La peor parte de la violencia policial se centró en el departamento del Valle de Cauca y particularmente en la Ciudad de Cali. En los primeros días del Paro Cali se convirtió en un “laboratorio de la represión política y policial,”[ii] en el nuevo contexto de guerra contra el enemigo interno urbano.[iii] De las 60 muertes reportadas por Indepaz hasta el 26 de mayo, 42 ocurrieron entre Cali, y su vecino Yumbo, mientras otros 5 ocurrieron en Tuluá, también en el Valle.[iv] En las primeras dos semanas del paro se registraba también 152 desapariciones forzadas en Cali.[v]
Cali: el epicentro del racismo estructural y la violencia estatal
Dado que Cali es la ciudad con la segunda mayor concentración de población afrodescendiente de América Latina, surge la necesidad y la importancia de hacer un análisis étnicoracial[vi] de la respuesta del Estado al Paro. Cali es una ciudad caracterizada por el racismo estructural que ha guiado la sedimentación espacial de la desigualdad, la marginación y la segregación racial de facto. Allí la población afrodescendiente está concentrada en los barrios del oriente de la ciudad, en el Distrito de Agua Blanca, y en partes de la zona de ladera en el occidente (ver mapa 1), donde muchos son víctimas del desplazamiento forzado del conflicto armado de las regiones del pacifico y el Norte del Cauca y subsiste en medio de los peores indicadores socioeconómicos (ver mapa 2)[vii] y de altos niveles de violencia (ver mapa 3).[viii] En 2020 Cali registró 1002 homicidios entre 1 enero y 10 de diciembre concentrados mayoritariamente en barrios y comunas del oriente de la ciudad.[ix]
La “racialización territorial” y la criminalización de los barrios y comunidades afrodescendientes, soportada en estereotipos negativos sobre las personas afrodescendientes, alimenta y normaliza tanto la exclusión social como la violencia, incluyendo a la violencia policial basada en el perfilamiento racial.
Las medidas de contención del Covid-19 generaron una crisis humanitaria al impactar de manera particular a las comunidades ya empobrecidas y con mayores tasas de empleo informal y precario. En Cali, el hambre aumentó de manera proporcional a la tasa de pobreza monetaria que subió de 21,9% en 2019 a 36,3% en 2020[x] (DANE, 2021).
Los posibles impactos de la reforma tributaria propuesta por el gobierno, que advertían mayores niveles de empobrecimiento, expulsaron a las personas de los barrios más marginados y racializados a la calle en defensa de los derechos y la justicia social, recibiendo un trato de guerra cruel e inhumano por parte del Estado. El 4 de mayo la portada de la revista Q’hubo despertó bruscamente la conciencia de los caleños exponiendo la violencia racializada del Estado, a través de los rostros de 12 de las víctimas de homicidio ocurridos durante la primera semana del Paro; de los cuales 7 eran personas visiblemente afrodescendientes (ver figura 1).[xi]
¿Cómo contar nuestros muertos?
El estudio de CODHES demuestra ese impacto diferencial y desproporcionado identificando 1) la proporción de víctimas afrodescendientes dentro del universo de las víctimas y 2), la geografía de la violencia y el uso desproporcionado de fuerza en los barrios con mayor población afrodescendientes. En ese sentido, la metodología de este análisis se apoya en los números, datos y estadísticas. La racionalidad impuesta como único método válido para la interpretación de la realidad se soporta en “hechos” medibles y cuantificables y tiene como efecto colateral la tendencia a disminuir los narrativos y excluir otras lecturas posibles.
Tradicionalmente los y las afrodescendientes contamos las historias de nuestros ancestros desde la memoria, lo narrativo, los testimonios, el arte, la danza, la música, desde el sentí-pensar; la muerte de nuestros renacientes no lo narramos con números. Sin embargo, en un mundo gobernado por la supremacía blanca, en lo cual el racismo nos mata de mil maneras, nos vemos con frecuencia obligados a probar dicho racismo y su complicidad en las violaciones de nuestros derechos fundamentales a la vida y la integridad.
Nuestra sociedad niega la existencia del mismo racismo al tiempo que busca deslegitimar nuestros reclamos señalándonos de inexactos, resentidos y estancados en la historia. Nuestras denuncias de racismo institucional en cuanto a la violencia policial son desestimadas con contra-argumentos basados en el mito de algunas manzanas podridas o de daños colaterales de la acción policial legítima en defensa del bien común o de los intereses superiores del Estado.
