El 28 de julio de 2024 serán las elecciones presidenciales en Venezuela, con un estrecho cronograma impuesto por el régimen de Nicolás Maduro, que solo deja cuatro meses para todo el proceso y disminuye las garantías de los opositores.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) comunicó que del 21 al 25 de marzo, hizo el registro de candidaturas presidenciales. Admitió trece postulaciones, dos representan fuerzas democráticas, la de Un Nuevo Tiempo (UNT) abanderada por Manuel Rosales y la de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), con Edmundo González Urrutia. La sustitución de candidatos se puede hacer hasta el 20 de abril para aparecer en la pantalla de la máquina de votación, en fecha posterior, 10 días antes de la elección, aunque podría hacerse no se modificaría lo que muestre la pantalla; o sea que al votar por una candidatura que se haya sustituido, se elegiría otra.
El chavismo-madurismo ha tratado de desmotivar y dispersar el voto opositor de múltiples formas. Con la deshabilitación de María Corina Machado y de Henrique Capriles. Aunque el 22 de marzo, la opositora Plataforma de Unidad Democrática (PUD), en reemplazo de María Corina, escogió a la profesora Corina Yoris como la candidata presidencial, al momento del anuncio de su postulación no aparecía inhabilitada en la web del CNE, la PUD denunció que el CNE les impidió inscribirla. También ha entorpecido el registro electoral de personas venezolanas, dentro y sobre todo fuera de Venezuela, negándoles la posibilidad de votar. Además, varias sedes de diversos partidos políticos fueron marcadas con el slogan “furia bolivariana”, el nombre del plan cívico-militar-policial anunciado como estrategia de persecución a lo que llaman “intentona terrorista”.
El régimen de Maduro también ha detenido miembros de la campaña opositora y líderes sociales como la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, incomunicada y sin acceso a la defensa. Con el fin de estimular la dispersión electoral, el régimen oficialista ha estimulado las divergencias entre las fuerzas opositoras para que profundicen su amplia fragmentación, en lugar de superarla. Mientras todo eso pasa en lo electoral, la emergencia humanitaria compleja sigue agravándose; las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que brindan distinto tipo de asistencia social están cada vez más desprotegidas y son amenazadas si cuestionan limitaciones electorales impuestas por el gobierno.
Con todas esas arbitrariedades, el régimen chavista-madurista viola el Acuerdo de Barbados al no garantizar elecciones libres; al tratar de impedir que opositores o chavistas disidentes aspiren a un cargo de elección popular. Apuesta a que haciendo confluir todos esas limitaciones, más las que introducirán durante la campaña y en los comicios mismos, le generen una victoria que le niegan todos los sondeos de opinión, pues es nula la sintonía popular de Maduro, aunque tratará de esquivar lo que muestren las urnas.
Algunas interpretaciones desde Venezuela
Analistas venezolanos han mostrado cómo Nicolás Maduro no tiene una obra de gobierno digna de mostrar. Su gestión es escandalosamente pésima con la alarmante devastación económica cargada de inflación, desempleo, y hasta desnutrición infantil. Su temor a condiciones plenas para el voto legal lo lleva a buscar subterfugios para cerrar esa posibilidad. Por el pavor que siente ante unos sufragios libres, ha lanzado toda una ofensiva visceral con la intención de realizar comicios en donde ellos escojan al adversario que se preste para su juego. Como el repudio hacia Maduro es generalizado, no tiene posibilidad de ganar elecciones medianamente transparentes, sólo violentando el orden jurídico electoral tendría alguna posibilidad de éxito. Es por ello que degüellan a los partidos políticos democráticos, secuestran a líderes construyéndoles expedientes falsos, inhabilitan a quien goce de respaldo de Venezuela. Toda una ofensiva visceral con la intención de realizar comicios en donde ellos escojan al adversario que se preste para su juego. Se preguntan ¿hasta dónde se puede creer que son elecciones libres cuando el gobierno impone de manera dictatorial las condiciones? Y cuando incluso algunos sectores, cercanos ideológicamente, han rechazado sus pretensiones de querer hacer un proceso electoral viciado, y muchos muestran que seis años más en otro periodo presidencial sería cerrar aún más el futuro de Venezuela, una catástrofe[1].
El 4 de abril 2024, la ONG Provea pidió a la comunidad internacional que realice gestiones diplomáticas para evitar la aprobación del proyecto de ley que el gobierno ha llamado “contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”, por considerarlo un avance en la construcción de un modelo de gobierno totalitario que deteriora aún más las garantías para que se ejerzan los derechos humanos de la población. Agrega que la calificación como fascismo de las manifestaciones en 2014 y 2017 que promovió la vicepresidenta, buscan justificar el proyecto de ley que oculta la violación sistemática de derechos humanos, nivelar institucionalmente a víctimas con victimarios y relativizar la investigación de la Corte Penal Internacional por delitos contra la humanidad[2].
