En lo corrido de este siglo se han presentado seis (6) leyes de financiamiento. A Pastrana le aprobaron la ley 633 de 2000; a Uribe las leyes 788 de 2002, 863 de 2003 y 1111 de 2006; a Santos la ley 1739 de 2014 y a Duque la ley 1943 de 2018, la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional debido a vicios de trámite. En otras palabras, mientras a los cuatro gobiernos anteriores les aprobaron su respectiva ley de financiamiento, excepto a Uribe que fue favorecido con tres, al presidente Petro se la rechazaron, prácticamente, sin discutirla.
Además, la deferencia entre aquellas leyes y el proyecto actual que archivó el Congreso es que aquellos no lograron poner en equilibrio la necesidad de obtener recursos con la necesidad de avanzar hacia un sistema tributario más justo. Generalmente se enfocaban en la meta de aumentar el recaudo y ese afán eclipsaba cualquier otra alternativa que estuviese encaminada a fortalecer el principio de progresividad tributaria, que en términos generales traduce: quienes más ganan o más ingresos tienen, más deben tributar. Tal vez los intereses representados en el parlamento lo impidieron.
El proyecto de ley de financiamiento del presidente Petro buscaba mejorar la redistribución del ingreso, reducir condiciones de pobreza, aliviar deudas a los hogares de menores estratos y promover la reactivación económica con justicia social.
¿Cuáles eran los objetivos del proyecto de ley de financiamiento?
El proyecto de ley de financiamiento tenía dos propósitos generales: i) generar estímulos tributarios para garantizar la reactivación económica; ii) obtener recursos adicionales para financiar el presupuesto 2025. No era fácil conciliar ambos objetivos porque parecen imposibles de lograr al tiempo. Pero el proyecto demostró que sí era posible, dejando sentencia histórica sobre cómo la redistribución del ingreso empieza con un sistema tributario justo y progresivo.
Tres meses después de radicado el proyecto de ley (diciembre 11) una parte de las comisiones económicas del Congreso, liderados por la oposición, decidieron archivar el proyecto de ley, es decir, archivaron el proyecto radicado, no la ponencia radicada para primer debate, la cual debieron haber estudiado, debatido y votado, además de que contenía cambios frente a la propuesta inicial, por ejemplo, el recaudo bajó de $12 a $9,8 billones de pesos.
Aprobar por el archivo del proyecto radicado quiere decir que no quisieron discutir nada, después de que los ponentes habían logrado configurar una propuesta producto de escuchar a congresistas, gremios y equipos de gobierno. Esto no fue tenido en cuenta, por eso no se puede decir que hubo un debate franco y mucho menos democrático, simplemente fue una versión más de la estrategia política de la oposición para obstaculizar todo lo que el gobierno proponga y seguir propinando golpes de todo tipo.
El 6 de septiembre, sin haberse radicado el proyecto de ley de financiamiento, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, anunció en tono amenazante que tenía los votos para hundir dicho proyecto. ¿Cómo puede el presidente del Congreso anuncie públicamente su intención de hundir un proyecto sin conocerlo, estudiarlo y analizarlo? ¿Cuáles eran las razones para hundirlo? Fue un acto, por lo menos, irresponsable, que deja al descubierto que no le interesa sino obstruir las propuestas del gobierno por simple cálculo político, por eso ahora no pueden venir a decir que esto fue por otra razón, como ya lo hizo el mismo Cepeda luego de hundirse el proyecto y al presentar la decisión como un acto de independencia parlamentaria: “el Congreso nuevamente demuestra su independencia, que no es apéndice del Ejecutivo. Y así como hundimos el Presupuesto General de la Nación, hoy hundimos la reforma tributaria nociva para los colombianos”.
Habla de independencia es no ser capaz de reconocer las ventajas que tenía la ley de financiamiento para las empresas, la transición energética, los municipios turísticos, entre otros. La describe como nociva porque tal vez defiende otros intereses distintos a los hogares más vulnerables y de menores ingresos a quienes se les buscaba alivios en energía y una política social más fuerte. Tal vez le parecía nocivo que los juegos de suerte y azar, por donde se movieron el año pasado $38,6 billones de pesos, tuvieran que pagar IVA.
Lo que ocurrió con la ley de financiamiento es lo mismo que ocurrió con el proyecto de presupuesto 2025: los mismos se opusieron a debatirlo y sin discusión, no aprobaron el monto, obligando al gobierno a tener que sancionarlo por decreto. Es la misma estrategia.
