Sin embargo, el presidente Duque y su Gobierno con esta línea de actuación ha sufrido recientemente varias duras derrotas jurídicas y políticas, de manera que otras ramas del poder público que ante su posición reaccionan en defensa de su autonomía y en desarrollo de sus actuaciones consiguientes desarrollos a favor de la institucionalidad en el Estado de derecho y en beneficio de la implementación del Acuerdo de Paz. Igualmente, en el ámbito político se reconfigura una relación de fuerzas de partidos, de bancadas del Congreso y sectores sociales y de opinión, ahora notoriamente mayoritarios en defensa de la paz y de los desarrollos propios de la implementación del Acuerdo de Paz y en rechazo al desborde institucional y a las propuestas contra la paz y la JEP agenciadas por el gobierno.
En el Congreso, en la Cámara y luego en el Senado, amplias mayorías de sus integrantes rechazaron las objeciones que presentó el presidente Duque para intentar reformar la JEP, pero de forma que no se trataba de objeciones sino de propuestas de modificaciones de fondo a este marco legal que ya había sido aprobado por el Congreso y se había producido el fallo de revisión constitucional por la Corte Constitucional. Es decir, que trató de desconocer las decisiones autónomas y las decisiones a partir de sus competencias ya tomadas por otras ramas del poder público. Pero además, mediante una maniobra hecha por el sector político -ahora minoritario y disminuido- que apoya al presidente Duque en el Congreso, el presidente del Senado no reconoció oficialmente la decisión mayoritaria definida, de forma que el registro de la votación en esa cámara fue llevada a consideración de la Corte Constitucional y ésta falló reconociendo la legalidad de la votación registradas y en consecuencia le exige al presidente Duque sancionar y promulgar la Ley Estatutaria de la JEP.
La presidenta Gloria Ortiz y el magistrado ponente Antonio José Lizarazo de la Corte Constitucional entregaron declaraciones a la prensa el pasado 29 de mayo dando a conocer el fallo adoptado. Con este fallo la Corte Constitucional sustentó que la votación de 47 votos en el Senado a favor del rechazo a las objeciones presentadas por el presidente Duque a la JEP, registrada el pasado 30 de abril en su plenaria, sí constituyeron una mayoría calificada, al reconocer que existen 108 curules en esta cámara legislativa, pero que debían restarse tanto los 14 impedimentos presentados por respectivos senadores que los presentaron y les fueron aprobados y las dos curules de quienes no se han posesionado. Esta última situación obedece a que Aída Merlano del Partido Conservador fue capturada y está en juzgamiento por delito corrupción electoral e Iván Márquez de las FARC que no se ha posesionado alegando falta de garantías de seguridad para hacerlo y para desempeñarse en la actividad política.
De otra parte, ante el sonado caso que implica al dirigente de las FARC Jesús Santrich, el presidente Duque antes que esperar los resultados de los organismos competentes de la justicia en sus distintos ámbitos, prejuzga, lo señala de delincuente, de ser responsable de delitos de narcotráfico y llama a que se produzca su captura. Desde tal posición también desconoce o llama a desconocer los efectos de las propias decisiones en derecho que adoptan las instancias de justicia, incluida la JEP. En tal sentido, resulta indebido que el Presidente de la República prejuzgue y desconozca los derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso. Más aún, ante los fallos recientes de las altas Cortes, que avanzan en el necesario tratamiento jurídico que puede implicar el caso de Santrich, de forma insistente el presidente Duque persiste en tan desacertada posición: “No podemos dejar de llamar las cosas como lo son: alias Jesús Santrich es un mafioso y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína”[1]. Esto, cuando aún no se ha producido desde un juez o un tribunal una valoración y un fallo sobre las supuestas pruebas publicitadas en la prensa y las anunciadas por la Fiscalía.
De tal forma, sobre el caso de Santrich en respuesta a la solicitud de sus abogados, el mismo 29 de mayo pasado la Corte Suprema de Justicia reconoció su condición de congresista aforado en representación del partido FARC, asumió por tanto el caso del proceso judicial que lo compromete desde la semana pasada ante la justicia ordinaria por presuntos delitos asociados al narcotráfico y ordenó su libertad. De inmediato la Fiscalía General como correspondía envió a la misma Corte Suprema de Justicia el expediente que tiene sobre Santrich. En consecuencia, ahora será este alto tribunal el competente para tomar posibles decisiones como citarlo a indagatoria y de llegar a considerar que existen pruebas suficientes podría declarar abrirle una investigación judicial formal.
La Corte Suprema de Justicia en este fallo interpretó que Santrich no ha podido tomar posesión formal de su curul en la Cámara de Representantes por el hecho de fuerza mayor de estar en condición de detenido, desde el 9 de abril de 2018, pero que su condición de congresista aforado la obtuvo a partir de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral de forma que le acreditó tal condición, desde julio de 2018. También el fallo tuvo en consideración precisamente que el Consejo de Estado, unos pocos días antes, falló en favor de reconocer que Jesús Santrich mantenía tal investidura de Representante a la Cámara, al resolver una demanda que le fue presentada, la cual buscaba lograr que le fuera anulada a Santrich su fuero de congresista por no haber procedido a posesionarse formalmente ante la Cámara de Representantes.
Por su parte, frente a la JEP está pendiente la apelación que presentó la Procuraduría General de la Nación ante el fallo de su Sección de Revisión que adoptó en beneficio de Santrich la orden de libertad y el principio de no extradición, al no encontrar pruebas que le permitieran establecer si podría sindicarse a Santrich conducta ilícita cometida después de firmado el acuerdo de paz el primero de diciembre de 2016, con relación a la información que al respecto le fue remitida por la Fiscalía General y a la no remisión de las pruebas que afirma tener el juzgado de New York que solicita su extradición a EEUU.