Presión internacional
La Unión Europea (UE), el panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Centro Carter han solicitado ser observadores en estas elecciones presidenciales, informó Yván Gil ministro de Relaciones Exteriores, el pasado 4 de abril, y agregó que han hecho 67 invitaciones a organismos electorales para que hagan veeduría a estas elecciones. El secretario de Estado de Noruega fue a Venezuela a dialogar con el oficialismo y la oposición.
Estados Unidos ha mantenido presión sobre el gobierno de Maduro a partir de la gestión de Brian Nichols, responsable para asuntos latinoamericanos, y Francisco Palmieri, encargado de las relaciones con Venezuela.
La condición de “fiera arrinconada” viene llevando al régimen a cazar numerosas peleas simultáneas no sólo internas sino en la región. Por ejemplo, la justicia argentina convino con Estados Unidos entregarle la aeronave de una empresa (supuestamente venezolana) Emtrasur retenida meses antes en el aeropuerto de Buenos Aires. Por la disputa entre ambos países, el régimen venezolano decidió cerrarle el paso por cielos de ese país a toda aeronave de cualquier tipo, con matrícula argentina. Por ejemplo, los vuelos Buenos Aires – Miami, para no sobrevolar Venezuela so pena de ser “invitada” a aterrizar como si estuvieran en guerra, tuvieron que agregar horas de vuelo. Y hasta impidió el aterrizaje en San Antonio del Táchira a un avión fletado por el equipo de fútbol argentino River Plate, que debía jugar con el deportivo Táchira en San Cristóbal en un partido comprometido desde hace mucho tiempo, tuvo que aterrizar en Cúcuta y allí el equipo argentino debió tomar un autobús para trasladarse a San Cristóbal[3].
Sobre la violación de derechos humanos y los problemas electorales en Venezuela se han producido muchos pronunciamientos. El Parlamento Europeo y la Unión Interparlamentaria Mundial emitieron resoluciones condenatorias, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, cuya oficina fue expulsada, y muchos otros foros de especial relevancia internacional. Es que el mundo está contra nosotros, afirma el canciller venezolano que envía protestas tras cada pronunciamiento, o ante cualquiera que se atreva a opinar o criticar flagrantes violaciones de derechos humanos.
La CIDH, además, llamó a Venezuela a garantizar la participación de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio 2024, criticó la exclusión de Corina Yoris, respaldada por el mayor bloque opositor del país ”Impedir la participación de algunas o determinadas candidaturas opositoras en el proceso electoral corrobora que el Poder Electoral no ofrece garantías de independencia e imparcialidad, anula la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas. El Estado de Venezuela debe asegurar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales, sin arbitrariedades; llama a adoptar, con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia del poder electoral, el poder judicial y demás poderes públicos; reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas”. Maduro respondió ”Comenzó el circo, comenzó la campaña, hay nervios en Washington, hay nervios en los apellidos de la oligarquía, hay nervios en la derecha regional, dejen los nervios”[4].
Se ha expresado una coincidencia de opiniones y llamados de gobiernos democráticos de derecha e izquierda, para pedirle a Maduro plenas condiciones electorales. Como lo hicieron el expresidente de Uruguay Pepe Mujica así como los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Lula da Silva de Brasil, que tomaron distancia del autoritarismo que Maduro ha expresado en las elecciones venezolanas. Andrés Manuel López Obrador presidente de México, aunque rechazó opinar sobre la inhabilitación de opositores, el pasado 5 de abril dijo “Ojalá y haya democracia y se celebren en paz las elecciones ya, y que dejen al pueblo venezolano en libertad para que elijan”[5].
La presión nacional e internacional es clave en todo este proceso electoral y para que aún vencido en las urnas, el régimen no obstruya el traspaso del poder en esos 166 días entre la elección del 28 de julio y la posesión el 10 de enero de 2025 de la persona elegida como presidente/a de Venezuela.
[1] Dice Alexander Cambero https://www.elnacional.com/opinion/a-que-le-teme-nicolas-maduro/
[2] https://www.elnacional.com/venezuela/provea-pide-ayuda-a-otros-paises-para-evitar-aprobacion-de-ley-contra-el-fascismo/#google_vignette
[3] https://www.elnacional.com/opinion/venezuela-tiene-muchas-peleas-al-mismo-tiempo/
[4] https://www.elnacional.com/venezuela/la-cidh-denuncia-veto-electoral-a-la-opositora-corina-yoris-en-venezuela/
[5] https://www.elnacional.com/mundo/lopez-obrador-pide-que-dejen-a-los-venezolanos-votar-en-libertad/
Socorro Ramírez
Foto tomada de: Los Angeles Times
Deja un comentario