Reforma pensional: fondos privados de pensión y fondo público

Después de haber sido discutida por la comisión séptima de Senado, esta semana se incluyó para segundo debate en plenaria de senado la reforma pensional propuesta por el actual gobierno.

• Esta reforma propone un sistema de 4 pilares

Gráfica 1. Propuesta proyecto de reforma a las pensiones (Gobierno Nacional)

Fuente: Ministerio del Trabajo.

• Pilar solidario: busca proteger a los adultos mayores de 65 años que no pueden acceder a una pensión, y recibirán por ello una renta de 223.800 pesos.
• Pilar semicontributivo: ampara a las personas afiliadas al Sistema que no hayan cumplido con los requisitos para acceder a una pensión, por lo que obtendrán un beneficio económico (renta vitalicia) financiado con sus propios aportes + contribución del Estado.
• Pilar contributivo:para trabajadores dependientes e independientes, servidores públicos y personas con capacidad de pago, se propone un umbral de 3 SMMLV. Así, si una persona gana, por ejemplo, 4 SMMLV, la cotización correspondiente a 3 salarios se destinará al fondo de pensiones público (Colpensiones), y la parte restante iría al fondo privado de preferencia de la persona cotizante. Aquí está el punto álgido de la discusión. Ver gráfica 2
• Pilar voluntario: diseñado para personas que por su alta capacidad contributiva podrían hacer un aporte adicional para recibir una mejor pensión.

 Gráfica 2: Propuesta de los Fondos Privados vs Reforma planteada por el gobierno Nacional

Fuente: Universidad Nacional de Colombia.

Este proyecto pretende modificar el régimen pensional vigente en Colombia. De acuerdo con el artículo 12 de la ley 100 de 1993, en Colombia hay dos regímenes de pensión: i) las llamadas Rais o régimen de ahorro individual con solidaridad, bajo el cual operan las APF o administradoras privadas de fondos de pensión y de cesantías. Estas administradoras son instituciones financieras privadas que tienen como objetivo gestionar los fondos de pensión obligatoria, voluntaria y las cesantías de los ciudadanos colombianos. De las 4 empresas encargadas del manejo de los recursos en el régimen de ahorro individual del país, dos pertenecen a banqueros que hacen negocios con la plata de los aportantes.

Precisamente, estas son razones poderosas por las que no es fácil empezar seriamente un debate en el Congreso sobre la materia. Si observamos en la gráfica 1, la propuesta de los fondos privados es que los cotizantes que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos ahorren únicamente la parte correspondiente a 1 salario mínimo en Colpensiones, y lo demás se destine en cotizaciones respectivas para los fondos privados. Estos quieren asegurarse la mayor parte de la torta, pero es necesario hacer notar que un ciudadano de clase media que durante su vida haya percibido ingresos entre 3 y 4 salarios mínimos, si hoy se pensionara con dichos fondos, solo recibiría 1 salario mínimo para sobrevivir a su vejez. (Ver tabla 1)

Tabla 1. Pensión recibida en un Fondo Privado (RAIS) vs Pensión entregada por Colpensiones

Fuente: Universidad Nacional de Colombia

Es cierto que Colpensiones ha garantizado un porcentaje mayor de pensión a los cotizantes que han devengado entre 1 y 3 sal1arios mínimos durante su vida laboral, pero debido al pasivo pensional, el gobierno propone que las personas ahorren de manera solidaria en el fondo público hasta 3 salarios mínimos y aquellos quienes ganan más de eso, pueden ahorrarlo en el fondo privado de su preferencia. Tranquilos, el gobierno no los deja sin negocio.

A fecha de corte de mayo de 2023, Colpensiones dio a conocer que cuenta con alrededor de 6.78 millones de afiliados, de los cuales el 66% tiene un ingreso base de cotización de un salario mínimo; además, “de entre uno y dos salarios mínimos solo cotizan un millón de afiliados, los cuáles equivalen al 15.%. Solo 455.429 afiliados cotizan por encima de cuatro salarios mínimos legales vigentes” (2023). Ahora bien, del total de personas afiliadas a la entidad, solo el 1.6 millones de personas logran pensionarse.

Tenemos pues, como se dijo, dos regímenes de pensión. Está el régimen de prima media con prestación definida (Colpensiones), el cual tiene la característica de que los aportes realizados por los afiliados se depositan en un fondo común con el cual se financian las pensiones de quienes al fin cumplen con los requisitos para tener su derecho a la pensión.  La solidaridad es un principio constitutivo del régimen de prima media, pues con los aportes de todos se financian las pensiones de los afiliados, en la medida en que vayan cumpliendo los requisitos para acceder a la pensión, es decir, son los aportes de los jóvenes los que se usan para financiar las mensualidades de quienes ya se encuentran jubilados. El literal b) del artículo 32 de la ley 100 de 1993 señala su principal característica así:

«Los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley».

