Antes de sustentar las razones que lo hacen posible quiero manifestar que el departamento en materia de conflicto armado tiene 11 municipios en riesgo alto, 12 en riesgo medio y 7 en riesgo bajo (ver mapa). El gobierno nacional debe definir qué otros lugares de los municipios de riesgo alto priorizará en las primeras etapas de implementación y qué medidas tomará para controlar las muertes de líderes sociales, el avance del narcotráfico y la presencia o fortalecimiento de grupos armados ilegales. Teniendo en cuenta que el conflicto armado se reducirá pero no desaparecerá, qué acciones emprenderán para evitar involucren los municipios de riesgo medio y bajo.
Razones que lo hacen posible
La experiencia de dos desmovilizaciones propias y dos vecinas, sin incluir las propiciadas por guerrillas liberales. Nos referimos a la del Ejército Popular de Liberación, EPL, sucedida en el corregimiento Juan José de Puerto Libertador en 1991 y la de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en el corregimiento Santafé Ralito en Tierralta en 2003-2006. Hubo, además, las desmovilizaciones del Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT y la Corriente de Renovación Socialista CRS, disidencia del Ejército de Liberación Nacional ELN, en el vecino departamento de Sucre que también nos afectaron. Muchas personas recuerdan y saben que la reducción de las confrontaciones bélicas trajeron consigo mejores momentos en las instancias familiares, de estudio, trabajo, producción, desarrollo y esparcimiento.
El alto número de víctimas y hechos victimizantes. El departamento tiene registrados hasta diciembre pasado 286.930 víctimas y 346.275 hechos victimizantes. Todos vivieron el horror del conflicto armado y la gran mayoría aspira a no vivirlo de nuevo.
La capacidad del pequeño productor rural. El tercer Censo Nacional Agropecuario da fe de esta aseveración. A pesar del conflicto armado, el abandono estatal, la imposibilidad de créditos y capacitación, la carencia de vías, la pobreza en todas sus formas, el despojo, las sequías e inundaciones siguen produciendo, urgidos de políticas reales y asequibles. Solos o con participación de otros productores ocupan los primeros lugares en la obtención de yuca, ñame, plátano, papaya, mango, piña, marañón, patilla, limón, algodón, cacao, caucho, arroz, maíz blanco y amarillo; además de cerdos, carneros, bovinos, peces y miel de abejas y están en ascenso hortalizas, verduras y caña panelera. De acceder a los recursos y programas contenidos en el punto Reforma rural integral la capacidad del pequeño productor crecerá y mejorará el bienestar general. Recordemos que este punto incluye, además de acceso y uso de la tierra y su legalización, todo lo referido a infraestructura, salud, educación, vivienda, seguridad social, alimentación y nutrición, protección de los derechos de los trabajadores rurales, entre otros.
Aunque lenta la restitución de tierras avanza. Muchos aseguraban que el proceso de restitución de tierras no sería fácil. Y así ha sucedido. A medida que afecte a los grandes despojadores, directos o indirectos, la oposición legal e ilegal asumirá acciones intimidatorias y violentas. En Córdoba han restituido 4.419 hectáreas hasta marzo de 2016 en los municipios de Montería, Tierralta y Valencia. En el presente año ampliarán el trabajo en estos sitios y continuarán en otros. Aprobados los Acuerdos, la restitución debe avanzar más rápidamente.
El buen momento de los grupos políticos. La mayoría de los grupos políticos de Córdoba apoyan el proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos. Esta decisión deben asumirla con responsabilidad, facilitando que el mayor número posible de grupos y sectores de la población intervengan en los análisis y propuestas sin restricciones ni amenazas.
Los Planes de desarrollo y el posconflicto. Algunos alcaldes de los municipios del sur de Córdoba (Montelibano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia), Montería y la Gobernación de Córdoba han incluido en sus Planes de desarrollo algunos elementos o puntos de los aprobados en La Habana, en especial los referidos a reforma rural integral, participación política, victimas y cultivos de uso ilícito.
