín (9.4%) y Barranquilla (8.7%). El Valle del Cauca fue el departamento más golpeado, aportó el 14.6% con 517.973 personas que cayeron en pobreza, solo superado por el Distrito Capital.
Ahora, la discusión ha estado en dos sentidos, el primero, que no tiene debate, es la incidencia que tuvieron los programas de ayudas del gobierno, que de no haberse hecho el efecto sobre la pobreza podría haber llegado a ser superior hasta en 6.2 puntos porcentuales, esto muestra la necesidad no solo de mantener estos programas dirigidos a familias y a mipymes, sino de profundizarlos en términos de ampliar los montos entregados así como al número de familias a las que se llega. La propuesta de Renta Básica Permanente que avanza en el congreso y que fue presentada por la sociedad civil tienen ese propósito y sentido.
El otro punto de discusión ha sido el tema rural. La pobreza rural bajó de 47.5% en 2019, al 42.9% en el 2020, aunque sigue por encima del promedio nacional. Lo que obviamente llamó la atención no solo de analistas sino de públicos no especializados. De nuevo se encontraron en el debate dos personas de respeto en el medio académico: Luis Fernando Mejía y Jorge Iván González, no es la primera vez que lo hacen, en el pasado dieron un debate fuerte en torno a lo quiebres que se preveían sobre el aumento de la pobreza, algo que Mejía, quien en ese momento era director de Planeación Nacional, negó. Hoy Fedesarrollo, entidad dirigida por Mejía, plantea que la disminución de la pobreza rural obedece a problemas estadísticos y metodológicos en la medición, que de no ser por ellos, la pobreza rural debería hacer terminado en el 46.8%, en donde se reconocen efectos de las mayores trasferencias monetarias. (https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/ImpresosColumnasOpinion/eltiempocom18mayo2021.pdf)
González, incluso como parte de los asesores expertos del DANE (comunicado que puede consultarse en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Comunicado-pobreza-monetaria-2020-evolucion-centros-poblados-rural-disperso.pdf) muestra que no existen tales errores de ajustes y que la reducción se debe fundamentalmente a tres hechos “i) el mayor dinamismo del PIB, ii) las mejores ayudas sociales, iii) el menor valor de la línea de pobreza. (véase la posición de González en https://www.sur.org.co/la-pobreza-rural-disminuyo/.
Lo interesante de esto, como lo plantea Jorge Iván es que no se puede leer esta reducción como una convergencia del campo a la ciudad, incluso cuando es evidente que el mayor impacto de la pandemia y los confinamientos los recibieron las grandes ciudades, como ya se mostró. La pobreza en el campo sigue siendo bastante alta, más aún cuando la línea de pobreza en inferior a la de los centros urbanos, $199.828, equivalente al 60.2% de la línea urbana. La reducción de la pobreza rural significó que 481.000 personas salieran de esa situación y que en ella se mantuvieran 4.747.000 personas, que podrían representar 1.4 millones de hogares.
Salir de la pobreza significa, lo más seguro, estar en la vulnerabilidad, y permanecer o avanzar en ingresos implica que el campo siga creciendo y aumentado su participación en el PIB y que se dé una adecuada generación de ingresos a las familias; aspecto que no parece estar en el objetivo de las políticas públicas, así que ante la posibilidad de la no continuidad de las transferencias, es de esperarse que la pobreza rural vuelva a los niveles cercanos de antes de los confinamientos.
De otro lado, el 81.32% de la población trabajadora en el campo gana hasta un salario mínimo mensual, y otro 15.03% hasta dos salarios, así que las franjas de movilidad son bastante limitadas y las probabilidades de incremento de la pobreza son altas, que ameritaría el fortalecimiento a las economías campesinas, algo que tampoco se ve en el inmediato futuro. El 54.4% son trabajadores cuenta propia y solo el 13% aporta a pensiones. De los pensionados en Colombia, el 1% está en el campo. Las dificultades reales y de medición tampoco escapan a la educación. Son datos que ameritarían no solo unas mejoras en las estadísticas sino, y es tal vez lo mas esencial, unas intervenciones serias desde las políticas públicas.
El debate no se ha cerrado y es notable que el país lo asuma, las cifras de la ruralidad siempre han sido limitadas metodológica y estadísticamente, nadie niega la relevancia del DANE, pero si queda en el ambiente la necesidad de profundizar conceptual y metodológicamente. Desde el CEIR, estaríamos dispuestos a que la Universidad de La Salle sea el escenario de la necesaria profundización de estos aspectos, relevantes para el país pero en particular para la ruralidad colombiana. La invitación queda hecha.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle
Foto tomada de: Semana Rural
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