Un golpe dado en medio de una crisis inesperada que ha trastocado los planes del gobierno, agravado la situación económica y social del país y dejado al descubierto la falta de liderazgo de la clase gobernante, más empeñada en proteger a su máximo líder y a promover la venganza contra las Altas Cortes que en llevar el país a buen puerto sin cuestionar las instituciones vigentes y los compromisos adquiridos por el Estado para promover la reconciliación de una nación que añora la paz.
Después de la renuncia de Álvaro Uribe a su condición de senador, la Corte se ha encontrado en una encrucijada ante el requerimiento de la defensa del expresidente de enviar su caso a la Fiscalía, circunstancia que muchos jurisconsultos dan por segura. Sea cual sea la postura que adopte la Corte, y tal como lo ha afirmado el exministro Yesid Reyes, la determinación que adopten los magistrados será cuestionada tanto por los partidarios como por los adversarios del expresidente más movidos por la pasión que por la razón en un torrente de odios, resentimientos y reclamos que no agota el caso de un supuesto soborno de testigos para incriminar al senador Iván Cepeda. Además de este intrincado caso, la Corte ha decidido también retomar el proceso contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja que tuvieron lugar cuando era gobernador de Antioquia.
Ante los graves hechos que lo involucran, Uribe lanza improperios, califica de mafiosa a la Corte y se refugia en ardides legales para descalificar a sus jueces, mientras el Gobierno, desde el presidente hasta sus subalternos, escaso de argumentos frente al desorden que cobra impulso, recurre a la semántica y al manejo de cifras para encubrir realidades que retumban de manera distinta en las mentes de los colombianos. Sabido es que siempre existe una correlación ente la palabra y el sentido que la misma encierra. No es lo mismo hablar de “masacres” que de “homicidios colectivos”, de “desplazados” por la violencia que de “migrantes”, en un intento por esconder acciones atroces o negar la existencia del conflicto armado.
Comprensible es el uso de vocablos “técnicos” para minimizar la responsabilidad de un Estado que actúa bajo el influjo de agentes privados o foráneos, pero claro es el resultado de este esfuerzo que no engaña a la ciudadanía que desconfía de los políticos.
Los sangrientos episodios que se han producido recientemente y recuerdan a los colombianos su pasado más oscuro no se borran con eufemismos, ni con actos populistas y faranduleros, insuficientes para ocultar situaciones que no se resuelven con lecturas ideologizadas de crudas realidades.
La pandemia generó situaciones que permitieron al Ejecutivo tomar decisiones sin control político y construir un relato reduccionista en el que sobresale el narcotráfico como el mal supremo que hay que combatir volviendo a estrategias del pasado como fumigar los cultivos de coca con glifosato en detrimento de la sustitución pactada con los campesinos, ignorando las lógicas territoriales de los lugares donde ocurren las masacres.
Contrariamente al discurso oficial que pregona la unidad, las actitudes del Gobierno desestabilizan aún más el escenario político e incrementan la polarización de la opinión pública que asiste a la concentración del poder del Ejecutivo el cual extiende sus tentáculos hasta los mecanismos de control. Se mira con desconfianza al Fiscal de la Nación, amigo personal del Presidente; se duda de la idoneidad del defensor del Pueblo y se contiene el aliento ante la posible elección de la exministra de Justicia a la Procuraduría.
La concentración del poder de la Casa de Nariño tiene también un costo que le resta gobernabilidad. Este se ha traducido en el cuestionamiento que a Iván Duque le han hecho tres aliados que lo apoyaron para llegar a la presidencia y que se sienten relegados en el Gobierno: Andrés Pastrana, César Gaviria y Germán Vargas. Tal vez el que más duramente ha criticado a Duque es Andrés Pastrana quien no ocultó su irritación por el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar, hijo de Jorge 40, en la coordinación de víctimas del Ministerio del Interior, como tampoco por el apoyo a la candidatura de Margarita Cabello a la Procuraduría.
El debilitamiento del Gobierno, cada vez más alejado de la opinión pública a pesar de sus esfuerzos por tender puentes de comunicación, ha dado lugar a que se adelanten los preparativos para la elección presidencial. Vuelven a reactivarse los rumores de una reactivación del debate alrededor de del transfuguismo político; toma forma el proyecto de raíces liberales del que hacen parte miembros de varios partidos como Luis Fernando Velasco, Roy Barreras y Rodrigo Lara y en el Centro Democrático Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Defensa, vuelve a anunciar su posible candidatura.
Es muy temprano para adelantar conjeturas, pero como resultado de las confrontaciones actuales, es previsible que el debate político estará dirigido por espíritus exaltados que pondrán a prueba las instituciones democráticas hoy debilitadas por la pasión, la desconfianza y la incredulidad.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: AS Colombia
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