Su historia está cruzada por la pobreza, la miseria, el aislamiento político, económico y geográfico. Por las violencias generadas en el marco del conflicto armado, el crimen organizado y la inacción institucional.
Hombres y mujeres que con arrojo han resistido a unos y otros por la defensa del territorio, por vías de acceso adecuadas para sacar sus productos, por hospitales y médicos para atender sus enfermos, por escuelas y profesores para que sus niños y niñas tengan sueños, por el respeto a vivir en paz.
A pesar de estas luchas y los procesos de organización social, la respuesta a su clamor siempre ha sido la misma: desarrollar grandes operaciones militares, estigmatizar de manera generalizada a sus habitantes y sostener una permanente militarización del territorio, en consecuencia, más de tres décadas sin conocer la tranquilidad.
Más una docena de estructuras armadas de las guerrillas hacen presencia en la región controlándolo todo. El Clan del Golfo intenta incursionar por la frontera sur con Cúcuta. Los carteles transnacionales de la droga dinamizan la economía no solo local sino también a nivel departamental. Alrededor de 45.000 hectáreas de hoja de coca inundan la selva, se pierde el bosque nativo y la madera fina se ha extinguido. Cerca de 15.000 policías y militares dicen estar para proteger la población, pero cada día se documentan más denuncias de malos tratos, agresiones, detenciones ilegales y falsos positivos judiciales. Como lo demuestran los 26 casos de violaciones a los derechos humanos documentados por el ministerio Público y la Fundación Progresar, cometidas en el marco del operativo conjunto Policía Nacional-Ejército, aún en marcha de retoma del área urbana en Tibú. Violaciones a los derechos humanos en las cuales, hasta el momento, nadie ha respondido.
En este escenario es que el presidente Gustavo Petro convoca al pueblo Catatumbero, en su reciente visita al municipio de El Tarra, a proponer soluciones a problemas graves como el cultivo de la hoja de coca, la educación regional y el cese de la violencia social y política. De esto la región conoce bastante. Sus habitantes han recorrido un largo camino de organización y movilización popular para ser escuchados, tienen claro sus dificultades y han dedicado su vida a exigirle a los distintos gobiernos cumplimiento a sus peticiones. Solo esperamos que esta vez si sean escuchados.
Wilfredo Cañizares Arévalo, Defensor de Derechos Humanos
Foto tomada de: El Colombiano
Deja un comentario