El diagnóstico presentado por el gobierno muestra con claridad que las normas internacionales, constitucionales y legales no se cumplen plenamente en Colombia y que el trabajo digno y decente no se ha materializado como debería. En particular, la exposición de motivos se refiere a la Declaración universal de los derechos humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales PIDESC ratificado por Colombia mediante la ley 74 de 1968, los pronunciamientos del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU, y los artículos constitucionales sobre trabajo e ingresos. En todas estas normas se establecen los derechos a un trabajo digno y a ingresos decentes. Pero la realidad capitalista es tozuda y el resultado es una distancia enorme con el ideal jurídico.
Concluye la exposición de motivos que:
“Finalmente es necesario establecer que a pesar de los compromisos internacionales del estado colombiano con los instrumentos de derechos humanos que consagran el derecho al trabajo y los derechos humanos laborales y su desarrollo en el seno del Organización Internacional del Trabajo OIT mediante las Normas Internacionales del Trabajo, las políticas de las últimas décadas han generado una situación que nos aleja del paradigma del trabajo decente, ya que la mayoría de los colombianos que logran acceder a algún tipo de ocupación que les genere algún tipo de ingreso para su subsistencia no cumple con los requisitos mínimos establecidos por la OIT para tener un trabajo decente, a saber: “El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.”
El documento presenta abundante información para sustentar la anterior afirmación, con base en las estadísticas del DANE y complementariamente con otras fuentes; extracto alguna información y datos.
- En diciembre de 2022 había 39,2 millones de personas en edad de trabajar, de las cuales 18,8 millones hombres y 20,3 millones mujeres. De este total están ocupadas 22,4 millones de personas, (13,2 millones de hombres y 9,2 millones de mujeres) y desocupadas 2,5 millones.
- Por fuera de la fuerza laboral están 14,2 millones de personas, de las cuales 4,3 millones de hombres y 9,8 millones de mujeres.
- A los oficios del hogar se dedican 8,2 millones, de los cuales 7,1 millones son mujeres y 1,1 millones hombres.
- En 2020 según la Escuela Nacional Sindical el 96% de las personas que laboraban en el trabajo de cuidado aproximadamente 670.000, eran mujeres. Solo el 18% estaba afiliada a pensión, el 61% ganaba menos de 1 salario y el 77% recibía alimentos como parte de pago en especie. La gran mayoría no tiene un contrato de trabajo.
- La tasa de desempleo se ubicó en diciembre de 2022 en 10,3%.
- Las tasas de participación, de ocupación y desocupación, se han mantenido sin grandes variaciones durante los últimos años, “lo cual muestra la poca efectividad de las políticas de flexibilización y precarización del trabajo, adoptadas con el argumento de reducir el desempleo y la informalidad.” (p. 7)
- Todos los indicadores son peores para las mujeres. Por ejemplo, la tasa de desempleo era de 8,3% para los hombres y de 12,9% para las mujeres.
- La informalidad laboral es de 57,6% para el país, pero con grandes diferencias; en las 13 ciudades más grandes y áreas metropolitanas es 42,8%, en las 23 ciudades más grandes y áreas metropolitanas es 44,3% y en los centros poblados y rural disperso es de 84,2%; en algunas ciudades como Valledupar, Riohacha y Santa Marta, la informalidad se acerca al 70%. Entre mayor es el desempleo se genera más informalidad.
- La informalidad es 84,5% en las microempresas, 24,3% en las empresas pequeñas, 9,2% en las empresas medianas y 5% en las empresas grandes.
- La proliferación de la informalidad esconde relaciones laborales al margen de la legalidad y en detrimento de los más básicos derechos fundamentales; se trata de formas de trabajo dependiente no reconocido o disfrazado, que la OIT denomina formas atípicas de contratación.
- El Estado colombiano vincula a más de 1 millón de personas bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios.
- El Observatorio Fiscal de la Universidad Nacional en un informe de 2021 señaló que solo el 53% de los ocupados son trabajadores formales y de éstos solo el 63 cuenta con un contrato escrito.
