Una persona es considerada pobre en Colombia cuando su ingreso promedio mensual es inferior a $354,031, en las cabeceras este debe ser de $ 390.615 o si se está en los centros poblados y rurales dispersos, de $ 226.520. Esto cambia por ciudades, por ejemplo, en donde hay mayor pobreza, en Quibdó, la línea de pobreza es de 431.587, lo que muestra los efectos de los costos de la canasta básica en ciudades con dificultades infraestructurales y de empleo. La desigualdad también bajó del 0,544 al 0,523, nada novedoso en un país donde la desigualdad de ingresos tiene un piso estructural, es decir hoy tiene el mismo nivel de 2015, siendo el dato del año 2017 el más bajo en el período con 0.508.
Ahora bien, la pobreza rural sí que presentó una tendencia diferente. Desde el año anterior se dio un debate en torno a las cifras: mientras las urbanas crecieron las rurales disminuyeron, con los datos del año 2021 y, de acuerdo con la comisión de expertos, ante las mejoras en los sistemas de medición, la pobreza en los Centro poblados y rural disperso llegó al 44.6%, cuando un año atrás fue del 42.9%, es decir la reducción estuvo a cargo de las zonas urbanas. Dejemos a un lado la discusión con las cifras, seguirá siendo un debate en deuda con el país, demos por sentado, por ahora, las recomendaciones de los expertos.
Ahora bien, si la población rural en condición de pobreza es del 44.6% (con un límite de $ 226.520 persona), la población rural en condición de vulnerabilidad es del 45.3%. Es decir, el 89.9% de la población rural tiene ingresos per capita inferiores a $690.534. En el ámbito urbano este porcentaje es del 64.7%, que, siendo también alto, representa una brecha de 25.2 puntos porcentuales frente a la ruralidad. El 9.9% es considerado población de clase media (en las áreas urbanas es del 33%) y el 0.2% es considerada como población rica, cuando en las zonas urbanas es del 2.3%.
La pobreza extrema igualmente presentó características preocupantes. Mientras en el nivel urbano llegó al 10.3% con una línea de ingreso de $161.099, en la ruralidad es del 18.8% con un nivel de ingreso inferior a $122.365; en el año 2018 esa proporción en los Centros poblados y rurales dispersos fue del 16.2%, evidenciando nuevamente el deterioro de las condiciones de ingresos en el período gubernamental vigente.
Esas son las dimensiones de las pobrezas rurales, pero también de las brechas campo ciudad, esas deudas gigantes que el país tiene con quienes a fuerza física y resiliencia sostienen nuestra alimentación. Con semejantes proporciones de población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, la desigualdad si bien es inferior al promedio del país, sigue siendo lo suficientemente alta: 0,455, valor que se mantiene en promedio en los últimos 18 años.
De otro lado, la pobreza multidimensional (se mide a partir de 5 indicadores: Condiciones educativas, Condiciones de niñez y juventud, Trabajo, Salud, y Condiciones de vivienda y servicios públicos), a nivel nacional presentó una disminución llegando al 16%, siendo en las cabeceras del 11.5% y en la ruralidad del 31.1%. Las disminuciones y datos son los más bajos en los últimos 12 años.
Las disminuciones en el índice de pobreza multidimensional (IPM) obedecen de manera sustancial a los impactos generados por los desarrollos realizados en materia infraestructural y ampliación educativa, pero también como resultado de los programas gubernamentales de asistencia social, que cumplen las funciones de corregir las asimetrías que generan los mercados: Familias en acción, Jóvenes en acción, Colombia mayor, Devolución del IVA; Ingreso solidario o los programas especiales de las alcaldías como es el caso de Bogotá o Medellín, entre otros. No obstante, la brecha del IPM urbano rural ha sido sustancial en el tiempo, en el año 2010 era de 27.9 puntos porcentuales mientras que en el año 2021 fue de 19.6 puntos.
De esta forma, se demuestra la obligatoriedad de emprender dinámicas que no solo conduzcan a modernizar y mejorar los mercados de trabajo, a garantizar la formalización e incluso la garantía al trabajo decente; sino que se hacen necesarias acciones que permitan optimizar la diáspora de asistencias gubernamentales y que podrían concentrarse en una renta básica que, necesariamente, debería priorizar a la población rural. En otras palabras, la renta de ciudadanía (o el ingreso ciudadano) que ya está en las propuestas de las diferentes campañas a la presidencia, debe convertirse en un instrumento que, complementario a una profunda reforma laboral y de la seguridad social, permita disminuir de manera más rápida las brechas urbano rurales existentes, mientras que a la par garantice el acceso a las condiciones básicas de existencia, empezando por los alimentos.
Pero esto no es sencillo, en especial cuando se cree que fiscalmente es un imposible. Las dispersiones del gasto social, sumadas a las prebendas tributarias injustificadas, más la corrupción claro está, son los caminos a allanar en un adecuado ejercicio democrático, tal y como lo hacen los países de mayor y mejor calidad de vida. No parece tan difícil, se trata de voluntad política, de la decisión de construir como sociedad un mundo más justo, y esto, como en aquellas grandes economías, necesariamente empieza por hacer viable la producción rural, por dignificar la vida rural y campesina.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle
Foto tomada de: Colombia Informa
Deja un comentario