El programa de presidente Petro es ambicioso, y sus objetivos no se pueden lograr en un período presidencial de 4 años. No obstante, el Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida propone cambios estructurales que permiten ir concretando los ideales del programa de gobierno. Por su misma naturaleza, el Plan tiene que estar preocupado por los proyectos posibles, o fácticos.
1. La validez intrínseca del discurso
Desde la perspectiva habermasiana, el discurso es intrínsecamente transformador. Las ideas petristas son novedosas e invitan a pensar la realidad de una manera diferente. Este discurso es válido por sí mismo. Tal narrativa le da relevancia al ordenamiento del territorio alrededor del agua, y de allí se desprende la importancia que se le otorga a la valoración de los activos ambientales del país. Este énfasis obliga a centrar la atención en la geografía. Ninguno de los planes de desarrollo anteriores le había dado tanta relevancia a la dimensión espacial. Y este discurso se podría considerar “revolucionario”.
Los aspectos relacionados con el ordenamiento del territorio tienen que ver con dimensiones tan complejas como la violencia, la productividad, la estructura de la balanza de pagos, la transición energética y la modernización del sector agropecuario.
La ampliación del poder de los grupos armados ilegales en varias zonas del país, tiene una relación directa con el pésimo ordenamiento del territorio. Desde allí se deberían evaluar las raíces y las consecuencias de los negocios de la coca y de la minería ilegal.
En los modelos económicos que examinan la productividad, no se incluye la geografía, entendida como la conjunción de distancias y densidades. En los estudios convencionales sobre mercados laborales se supone que el empleo depende de los salarios. Y la literatura estándar afirma que a menor salario mayor empleo. En estos análisis no se incluye la incidencia negativa que tienen en la productividad las distancias y los costos de transporte. En los estudios de logística se muestra que el peso del costo del transporte en la productividad es significativo. Estos ejercicios analíticos no se han realizado de manera sistemática en el país.
El discurso presidencial invita a transformar la estructura de la balanza de pagos. El 56% de las exportaciones del país está compuesto por petróleo y carbón. De manera progresiva, la transición energética debe llevar a que una economía más limpia vaya siendo menos dependiente de los hidrocarburos, y de minerales como el carbón.
La modernización del sector agropecuario retoma las principales conclusiones de los acuerdos de La Habana. Si el territorio se organiza, y si se definen de manera adecuada la vocación de los suelos y los títulos de propiedad, es posible definir criterios tributarios, que castiguen el mal uso del suelo, y potencien aquellas actividades en las que haya compatibilidad entre la vocación y el uso del suelo. Sin la formalización de los derechos de propiedad, y sin la titulación de la tierra, no es posible modernizar el agro.
2. La facticidad de los proyectos de inversión
La realidad de los proyectos de inversión nunca será suficiente para responder a los ideales del discurso del programa de gobierno. No obstante estas limitaciones, es factible avanzar en varias direcciones que son compatibles con el ideal discursivos del discurso presidencial.
A pesar de las limitaciones fiscales, en el 2024 la suma de los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías, y de las ciudades, llega a $224 billones. Es una cifra significativa que permite lograr cambios estructurales.
Descontaminación de los ríos. A partir de ahora no se debería volver a contaminar ningún río. La puesta al día de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar) cuesta $21 billones. No tiene sentido que las garantías de crédito para la Ptar Canoas estén empantanadas por formalismos de la contabilidad financiera. Este tipo de proyectos deberían tener, sin ninguna duda, todo el apoyo del gobierno.
Acueductos para todos los municipios. Es inaceptable que el país no haya logrado la cobertura universal de agua potable. Este debería ser un objetivo prioritario. Y, de nuevo, es financiable, si se tiene como referencia los $224 billones.
Adecuación de las escuelas rurales. El mejoramiento de la infraestructura de todas las escuelas rurales del país cuesta $2,4 billones.
Transporte escolar. Ningún niño se debería demorar más de una hora para llegar al colegio. La modernización y articulación de los diversos sistemas de transporte escolar para conseguir este objetivo cuesta $2,5 billones.
El centro internacional de estudios de biodiversidad pacífica. Así como Chile tiene en el desierto de Atacama el centro mundial de astrofísica, el litoral pacífico se podría convertir en el polo de atracción de los estudios mundiales de biodiversidad. El inicio del proyecto podría costar $1,5 billones.
Cobro por congestión. No tiene sentido que el país siga estimulando el uso del automóvil privado. Se podrían diseñar mecanismos que permitan comenzar a cobrar en función del nivel de congestión.
Economía circular. Numerosos municipios tienen dificultades con el manejo de los residuos. Poco se ha avanzado en economía circular, y apenas se está aprovechando una mínima parte de los residuos.
Estos ejemplos muestran que es posible avanzar, desde ya, en el diseño de mecanismos que permitan ir alcanzando los ideales formulados en el programa de gobierno.
Jorge Iván González
Foto tomada de: Departamento Nacional de Planeación
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