Si se suprimiera el orden privilegiado, la nación no sería menos en nada, sino algo más
Sieyès
El progresismo debe responder con audacia y contundencia a la arremetida de la derecha (el “centro”) y la extrema derecha, para lo cual se requieren tres cosas principalmente: i) organización política, ii) estrategias comunicativas efectivas, y iii) satisfacción de las demandas sociales más profundas que se encuentran en la base del grueso de la población más pobre y marginada del país. Con lo primero se alcanza unidad y cohesión, con lo segundo se neutraliza la publicidad engañosa y los cantos de sirena de la ultraderecha, y con el tercero se le arrebata a esta la posibilidad de apropiarse de las masas populares a través de la mentira de sus falsas esperanzas. El cumplimiento de las demandas sociales de la población implica modificar las actuales relaciones de propiedad y reestructurar el conjunto la organización política.
Mientras más avancen los gobiernos progresistas más se desesperan en el mundo los proyectos políticos de ultraderecha, que comienzan a tragarse a las “derechas moderadas” y empiezan a renunciar a las buenas formas y los buenos modales que parecían emplear en otras épocas para mantener el orden en las instituciones; se desprenden de su máscara liberal y democrática, y en situaciones de necesidad apelan frontalmente a la fuerza bruta y la coerción, la difamación, la masacre y el golpe de Estado. Nuestros gobernantes colombianos, en cambio, que han carecido de buena educación y son poco dados a guardar las buenas formas, no han abandonado nunca el uso de los medios a los que otros países recurren solo en casos de excepción. El Estado de excepción ha sido aquí la regla.
Nuestra casta política tradicional es violenta y agresiva, y está ligada al crimen, el narcotráfico y la ilegalidad. Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay y Aníbal Turbay Bernal son solo algunos casos. Los dueños del establecimiento colombiano estaban muy tranquilos porque suponían que este gobierno progresista era solo un interregno que duraría poco, después de lo cual con el poder en mano lograrían imponer de nuevo su gobierno para el 2026. Pero ahora que se ha ido preparando al pueblo para tomar las riendas de un poder que él mismo ya posee, el régimen de corrupción, conmocionado, empieza a tener buenas razones para sentir miedo: es que si a este gobierno le va bien y logra que la sociedad se constituya en un poder no solo con capacidad de protestar sino de decidir, este régimen de corrupción será inevitablemente desterrado.
El tercer punto mencionado arriba (la satisfacción de las demandas económico-sociales) es de la mayor importancia y reclama más trabajo y esfuerzo por parte del gobierno. Pues su cumplimiento no solo exige la realización de las reformas, sino avanzar en los programas de equidad, justicia social, redistribución de los ingresos, protección de las riquezas naturales comunes de la sociedad y la recuperación de los recursos públicos para su administración y correcta ejecución. Sobre esto último están muy preocupados senadores y representantes pertenecientes a este viejo régimen, pues les inquieta la “baja ejecución” de este gobierno, por lo cual semanalmente llaman a debates de control político en las comisiones de Cámara y Senado. Y es que los gobiernos de derecha sí que han sabido ejecutar. En los dos gobiernos de Uribe, por ejemplo, hubo 6.402 ejecuciones.
Ahora bien, el programa de reformas propuesto por este gobierno está siendo saboteado en el Congreso y por las Cortes. La Corte Constitucional, además de los decretos de emergencia que le ha tumbado al presidente, y después de haber beneficiado con billones a las multinacionales al tumbar la no deducibilidad de los impuestos, se prepara ahora para propinar un nuevo golpe: tumbar el impuesto al patrimonio con el que se gravaría el valor neto de los activos de los más ricos, con lo que se dejaría sin efecto uno de los artículos más progresivos de la reforma tributaria. Por su parte, el Congreso, al tiempo que dilataba, retrasaba, desbarataba el quórum y levantaba las sesiones, votaba las reformas para hundirlas o archivarlas. No obstante, Norma Hurtado, quien le hace honor a su apellido al arrebatarle al pueblo la posibilidad de un mejor sistema de salud no logró imponerse esta semana con su propuesta pensional alternativa y la del gobierno avanza a muy buen ritmo.
Medios de comunicación tradicionales, entidades de control, el Consejo Nacional Electoral, exmilitares, gremios y empresarios, expresidentes y políticos profesionales leales al viejo régimen de corrupción que hoy sigue apoderado de instancias decisivas de poder dentro del Estado, siguen empeñados en enfilar las baterías para debilitar a este gobierno. No ven cómo tumbarlo. Poderosos organismos de control y miembros influyentes de pequeños grupos privilegiados que viven del erario, de un comercio truculento, de componendas y otros negociados, oponen férrea resistencia al conjunto de reformas que propone este gobierno. Ante el bloqueo y la obstrucción del programa de gobierno por parte de lo que ha sido identificado como el régimen de corrupción, el presidente ha decidido acudir al conjunto de ciudadanos y hacer un llamado urgente al pueblo para que, una vez organizado, reclame sus derechos y exija el acatamiento de la Constitución.
