Si una persona desprevenida escucha este discurso, sin duda, se sorprenderá de la capacidad de gestión del gobierno y creerá que la violencia contra estas personas se superó. Sin embargo, la realidad es otra. Durante los cuatro años de la administración Duque, la violencia contra líderes y lideresas se incrementó y el país tuvo que vivir el homicidio de niños como Breiner David Cucuñame indígena Nasa de 14 años, la lideresa médica Luz Marina Arteaga, los emblemáticos líderes del Coordinador Nacional Agrario, Teófilo Acuña y Jorge Tafur; el docente ambientalista Mario Palomino, el carismático líder campesino del Putumayo, Marcos Rivadeneira, el legendario guardia indígena Albeiro Camayo, la ambientalista del Chocó, Juana Perea, el carismático líder de derechos humanos y ambientalista Jorge Enrique Oramas; la gobernadora indígena Cristina Bautista Taquinas y una lista interminable de hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas reivindicando los derechos de sus comunidades.
¿Qué hicieron los funcionarios del gobierno y Estado colombiano mientras estas personas de la comunidad eran asesinadas? Literalmente, mirar para otro lado. Pero no solo eso, las fuerzas militares también participaron en este inmenso sacrificio, por ejemplo, en la masacre de El Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo (abril de 2022), donde éstas asesinaron a 11 personas, entre ellas, al presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández y su esposa Ana María Sarria, quien se encontraba embarazada.
De acuerdo con las plataformas de Derechos Humanos “el exterminio del liderazgo social ha alcanzado el nivel de un verdadero genocidio continuado, vigente e impune, y constituye una de las expresiones más dramáticas del actuar del gobierno de Duque en contra del proceso de paz”[1]. Según el Programa Somos Defensores, desde que Iván Duque asumió la presidencia, al menos 700 personas defensoras de DD.HH han sido asesinadas en el territorio nacional, además de las múltiples agresiones vividas por estas personas, las cuales llegaron a 996 sólo en el 2021, pero un acumulado entre 2019 y 2022, superará las 3.800[2]. Los liderazgos más afectados siguen siento los comunales, indígenas, comunitarios, campesinos, afrodescendientes, defensores de derechos humanos y ambientales. Las zonas más críticas el departamento del Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Chocó. Lo presuntos responsables de los homicidios siguen siendo desconocidos, paramilitares, disidencias de FARC, fuerza pública y ELN, en ese orden de responsabilidad.
Frente a este doloroso y deshonroso panorama, donde Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en asesinatos contra líderes ambientalistas y el primero en América de líderes en general, el gobierno nacional tiene toda la responsabilidad por no atacar las causas y actores que violentan a estas valiosas personas en los territorios.
En relación al narcotráfico, el gobierno de Iván Duque, desde su origen fue cuestionado por recibir el apoyo del narcotraficante José Guillermo Hernández, conocido como “Ñeñe Hernández”, amigo personal del presidente, escándalo que la fiscalía General de la Nación no avanzó en su investigación. Pero el fantasma de malas compañías no quedó allí, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez también se ha sido cuestionada por su relación comercial y la de su esposo con Guillermo Rincón Acevedo, conocido como “Memo Fantasma”, investigado por narcotráfico y paramilitarismo. A esto se suma el hallazgo de un laboratorio de droga en la finca del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, para entonces (marzo de 2020), en Guasca, Cundinamarca.
Igualmente fueron frecuentes los escándalos de militares y ex militares comprometidos en alianzas con grupos criminales y narcotráfico, como la del general retirado, Leonardo Barrero, ex comandante de las Fuerzas Militares, quien está investigado por pertenecer a grupos ilegales como las Autodefensas Gaitanistas y particularmente al grupo La Cordillera; pero a quien además, el gobierno de Iván Duque puso al coordinar el Plan de Acción Oportuna, PAO, cuyo propósito era proteger a los líderes sociales en el 2019.
