Con el ánimo de resolver buena parte de los factores que entorpecen el ejercicio de la justicia en el país, el Gobierno presentó un proyecto celebrado por unos y criticado por otros, carente de una convocatoria amplia que movilice tanto a expertos e interesados directamente como a la ciudadanía en general. Obviamente, hay temas que solamente los entendidos pueden analizar con seriedad, pero hay otros que no escapan al ojo avizor de cualquier ciudadano.
El proyecto del Gobierno contiene varios puntos polémicos relacionados con períodos institucionales y la prohibición a los altos cargos de prolongar su período; audiencias de ratificación para confirmar la elección de ciertos cargos; el fin de favores burocráticos a magistrados; el incremento de requisitos para acceder a la magistratura de la Corte Constitucional; la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y su remplazo por una Comisión de Disciplina Judicial así como la unificación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Temas todos de enorme trascendencia relacionados con la necesidad de reformar la administración de justicia que no opacan, empero, tres asuntos de la mayor importancia, a saber: la eliminación de facultades electorales a las altas cortes, la facultad del Presidente de la República para nombrar el Fiscal General de la Nación en caso de que la Corte Suprema de Justicia se tarde más de un mes en elegirlo, y la restricción del derecho de tutela.
Colombia es prácticamente el único país del mundo donde los magistrados dedican buena parte de su tiempo a asuntos de elecciones, anteponiendo los nombres de las personas que deben ser elegidas a los asuntos que deben ser resueltos jurídicamente. En este sentido, es un acierto suprimir las funciones electorales de los magistrados, de modo que tanto el Procurador, el Auditor y el Registrador pasarían a ser elegidos por el Congreso por convocatoria pública. Solamente se mantendría la facultad de la Corte Suprema de elegir al Fiscal General porque hace parte de la Rama Judicial. En cuanto a que sea el Presidente de la república el llamado a nombrar el Fiscal cuando no haya acuerdo en la Corte, es reforzar el poder ejecutivo en un país donde el presidencialismo mantiene en jaque permanente el principio de la división del poder público.
Más criticable, sin embargo, la propuesta de limitar la acción de tutela, orientada al respeto de la dignidad y los derechos fundamentales de toda persona. La propuesta del Gobierno exige la legitimidad del accionante para presentarla; la misma no podría presentarse en cualquier momento como ocurre ahora y no podría presentarse sino ante un juez que pertenezca a la jurisdicción y especialidad del tema. En el articulado se delega en una ley estatutaria la reglamentación del procedimiento para los casos en que la tutela se ejerza contra providencias judiciales, incluyendo el término de caducidad y las instancias. Se plantea también que la acción de tutela solo cabría cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial o para evitar un perjuicio irremediable. Igualmente, establece que una ley deberá decir en qué casos procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte gravemente el interés colectivo.
De aprobarse el proyecto del Gobierno, una persona no podría actuar en defensa de los derechos fundamentales de otra cuando, por cualquier caso, no pueda actuar directamente. Al no poderse reclamar de cualquier juez, el proyecto pretende especializar lo que actualmente es de obligatorio conocimiento y observancia por todos los jueces, es decir, el respeto de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución. En suma, recortar la democracia.
¿Comparte este proyecto la visión restrictiva expuesta en otro ámbito por el ministro de Defensa quien arremetió contra la protesta social declarando que las manifestaciones de descontento son financiadas con dineros ilícitos procedentes de grupos vinculados al narcotráfico o a mafias internacionales? ¿O a lo que ha anunciado la ministra de Trabajo quien asegura que el mundo ha cambiado y que hoy se requiere mayor flexibilidad en las normas laborales si se quiere generar más empleo formal?
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Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario
Foto obtenida de: Ámbito Jurídico
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