Lo malo del sistema
El proyecto de acto legislativo, que le da forma a la proposición, contiene tres cambios básicos, referentes a la organización electoral; a saber: a). la reestructuración del Consejo Nacional Electoral; b). la sustitución de las listas abiertas con voto preferente, por las listas cerradas; y c). el establecimiento de la financiación estatal para todas las campañas.
Son todos ellos, ajustes necesarios, posiblemente inaplazables, pues apuntan contra giros y cambios anteriores que, lejos de subsanar los vicios de la política colombiana, los reprodujeron de forma ampliada.
El Consejo Nacional Electoral nació, después de la Constituyente del 91, con una tara congénita, la de su composición, determinada por la representación de los partidos; lo cual convirtió a dicho Consejo en una instancia parcializada, mutación rara en la que la partidocracia ha dejado ver sus orejas; partidocracia en el sentido de que instituciones de la magistratura sean dominadas por el interés y la lógica de los partidos.
El voto preferente en la confección de las listas electorales se introdujo hace unos años, en alguna reforma política, para abrir la competencia al interior de los partidos y superar de ese modo la imposición de una sola voluntad y el verticalismo en los movimientos y agrupaciones políticas. Sólo que muy pronto se convirtió en un mecanismo para consagrar una multitud de liderazgos fragmentados, consolidando así a los partidos como coaliciones de clientelas, más o menos autónomas entre sí; aunque también es cierto que en algunas ocasiones ha dado lugar a que emerjan en lucha abierta liderazgos apoyados en la fuerza de la opinión pública. Con todo, ha contribuido a que haya menos partidos disciplinados y más empresas electorales cuya suma, con vicios y limitaciones incluidos, arroja siempre como resultado uno de los tantos partidos del escenario político.
Por último, la financiación mixta de los partidos y las campañas, hasta hoy vigente, en la que concurren los dineros públicos y los privados, no ha impedido para nada la continuación de las trampas y los movimientos por debajo de la mesa para saltarse los topes, perpetuando así los desequilibrios en la financiación y las relaciones perniciosas entre lo público y lo privado, por vía de los partidos y los agentes intermediarios.
Lo bueno de los correctivos
Dadas esas experiencias, nada estimulantes, resulta más que justo una corrección de estas anomalías, que se han desbordado desde hace tiempo.
De esta manera, se explica la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral se componga en adelante de magistrados independientes, sin ninguna representación partidista; designados por las altas cortes; aunque este nuevo origen lleve al viejo error de lanzar a dichas instancias al terreno resbaloso de los procesos electorales, con los riesgos del clientelismo judicial.
Las listas cerradas en representación de cada partido (claro con equidad de género), como un reemplazo del voto preferente es algo que parece lógico, aunque sus beneficios no sean tan evidentes. Es posible que el remedio sea peor que la enfermedad: la lista cerrada, sin la competencia que implica el voto preferente, trae consigo la ley del bolígrafo, en la que el jefe mayor o patrón político termina confeccionando a su amaño las listas, en medio de una feria de favoritismos.
En la propuesta del gobierno se contempla sin embargo lo que es condición sine qua non para el regreso al viejo sistema, en el que también predominaba el clientelismo. Se trata de la implantación de la democracia interna en los partidos, lo que el proyecto consigna pero lo remite a una ley posterior. Con voto preferente o con la ley del bolígrafo, el clientelismo y la corrupción han campeado en las relaciones entre partidos, Estado y burocracias. Con todo, se podría regresar efectivamente a las listas cerradas, pero bajo la entera condición de que se incorpore una democratización vigilada al interior de cada partido.
Por último, la financiación estatal supera en efecto los desequilibrios provenientes de la financiación privada; aunque sea cierto por otra parte que vaya a representar una exigencia adicional a las finanzas públicas y una presión sobre el déficit fiscal.
Lo incierto
Esta reforma política que ha sido radicada en el Congreso por el ministro del interior, encierra los méritos del caso para ser impulsada, para lo cual el gobierno debiera buscar los consensos suficientes; aunque tal propósito no será de fácil ocurrencia, por la inercia de los partidos y por los intereses de que están sembrados los terrenos de la organización electoral; sobre todo, los del CNE. Es apenas obvio que los parlamentarios se hayan acostumbrado a sacarle buenos réditos políticos a la lógica del voto preferente y a las repartijas en el poder de la máxima autoridad electoral.
Ricardo García Duarte
Foto tomada de: Reporteros Asociados
Lo más difícil de la reforma política es el choque de trenes que hay entre el CNE y el Gobierno Nacional.
La reforma del CNE, las listas cerradas y la financiación Estatal, son cambios cosméticos que aunque no apuntan a la transformación profunda del sistema político y electoral, si pueden, en alguna medida, avanzar un poco en la democratización de los partidos, las listas cerradas, la financiación de las campañas, y el cambio en el origen del CNE.
No pero a pesar de las buenas intenciones no se ven salidas en la oscuridad del túnel para el 2026.