No menos grave fueron las revelaciones por las contradicciones entre militares activos relacionadas con la manipulación de cifras sobre erradicación de cultivos de coca presentadas ante el Ministerio de Defensa. Es el caso del general Wilson Neyhid Chawez Mahecha, subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, quién llamó fuertemente la atención al coronel Faiver Molina, y lo amenazó, según este, porque denunció que el número de hectáreas reportadas como erradicadas no era de 30.822, sino de 2.812, es decir, sólo un 9% de lo registrado en el informe oficial de ese entonces, septiembre de 2020[3]. Este caso, de los pocos que salen a la luz pública, demuestra la corrupción al interior del Ejército en la supuesta lucha contra el narcotráfico, de ahí su crecimiento exponencial. Colombia sigue siendo el líder de producción de cocaína en el mundo, según Naciones Unidas, y los cultivos de coca se han mantenido estables desde el 2020 con 243.000 has. sembradas, vale decir, el 61% de tierras cultivadas en el mundo, llegando a una producción de 1982 toneladas en el 2020, lo que significa un crecimiento del 11% frente al año 2019[4].
Pero la incapacidad y falta de voluntad del gobierno de Iván Duque para detener la violencia va más allá. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Colombia se presentan seis conflictos armados internos, los cuales se han profundizado en el primer semestre de 2022, con impactos negativos para la población civil muy graves como el desplazamiento forzado masivo en 12 departamentos, con cerca de 30 mil personas afectadas bajo esta modalidad, con alrededor de 41 mil personas desplazadas de manera individual y el confinamiento de al menos 19.200 en diferentes lugares[5].
Según, la Fundación Ideas para la Paz, Iván Duque entrega un país más cercano a la violencia del 2011 que la del 2016, es decir, un país nuevamente atrapado entre la guerra y la paz[6]. Esto quiere decir que su política de seguridad democrática 2.0, con su estrategia de zonas futuro no funcionó o simplemente era una estrategia para permitir la expansión de la conflictividad, el narcotráfico y la violencia en los territorios, para mantener los contextos propicios para la acumulación económica y despojo que ha liderado la extrema derecha durante décadas en el país.
Tampoco es cierto que el gobierno de Iván Duque haya creado una política pública para garantizar la integridad física de los líderes y lideresas sociales. El Plan de Acción Oportuna, PAO, que no pasó de ser eso, un plan, fue criticado por las plataformas de derechos humanos por desconocer lo avanzado en esta materia en el Acuerdo de Paz de 2016, y el CONPES 4063, publicado a última hora (diciembre de 2021) para la protección de estas personas, en nada contribuyó, pues aún no se ha aplicado, a prevenir el volumen de homicidios contra estas personas y otras muchas agresiones, las cuales sobre pasaron las 3.800 en estos cuatro años.
Por todo esto y mucho más, las palabras pronunciadas por Iván Duque en el Congreso de la República son vacías y muestran una vez más, el disfraz de demócrata que porta, pero que en realidad toda su gestión se encaminó a destrozar los acuerdos de paz y simular su implementación. Similar comportamiento tuvo con el compromiso adquirido ante la comunidad internacional y el movimiento de derechos humanos, en San José de Apartadó, el 18 de agosto de 2018, de proteger a los líderes y lideresas sociales.
_____________________
[1] Hambre y Guerra: el legado del aprendiz. Balance del último año de Gobierno de gobierno de Iván Duque. pág. 12. Plataformas de Derechos Humanos: Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, y Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. Recuperado de: El Legado del aprendiz.pdf
[2] Programa Somos Defensores. www.somosdefensores.org
[3] Blue Radio. Mayo 13 de 2022. El ‘jalón de orejas’ del general Wilson Chawez a coronel por informe de erradicación de cultivos. Recuperado de: https://www.bluradio.com/nacion/el-jalon-de-orejas-del-general-wilson-chawez-a-coronel-por-informe-de-erradicacion-de-cultivos-rg10
[4] Infobae, junio 27 de 2022. Colombia cultiva menos coca, pero produce más cocaína: Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la ONU. Recuperado de: nfobae.com/america/colombia/2022/06/27/colombia-cultiva-menos-coca-pero-produce-mas-cocaina-informe-mundial-sobre-las-drogas-2022-de-la-onu/
[5] CICR, julio 27 de 2022. Actualización sobre la situación humanitaria en Colombia. Recuperado de: https://www.icrc.org/es/where-we-work/americas/colombia
[6] FIP. Informe 36. Ni paz ni guerra Escenarios híbridos de inseguridad y violencia en el gobierno de Iván Duque. Recuperado de: https://ideaspaz.org/media/website/FIP_Infome_NiPazNiGuerra.pdf
Diana Sánchez Lara, Directora Asociación MINGA
Foto tomada: Pacifista
Deja un comentario