A diferencia de las reglas informales aquellas se encuentran escritas en documentos que tienen validez legal y otorgan legitimidad al sistema, a la vez que permiten elaborar proyectos, construir acuerdos, calcular acciones y tomar decisiones. Las reglas electorales, y las reformas políticas son resultado de procesos condicionados por el juego de los intereses de los actores gubernamentales y la presión de grupos que no están incluidos o buscan mejorar su presencia en el proceso representativo.
En Colombia, donde la institucionalidad es frágil, las reformas electorales son frecuentes. Unas veces promovidas por los propios intereses de los que detentan el poder, otras como respuesta a la crisis de legitimidad de las élites dominantes o como resultado de la movilización social que impulsa nuevas reglas para incluir sectores que están subrepresentados. Fue así como la reforma política de 2003 inició el proceso de institucionalización de los partidos y la reforma de 2009 introdujo el concepto de responsabilidad política para los dirigentes partidistas mientras la ley 1475 de 2011 reglamentó temas pendientes.
En la legislatura anterior, el Gobierno propuso una reforma política similar a la que se discute actualmente en el Congreso. La propuesta fue rechazada en el último debate con el argumento que no tenía relación con la paz pero es evidente que la reconciliación y la construcción de un entramado social que promueva la convivencia no son ajenas a un sistema político incluyente y a unas reglas electorales que favorezcan un nuevo balance de poder.
A la fecha, del extenso proyecto presentado por el actual gobierno que incorpora propuestas hechas en otros proyectos, la comisión primera del Senado ha aprobado la eliminación del Consejo Nacional Electoral que será remplazado por un tribunal electoral cuyos miembros no serían elegidos por los partidos políticos sino por méritos, sometido al Consejo de Estado que actuaría como segunda instancia. De este modo, las controversias y sanciones dejarán de estar en manos de una autoridad administrativa y pasan a un juez.
También es de mencionar la eliminación del voto preferente y el establecimiento de la lista cerrada para las elecciones legislativas y la posibilidad de que las campañas políticas sean financiadas en su totalidad por el Estado, así como la limitación del período de los congresistas a tres períodos y la paridad de género en las listas legislativas desde 2019.
El Proyecto de Acto Legislativo 08 de 2018 también establece que los partidos y movimientos políticos han de organizarse democráticamente y celebrar consultas internas o interpartidistas para la toma de sus decisiones y la escogencia de sus candidatos. Sería causal de pérdida de la personería jurídica de los partidos y movimientos no posibilitar a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización (¿incluida la selección de candidatos en las listas cerradas?).
El proyecto también busca fortalecer o recuperar la democracia local y se refiere a las elecciones de alcaldes distritales o municipales, concejos y juntas administradoras locales. En estos casos, en la conformación de las listas han de observarse los principios de paridad, alternancia y universalidad de forma progresiva.
Al ritmo actual es posible augurar que en junio del próximo año se contará con nuevas reglas del juego electoral. Queda pendiente la tarea de contrarrestar la desconfianza hacia los partidos y las instituciones de gobierno para que recuperen su rol de articuladores entre el Estado y la sociedad. No habrá renovación de la política sin renovación de la acción partidaria y fe en las instituciones de gobierno.
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Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario
Foto obtenida de: Diario La Piragua
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