Los métodos de destrucción de los liderazgos sociales van desde la cooptación, la criminalización, la persecución, la intimidación y el desplazamiento, hasta la eliminación física de quienes logran niveles de reconocimiento y representatividad en contextos sociales y territoriales donde predominan los intereses de grupos minoritarios de poder.
En esta dinámica, son numerosas las historias de destrucción de organizaciones sociales y comunitarias e, incluso, de partidos políticos de estirpe popular que han sucumbido o han debido reconstruirse en medio de dificultades y persecuciones. Tal es el caso de organizaciones indígenas, afros y campesinas, de sindicatos agrarios y urbanos; de organizaciones comunales y estudiantiles y, por supuesto, de organizaciones políticas, donde el caso más emblemático es el de la Unión Patriótica y su práctico exterminio a través de métodos sicariales durante finales de los años ochenta e inicios de los noventa, con más de seis mil militantes asesinados.
Este genocidio fue reconocido por el gobierno colombiano en 2016 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos este caso, por las sucesivas y graves violaciones cometidas contra los miembros de la UP, a partir de 1984. Por ello, la CIDH determinó que Colombia es responsable en las dimensiones de respeto y garantía de los derechos de los miembros de la UP.
Pero, esta historia, como lo muestran los hechos y estadísticas actuales, no es cosa del pasado. Como lo expresa el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- Indepaz- en informe reciente donde, junto con Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, Campesina y Popular, como lo presenta Contagio Radio (17, 07,2020), plantea que 971 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, con base en datos obtenidos desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 15 de julio de 2020. El Informe afirma que durante el gobierno de Iván Duque han sido asesinadas en Colombia 553 personas defensoras y líderes y que en 2020 van 173 homicidios siendo los campesinos las víctimas más numerosas con 342 casos, seguido de los indígenas con 250, las organizaciones cívicas con 124 y afrodescendientes con 71. Al tiempo, durante este período, en lo que va corrido del Acuerdo de Paz, han sido asesinados 218 excombatientes. También, es de señalar que Colombia se ha constituido en el país más letal para los liderazgos ambientales al lograr un infame primer lugar en el mundo, con respecto al asesinato de líderes ambientales. Como lo registra Pacifista (30,07,2020), de 212 defensores del medioambiente asesinados en el mundo durante 2019, cerca de un tercio de dichos asesinatos ocurrieron en Colombia.
En contraste con este informe, la Fiscalía General de la Nación pretende reducir estas cifras a 349 víctimas. En el mismo sentido, la Consejería Presidencial Para los Derechos Humanos solo reporta 45 asesinatos en 2020. Para bajar las cifras a, prácticamente, un tercio de las que informan Indepaz y las organizaciones sociales, el gobierno y la Fiscalía se aprovechan de los informes parciales de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia –ACNUDH. Dicha información no tiene en cuenta casos que no le son notificados a Naciones Unidas o que están bajo observación y se actualizan con retraso. Aunque el gobierno lo sabe, prefiere apoyarse en cifras parciales y con ello, minimizar la problemática en la óptica del debilitamiento de la acción de las organizaciones sociales. A la postre, esto se vuelve en contra del gobierno cuando las cifras se consolidan en la ONU y queda mal parado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como se ha evidenciado a través de los Informes de Naciones Unidas y de la comisión Interamericana de Derechos Humanos. Máxime, en una coyuntura que como la actual donde la Cámara de Representantes de Estados Unidos se ha pronunciado sobre el proceso de paz, el asesinato de líderes sociales y el escándalo por las “chuzadas” realizadas desde las Fuerzas Militares contra periodistas colombianos y estadounidenses, así como contra voceros políticos en Colombia.
Aunque el gobierno Duque desestima estos pronunciamientos y hasta responde agresivamente, la coyuntura internacional comienza a pasarle factura, en medio de la propia crisis del partido de gobierno y la detención de su mentor el expresidente Álvaro Uribe, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, en el proceso que se le sigue por fraude procesal y soborno de falsos testigos, contra el Senador Iván Cepeda.
Ya se ha comentado que el gobierno ha preferido desactivar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad –CNGS- surgida del Acuerdo de Paz y en la que participaban entidades del gobierno y de la sociedad civil y creada con la finalidad de diseñar estrategias encaminadas a la desarticulación de grupos y bandas criminales. En vez de ella, creó el Plan de Acción Oportuna –PAO, sin organizaciones de la sociedad civil ni la comunidad internacional, desconociendo con ello el Acuerdo de Paz.