- El Registro Estadístico de Relaciones Laborales (RELAB) del año 2021, mostró que solo el 52,9% de las personas trabajadoras tiene una vinculación formal; en el mes de septiembre de 2021 había un registro de 9,31 millones de relaciones laborales dependientes (cualquier tipo de contrato de trabajo con una compañía) y 2,18 millones de puestos de trabajo independientes (contrato de prestación de servicios).
- Según el Centro de Política Fiscal de la Universidad Nacional a cargo de Luis Jorge Garay y Jorge Espitia, de los 11,5 millones de trabajadores que tienen algún tipo de contrato, 37% tiene un contrato verbal y el 63% un contrato escrito. Cerca de un 70% de los ocupados en el país no cuenta con las debidas garantías prestacionales, pues el 41% de los ocupados son trabajadores por cuenta propia en condiciones de informalidad, otro 7% tampoco cuenta con contrato laboral y 20% labora bajo contrato verbal. (p. 13).
Ingresos
- Según datos del DANE el 64,5% de la población ocupada del país obtiene ingresos mensuales entre 0 y 1 SMLMV, y casi la mitad de los ocupados (9,6 millones de 22,4 millones) devenga menos de 1 SMLMV (44,8%)
- La gran mayoría de trabajadores tiene ingresos inferiores a 2 salarios mínimos mensuales.
Diferencias salariales entre hombres y mujeres
- Un informe de la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT de 2023 muestra que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres fue de 8,7% en 2021, mostrando reducción con relación a los últimos años.
- El DANE en la encuesta sobre Brecha salarial de género en Colombia mostró que en 2019 era de 12,9% según la GEIH; en el sector rural la brecha es de 34,5%.
Las reformas laborales anteriores recortaron los derechos de los trabajadores con la excusa de generar más empleo, pero no se cumplió este objetivo
“los datos analizados muestran las consecuencias de las políticas de flexibilización y precarización laboral que en aras de abaratar los costos laborales para los empleadores, bajo la premisa de la generación de nuevos empleos y reducción de la tasa de desempleo y de informalidad, redujeron los derechos y garantías de los y las trabajadoras, quienes han visto desmejorados sus salarios, sus prestaciones sociales, su estabilidad y previsibilidad, cayendo la gran mayoría de ellos en la informalidad.” (p. 15). La promesa de reducción del desempleo generada gracias a la flexibilización laboral no fue cumplida. Se evidencia como entre 2014 y 2022 la tasa de desempleo se mantuvo casi constante con fluctuaciones entre 8% y 10%, situación que se agravó durante la pandemia de Covid 19, donde el desempleo llegó a una cifra récord de más de 20%” (p. 16).
La tasa de sindicalización es baja:
- Según el sitio web ILOSTAT de la OIT, en 2009 la tasa de sindicalización era 3,4% y llegó a un récord de 6,5% en 2013, bajando en 2019 a 4,7%.
- Con respecto a la cobertura de la negociación colectiva en 2008 era de solo 0,8%, y luego subió a 10,7% en 2013 y a 15,7% en 2016.