Adicionalmente, en el ámbito político la referida reacción del presidente Duque de citar a un “acuerdo político nacional” a los partidos políticos, tuvo un inmediato y previsible fracaso. Se trataba de una propuesta reactiva al fallo de la JEP, con la consigna de concertar una revisión legal en detrimento de la jurisdicción que le es propia a la implementación del Acuerdo de Paz en curso, lo cual fue rechazado por los partidos de centro e independientes que fueron invitados a conversar, el Partido Liberal, Cambio Radical y la U, quienes objetaron este propósito, cuestionaron el que se afectara la implementación de la paz y no compartieron el que se excluyera para un posible acuerdo nacional en la conversación a las otras vertientes políticas de centro e izquierda.
Entre tanto, al ascenso del debate, la movilización ciudadana y los avances institucionales a favor de la paz, en tensión con la política de oposición y resistencia del gobierno del presidente Duque a implementar de manera coherente las medidas derivadas del Acuerdo de Paz, se suman fuertes y crecientes voces en igual sentido también desde el ámbito internacional en esta coyuntura. Más allá de las conocidas exhortaciones de la ONU, de los países garantes y de los numerosos organismos intergubernamentales y Estados que llaman a Colombia a perseverar en la construcción de la paz, con base en la implementación debida del acuerdo de paz conseguido, se han producido pronunciamientos y llamados particularmente críticos desde sectores de opinión e incidencia internacional dirigidos al gobierno colombiano.
Al respecto fue diciente el duro editorial del diario de EEUU The New York Times el cual afirmó que el presidente Duque está dejando “desintegrar” el acuerdo de paz, al resistirse a aplicar el acuerdo de paz con “sus aliados de derecha” y se refirió a la existencia de hechos de “sabotajes” al respecto. También en EEUU cobra alta repercusión la Carta firmada por 79 congresistas demócratas dirigida al Secretario de Estado de ese país Mike Pompeo, en la cual afirman que las decisiones del gobierno Duque “obstaculizan” la implementación del acuerdo de paz, con alusión expresa a la reducción de su financiación en programas de sustitución de cultivos, de restitución de tierras, al intento de modificar la legislación de justicia transicional ya definida y a la ausencia de garantías de vida e integridad reflejada en los homicidios sistemáticos que ocurren contra los liderazgos sociales y los excombatientes de las FARC en las regiones colombianas donde se superó la guerra y se busca construir la paz.
Otra voz importante en el ámbito internacional fue la declaración reciente de Luis Moreno Ocampo, ex Fiscal de la Corte Penal Internacional, notable jurista internacional actualmente profesor en la Universidad de Harvard, en otras de distintos países y conferencista, quien expresamente llamó al presidente Duque a dejar de oponerse a la implementación del Acuerdo de Paz, de su marco legal ya establecido, a la vez que exaltó los aportes de impacto internacional que cobra este acuerdo, con especial admiración por su mecanismo de justicia transicional adoptado y en importante desarrollo.
“El Acuerdo de Paz está legalmente garantizado, tiene bendición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está blindado. El tema no hay que reabrirlo, hay que cerrarlo. Necesitamos que el Gobierno discuta con las FARC cuál es el acuerdo político que necesitan. El Gobierno no puede ir contra las leyes que se adoptaron. Internacionalmente lo que no se puede hacer es desconocer el Acuerdo. Duque puede abandonar su militancia antiacuerdo y abordar temas nuevos…”
“Colombia inventó una solución que nadie había inventado: un Acuerdo de Paz con la posibilidad de exigir verdad, reparación y con un componente de justicia. Es una solución muy original internacionalmente (…) ¡(Tienen) El mundo como testigo del Acuerdo de Paz! Ese es un orgullo para Colombia y deben mantener ese orgullo mostrando que el Acuerdo funciona. Si esto fracasa y las FARC se retiran sería muy grave, no solo por este acuerdo, sino porque nadie más en el mundo creerá que los acuerdos de paz son posibles. Es mucho lo que está en juego”[2].
En tal panorama, el gobierno Duque con su política de resistirse, debilitar e incluso oponerse a medidas del Acuerdo de Paz, sufre duras derrotas internas y fuertes presiones internacionales que le demandan consecuencia con la necesidad histórica de Colombia de cerrar ese prolongado y cruel período de violencia política y guerra interna que ahora puede superarse. Entre tanto, se amplía el margen de aliados, compromisos y acciones internas e internacionales a favor de la paz y la implementación del Acuerdo de Paz con la FARC, no obstante los grandes obstáculos existentes al respecto. Ojalá el presidente Duque ante la situación reformulara la política y posibilitara un gran acuerdo nacional con todos los sectores políticos y sociales, que permitiera construir medidas hacia la paz estable y duradera requerida y en lo inmediato en el compromiso propuesto por el propio acuerdo de la ruptura de la política con la violencia y el logro de un ambiente de efectivas garantías.
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Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto obtenida de: Agencia de Información Laboral – AIL – Escuela Nacional Sindical
[1] Declaración citada del presidente Iván Duque, en: “Los escenarios en el polémico caso de Jesús Santrich”, El Tiempo, Redacción Justicia, 30 de mayo de 2019, pág. 1.2.
[2] Mensaje de Luis Moreno Ocampo al Gobierno: “Duque debe abandonar su militancia antiacuerdo”, El Espectador, Gloria Castrillón, 27 de mayo de 2019, pág. 2.
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