“Llegaban, se llevaban a los jóvenes, los montaban a las tanquetas y los desaparecían”.
La eliminación del mural que conmemora a las víctimas de la Operación Orión contra la Comuna 13 de Medellín ha generado un intenso debate sobre la memoria histórica y la forma en que las autoridades enfrentan y entienden el pasado reciente del conflicto armado en Colombia. Este tipo de acciones puede interpretarse de varias maneras y suscita preguntas sobre las intenciones de la alcaldía.
Por un lado, la decisión de eliminar estos murales puede ser vista como un intento de silenciar la memoria de las víctimas y borrar, condenando al olvido, un capítulo doloroso de la historia de la ciudad. En un país donde la reconciliación y la verdad son fundamentales para avanzar hacia una paz duradera, desestimar las conmemoraciones de las víctimas es un ataque frontal a su dignidad y a su derecho a memoria, verdad y justicia.
Por otro lado, la alcaldía, en elocuente cinismo, bien podría argumentar que su intención es embellecer la ciudad y promover una imagen más positiva de Medellín. Sin embargo, la forma en que se lleva a cabo esta “embellecimiento” puede ser problemático puesto que implica eliminar un registro social y político de nuestra historia e ignorar las experiencias de quienes han sufrido a causa de la violencia.
La acción refleja, sin duda, tensiones políticas y sociales en Medellín, donde distintas narrativas sobre el pasado y el presente a menudo chocan. Y en este contexto es importante considerar el papel de la memoria colectiva y cómo esta sirve a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, en la que el horror del pasado se recuerde y no se repita jamás.
Eliminar los murales que honran a las víctimas de la operación Orión plantea serios interrogantes sobre los valores y las prioridades de la administración municipal que termina por ser complaciente con los victimarios y por tomar partido a favor de ellos, la violencia y de su aterradora criminalidad. La memoria histórica es un componente esencial para la reconciliación y la justicia, y cualquier intento de silenciarla puede tener consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto, además de revictimizar a las víctimas, podría incluso generar nuevos hechos de violencia.
Lo que ocurrió en la Comuna 13 en 2002 bajo el gobierno de Uribe Vélez es uno de los capítulos más oscuros en nuestra historia, y aunque han transcurrido 23 años, todavía la verdad permanece oculta, sepultada bajo kilos de tierra y pesadas capas de cemento. Sólo la memoria de las familias y su lucha por verdad y justicia continúan vivas, retando el silencio y exigiendo al Estado que busque los restos de los desaparecidos, los identifiquen y los devuelvan a los suyos.
En el 2024 la JEP ordenó intervenir la que sería la ‘fosa urbana más grande del país y, tal vez, de América Latina para buscar a los desaparecidos de la comuna 13 de Medellín, cuyos restos habrían sido enterrados en una zona conocida como La Escombrera. Se estima que allí podrían estar los restos de 522 jóvenes secuestrados, ejecutados y desaparecidos durante un operativo de guerra urbana que las Fuerzas Militares llamaron Operación Orión, nombre que remite “al cazador dibujado en las estrellas”[1]. Las labores forenses de excavación habían sido suspendidas en 2016 por orden del alcalde Federico Gutiérrez, pero hoy son realizadas por la JEP junto con la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Y su labor ya arroja los primeros resultados. El pasado 18 de diciembre le confirmaron al país que, efectivamente, como denuncian las víctimas, en este sitio hay restos humanos de personas sin identificar. Sin embargo, el reto es mayúsculo. Se trata de revisar un área escarpada de más de 36.000 metros cúbicos de tierra y excavar en algunas partes de la ladera a más de 26 metros de profundidad, pasando sobre escombros y materiales de relleno, en una superficie promedio de 7 mil metros cuadrados.
El reciente hallazgo de estructuras óseas por parte del grupo técnico forense de la Unidad de Búsqueda se dio en desarrollo de la quinta fase de intervención forense en La Escombrera iniciada en mayo de 2024 “con la adecuación del polígono delimitado para la búsqueda de personas desaparecidas. Las excavaciones iniciaron en julio y, hasta la fecha, se han removido 36.450 metros cúbicos de tierra”, indico la JEP.
