En el marco de la pandemia COVID-19, ha quedado en evidencia que, no se han adoptado políticas suficientes a nivel social y económico por parte de los gobiernos y particularmente por parte del Gobierno de Iván Duque para afrontarla, pues no llegan a satisfacer las necesidades de toda la población.
La evidencia empírica sugiere que los países latinoamericanos han sido desde los tiempos de la colonia desiguales, desigualdad que se evidencia en la distribución de los recursos sociales y económicos, la gobernanza y la capacidad institucional, elementos que marcan la diferencia en el funcionamiento de las políticas públicas y en el curso de la pandemia en los países y en el caso colombiano, específicamente en los departamentos más apartados como la Guajira y Chocó donde los índices de pobreza monetaria oscilan entre el 50% y 60% de la población.
Las necesidades y carencias se manifiestan en múltiples dimensiones no sólo la monetaria que podría entenderse como la más importante, la falta de acceso a agua potable, a un sistema de saneamiento básico, la falta de electricidad, la carencia de una vivienda digna, entre otras; privaciones que se profundizan por la falta de un mercado laboral que ofrezca condiciones dignas y justas, contrario a ello vemos trabajos con bajos salarios, inestables, precarios sin beneficios sociales, un sistema que hoy tiene al 17% de la población desempleada siendo uno de los países de la región con una de las tasas de desempleo más altas registradas en el promedio de los últimos 5 años y que decir de la informalidad la cual llega al 60%.
Ante este escenario precario, la solución del Gobierno Nacional fue pasar una propuesta de reforma tributaria que en vez de contribuir a la solución de estos problemas lo que buscaba era profundizarlos gravando a la clases vulnerables y medias del país. Esta sólo fue la pequeña gota que rebosó el vaso de un cumulo de situaciones que día a día agobian a cerca de 30 millones de colombianos. Hoy nos encontramos ante una sociedad cansada de la corrupción, de la politiquería barata que no trae soluciones, de un Estado fascista que lo único que ha hecho es estigmatizar a aquellos que salen a las calles a reclamar sus derechos, matándolos vilmente, jóvenes como Dilan Cruz, Dilan Barbosa, Daniel Alejandro Zapata, Lucas Villa, quienes murieron esperando un país mejor.
En efecto, la protesta social esencial, en lo que se denominan sociedades democráticas, en Colombia, se ha convertido en un espacio donde la libertad de expresión, la demanda del cumplimiento de los derechos sociales, derechos humanos, culturales y ambientales, y la identidad de grupos que históricamente han sido discriminados, son vulnerados día a día, convirtiéndose en un campo de batalla campal donde el objetivo final resulta en no morir en el intento.
Como muchos autores en distintas publicaciones lo han presentado por estos días, el panorama colombiano se ha convertido en un Gobierno encabezado por un presidente “Sordo”, aunque es un término pequeño, para alguien que se hace el de la vista gorda, un presidente que ha ejercido acciones de represión bastante contundentes ante una sociedad que busca un sistema integral de salud, un plan de vacunación masivo y eficiente, una protección de la producción nacional con subsidios para el campesinado, subsidios a las MiPymes, puestos de trabajo dignos, soberanía y seguridad alimentaria, matrícula cero y la no alternancia educativa, la no discriminación de género, el respeto por la diversidad sexual y étnica, la derogatoria del decreto 1174, detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones áreas con glifosato, y finalmente la consecución de una política pública que garantice una Renta Básica, permitiendo en estos tiempos de pandemia tener una vida digna y la cual garantice el bienestar social.
Hoy en Colombia, hay 21 millones de personas en condición de pobreza que sobreviven con menos de $331.688 pesos mensuales y 7.47 de millones en pobreza extrema que viven con menos de $145.004 pesos al mes, es decir que se encuentran en condiciones deplorables y sus ingresos no les alcanza para suplir las calorías necesarias para mantener una buena condición de salud y a eso súmele el hecho de no tener agua potable, una exigencia mínima para prevenir el contagio del COVID-19.
Debemos ser cautelosos con lo que vemos, con la información que recibimos, pues es indignante como las redes, los noticieros, pretenden hacer ver que “el derecho a la protesta”, se convierte en actos vandálicos que con los días se van descubriendo en “personas de bien” que pretenden hacer justicia con manos propias. “Desabastecimiento”, “se metieron al conjunto”, “escases de oxígeno”, son algunas de las palabras con las que pretenden poner al pueblo en contra de él mismo.
Somos ¡la generación del acuerdo de paz!, no podemos permitir que la mal llamada Conmoción interior vuelva, sabemos que la guerra para algunos es un mal necesario, sabemos que el fin único es generar un pánico social el cuál conlleve al fin de la protesta, pero también sabemos que, si no luchamos por nuestros derechos entonces, ¿Quién más lo hará?, ahí tenemos que gracias a esas manifestaciones la reforma tributaria fue retirada, hoy los jóvenes son quienes están marcando la pauta, hoy son ellos quienes están rompiendo los paradigmas y están llegando a las calles a reclamar lo que por años nos han estado robando.
En tiempos de COVID, se esclarece que el mundo no está funcionando como debería ser, deja en evidencia que no hay acciones para garantizar el bienestar de los más vulnerables y muestra que se sigue privilegiando a ciertas clases sociales, en tiempos de COVID-19, queda en evidencia en que es hora de trabajar en la promoción de la igualdad y la promoción del bien común.
Para terminar, hay una frase de Manfred Max Neef muy pertinente por estos días, “La economía neoliberal mata más gente que todos los ejércitos del mundo juntos, y no hay ningún acusado, no hay ningún preso”. Hay que romper paradigmas, no nos dejemos confundir.
Jairo Alonso Bautista & Paula Cristina Díaz Cruz
Foto tomada de: NODAL
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