Persecución a los sindicatos
Señala la exposición de motivos que “las políticas de flexibilización y precarización laboral generaron un marchitamiento de las organizaciones sindicales y de su capacidad de negociación colectiva, pudiendo entenderse como una práctica antisindical que buscaba la eliminación paulatina de la influencia de los sindicatos y de su acción en defensa de los intereses de los trabajadores y en la reducción de las desigualdades (p. 17). Todo parece indicar que su estrategia fue fructífera ya que las bajas tasas de afiliación sindical y la poca cobertura de la negociación.” “Esta situación genera una desprotección de los trabajadores quienes en más del 95% tienen que actuar desde su individualidad para reclamar sus derechos laborales, enfrentándose a una relación de poder donde su capacidad de negociación se ve menguada ante la necesidad de trabajar y la imposibilidad de tener una acción colectiva y un sindicato que lo acompañe.” (p. 17)
Violencia contra sindicalistas
“Según la Agencia de Información Laboral y la Escuela Nacional Sindical (ENS), la violencia antisindical en Colombia puede catalogarse como una práctica histórica, sistemática y selectiva. Según el estudio realizado por la ENS desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2020 se registraron al menos 15.317 violaciones a la vida, libertad e integridad de sindicalistas. Entre estas graves vulneraciones se encuentran 3.277 homicidios, 428 atentados contra la vida, 253 desapariciones forzadas, 7.541 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados. Asimismo, resulta preocupante que el estudio pudo documentar más de 280 violaciones a sindicatos como colectividades.” “…se debe tener en cuenta que a estas cifras deben sumarse las de las personas que no denunciaron y que simplemente decidieron hacerse a un lado del movimiento sindical y omitir el reclamo por la garantía de derechos. Según la Escuela Nacional Sindical (2021), la violencia antisindical se expresa como consecuencia del rol sociopolítico sindical, como instrumento de regulación y control político de las movilizaciones y protestas sindicales, como consecuencia de la lucha por el control territorial, como instrumento que utiliza la retórica contrainsurgente para la eliminación de liderazgos sociales, como instrumento de corrección ideológica y como instrumento para desestructurar procesos organizativos”.
La interpretación del gobierno le atribuye, prudentemente, la responsabilidad de estas situaciones al Estado: “las políticas de las últimas décadas han generado una situación que nos aleja del paradigma del trabajo decente”, con lo cual implícitamente exculpa al sistema capitalista. El conflicto esencial en la sociedad capitalista consiste en el reparto del producto interno bruto entre los trabajadores y los capitalistas y el Estado. Las cifras del DANE muestran que, aunque los cerca de 11 millones de trabajadores asalariados crean la mayor parte del valor agregado, se quedan solamente con la mitad; la otra mitad de la torta se queda en manos de un puñado de capitalistas y se concentra en los más grandes.
La finalidad del modo de producción capitalista es obtener el excedente más grande de valor posible lo cual se logra manteniendo los salarios de los trabajadores en el nivel más bajo posible. Y las cifras oficiales muestran con claridad que la gran mayoría de asalariados obtiene ingresos por debajo de dos salarios mínimos. Los capitalistas tienen un poder muy grande con respecto a los trabajadores, debido en gran medida a la situación del mercado laboral caracterizado por una gran cantidad de desempleados, subempleados y trabajadores por cuenta propia; el exceso de oferta de trabajadores presiona los salarios a la baja. Una gran proporción de capitalistas sabe que puede violar impunemente las normas internacionales y nacionales sobre trabajo digno. Este poder económico se complementa además con prácticas de violencia contra las organizaciones de trabajadores.
El proyecto de ley presentado por el gobierno es apenas una súplica por parte de los trabajadores a sus dueños para que tengan un poco de consideración con su situación. Sin embargo, los patronos en su prepotencia lo ven como una amenaza comunista. Y en el fondo tienen razón: es un atrevimiento del gobierno intentar afectar el principal derecho de la sociedad capitalista, el derecho a exprimir a los trabajadores.
La situación de los trabajadores asalariados en Colombia le da la razón al multimillonario Warren Buffet quien reconoce que efectivamente hay una lucha de clases y que los capitalistas van ganando[2]. Una situación que amerita investigación, dado que según el propio DANE el total de la población ocupada y desocupada en febrero de 2023 era de aproximadamente 25 millones, de los cuales 12 millones de trabajadores asalariados y apenas 642 mil patrones, que representan menos del 3% del total. Pocos, pero poderosos.
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[1] “Por medio de la cual se adopta una reforma laboral para el Trabajo digno y decente en Colombia y se modifican parcialmente el Código Sustantivo del trabajo, ley 50 de 1990, la ley 789 de 2002 y otras normas laborales”
[2] https://www.rankia.com/foros/economia/temas/1643555-warren-buffett-hay-lucha-clases-ricos-estamos-ganando
Alberto Maldonado Copello
Foto tomada de: Prensa Latina
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