El supuesto de que los bajos salarios implican una producción barata y el de que los altos son causa de precios elevados se hizo hace tiempo ejemplo vulgar de una falacia económica a la que se inclinan las mentes no acostumbradas a pensar.
Maurice Dobb (Salarios)
Está demostrado que las garantías laborales, el incremento del salario, las prestaciones y derechos de los trabajadores no atentan contra la actividad económica, no aumentan los precios, ni generan desempleo. Hay otros elementos incluso más importantes que impactan de manera negativa sobre el empleo, como los costos de transporte o las tasas de Interés, que el Banco de la República se niega a bajar, a pesar del descenso continuo de la inflación y los datos positivos sobre el crecimiento económico. Durante años la derecha en todas sus vertientes ha querido generar temor “advirtiendo” que un aumento “desproporcional” de los salarios afectaría la inflación y desestimularía la generación de empleo en el país.
Nada de eso sucedió en la práctica, pues según datos del DANE la economía colombiana creció 1.7% en el 2024 (frente a un 0.6% en el 2023), la inflación viene descendiendo ininterrumpidamente desde marzo 2023 (hoy se encuentra 5,2%) y el desempleo ha estado disminuyendo (de acuerdo con el DANE, la población ocupada creció en 878.000 personas, llegando a 22,9 millones. Así, la tasa de desempleo en Colombia en enero de 2025 fue de 11,6%, 1,1 p.p. menos que en enero de 2024, que fue 12,7%). Es la mejor cifra de los últimos años. Todo esto en un contexto favorable de reactivación económica y aumento real de los ingresos por salario, cuyo incremento nominal fue de 16%, 12% y 9,5% en el 2023, 2024 y 2025, respectivamente.
En relación con esta reforma laboral y las “razones” que tuvo el Congreso para archivarla, hay que precisar que una reforma no está hecha para generar empleo, sino para garantizar derechos o destruirlos. Esto último fue lo que ocurrió en el 2002 durante el Gobierno de Álvaro Uribe con la ley 789. De acuerdo con Jorge Coronel, asesor del Ministerio de Hacienda:
“Quienes se oponen a la reforma laboral confunden derecho al trabajo con política de empleo. Claramente ninguna reforma laboral es una política de empleo, así lo establece el marco constitucional. Por tal razón, la Ley 789 de 2002 salió muy mal, pues se vendió como una política de empleo cuando en el fondo lo que buscaba era lesionar severamente el derecho al trabajo y lo logró” (La República, marzo 19 de 2025).
Engañaron al trabajador tanto como al desempleado: con la excusa de crear nuevos empleos les quitaron sus derechos y los precarizaron. Y es lamentable que veinte tres años después no exista un estudio concienzudo que analice los efectos que provocó, no solo para el bienestar de los trabajadores, sino para la economía misma del país, desmontar los derechos laborales y restarles poder adquisitivo a los trabajadores. A los empresarios, políticos, comunicadores y economistas oficiales del establecimiento parece no importarles en absoluto si el empobrecimiento de los trabajadores por la pérdida de sus derechos generó algún impacto negativo en la economía nacional o si se destruyeron empleos por la caída de la demanda agregada a causa de la disminución del consumo. Para no hablar de la precaria estructura productiva del país que no ha progresado desde entonces.
Quienes se oponen a esta reforma laboral aducen que ella no crea nuevos empleos, sino que, antes bien, a causa del aumento de los costos laborales, los destruye. Esta razón parcial deja de lado lo que debe ser la segunda parte del argumento: ese mayor costo laboral, que terminará en los bolsillos del trabajador, ¿a dónde finalmente se dirige? ¿No es acaso al consumo de bienes y servicios? La redistribución del ingreso en forma salarial estimula los gastos de consumo, pues los trabajadores gastan casi todos sus ingresos debido a su baja capacidad de ahorro. De modo que un aspecto faltante e importantísimo de la discusión debe detenerse en el análisis del impacto que un mayor ingreso del trabajador tiene en la demanda agregada, concretamente en el consumo. Esto último no pueden verlo los “técnicos” del Banco de la República, que son en parte responsables de haber instalado en la opinión pública un concepto bastante limitado sobre la reforma.