Las Alianzas muévete por Montería y el sur de Córdoba se mueve por la construcción de la democracia. Desde el año pasado funcionan en Montería y en los municipios del sur estas Alianzas, constituidas por organismos de cooperación internacional, diócesis, academia, instituciones oficiales y privadas, organizaciones sociales, entre otras. Sus propósitos son el fortalecimiento de la participación, la incidencia y la transformación de la cultura política en la búsqueda del ejercicio pleno de los derechos y libertades de la ciudadanía.
El desarrollo de Montería y otras cabeceras municipales. En los últimos años Montería ha experimentado un cambio notorio y hay proyección de su desarrollo por ser, entre otras razones, centro proveedor de poblaciones de departamentos vecinos. También hay avances en Lorica, Sahagún, Montelibano, Cereté, San Pelayo y Chinú. Estos hechos van creando en las poblaciones conceptos, sentimientos, identidades y creencias que es posible mejorar los pueblos y ciudades en la medida que la institucionalidad sea honesta y eficiente, los servicios funcionen, disminuya la corrupción, incrementen la cultura ciudadana y sobre todo reduzcan todo tipo de delitos, en especial los homicidios, extorsión, amenazas, agresiones y los relacionados con el narcotráfico.
El acceso a la justicia. Es un programa de USAID y el Ministerio de Justicia que “apoya el fortalecimiento de un sistema de justicia más incluyente, equitativo y con mayor presencia y eficiencia en zonas azotadas por la violencia a través de sus componentes Casas de Justicia y Conciliación en equidad, género y reforma judicial”. El objetivo es ampliar y mejorar la justicia formal, promover y capacitar la justicia administrativa, crear y fortalecer la justicia étnica (indígena y afro) y estimular e impulsar la justicia comunitaria con el fin de coordinarlas para que presten un servicio oportuno y justo.
El trabajo de personas a favor de la paz. En algunas iglesias, sindicatos, acciones comunales, asociaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, grupos de niños, adolescentes y mayores, medios de comunicación, establecimientos educativos y la academia, entre otros, dialogan y trabajan por la paz, partiendo desde la realidad de la familia, el vecindario, el barrio, la vereda, el municipio, el departamento, la región y el país.
Las dificultades que nunca faltan
- Presencia de grupos armados ilegales
- La oposición legal extrema e ilegal a los Acuerdos de La Habana y el proceso de paz
- Inseguridad en áreas urbanas y rurales
- Concentración de la tierra
- Difícil acceso a la producción, capital, tecnología y mercadeo
- Tergiversación y manipulación de la información sobre los Acuerdos y el proceso
- Baja popularidad del presidente Santos y falta de claridad del gobierno en aspectos claves del proceso.
- La no inclusión en los planes de desarrollo de algunas alcaldías de temas contenidos en los Acuerdos.
- Ineficiencia y falta de gestión administrativa en numerosas alcaldías.
- Poco interés de los Concejos y Personerías municipales sobre estos temas
- Escasas organizaciones comunitarias y sociales bien informadas y con capacidad para elaborar proyectos y programas que les convengan a sus comunidades
- Falta organización en comunidades y grupos
- Pobre participación y control ciudadano
- Pobreza, inequidad, inseguridad y conflicto.
- Débil gobernabilidad, corrupción desbordada, ineficiencia administrativa y escasa legitimidad política.
Lo que debemos hacer
– Asumir las debilidades y fallas conocidas y detectadas, adelantar un plan para superarlas y hacer seguimiento y evaluaciones periódicas
– Informar y capacitar a la población interesada sobre los Acuerdos y los beneficios del proceso de paz.
– Analizar con espíritu crítico y creativo cada uno de los Acuerdos logrados. Examinar los procedimientos y el proceso de implementación con rigurosidad y sensatez.
– Elaborar proyectos y programas con base en los Acuerdos para diligenciarlos ante la institucionalidad local y nacional
– Contar con propuestas válidas y viables
– Hacer seguimiento y sistematización del proceso
– Impulsar la vinculación de organismos internacionales en el monitoreo de las condiciones de seguridad y trabajo dentro de los territorios rurales.
-Fortalecer los procesos de organización y gestión de las comunidades tendientes a lograr un mayor empoderamiento de sus pobladores en la planeación de su propio desarrollo.
Víctor Negrete Barrera. Centro de Estudios Sociales y Políticos. Universidad del Sinú
Montería, 30-1-2017
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