El principal instrumento que tiene el gobierno para desarrollar su política hacia el campo es la inversión pública que será canalizada hacia ciertas regiones priorizadas. En materia de reforma agraria la Costa Caribe y el Magdalena Medio son los escenarios donde se pone especial atención a la compra de latifundios y fincas para responder a la demanda de los campesinos sin tierra.
Por otra parte, en la Colombia de los colonos y la frontera agrícola, encontramos bloques de municipios con programas especiales ya acordados en la negociación con las FARC y proyectos de sustitución en otros. De prosperar las nuevas negociaciones en curso con grupos armados, seguramente aumentará la lista de municipios priorizados. En todos estos casos aparece la figura del colono que necesita paz, legalizar su posesión y recibir apoyo a través de la construcción de vías y programas productivos y de comercialización.
En las zonas cercanas a las ciudades y en aquellas con mejor infraestructura, el gobierno intenta impulsar un mejor uso del suelo, disminuir la ganadería extensiva y fomentar la agricultura, introducir innovaciones tecnológicas, cambiar de la matriz energética y ante todo promover y modernizar la economía campesina.
En estos territorios se entrecruzan los proyectos agrícolas capitalistas, las ganadería extensiva e intensiva, los pequeños propietarios y una gran masa de asalariados. Aquí la producción y el consumo están mucho más ligados a fenómenos de la economía global y la política pública se juega en gran parte por la vía del crédito, manejo de subsidios, precios de los insumos agrícolas, ingresos salariales, ampliación de la oferta educativa a nivel medio y superior, etc. El cambio demográfico ha estado acompañado de una fuerte migración a la ciudad y al extranjero. Por otra parte, también en esta Colombia rural más moderna, a las distintas manifestaciones de conflictividad social se agregó una modalidad delincuencial depredadora muy extendida que presiona a la ciudadanía y evita confrontar al Estado. El gobierno enfrenta esta problemática promoviendo políticas que favorezcan la permanencia de la juventud campesina en entornos rurales democráticos, pacíficos e innovadores.
El campesinado organizado ha mostrado apoyo primero a la candidatura de Petro y luego a la política pública del gobierno más por identificación política que por beneficios recibidos. Las organizaciones campesinas han estado apoyando planes que sin duda le son convenientes y que desde la época de Carlos Lleras no habían sido importantes para los gobiernos. Decisiones como el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho y el establecimiento de la jurisdicción agraria aumentan su peso social y político y apuntan a un cambio de la cultura política gamonal hacia formas democráticas y de mayor autonomía.
Si bien las organizaciones campesinas apoyan los programas del gobierno, el campesinado en general no es un fortín petrista sino un espacio social en disputa. En algunos momentos y regiones se imponen los grupos armados, pero en la mayoría de los casos actúa la política tradicional desde las cabeceras municipales activando redes clientelares departamentales y nacionales con un amplio margen de maniobra.
La política agraria del actual gobierno se puede leer en clave de modelo económico progresista, pero también en clave política como un esfuerzo de incluir la Colombia campesina en la construcción de un bloque histórico que aspira a ejercer una nueva hegemonía con la presidencia de Petro como un primer capítulo.
La alianza del gobierno con las organizaciones campesinas ha pasado por dos momentos que podríamos distinguir por cambios en el contexto político y no propiamente en la política agraria. El gobierno comenzó gozando de una notoria solvencia en el Congreso y con personalidades democráticas aliadas que ocuparon varios ministerios. Sin embargo, los desacuerdos en torno a la propuesta de reforma a la política de salud, condujo a una crisis del gabinete y a la pérdida de la mayoría parlamentaria.
Hay que mantener presente que no fue la política de reforma agraria la que propició la ruptura del “frente amplio” y eso tiene que ver con el hecho de que esta no es radical y ha valorado la propuesta de Fedegan de ofrecer tierras en venta. Hubo más debate agrario durante el gobierno de Lleras Restrepo que ahora con Petro.
