Para ciertos sectores de la derecha, de académicos y del empresariado del país, el hecho de considerar el fortalecimiento del sector público es un sacrilegio y un retroceso de lo que ellos han denominado como progreso. La discusión planteada por el presidente con sus programas y reformas ha encontrado oposición dado el posicionamiento ideológico del concepto de la privatización simbólica aparejada al neoliberalismo, el cual entrare a explicar posterior a unas consideraciones iniciales.
A partir de los años 90 empezó a regir en el mundo el paradigma neoliberal bajo la dirección del consenso de Washington, muchos países dentro de los que se encuentra incluido Colombia inician el desmonte de sus sistemas de seguridad social públicos para entregarlos a los mercados privados, quienes entrarían a operarlos bajo los estandartes de eficiencia, competitividad, eficacia y una dirección gerencial de las instituciones desde la lógica del mercado.
Como consecuencia de la privatización de las instituciones y entidades garantes de los subsistemas de seguridad social, los particulares y el capital financiero crecieron exponencialmente particularmente en el subsistema de salud, al punto que de las 11.878 IPS habilitadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 91,29% son privadas, el 8,44% públicas, y el 0,27% mixtas.
La proporción entre instituciones particulares y publica da cuenta del crecimiento exponencial que ha tenido la participación del sector privado en el sistema de salud; crecimiento asociado a la adaptación del modelo de atención a estándares de competitividad, a la lógica de medición del costo – beneficio en las atenciones, y la cooptación del Estado por el capital financiero, lo cual ha redundado en formas de acumulación y crecimiento de empresarial a partir de la administración privada de los recursos públicos.
Las cifras del aumento de las Instituciones Prestadoras de Salud podría llevar pensar que el crecimiento de las redes prestadoras ha beneficiado a la población, debido a que se cubriría una mayor porción del territorio y de la población a una mayor oferta; sin embargo, al revisar en detalle donde se han focalizado y asentado los privados, empieza a comprenderse los elementos subyacentes de este despliegue; de los 1104 municipios que tiene Colombia, en 630 municipios no existe IPS que tenga cobertura en la zona rural, y en 492 municipios dependen de la oferta pública. Las anteriores cifras implican que las IPS públicas que representan el 8,44% del total de las IPS habilitadas ofertan de manera única los servicios para el 44,56% del territorio nacional, mientras que las IPS privadas se han concentrado en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
Lo anterior encuentra explicación bajo la racionalidad del mercado y los factores de competitividad que rige la lógica empresarial; esos territorios que tiene oferta exclusiva pública no generan márgenes de rentabilidad que hagan atractivo establecer una infraestructura en dichas zonas, por lo que el Estado para este caso tiene dos opciones; la primera, genera las condiciones necesarias para que estas regiones sean nuevos nichos de mercado que permita al capital financiero seguir creciendo; y la segunda, consiste en asumir la prestación del servicio y garantizar el derecho fundamental a la salud de quienes allí habitan.
Foucault emplea una categoría que permite analizar esta situación; la gubernamentalidad neoliberal como una forma de ordenar y conducir a la sociedad bajo una serie instituciones, procedimientos y tecnologías diseñadas para este fin, en donde se busca que la racionalidad de mercado se extienda a todos los ámbitos de la vida cotidiana, retrotrayendo lo público a la esfera privado, desmantelando el Estado de bienestar y construyendo narrativas que legitimen la administración privada de los recursos públicos, todo en aras de la eficiencia, a la cual no le importa abandonar millones de vidas por el hecho de no ser sostenibles financieramente, ni generar márgenes de utilidad que hagan atractiva la inversión es estos sectores geográficos.
El discurso del administrador eficiente privado empieza a calar a en la psique de las personas, quienes asocian lo público a la corrupción, a tramites extensos y a una carga burocrática innecesaria; se invisibiliza el abandono sistemático de grandes porciones poblaciones en aras de esta narrativa. De esta forma opera una privatización simbólica en la forma como se comprenden y vivencian los derechos, los cuales son despojados de su esfera colectiva y social, para centrarse de manera exclusiva en el interés privado y en el interés del capital.
Es por eso que, los derechos fundamentales como el trabajo, la salud, y la pensión empiezan a perder su connotación de derecho social y se desplaza hacia la de un derecho de consumo, donde el núcleo esencial que regirá las decisiones de las personas será la de libertad de escogencia; no se discute el derecho a la obtención de una pensión, o a qué tipo de atención en salud tendré, sino, el derecho que tiene el usuario/ consumidor/ cliente a escoger dentro de una serie de ofertas cual desea adquirir.
El debate debe centrarse nuevamente en la forma como se conciben los derechos, la hegemonía neoliberal ha implantado la idea de que es necesario renunciar a derechos y garantías para potenciar un bienestar económico, la responsabilidad recae en ultima ratio en el ciudadano y no la en el sistema, haciéndole creer las siguientes premisas; si se abandona las condiciones de trabajo dignas será un pequeño sacrificio para la generación de empleo y la inversión extranjera, por ende hay aumentar las formas de contratación vía prestación de servicio y rechazar la formalización; si se concentran los mercados de capital pensionales a los fondos privados estos generaran utilidades al realizar inversiones en la bolsa, de los cuales tendrá participación el afiliado, no es conveniente ni sostenible mover el stock pensional hacia Colpensiones; si desaparecen las EPS o no se acepta la capacidad de las Gestoras de Salud y Vida en el nuevo modelo de salud este colapsara por falta de contención financiera.
Día tras día la matriz de comunicación que disponen los privados reiteran estos mensajes, buscando socavar cualquier intento de reforma y de centrar la dimensión de derechos obtenidos en la lucha social bajo el núcleo de su connotación colectiva; mientras no se logre romper la privatización simbólica como noción hegemónica no se podrá avanzar en nuevas formas de concebir lo público como aquel espacio de apropiación comunitaria en el cual no es de nadie y es de todos a la vez.
Víctor Manuel Ocampo Velasco
Deja un comentario