Ante tal panorama, en medio de la pandemia, el confinamiento y el alto nivel de exposición de los líderes y lideresas sociales en los territorios no ha quedado otro camino que el de las movilizaciones sociales, que, como la Marcha por la Dignidad, recorren los territorios y llegan a Bogotá para pedir justicia. Desde el 25 de junio y durante 15 días, líderes y lideresas de 40 organizaciones de estudiantes, indígenas, comunidades afro y campesinos recorrieron más de 600 kilómetros desde Popayán en procura de exigir al gobierno nacional acciones urgentes frente al asesinato sistemático de líderes, lideresas sociales y excombatientes.
La respuesta presidencial fue la de dar orden a la Unidad Nacional de Protección – UNP- de quitar el esquema de protección a José Milciades Sánchez, Premio Nacional de derechos Humanos, por participar de la marcha.
Paralelamente, como muestra de la carencia de voluntad y de la incapacidad gubernamental para proteger a los excombatientes se presentan fenómenos de reubicación de comunidades enteras de excombatientes y de sus familias. Así fue como el 15 de julio debieron trasladarse desde Ituango en el norte de Antioquia hasta Mutatá en la región de Urabá, 94 personas del ETCR Román Ruiz, dados los asesinatos de 11 de sus habitantes en los últimos tres años. Como lo plantean Dalby y Villalba (27,07,2020), la salida masiva de excombatientes de los Espacios Territoriales evidencia el colapso del proceso de paz, por lo que quienes dejaron las armas abandonan dichos territorios. Al respecto, muestra cómo frente a 140 exguerrilleros y sus familias que llegaron al Campamento La Elvira en el Cauca en 2017, hoy solo quedan 43.
En dicho contexto, la Jurisdicción Especial Para la Paz –JEP- ordena al Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos que en diez días contados desde el 30 de julio, convoque a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep) para que, con un plazo de 60 días, reglamente y ponga en marcha el programa de protección integral para los miembros del Partido Farc, con base en el decreto 895 de 2017. Así mismo, ordena a la Secretaría Técnica de la Comisión de Garantías de Seguridad que en sesenta días remita los lineamientos del Plan de Acción de Política Pública para el desmantelamiento de organizaciones crimínales.
También, ordena al alto Comisionado para la Estabilización, Emilio Archila, para que convoque la Mesa de Protección y resuelva en plazo de 20 días las solicitudes de análisis de riesgos pendientes, así como para que se gestionen los recursos necesarios para el Plan Estratégico de Seguridad. Igualmente, le ordena remitir los diagnósticos de la consejería sobre Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
Como bien afirma Castro (27, 07,2020), más allá de las estadísticas, la pérdida de liderazgos sociales es una pérdida para la democracia, para las comunidades, para la memoria y la historia del país. Esta reflexión parte de señalar que la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos es crítica. Las garantías no están en la agenda pública. La vulnerabilidad en que se ejercen los liderazgos, en condiciones difíciles de supervivencia y desprotección en los territorios reclama acción ciudadana, en términos de denuncia y de exigencia al Estado para que cumpla con su deber de garantizar el derecho a la vida y ejerza su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los agresores.
También, es de señalar que la muerte de excombatientes afecta, como lo señala la JEP, el esclarecimiento de la verdad acerca de los hechos del conflicto armado.
Ante este panorama, la seguridad colectiva emerge como estrategia de autoprotección, con base en enfoques de convivencia, reconciliación y defensa de los derechos humanos y se convierte en núcleo fundamental de la defensa de la vida de los líderes, de las lideresas y miembros de las comunidades en los territorios. Al respecto, las experiencias de la Guardia Indígena, la Guardia Campesina, la Guardia Cimarrona y las Comunidades de Paz constituyen bases firmes para construir la paz desde los territorios, con base en pactos y gestión de redes de protección comunitaria, como ya se ha evidenciado en territorios como el Cauca y el Catatumbo. Esto se vuelve una cuestión medular de política pública, como lo muestra el Centro de Estudios para la Paz (2018), a raíz de la realización del II Encuentro de Protección Territorial.
FUENTES:
Castro, Lourdes. La vida de los líderes y defensores se ha expuesto más durante la pandemia. Razón Pública. Julio 27 de 2020.
Contagio Radio. 971 defensores de DD.HH. y líderes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de paz. Julio 17 de 2020.
Dalby, Chris y Villalba, Javier. Excombatientes de las FARC abandonan campamentos de reincorporación en Colombia. InSight Crime. Julio 27 de 2020.
Centro de Estudios para la Paz-Cesapaz. II ENCUENTRO DE PROTECCIÓN TERRITORIAL. Octubre de 2018.
Ver: https://cespaz.com/segundo-encuentro-proteccion-territorial/
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: Semana Rural
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