Politicastros, reporteros, abogados y rábulas con ínfulas de constitucionalistas dejaron relucir su vocación de leguleyos, inspirados por el espíritu de Santander. Creyeron que el presidente convocaría una constituyente por la vía de un decreto. Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical, una colectividad corrupta con una larga historia criminal, afirmó que el presidente quiere “expedir un decreto de emergencia violando la Constitución y convocando su propia constituyente”. Es obvio que un politiquero de su estirpe solo pueda concebir la democracia como un mandato por decreto surgido del capricho de quien manda; y que además sea incapaz de entender que una Constituyente no es una cosa que pertenezca a un gobernante. Vargas Lleras de buen gusto quisiera hacer la propia, una a la medida del régimen de corrupción que representa.
Al establecimiento, que solo piensa en términos jurídicos y en el marco normativo creado por él mismo, se le hace impensable un proceso social constituyente al margen de una asamblea de políticos profesionales reunidos a puerta cerrada en el Congreso. Por eso Vargas Lleras, entusiasmado, acogió la idea (deformándola) y celebró la posibilidad de tramitar una Asamblea Nacional Constituyente. Y es natural que así lo quiera, pues debido a su influencia, dinero y poder de corrupción le queda muy sencillo, por las vías retorcidas de esta democracia formal, apropiarse de dicha asamblea para reforzar el régimen que precisamente habrá de revocarse. No han entendido que, en vez de hacer otra Constitución, el proceso social Constituyente que ya está puesto en marcha se propone menos un cambio jurídico que una modificación de la organización efectiva del poder.
La derecha elogia las formas, el protocolo y las maneras, pero desprecia el fondo, el contenido y la materia. Considera que el Estado es primero que la sociedad, que la ley está antes que el derecho, que lo constituido precede a quien lo constituye. Su democracia de papel se basa en escrituras, leyes y decretos que disfrazan con ropaje universal el interés particular de los grupos dominantes. En La nueva lucha de clases (2016) escribe Žižek: “No me da miedo extraer la conclusión de que las políticas emancipadoras no deberían verse limitadas a priori por procedimientos formales y democráticos de legitimación” (p. 18).
La democracia formal y procedimental de la tradición liberal se basa en procesos eficaces que se emplean para justificar y validar lo que por lo general se sabía de antemano al obtenerse un resultado. Con los modos tan sofisticados de engaño e inducción, con argucias jurídicas y juegos de prestidigitación, y con todo su poder de corrupción, a la oligarquía colombiana le queda fácil defender un concepto de democracia basado en votos y elecciones. “En el debate sobre la legitimidad del poder no cuentan ni su origen en el voto, ni su origen en la fuerza. Legítimo es el poder que cumple el mandato que las necesidades vitales y éticas de una sociedad le confieren”, afirma Gómez Dávila en uno de sus aforismos (2002, p. 109). Con lo cual se afirma que la legitimad de un poder o de un gobierno no depende tanto de su origen como de sus fines y su capacidad para cumplirlos.
El pueblo es soberano y es fuente de poder, su fuerza creadora no es potencia sino acto que le permite intervenir sobre aspectos decisivos del país. El poder social constituyente consiste, pues, en que mediante la actividad consciente de sí misma la sociedad pueda erigirse en un poder capaz de actuar y decidir. “Y que no me digan que el movimiento social excluye el movimiento político. No ha habido jamás un movimiento político que, al mismo tiempo, no sea social”, dice Marx en Miseria de la filosofía (p. 121, 1987). Este poder social, deliberativo y democrático, al estar en constante movimiento, no puede contentarse simplemente con quedar constituido, pues esto significaría su muerte y su quietud.
El pueblo ha comenzado a organizarse y asociarse, y en el curso de su incesante agitación y movimiento permanente se irá profundizando la contradicción que le dio origen. Este proceso social por el cual el pueblo deviene en fuerza para sí es, inicialmente, un poder formado como fuerza popular de oposición, pero una vez ya madurado debe llegar a un nivel de acción que su constitución sea al mismo tiempo en tanto poder político del pueblo un poder destituyente del viejo régimen de corrupción.
David Rico
Foto tomada de: El Nuevo Siglo
Que Genialidad, magnífico artículo!