“Este hecho histórico es posible gracias a la acción articulada de las entidades del Sistema Integral de Paz, que dignifica la lucha de las familias buscadoras de la Comuna 13. Durante décadas, madres, padres, esposas e hijos han insistido en la necesidad de intervenir en un lugar tan complejo para la búsqueda. Hoy, sus peticiones encuentran una respuesta concreta. Se trata de un logro sin precedentes, una respuesta institucional a sus demandas y una protección tangible de los derechos de las víctimas en Colombia. La acción efectiva del Estado dignifica a las víctimas”[2]
Cabe recordar que, en 2020, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP adoptó medidas cautelares para proteger La Escombrera, salvaguardar los derechos de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 y de las familias buscadoras, y realizar inspecciones forenses.
Ahora, tras confirmarse el hallazgo de los restos de dos personas, el presidente Petro señaló en Twitter que “la primera acción del primer gobierno de Uribe fue tomar a sangre y fuego la Comuna XIII de Medellín con el objetivo de expulsar a las milicias guerrilleras y entregar el control de este territorio a los grupos paramilitares”. Y así fue. Tres días después de ser elegido presidente, el 29 mayo de 2002, la fuerza pública ejecutó la “Operación Mariscal”, la cual irrumpió con 900 hombres de manera sorpresiva, y dejó como saldo nueve civiles muertos, entre ellos cuatro niños, 37 heridos y 50 detenidos. El apoyo de medios de comunicación y de organizaciones por la defensa de los derechos humanos, que mostraron al mundo la imagen de la población enarbolando banderas blancas logró detener dicha intervención, pero no por mucho tiempo.
El día de su posesión presidencial, el 7 de agosto de 2002, Uribe lanzó su política de “seguridad democrática”, el 11 declaró el Estado de Conmoción Interior y ordenó recuperar la Comuna 13. Tras la “Operación Antorcha”, llevada a cabo el 15 de agosto, el 16 de octubre se dio inicio a la “Operación Orión” sobre la Comuna 13 San Javier. Más de 3.000 hombres pertenecientes a cinco batallones de la IV Brigada del Ejército, del Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas (FUDRA), del Batallón contraguerrilla del Ejército, efectivos de la Policía Metropolitana y de la Policía de Antioquia, con el apoyo de agentes del DAS, ingresaron a los barrios portando todo tipo de armamento de guerra, incluyendo armas largas, francotiradores, helicópteros artillados y tanques blindados, ninguno apto para uso en áreas urbanas y pobladas.
Las milicias guerrilleras respondieron al ataque, pero pronto fueron reducidas ante el poder bélico del Estado. Los habitantes de la Comuna 13 quedaron en medio del fuego cruzado y a manos del ejército y la policía que efectivamente como dijo Petro y fue documentado, “transfirieron el mando de la zona de unos grupos ilegales, que la élite del Poblado consideraba enemigos, a otros grupos ilegales que esa misma élite consideraba amigos, e incluso, dirigía: los paramilitares. Y bajo su control desaparecieron más de 500 jóvenes y líderes sociales”. Las familias que lograron escapar se desplazaron a otras regiones.
Un sobreviviente de la masacre y de los fusilamientos masivos, realizados a orillas de La Escombrera, como hicieron los nazis bajo la llamada “solución final a la cuestión judía” en la Rusia ocupada, vio cuando agentes del CTI de la Fiscalía ejecutaron jóvenes indefensos y los arrojaron a las fosas de los escombros. Varios paramilitares confesaron haber recibido para este y otros asesinatos en masa o selectivos, el apoyo de la fiscalía de Luis Camilo Osorio, el mismo que Uribe decía había que clonar y cuyo apoyo al paramilitarismo premió enviándolo como embajador de Colombia ante Italia, Grecia, Malta, Chipre, San Marino, ante la FAO y a México. “La gente le tenía miedo a la Fiscalía, sabía que estaba al servicio de los paramilitares. Por eso no se denunciaba porque cuando se hacía al otro día aparecía la persona muerta o sin cabeza o degollada, con un letrero que decía “este murió por sapo”[3].
Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, jefe del Bloque Cacique Nutibara que operaba en la zona en la época de hechos, declaró que en la Comuna 13, incluida La Escombrera y en La Arenera habría más de 100 fosas comunes donde estarían enterrados buena parte de los desaparecidos que dejó la incursión estatal y paramilitar.
Pero ahí no para el horror de la Operación Orión. Los sobrevivientes cuentan que la población fue aislada e intimidada, nadie sale, nadie entra. Soldados y paramilitares dispararon indiscriminadamente contra viviendas de civiles, ejecutaron menores de edad, entraron al amanecer a las casas y se llevaron a rastras a los jóvenes, sin órdenes judiciales, incluso cuentan que a una humilde mujer que vendía arepas, le cortaron la cabeza, jugaron futbol con ella y desaparecieron a sus sobrinos. Sacaron también mujeres de sus casas, las violaron y las quemaron. Un testigo contó a la Comisión de la Verdad que militares se llevaron a los jóvenes a la Loma, los pusieron a cavar sus propias fosas, luego los mataron, los lanzaron por el acantilado y echaron sobre ellos cemento y después tierra. Esos cadáveres nunca los van a encontrar porque están debajo de una lápida de cemento…”[4].
Un paramilitar declaró: “La entrada a la Comuna 13 se hizo aprovechando la Operación Orión. Recibimos ayuda de todas las autoridades. La orden que dieron fue acabar con las milicias y quedarnos en la zona. Para ser sinceros, toda la Policía nos ayudó”. Todas estas denuncias deben ser investigadas con rigor y de confirmarse la justicia no puede seguir evadiendo su responsabilidad.
Al frente de la Operación Orión estuvo el general Mario Montoya Uribe, como comandante de la IV Brigada del Ejército, ahora investigado por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y quien irá próximamente a juicio adversarial en la (JEP) por no reconocer ante esta instancia su responsabilidad en al menos 118 falsos positivos ocurridos en el Oriente de Antioquia. Sin embargo, Álvaro Uribe insiste en defender a su aliado, el mismo que pedía resultados medibles en litros de sangre, que fue acusado de corrupción, de vínculos con el paramilitarismo y de al menos 104 asesinatos, y afirma: “El ‘General Montoya ha sido un héroe de la patria’.[5]
El ex general podría ser condenado a 20 años de prisión, pero no sería suficiente ni siquiera la condena ejemplar de oficiales bajo su mando, pues la “debida obediencia” no exonera de responsabilidad penal. El país debe conocer toda la verdad de este capítulo de horror y sevicia protagonizado por esa funesta alianza entre un sector de las Fuerzas Militares de Colombia y narcoparamilitares, que contaron con la tolerancia, el respaldo y el apoyo de casas políticas y organismos de inteligencia y de control del Estado. La dimensión de lo acontecido en la Comuna 13 de Medellín obliga a reconocer y dignificar la memoria de las víctimas, a buscar justicia ejemplar y a investigar a toda la dirigencia política y empresarial antioqueña que fue cómplice de este genocidio. Y no se trata de “embellecer” la Comuna pintando y sembrando flores, de convertirla en sitio turístico y hacer de cuenta que aquí no pasó nada, como pretende el actual alcalde de Medellín. La verdad de las víctimas no puede ser escondida y tampoco negada. El tiempo les está dando la razón.
Ahora, en un acto de resistencia popular, le dicen al alcalde de Medellín y al país que las víctimas existen, piensan, hablan, exigen y recuerdan, y junto a ellas hay una comunidad resiliente que se niega a la indiferencia y al habitual “dejé así”. Cerca de 200 personas, con brochas, rodillos y escaleras, se reunieron esta semana para restaurar el mural “Las cuchas tenían razón”, el cual hace referencia a los hallazgos de cuerpos en La Escombrera, provenientes de la Comuna 13 de Medellín.
