EL cambio a una agricultura productora de alimentos implica su presencia diaria al frente de la actividad, ya no lo pueden hacer con el mayordomo y unos cuantos peones, sobre todo en la parte inicial del negocio. Lo segundo es que las inversiones requieren de un seguro de cosecha y es un eficiente sistema de riego. Han pasado los siglos y no corren el riesgo de construirlos. Tercero, como las tierras está sobrevalorada a precios de mafia imposibles de amortizar, un mercado de tierras bajaría los precios de la tierra. Pues, les ha llegado su hora con la Ley de Adecuación de Tierras se ganaron la lotería: a crear sus asociaciones de usuarios, a proponer proyectos, que el estado con dinero de todos los colombianos les regalará el valor de las obras y además, la valorización de las tierras.
Las líneas generales del Proyecto tienen las siguientes precisiones e imprecisiones:
- Considerar la adecuación de tierras como un servicio público. Eso suena bonito, pero cuando una ley se concibe sin tener en cuenta las condiciones sociales donde se va aplicar, sale a flote que el problema no es exclusivamente técnico. Si en Colombia el 4% de propietarios acaparan75% de la tierra, es obvio que el emprendimiento de obras de infraestructura para riego favorecerá directamente a esta elite. La primera imprecisión consiste en que no es público un servicio que solo favorece a una elite, en este caso a los latifundistas. El proyecto cuenta con un mico definido en el artículo sobre distritos de riego nuevos, que además, incluye la rehabilitación o modernización de los existentes. Esto es aún más inequitativo pues le resta recursos y por tanto oportunidades a los nuevos distritos e hipotéticamente a los campesinos que representan el 20 % de la población. El co-Director del Banco de la República Carlos Gustavo Cano y productor de arroz bajo riego sostiene que:
“desde el ángulo del uso del agua en la agricultura, es preciso que el Estado, que en no pocas instancias le entregó su manejo a grupos de particulares, a través de concesiones bajo condiciones en extremo laxas o por simple abandono, o a instituciones con autonomía regional pero en no pocos casos en manos de intereses privados y políticos, recupere su competencia como administrador del recurso hídrico desde sus fuentes, sus cuencas, su conducción, sus características fisicoquímicas, hasta su disposición final al amparo de los diversos métodos de riego predominantes.” (Cano, Carlos Gustavo et al. (2016) El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia, CAF / Banco de la República, Bogotá, p. 29)
- Los grupos de productores constituidos como Asociación de Usuarios susceptibles de implementarles proyectos de adecuación de tierras y sistemas de riego son quienes hacen la propuesta y el Estado desarrolla las obras de infraestructura y la entrega en propiedad a la Asociación: “Una vez recuperado el valor de las inversiones, las obras y demás bienes al servicio del Distrito ingresarán al patrimonio de la respectiva asociación de usuarios, manteniéndose la calidad de servicio público.” (Artículo 13. Parágrafo tercero) Inclusive el Proyecto de Ley deja la posibilidad que los mismos usuarios sean los constructores de las obras.
Como en la mira del gobierno y el espíritu del proyecto es el de construir mega proyectos los grandes terratenientes de la altillanura deben estar de plácemes; los de la Mojana que destruyeron la más grande obra hidráulica que cubría unas 500.000 hectáreas, legada por nuestros antepasados indios Zenú; los ganaderos ausentistas de Sucre, sur de Bolívar y Magdalena estará de plácemes porque el solo anuncio de este Proyecto ya les debió valorizar sus tierras susceptibles de tales megaproyectos.
- Sobre el manejo financiero de las obras que por su puesto serian multimillonarios tiene un esquema que se denomina de la cuota parte que se prorratea entre todos los usuarios según el área de riego de cada uno, pero es una fórmula meliflua para ocultar el verdadero propuesta como es regalarla a los grandes propietarios de tierras estas costosísimas obras en una reedición que envidiara el ex ministro Arias de Agro Ingreso Seguro. Veamos en que consiste el regalo:
“ARTÍCULO 17. SUBSIDIOS DE LAS CUOTAS PARTE: Créase un subsidio de hasta el 50% de las cuotas parte de recuperación de inversiones de los proyectos, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación asignados al sector agropecuario, y con destino a los pequeños productores, usuarios de los distritos de adecuación de tierras que reúnan las condiciones socioeconómicas que determine el MADR. Este subsidio puede incrementarse a través de la cofinanciación que hagan otras entidades públicas y/o privadas, hasta el 40% adicional del costo total de la cuota de recuperación.
- El CONAF como órgano directivo y estratégico por su integración es una demostración que en este Ley no se tiene en cuenta a los campesinos. Una imprecisión mayor es que no establecen un límite de hectáreas a regar, por ejemplo, 50 hectáreas por usuario, sino que cada uno aspira a un máximo, lo cual termina en la fábula del tiburón y las sardinas en que el pez grande se come al chico.
- La recuperación de las inversiones no lo hace quien hizo la inversión esto es el Estado, sino los ADR. “Las inversiones que se recuperen deben ser invertidas en procesos de adecuación de tierras”. O sea, que esta condición puede derivar en que esos recursos, que en todo caso serían un 10% del valor de la obra, sean utilizados para mejorar la infraestructura del riego a nivel predial. Con eso pagaran las adecuaciones que hagan dentro de los predios privados. Precisión: el capitalismo implicaría que el Estado contribuyera a conseguir a los propietarios una entidad que financiara las obras y los beneficiarios adquirieran la obligación de pagar la deuda.
- La inversión se considera por esta Ley “inversión pública no recuperable de utilidad pública o interés social”.
- Las obras tendrán un subsidio del 50% de las cuotas partes de recuperación de inversiones, que podrán incrementarse a través de la cofinanciación que hagan otras hasta un 40 % adicional del costo total.
- Otro mico es el de las “actividades para mejorar la productividad agropecuaria” que camufla la financiación a un ente burocrático ineficiente que no ha hecho ningún aporte significativo a la producción de alimentos en lo que lleva de existencia esto es, Corpoica.
- Es muy curiosa esta trampa descrita que el Ministro Iragorri ha ideado como vocero auténtico de la más rancia aristocracia terrateniente, o habrá olvidado por sus ocupaciones con sus vacas en Ubaté que él se crió entre los emblemáticos latifundios de Paletará y Coconucos en el Cauca, que consiste, además, en decir en la exposición de motivos de la referida ley que el propósito del proyecto es “dotar a los campesinos de distritos de riego con el Plan Nacional de Riego y Drenaje”. A unos campesinos que ni siquiera son nombrados en todo el articulado del proyecto de ley.
Es impreciso el Proyecto de Ley en definir un tema técnico crucial: qué tipo de riego se utilizará. Privilegiar un sistema de riego tradicional de superficie es garantizar a quienes acaparen el agua tener un aforo de agua que limitará su uso para muchos más colombianos. La técnica moderna indica que en tiempo de cambio climático el sistema a utilizar es de riego por goteo y para cultivos como el arroz el de pivote central.
Estamos pues ante un segundo conejo de las proporciones de Simón que ya comentamos con ocasión de referirnos a la Ley de tierras. El asunto no es saber si construirán los distritos de riego, sino quienes saldrán favorecidos. Ese es el quid de la inequidad y el contrasentido del posconflicto: hacer este tipo de reformas para que todo siga peor en términos de igualdad de oportunidades.
Alfonso Cuéllar
Junio de 2017