Es criminal quien sonríe al crimen; quien lo ve y no lo ataca; quien se sienta a la mesa de los que se codean con él o le sacan el sombrero interesado; quienes reciben de él el permiso de vivir. José Martí
Cada cierto tiempo nos escandalizamos con el “escándalo” de corrupción de turno. Por estos días se habla de Odebrecht, Reficar y la Guajira, pero ya olvidamos los escándalos de unos años atrás: los asaltos al ISS, la DIAN, FONCOLPUERTOS, INVERCOLSA, DRAGACOL, BANPACÍFICO, BANANDINO; las rapiñas contra las licoreras y loterías departamentales; los atracos a los departamentos, municipios, EPS, hospitales, universidades; los sonados “MITI-MITI” y Agro Ingreso Seguro; la expoliación de los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes; los casos Pretelt, Nule y los Moreno Rojas; el escamoteo de los recursos de Bienestar Familiar, la red de corrupción en la Dirección de Sanidad del Ejército, etc.
Por supuesto los llamados carteles: del papel higiénico conformado por las empresas Kimberly, Familia, Papeles Nacionales y Cartones y Papeles de Risaralda; de los cuadernos integrado por Kimberly, Carvajal y Scribe; de las empresas de vigilancia del que hacían parte Centinel de Seguridad Ltda., Cobasec Ltda., Compañía Interamericana de Seguridad y Vigilancia Privada Insevig Ltda., Cooperativa de trabajo asociado Sejarpi C.T.A., Cooperativa de Vigilantes Starcoop C.T.A., Expertos Seguridad Ltda., Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltda., y Security Management Group S.A.
Y lo sorprendente es que todas esas empresas continúan funcionando como si nada hubiera pasado. Las ventajas de la libre competencia y del mercado capitalista!
El análisis, aún desprevenido de la galería de bandidos que se han visto involucrados en actos de pillaje contra los recursos públicos, no solo de índole monetaria sino también aquellos que conforman valores y principios éticos que sustentan una sociedad, arroja como resultado un denominador común: la clase dirigente.
Los niveles de corrupción reflejan de manera fidedigna el grado de descomposición ética de una sociedad. Y en Colombia, la degradación alcanza cada día niveles más bajos, al punto que la codicia de esas pandillas dedicadas a saquear las arcas públicas, no respeta ni siquiera la salud o la alimentación de los niños. Y la sociedad ahí.
Hace unos años la corrupción se identificaba con la administración pública. Ciertos empleados públicos llegaban a sus cargos por nombramiento o por elección, a aprovechar el cuarto de hora que les brindaban sus padrinos, a devolver con creces los favores de sus votantes, a llenar sus bolsillos y los de su cuadrilla.
Y en la medida en que el país pasó del monocultivo cafetero a la bonanza petrolera, que se fue acercando a la modernidad y las obras públicas empezaron a florecer en cada esquina, se consolidaron las maquinarias políticas patrocinadas por las chequeras de los contratistas cuyo fin era y sigue siendo apoderarse de los recursos públicos. La dirigencia política toma el poder, para repartir entre la dirigencia empresarial privada los recursos de la nación, ante la mirada complaciente de muchos. La corrupción dejó de ser un asunto de algunos funcionarios públicos para convertirse en una vergüenza nacional. Es corrupto el estudiante que plagia un trabajo de grado, son corruptos los empresarios que amañan los precios con la competencia, son corruptas las universidades que venden títulos y los estudiantes que los compran, son corruptos los políticos que le cobran porcentaje a sus cuotas burocráticas y son corruptos los empleados que las pagan.
La corrupción avanza íntimamente ligada a la clase política, en sus diferentes vertientes. Políticos de la vieja escuela y también de la nueva, llegan al poder gracias a las maquinarias electorales, verdaderas empresas criminales cuyo único fin es apoderarse de las arcas públicas y para ello recurren a la compra de votos y a la corrupción del elector. Una vez en el poder, su tarea es devolver los favores recibidos a sus patrocinadores, a través de contratos, licitaciones y nombramientos en cargos públicos a sus favorecedores. Entre la baraja de cargos están, entre otros, las designaciones de Ministros, Secretarios, Gerentes y Directores; y las nominaciones de aquellos que deben ser “elegidos” de ternas por parte de los órganos legislativos, como es el caso del Fiscal, del Procurador y del Contralor a nivel nacional. Y ese mismo esquema de comprar y pagar se repite a nivel departamental y municipal.