De acuerdo al Derecho Internacional de Derechos Humanos, para probar el racismo, no es necesario probar el intento, sino el efecto.[xii] Es decir, en el caso de racismo institucional relacionado con la violencia policía, no tenemos que probar que hubo una ideología racista personal del agente responsable, ni una política institucional racista, sino que el impacto de las acciones de la policía fue desproporcionada y diferencial en los sujetos racializados. ¿Pero cuántos muertos se necesita para mostrar desproporcionalidad? Responder esta pregunta nos lleva a la horrorosa tarea de contar nuestros muertos y registrar actos de violencias con datos y estadísticas frías, con el fin de probar el sufrimiento de quienes padecen el racismo sistémico y los nuevos patrones de una practica normalizada hace cinco siglos; la violencia contra la humanidad del sujeto negro afrodescendiente.
Patrones de racismo y el uso excesivo de la fuerza en la protesta social
El análisis realizado por la oficina de CODHES Cali identificó que de las 39 personas asesinadas en Cali y Yumbo entre 28 abril y 18 mayo, 11 eran visiblemente afrodescendientes, 1 indígena, 9 mestizos y 18 aún no identificadas. Además demuestra que, la gran mayoría de las víctimas afrodescendientes e indígenas identificados son jóvenes, entre 17 y 29 años. El vacío en los datos disponibles evidencia la necesidad de mejores procesos oficiales de registro a fin de poder mostrar con certeza la identidad étnico-racial de las víctimas y reducir espacio a la duda y la especulación.
Desde el análisis territorial de la violencia se identifica que, de las 34 muertes registradas en Cali, 14 sucedieron en barrios de alto porcentaje de población afrodescendiente, 5 en barrios con mediano porcentaje y 7 en barrios con bajo porcentaje; los demás casos no registran el lugar. Además, se encontró que, aunque la mayoría (92) de los registros de las 152 desapariciones en Cali no identifican el lugar de los hechos, la información existente muestra que 22 de las 28 desapariciones con lugar identificado, sucedieron en las comunas con un porcentaje significativa o alta de población afrodescendiente.
A una semana después de la publicación del informe de CODHES las noticias no mejoran. Las ultimas denuncias de las casas de pique y fosas comunes de los desaparecidos[xiii] deja la comunidad de Cali con escalofríos, y pone aun más relevancia a la advertencia de CODHES de que estamos ante una situación de crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y genocidio. En esta deriva, es clave que el Estado preste atención en las recomendaciones del informe orientadas al ejercicio de control de Ministerio Público para eliminar el racismo institucional y la violencia sistemática contra los afrodescendientes.
La violencia y el racismo sistémico
No podemos separar la violencia policial en el marco del paro en Cali de la cadena histórica y continua de violencia estructural contra el pueblo negro apoyada en ideologías racistas. Desde el periodo esclavista hasta el actual conflicto armado, atravesado por la profundización de modelo económico neoliberal, los ingresos e intereses privados han estado por encima de las vidas negra y el racismo y la violencia operan juntos para defender esos intereses.
Los altos índices de violencia en los barrios afrodescendientes de Cali, anteriormente mencionados son parte de la violencia estructural que las comunidades viven a diario. En la violenta concentración de poder para el control de la economía licita e ilícita, las comunidades más marginadas terminan siendo, por un lado, escenarios de disputas del crimen organizado que utiliza y desecha a los jóvenes, y por otro, arrinconadas por la gran empresa como la azucarera, -que se ha apoderado de los terrenos productivos del Valle, absorbiendo y destruyendo la agricultura tradicional. Ambas modalidades usan una lógica de guerra para defender sus intereses económicos por encima de todo.
Desde la colonia hasta la fecha el proyecto económico extractivista se defiende tanto a través de la institucionalidad como con sus esquemas de seguridad privada; frecuentemente hacen uso de ambos mecanismos. Es el caso de los 5 niños afrodescendientes de Llano Verde, perseguidos, torturados y asesinados por la seguridad privada de un ingenio de Cali, que luego se apoyó en la institucionalidad policial para intentar ocultar el crimen atroz.
El patrón histórico lo reafirma Viáfara (2016) cuando recuerda que las personas negras “libres” en la zona plana del rio Cauca en la segunda mitad del siglo XIX y, (…)en el contexto del orden social de la época, eran vistos como vagos peligrosos sin moral, que amenazaban los intereses de los terratenientes blancos, payaneses y caleños, razón por la cual eran continuos los conflictos de clase e interraciales, con asesinatos de terratenientes y el fusilamiento de negros sublevados y levantamientos populares de la población negra con invasión de la ciudad y su saqueo, que pusieron en aprietos a las clases dominantes caleñas.[xiv] Patrón que se repite en el contexto del actual paro nacional, con la respuesta violenta de algunos sectores de la elite de Cali, quienes como sus antepasados, salen a defender sus intereses económicos y privados ante la supuesta amenaza de los manifestantes.