“La pieza original contenía tres elementos simbólicos: la frase “Las cuchas tienen razón”, que hace referencia al colectivo Mujeres Caminando por la Verdad; la imagen de Margarita Restrepo, una de las mujeres emblemáticas del colectivo que busca a su hija desaparecida; y la figura distorsionada del expresidente Álvaro Uribe con la frase “Yo di la orden”, relacionada con la Operación Orión de 2002 en la comuna 13”[6].
El interés en la Comuna 13 es estratégico
Ubicada al occidente de Medellín, la Comuna 13 San Javier está integrada por 19 barrios “legales” y otros tantos “ilegales”. “En este lugar vive una buena parte de población oriunda del Urabá antioqueño y chocoano. Desde los años 80, también se dio la presencia de miembros de grupos guerrilleros, como las FARC y el ELN, así como un grupo que se autodenominó Comandos Armados del Pueblo (CAP), que también se enfrentaba al Estado. Desde comienzos de la década de 2000, los paramilitares empezaron tener presencia en la comuna y a disputarles el control a las anteriores organizaciones. Según las mujeres entrevistadas, además de la disputa militar, el valor del territorio tiene que ver con que es un corredor con diferentes significados.
La Comuna 13 es un punto estratégico. Es un corredor. Usted por la montaña llega a esas partes de Chigorodó. Es muy rico en cosas mineras. Hay mucha tierra ahí. Diferentes materiales de explotación. Es un corredor para pasar drogas, armas. El viaducto de la gasolina que pasa por ahí. Entonces ellos distraen aquí el problema que hay dentro de la comuna 13. Ponen a la Policía y Ejército a manipularlos. Los distraen para ellos hacer capitales con la droga y las armas”[7].
Hoy es un sitio de memoria, que cuenta la historia de un crimen de Estado masivo que sumió en el terror a una población indefensa, como dice el escritor Pablo Montoya en su novela, La sombra de Orión, y es un grito que no cesa ni se extinguirá hasta que la verdad sea revelada, su víctimas dignificadas y reconocidas, y sus verdugos condenados.
En memoria de Sandra Vélez, la primera víctima de la Operación Orión, de la fiscal Yolanda Paternina y de los investigadores del CTI que se negaron al crimen y fueron asesinados, y de todas las víctimas de crímenes de Estado en Colombia.
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[1] Montoya, Pablo; “La sombra Orión”. Pág.17. Grupo editorial Penguin Random House. Primera Edición, febrero de 2021.
[2] JEP; “La JEP y la Unidad de Búsqueda hallan las primeras estructuras óseas en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín”. Comunicado conjunto Nro. 20. Bogotá, 18 de diciembre de 2024. Ver en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/-la-jep-y-la-unidad-de-busqueda-hallan-las-primeras-estructuras-oseas-en-la-escombrera-de-la-comuna-13-de-medellin.aspx
[3] Verdad Abierta; “Mujeres víctimas de la Operación Orión en Medellín”. Bogotá, 14 de noviembre de 2013. Ver en: https://verdadabierta.com/mujeres-victimas-de-la-operacion-orion-en-medellin/
[4] Ídem.
[5] El Tiempo; “General Montoya ha sido un héroe de la patria’: Álvaro Uribe”. El expresidente se refirió al general (r) Montoya tras la audiencia de este miércoles en la JEP. Bogotá, 14 de febrero de 2020. Ver en: https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/alvaro-uribe-dice-que-el-general-mario-montoya-que-ha-sido-un-heroe-de-la-patria-462340
[6] El Espectador; Pintaron de nuevo mural sobre La Escombrera que borró la Alcaldía de Medellín”. Enero 15 de 2025. Ver en: https://www.elespectador.com/colombia/medellin/pintaron-de-nuevo-mural-sobre-la-escombrera-que-borro-la-alcaldia-de-medellin/
[7] Verdad Abierta; Op.Cit.
Maureén Maya
Foto tomada de: El Colombiano
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