En el primer momento la política agraria del gobierno reflejó en su manejo cotidiano la presencia de diferentes fuerzas. La ministra Cecilia López, con amplia experiencia política y administrativa, representaba el apoyo de sectores tecnocráticos liberales. Ella más de una vez se quejó de la debilidad de la organización campesina, pero también con vehemencia dejó claro que la reforma agraria marcharía muy lentamente. Explicó esa lentitud relacionando los requisitos legales para la compra de tierras y las limitaciones de la oferta real de fincas a pesar de la impresión despertada por la retórica del presidente de Fedegan al ofrecer millones de hectáreas en venta. Por otra parte, algunos sectores del Pacto Histórico provenientes del grupo Esperanza Paz y Libertad- EPL y otros cercanos al director de la Agencia Nacional de Tierras, preferían atribuir la culpa a la Ministra misma por su proveniencia de clase y su pasado liberal. Estos sectores también intentaron construir una nueva organización campesina pretendidamente oficial, es decir, con un estatus superior, lo cual generó inconformidad en las organizaciones ya existentes.
Durante el breve periodo del “frente amplio” el diálogo del gobierno con las organizaciones campesinas pasó por la tensión generada por algunas tomas de tierra en el Cauca, pero también por los actos organizados en Diciembre de 2022 por la ANUC en Popayán y Sincelejo de apoyo al programa del Gobierno. Luego la Convención Nacional Campesina mostró un respaldo al gobierno de todas las expresiones organizativas campesinas. Esto no impidió tensiones en el mes de marzo entre la Agencia Nacional de Tierras y la ANUC. Por otra parte, conocido el borrador del Plan Nacional de Desarrollo que casi no mencionaba al campesinado (en contraste con las repetidas menciones a los indígenas y comunidades afros) se activaron las alarmas en todas las organizaciones que finalmente lograron modificar esta situación. La aprobación de la Jurisdicción Agraria y la declaración del campesinado como sujeto de derechos completaría el marco de las reivindicaciones del momento.
Ni la crisis del “frente amplio” ni el escándalo de Benedetti afectaron el apoyo de las organizaciones al programa oficial. En junio la celebración de la Junta Nacional de ANUC sirvió de escenario para un amplio diálogo con todas las entidades del sector agrario y luego la reunión Nacional de la Agenda Nacional Campesina (surgida de la Convención Nacional) con presencia del Presidente Petro fue un momento de memorable acercamiento entre el movimiento campesino y el gobierno.
El énfasis del discurso del gobierno pasó de hablar de la debilidad de la organización campesina a llamar a la coordinación de todas las asociaciones para impulsar un movimiento nacional a favor de la reforma agraria.
Este llamamiento unitario coincide con la aproximación de las elecciones regionales que la oposición pretende convertir en un referéndum descalificador de la obra de gobierno.
Los partidos integrantes del Pacto Histórico en las regiones no manejan el lenguaje agrario del presidente Petro y no se distinguen por su organización en los municipios donde la ruralidad es más marcada. En estas circunstancias aparece como una necesidad la convergencia de fuerzas políticas alternativas favorables al cambio y el gobierno y las organizaciones sociales, como es el caso de las organizaciones campesinas.
Desde el punto de vista partidario la oposición luchará para que se impongan criterios territoriales que privilegien la eficacia de la intermediación clientelista y burocrática ante los diversos niveles de la administración por encima de la representación que afirme una identidad progresista. Esto se le facilita a la oposición en la medida en que los partidos que apoyan al gobierno (Pacto Histórico) no tienen estructuras organizativas o no han consolidado coaliciones fuertes en la mayoría de los municipios de la ruralidad colombiana ni han elaborado agendas campesinas.
En las circunstancias nacionales, ninguna organización campesina que apoye al gobierno y su programa agrario está de sobra.
El cambio de Ministra no significó una mayor agilidad en la compra de tierras para reforma agraria aunque seguramente se buscarán resquicios jurídicos que conduzcan a eso. El tema grueso es que las ofertas por los lados de Fedegan están fuera de la Costa Atlántica y el Magdalena Medio que son las zonas priorizadas en materia de reparto de tierra. Las organizaciones campesinas parecen haber aceptado con realismo que unos programas, como el de titulación de baldíos avanzarán con prontitud mientras que otros como la reforma agraria marcharán lentamente. Por otra parte, para avanzar en la difícil política de paz, el gobierno puede seguir contando con el declarado apoyo de las organizaciones campesinas. Pero esto vale también frente al reto electoral planteado por la oposición para el mes de octubre. Es que derrotar el gamonalismo tradicional es también una bandera histórica del movimiento campesino.
Miguel Gamboa
Foto tomada de: Semana.com
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