¿Cuáles son los impactos tras el archivo del proyecto?
- Obstáculo al proceso de reactivación: parece paradójico que el mismo día que The Economist publicó un informe ubicando a Colombia como la sexta economía dentro de los 37 países de la OCDE, una parte de las comisiones económicas del Congreso, liderados por la oposición, decidieron archivar el proyecto de ley que tenía un capítulo de reactivación económica, a través, de la reducción del impuesto de renta a las empresas. Esta es un tema que había pedido los empresarios, gremios y la misma OCDE, luego es incomprensible que se haya negado, lo cual descubre que no fue por interés general, sino por razones políticas muy particulares.
- Presión presupuestal: la aspiración de obtener inicialmente $12 billones o $9,8 billones, según la ponencia no discutida, quedó frustrada. Esto incide sobre el gasto de inversión social y tal como lo señaló el director del Departamento Nacional de Planeación – DNP, Alexander López, habrá impactos en sectores de vivienda, defensa, infraestructura, minas, DPS, entre otros. El recaudo provenía del impuesto al carbono, aumento del 20% al 25% en el impuesto de ganancias ocasionales en loterías, rifas y apuestas, recompensas por denuncias de evasión y contrabando, IVA a juegos de suerte y azar, entre otros.
- Freno al turismo como palanca para la transición económica y energética: para nadie es un secreto que el turismo viene consolidándose como un sector importante en la economía, por las dinámicas de empleo local, los encadenamientos que genera y la generación de divisas que produce, incluso, se ubica entre los cuatro sectores que más divisas genera casi sobrepasando al carbón. El proyecto de ley buscaba beneficiar el turismo al excluir de IVA los servicios hoteleros en municipios menores de 200 mil habitantes, que representan 1.089 municipios, es decir, el 99% del país.
- Alivio en la deuda de las familias por costos de energía (opción tarifaria): se pretendía que la Nación pudiera reconocer como deuda pública los saldos adeudados por los usuarios del servicio de energía eléctrica en los estratos 1, 2 y 3, con las empresas distribuidoras y/o comercializadoras, como consecuencia de la aplicación de la opción tarifaria. Las obligaciones podrían ser pagadas con bonos u otros títulos de deuda pública. Así, se dejaría de cobrar este cargo a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
- Conciliación y alivio a deudores DIAN y UGPP: se facultaba a la DIAN y a la UGPP para avanzar en conciliaciones y terminaciones de procesos sancionatorios con deudores. Asunto que traería beneficios para todos, tanto para el deudo, que puede ser persona natural o jurídica; como para la Nación por el recaudo obtenido.
Bajo estas consideraciones no es cierto entonces que este proyecto de ley de financiamiento era una reforma tributaria que ponía impuestos a diestra y siniestra, quizá era todo lo contrario, buscaba el recaudo necesario para equilibrar el presupuesto 2025, pero ajustaba el sistema tributario buscando no afectar a las personas, ni a las empresas más pequeñas y vulnerables.
Con el archivo del proyecto, sin discutir la ponencia, quedó claro que quienes actuaron así lesionaron la política social del gobierno, afectaron a las personas de menores ingresos, incidieron en la dinámica económica del 99% de los municipios del país por la vía del turismo y golpearon a la mayoría de las personas que se podrían beneficiar de las obras de infraestructura y de los proyectos de inversión que se llevarían a cabo con el recaudo que se aspiraba obtener. De esta manera la oposición notificó a quienes representa y qué intereses defiende.
Jorge Coronel
Foto tomada de: Min Hacienda
Nada nuevo hizo la oposición, demostró que los intereses politicos de clanes y feudos regionales priman sobre intereses sociales.
Si un presidente no tiene apoyo del congreso no puede hacer nada, por eso el pueblo elector debe saber que tiene que elegir congresistas comprometidos con las reformas sociales pertinentes.
Antes los congresos apoyaban los proyectos del ejecutivo porque, no afectaban sus intereses económicos y políticos. La culpa es del pueblo que no sabe elegir por múltiples razones, entre ellas el miedo y temor que les inculcan con noticias falsas .
Puede llegar otro presidente con programas reformistas concertados con sectores sociales ( como el de la ley de financiamiento) pero si el congreso es mezquino hace lo que sea para rechazarlo; lo cuestionable es que no los discuten analizan y confrontan, sino que,optan por archivar ; guardadas las proporciones similar a lo que ha el aparato judicial, dejan prescribir las investigaciones. Y seguimos creyendo que somos democracia. Jajaja