Por otro lado están los fondos privados, y aquí es importante conocer cuáles son las cantidades de dinero que manejan ellos, además de sus respectivos dueños, para saber lo que la reforma pone en juego y por qué es que despierta con tanta intensidad “las furias del interés privado”, pues se trata de un negocio billonario de unas pocas empresas que con su poder acumulado tienen cómo influenciar en la opinión pública y “ganarse” varios votos dentro del Congreso para evitar cualquier cambio en el sistema. En primer lugar, está  Porvenir (del Grupo Aval), que con 14.5 millones de usuarios maneja un presupuesto de 204 billones de pesos; en segundo lugar, Protección (filial de Sura), que con 150 billones de pesos en activos tiene alrededor de 8 millones de afiliados (clientes); tercero, a Colfondos (chilena), con 45 billones de pesos y 2.8 millones de afiliados; y por último, Skandia (Conglomerado Skandia S.A.), que administra 28 mil millones de pesos con alrededor de 300.000 afiliados.

A pesar de esto, el presidente de Protección, Juan David Correa, ya había llamado la atención en el año 2021 (y por estos días ha vuelto a insistir) sobre la necesidad urgente de una reforma pensional en Colombia:

“Por cada mesada que se paga de una persona del régimen de prima se necesitan siete jóvenes aportando, eso no es sostenible. En la medida en que exista esa asimetría, se van a necesitar más recursos del Estado para darle sostenibilidad fiscal al sistema y eso no es sostenible en el tiempo” (2021).

En Colombia hay alrededor de 15 millones de personas que no cotizan; además, por cada diez afiliados al sistema de pensiones siete cotizan en los fondos privados. Y es que la mayoría de trabajadores cotizantes, desde el inicio y durante la mayor parte de su actividad económica y vida laboral activa, se afilian  a fondos privados, y luego, diez años antes de alcanzar la edad para la obtención de la pensión, se trasladan para el fondo público aumentándole al Estado la carga pensional, pues, como se dijo, con el fondo público no solo se alcanza una pensión más alta en comparación con los privados, sino que aún en el caso de que el número de cotizantes de Colpensiones sea insuficiente para cubrir los gastos de pensiones (hoy hay acumulado un déficit de 18 billones), este está garantizado por el Presupuesto General de la Nación. Y aquí es donde está el problema que se pretende resolver con el umbral de cotización de salarios mínimos en Colpensiones.

El país no puede prorrogar por más tiempo la reestructuración de un modelo pensional que ha demostrado ser insostenible e inequitativo, para dar lugar a uno sostenible y justo, y en capacidad de entregar subsidios y cobijar a los más necesitados, pues por cobertura no debe entenderse solo la magnitud del número de afiliados (de cuyo total, por cierto, solo cotiza el 40%), sino los beneficiarios efectivos del derecho a la pensión. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hay 4 millones de afiliados en ambos sistemas de pensión que están en los últimos diez años para cumplir la edad, o sea, mujeres mayores de 47 y hombres mayores de 52. 2.2 millones de estos afiliados están en Colpensiones; 1.8 está en los fondos privados y representa el 10% de los afiliados.

La actual reforma propone un sistema de protección a adultos mayores para garantizar una vejez digna. Por eso, con la propuesta del pilar solidario se estaría garantizando una mayor cobertura para adultos vulnerables que escasamente cotizaron o que no lo hicieron nunca. Además, en el régimen actual de prima media las personas con más recursos o que ganan más reciben más subsidios que los más necesitados. Con la actual reforma se reducirá el monto de estos subsidios regresivos para ampliar el número personas que lo reciben.

En el país existen más de 7 millones de personas adultas mayores. Sólo 2.3 millones tienen pensión; 1.8 millones reciben una renta del programa Colombia Mayor, y 46 mil reciben un Beneficio Económico Periódico a través del programa BEPS, de Colpensiones. Esto quiere decir que cerca de 2.5 millones de personas no tienen ningún amparo para su vejez. Así pues, muchas personas adultas de la población más vulnerable cumplen con el requisito de la edad, pero muy pocos o ninguno cumple con el requisito del tiempo cotizado.

El “mercado” no es ningún sujeto moral o racional que distribuya bienes o asigne recursos basado en un principio de justicia o equidad, y no puede permitirse que sus manos (invisibles) decidan la suerte de millones de personas que no pueden ni pudieron acceder a un trabajo formal o estable. Por esto, en el acto de radicación de la reforma pensional, el presidente Petro criticó la creencia de que “los mercados por sí mismos en su lógica de demanda, de oferta, iban a lograr que la universalidad de colombianos obtuvieran sus derechos”, y agregó que “sin Estado no es posible garantizar derechos, porque los derechos en general no son mercancías”. Sin embargo, la propuesta del presidente no es la estatalización del sistema de pensiones, sino la creación de un sistema complementario basado en la articulación del régimen de prima media y el régimen de capitalización. Este último no será anulado, sino que deberá configurarse como un complemento y no seguir siendo el eje transversal del sistema de pensiones. Sin embargo, hay quienes no aceptan la reforma y persisten en sacrificar los derechos de la gente con tal de asegurar las ganancias de banqueros.

David Rico

Foto tomada de: Red + Noticias