Tanto en el siglo XIX como ahora, los discursos racistas basadas en los estereotipos, el perfilamiento racial y la criminalización de los jóvenes afrodescendientes buscan justificar la violencia en su contra y al mismo tiempo asegurar la impunidad de los responsables. Tal como concluye el informe de CODHES, los discursos en los medios de comunicación que asocian a los jóvenes con pandillas y delincuentes, sin duda, busca reducir el número de asesinatos relacionadas con las protestas y, al mismo tiempo, justificar las muertes de los jóvenes negros y marginados.[xv] Ante las continuadas detenciones arbitrios de los jóvenes, que generan el riesgo de la desaparición forzada o el asesinato a personas protegidas, y un sistema de justicia permeada por el racismo institucional, es urgente el acompañamiento jurídico a las víctimas y sus familias.
Mientras pasan los días del paro, las comunidades marginadas y racializadas de Cali siguen poniendo las muertes, los heridos, los torturados y los desaparecidos. Las cifras siguen subiendo y los informes e infografías cuantitativas del sufrimiento circulan por las redes, alimentando los debates políticos nacionales e internacionales. La sociedad ha llegado a tan nivel de degradación que necesita ver números altos de víctimas y conocer miles de dramas humanos fruto de la violencia estatal para sensibilizarse del dolor del otro, condenar a los responsables y exigir respuestas urgentes para proteger la vida de las personas. De ahí que, desde la posición de poder institucional como el reciente caso de moción de censura contra el Ministro de Defensa, se hace esfuerzos por reducir el número de victimas presentado por las organizaciones de DDHH, con la pretensión de señalar las muertes y heridos como efectos colaterales aceptables dentro del proceder “profesional” de la institucionalidad policial en sus funciones al servicio de la seguridad económica de la nación.
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[i] Temblores. (25 mayo de 2021) “Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional por los hechos de violencia física y homicida cometidos por la Policía Nacional de Colombia en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional.” https://www.temblores.org/comunicados
[ii] Avila, A. (2021). Conferencia Universidad del Cauca, Homenaje a la Lucha Colectiva: III Encuentro Internacional Narrativas Afrodiaspóricos y Procesos Territoriales. https://www.facebook.com/watch/live/?v=471063270849452&ref=watch_permalink
[iii] Dentro de lo que se ha denominada revolución molecular disipada; un relato que busca justificar la represión violenta por parte del Estado de las inconformidades sociales generadas por el modelo neoliberal y su consecuente depredación de territorios y cuerpos humanos.
[iv] Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz (21 de mayo de 2021) “Víctimas de la Violencia Homicida en el Marco del Paro Nacional” http://www.indepaz.org.co/victimas-deviolencia-
homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/
[v] La Misión de Verificación del Paro Nacional en Santiago de Cal (13 de mayo de 2021). Informe 3: Reporte de Personas Desaparecidas (Abril – Mayo 2021).
[vi] Ojulari, E. y Cuero, H. (2021) “Informe Preliminar: Análisis étnico-racial del uso excesivo de fuerza por parte de los agentes del Estado en Cali”. CODHES: Cali.
[vii] Alcaldía de Cali. (2019). Cali en Cifras 2018-2019. Departamento Administrativo de
Planeación.
[viii] Alves, J. y Vergara, A. (2014) Necropolítica espacial en Cali. Universidad Icesi (mimeografiado).
[ix] El País. (11 de diciembre de 2020) “Cali superó barrera de los mil homicidios este año” https://www.elpais.com.co/judicial/cali-supero-los-mil-homicidios-este-jueves.html
[x] Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2021). Pobreza Monetaria en Colombia.
[xi] Q´hubo. (4 de mayo de 2021). “La muerte no paró en Cali.”
https://www.qhubo.com/epaper/cali/viewer.html?publication=Cali&date=04_05_20
21#page/6
[xii] Ver Convención Internacional de Eliminación de Discriminación Racial-ICERD UNGA Res 2106 (XX) (21 diciembre 1965).
[xiii] Justicia y Paz. (23 de mayo de 2021) “Cali Informe desde los sitios de detención a posible fosas comunes y casas de pique”
[xiv] Viafara, C. (2016), Des-Igualdades étnico-raciales en las oportunidades de la vida en Cali.
Investigación y propuesta de política. Centro de Investigaciones y Documentación
Socioeconómica; Facultad de Ciencias Sociales y Económicas; Universidad del Valle.
https://socioeconomia.univalle.edu.co/noticias-eventos/premios-yreconocimientos/
208-desigualdades-etnico-raciales-en-las-oportunidades-de-vidaen-
Cali
[xv] Ojulari E., y Cuero, H. (2021:20).
Esther Ojulari https://www.linkedin.com/in/esther-ojulari-52260825/ https://twitter.com/estheryemisi
Harrinson Cuero https://lasillavacia.com/users/harrinson-cuero https://www.linkedin.com/in/harrinson-cuero-campaz-110a3834/ https://twitter.com/afropacifi
Foto tomada de: El País Cali
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