Será por eso que ciertas investigaciones en la Fiscalía y en la Contraloría, avanzan o se estancan, dependiendo de quien dirija esas entidades? Si la corrupción marcha de la mano con cierta dirigencia política, aquella se acrecienta cuando la justicia se quita el sombrero para hacerle la venia.
Cuando el Legislativo y el Ejecutivo meten la mano para postular candidatos a las Altas Cortes o a los órganos de control, se pierden totalmente los principios de autonomía e independencia y constituyen un factor de riesgo de corrupción en el ejercicio del cargo, a la vez que se politiza y contamina la designación. El elegido habrá de devolver favores mediante nombramientos de familiares de quienes lo eligieron.
El paso de los años ha ido fortaleciendo verdaderas mafias dedicadas al saqueo del erario público, en las cuales existen jerarquías, división del trabajo y reparto de los territorios. No es gratuito que ciertas instituciones, dependencias y Ministerios se adjudiquen a ciertos sectores políticos. Ejemplo de ello es la antigua Caja Agraria en poder del Partido Conservador.
Recordemos que Salvatore Lucania, el célebre Lucky Luciano (1897-1962) organizó la Mafia como una “máquina de hacer dinero”. Acusado de proxenetismo en 1936, fue encarcelado pero dejado en libertad y deportado a Roma por los estadounidenses, a cambio de ayudar a las tropas aliadas en la invasión a Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial; Luciano utilizó sus conexiones con los diferentes mafiosos de la isla para facilitar el desembarco. Ahí tenemos una moderna lección de contubernio simbiótico entre Mafia, política y Estado.
En palabras de Naciones Unidas, “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
Acorde con esa preocupación, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), conocida como la Convención de Mérida (México) fue adoptada en diciembre de 2003. Y unos años atrás, el 29 de marzo de 1996, se adoptó en Caracas la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita por el Estado colombiano en esa fecha y ratificada el 25 de noviembre de 1998. En términos de esta Convención, las autoridades centrales colombianas que deberían liderar la lucha anticorrupción son el Ministerio del Interior y de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, y la Contraloría General de la República. Pero sus resultados poco y nada se ven. En dónde estaban esas autoridades, nacionales y departamentales cuando se robaron los recursos de la salud en la Guajira o Córdoba?
La derrota de la corrupción debería sobrepasar la agenda legislativa y ocupar la agenda educativa. Que desde la escuela se aprenda a cerrarle el paso a los corruptos, a decirle no a los atajos, no a la complacencia frente a los poderosos.
Cabe preguntarse cuál ha sido el papel de la sociedad colombiana en el auge y florecimiento de la corrupción, al igual que ocurrió con el paramilitarismo y el narcotráfico. Y cuál ha sido el rol de los grandes medios de comunicación que se financian con recursos públicos a través de la publicidad y cuyos propietarios están conformados por grandes emporios económicos muchas veces ligados a la política.
No es del todo acertado afirmar que la corrupción ha carcomido todos los estamentos de la sociedad, cuando los innumerables casos muestran que los corruptos están enquistados en los órganos de poder político, económico, militar.
Sabemos que “estos gobiernos son incorruptibles: Nadie puede persuadirlos a ser honestos”. Pero la sociedad sí está en mora de asumir un papel más activo y decidido en la lucha contra los corruptos. De lo contrario estaremos encarnando la sentencia de Martí: “Es criminal quien sonríe al crimen; quien lo ve y no lo ataca; quien se sienta a la mesa de los que se codean con él o le sacan el sombrero interesado; quienes reciben de él el permiso de vivir”.
José Hilario López Rincón, Abogado
Bogotá 1 de febrero de 2017
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