Ahora bien, las investigaciones económicas y análisis de mercados del Banco de Bogotá han revelado que el aumento del gasto público (+35%) y el aumento del consumo de los hogares han reactivado hoy la economía. En su último informe escribió:
“El consumo de los hogares se ha vuelto la base de la recuperación económica. En el inicio de 2025, el resultado del comercio reflejó un consumidor colombiano volcado en adquirir bienes durables […]. Esa mayor demanda de bienes no solo ha favorecido el comercio, sino también ha dado un impulso a la manufactura que en enero completó tres meses con tasas de expansión. La mayor demanda por bienes no ha sido en sacrificio del consumo de servicios, pues estos también gozaron de buenos registros en enero (Banco de Bogotá, marzo 14, 2025)
Pero este Congreso (en particular la camarilla de senadores que en la comisión séptima se amangualó para tumbar cualquier propuesta de reforma del Gobierno), sin discutir en absoluto la cuestión, en un ataque de furia antipetrista archivó de tajo la reforma, y creyendo dañar al Gobierno que detesta, terminó afectando los derechos laborales de millones de trabajadores. Entre la derecha y los grandes propietarios colombianos es de común aceptación que sus beneficios no pueden aumentar jamás como no sea mediante una reducción de los salarios. No los anima la productividad, el rendimiento laboral o la intensidad del trabajo, sino una prolongación extenuante de la jornada laboral a muy bajo precio. Esta es la razón por la que Colombia a pesar de ser madrugador es también el país menos productivo de la OCDE.
En Colombia, actualmente, la jornada diurna comprende el horario de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Extender de tal modo la jornada diurna no es acaso una manera muy sutil de esclavizar? En El capital escribió Marx que “en la historia de la producción capitalista, la reglamentación de la jornada de trabajo se nos presenta como una lucha por sus límites” (Marx, 2014, p. 314). En Colombia esa lucha sigue aún por darse, y se dará pronto en la forma de un conflicto abierto entre clases.
Ahora bien, el archivo de la reforma laboral tiene al menos tres consecuencias inmediatas: i) se impide que se restituyan condiciones de justicia social para el trabajo digno; ii) se restringen los ingresos de los trabajadores; y iii) se amplía en general la brecha de desigualdad social. En su libro El precio de la desigualdad, J. Stiglitz escribe que “el desempleo puede achacarse a una insuficiente demanda agregada; en cierto sentido, toda la disminución de la demanda agregada hoy en día puede achacarse al extremo grado de desigualdad” (2012, p. 137). Los ricos de Colombia han optado por promover un sistema tributario injusto incapaz de recaudar ingresos adicionales para financiar el gasto público, y han persistido en la idea equivocada de mantener bajos los salarios restringiendo el consumo en medio de una pobre productividad y una precarísima capacidad instalada. “La disminución de productividad del trabajador con un sueldo más bajo es mayor que el aumento de productividad del trabajador con un sueldo más alto, de forma que la productividad total disminuye (Stiglitz, 2012, p. 157). Así pues, un alza en la productividad no solo compensa, sino que incluso reduce el costo-salario para producir una cantidad determinada. Es decir, un alza de los salarios no se traduce en un alto costo si al mismo tiempo aumenta la eficacia del trabajo.
