No puede existir duda sobre el papel protagónico de nuestras diversas organizaciones sociales y en especial comunales, en los territorios del conflicto armado, donde son las más fuertes y numerosas. Además allí se ganó ampliamente el plebiscito colombiano por la paz y son punto de apoyo imprescindibles en la implementación, realidad que tanto los insurrectos en desmovilización como el Estado reconocen regularmente.
Sin tregua sigue la masacre.
No obstante, lo anterior, sin tregua sigue la masacre en Colombia contra dirigentes sociales y comunales; en lo que va del año 2016 son cerca de 70, de este total de asesinatos en el año 2016, más de 42 son dignatarios de las juntas de acción comunal, algunos de ellos militantes de la izquierda, pero en su mayoría sin partido o cercanos a otros partidos políticos tradicionales en el Poder o empresas electorales que es como en realidad se comportan los mal llamados partidos en nuestro País. El caso más reciente conocido es el de JORGE RAMIREZ GUZMAN de 43 años de la junta de acción comunal del corregimiento Piñalito de San Jorge-Pueblo Nuevo-Córdoba, el 17 de Noviembre del año 2016, cuando se dirigía en paraje rural a revisar el acueducto comunal.
Las cifras
Según informe de la entidad inglesa Justice For Colombia, informe que contó en su elaboración con el apoyo de entidades reconocidas en Colombia como CINEP, Escuela Nacional Sindical y nuestras organizaciones comunales, durante el período 2011- 2015, es decir durante el primer período del Presidente “Nobel de la Paz”, en Colombia hubo 534 asesinatos de dirigentes sociales y de derechos humanos, de ellos 258 de organizaciones comunales, más de la mitad del total. Las otras cifras son: sindicalistas 133, indígenas 80, activista de tierras y campesinos 32, ambientalistas 10, activista de paz 5, activistas de víctimas 3, Lgbt 2, activista de derechos humanos 1, en diversas protestas 7.
Generalmente los dirigentes campesinos y reclamantes de tierras también son comunales pues las juntas son la organización de base en el territorio y la mayoría se encuentran afiliados a las Juntas Comunales.
Se debe poner de presente que indígenas, que son 3.5% del total de población colombiana, son el sector social que, proporcionalmente más sufre el impacto de los asesinatos, no obstante que en términos absolutos sea el sector comunal.
Generalmente las organizaciones de derechos humanos, sindicales, periodistas y de izquierda, en su larga trayectoria de confrontación contra el Estado, han construido buena capacidad logística y de medios para denunciar sus casos y actuar ante la justicia, pero no es el caso de las organizaciones de base comunal por lo que la mayoría pasan inadvertidos ante los medios y en general ante el Estado y la Comunidad Internacional.
Indiferencia del Estado.
Tan grave como los asesinatos, es la indiferencia del Estado pues la misma Fiscalía General de la Nación admite impunidad en más del 90% y para el caso comunal, no obstante que reiteradamente hemos exigido al Gobierno un programa especial de apoyo psicológico y económico a las familias de las víctimas, no se ha implementado y la Fiscalía tampoco pone en funcionamiento una unidad especial, so pretexto de que no tienen recursos, pero el Estado si ha gastado a partir del año 2010, más de treinta billones de pesos en las grandes vías en función del gran capital para habilitar al País para el gran mercado transnacional versus los mercados locales y regionales internos.
¿Porque asesinan a los dirigentes comunales?
Algunos de estos dirigentes asesinados han tenido militancias de izquierda y podría decirse que es un factor, en el marco de la persecución selectiva de la ultraderecha, pero el mayor porcentaje, superior al 90%, no tienen militancias políticas o en las elecciones se acercan a las empresas electorales del establecimiento, entonces ¿por qué los asesinan si no son de izquierda?. Después de mucho sufrir y estudiar la situación, nuestra hipótesis central es que los amenazan, persiguen y asesinan por ejercer derechos y cumplir sus funciones comunales, ya como veedores sobre los recursos públicos; por no someterse a los politiqueros de oficio; ya por oponerse o denunciar al narcotráfico o a bandas de delincuentes; por oponerse a la minero-energía y tal vez algunos en bajo porcentaje por disputas barriales o veredales de poder.
En general en parte importante detrás de estos asesinatos están los poderes locales que han hecho del patrimonio público botines de enriquecimiento ilícito, quienes ven en la dignidad y entereza de muchos dirigentes comunales, una amenaza contra sus corruptos privilegios que por años han ostentado, quienes acuden a bandas de sicarios y regularmente de las mal llamadas bacrim o autodefensas, que regularmente hacen parte de estas estructuras ilícitas de poder local, para ejecutar los asesinatos.
Es decir que estos poderes políticos locales convertidos en verdaderas mafias de la corrupción son un muy grave obstáculo a la implementación de un verdadero proceso de paz sostenible y duradera en los territorios.
Que hacer
En primer lugar como hemos dicho, que la Fiscalía tengan una unidad muy fuerte y bien financiada para que aboque y resuelva todos los casos; en segundo lugar apoyo del Estado a las familias víctimas; en tercer lugar campañas permanentes de visibilización y fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales en los territorios y en cuarto lugar políticas, programas y proyectos pedagógicos de mediano y largo plazo de fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales para que conozcan, ejerzan y se apropien de sus derechos como práctica cotidiana y colectiva; como práctica cotidiana y colectiva pues en parte importante los dirigentes más expuestos son los que asumen individualmente la defensa de los legítimos derechos de la población.
Este apoyo pedagógico a las organizaciones en los territorios debe mantenerse por un largo período, más de cinco años desde el Estado Central y con el apoyo de la Comunidad Internacional, pues en medio del atraso medieval que persiste en alto porcentaje en los poderes locales, formar a la ciudadanía en sus derechos es una manera de apoyar la construcción de la democracia local allí donde más se necesita para afianzar la construcción de una paz estable y duradera. Esta tarea, es si se quiere el más grande reto en la eventual implementación de los acuerdos en la perspectiva de construir una verdadera democracia social, económica y política.
GUILLERMO A. CARDONA MORENO
Cofundador de la Confederación Comunal Nacional y presidente de la misma de 1993 a 2003.
Autor original de la Ley 743 o Ley Comunal.
Autor de varios libros y ensayos sobre acción comunal, planeación participativa y economía política.
Cofundador del Sistema Nacional de Planeación en su calidad de Secretario General del Consejo y del Sistema Nacional de Planeación de 1995 a 2002.
Primer Presidente del Consejo Nacional de Planeación
Actualmente Consejero Nacional de Planeación en representación de las organizaciones de acción comunal
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