Un círculo muy reducido de poderosos, ricos empresarios y políticos a sueldo voceros de sus intereses, insisten en la necesidad de restringir al máximo posible la participación de los trabajadores en la riqueza social que ellos producen. Bajo las actuales relaciones de producción, la utilidad que el trabajador extrae con su trabajo no se deriva de lo que él produce, sino de lo que recibe a cambio de producirlo en un tiempo dado: “Los salarios – escribe Adam Smith en La riqueza de las naciones– son en todas partes pagos que tienen lugar cuando el trabajador es una persona y otra el propietario del capital que lo emplea” (2019, p. 110). De esta situación económica brota un conflicto social que se traduce en una lucha política frontal entre trabajadores y dueños del capital que Smith registró bien:
“Los primeros -dice- están dispuestos a asociarse para elevar los salarios, y los segundos para disminuirlos. […] Los patronos, al ser menos, pueden asociarse con más facilidad, y la ley, además, autoriza o al menos no prohíbe sus asociaciones, pero sí prohíbe la de los trabajadores” (Smith, 2019, p. 111).
Por su parte, en sus Manuscritos de economía y filosofía de 1844, Marx, influenciado por Smith, reafirma esta contradicción y con ella abre el texto afirmando que “el salario está determinado por la lucha abierta entre capitalista y obrero” […] La unión entre los capitalistas es habitual y eficaz; la de los obreros está prohibida y tiene funestas consecuencias para ellos” (Marx, 1980, p. 51).
El trabajador extraerá más utilidad cuanto más trabaje, es decir, cuanto más produzca una riqueza que no será suya, pues solo una pequeña porción del producto se destina para él en forma de salario. Si quiere ganar más, el asalariado debe entregarse en cuerpo y alma a su trabajo. “Trabajar, trabajar y trabajar”, así reza la estúpida y astuta máxima que convierte al trabajador en animal de carga. El trabajador participa de la producción en un alto porcentaje, sí, pero su salario es apenas una pírica retribución para su subsistencia. David Ricardo afirma que el precio natural del trabajo es la cantidad de artículos necesarios para vestir y alimentar a un trabajador y a su familia, esto es, “el necesario para permitir a los trabajadores subsistir y perpetuar su raza” (1993, p. 71), esto quiere decir que el trabajador debe representar generalmente un costo mínimo, lo apenas necesario para cubrir su desgaste diario.
Mientras el trabajador recibe una miseria, los congresistas, que se resisten a bajarse sus salarios, y cuyo trabajo improductivo vive de lo que otros producen, se niegan a favorecer los intereses del segmento mayoritario de la población: los trabajadores. Durante mucho tiempo, la derecha ha logrado convencer a muchos colombianos para que apoyen políticas que son contrarias a sus beneficios. Sus engaños aún tienen éxito en ciertas capas de la sociedad, pero hoy la multitud consciente, es decir, el pueblo organizado como clase para sí al tanto de sus intereses, sabe ya perfectamente que sus aspiraciones no podrán ser satisfechas sin trastornar completamente el actual orden político y social de este país. Gran parte del pueblo colombiano se ha formado ya una idea clara de las relaciones económicas vigentes y ha escaneado la fisonomía social y política del régimen de corrupción que aquí domina y nos oprime.
Esos ocho senadores despertaron con su intransigencia tal indignación que lograron activar de nuevo la lucha popular y la movilización política para el cumplimiento del programa del Gobierno progresista. Una vez más, tenemos que darnos pruebas a nosotros mismos de que estamos preparados para el mando y la independencia; dotados de una voluntad segura capaz de emprender con decisión una lucha política encaminada a poner fin relaciones políticas, sociales y económicas de humillación y dependencia.
Referencias:
Banco de Bogotá: https://pbit.bancodebogota.com/Informes/AnalisisPDF.aspx?PDF=3705
Marx, K. El capital. Akal. España. 2022.
Marx, Manuscritos de economía y filosofía. Alianza Editorial. Madrid. 1980
Ricardo, D. Principios de economía política y tributación. Fondo de Cultura Económica. México. 1993
Smith, A. Riqueza de las naciones. Alianza Editorial. Madrid. 2019.
Stiglitz, J. El precio de la desigualdad. Taurus. Colombia. 2012.
David Rico
Foto tomada de: Zona Zero
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