La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció al país la compra de tres millones de hectáreas para ser redistribuidas entre comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, con lo cual se avanzaría en el modelo de economía productiva propuesto por Petro y en la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI), establecida en el Acuerdo de Paz suscrito a nombre del Estado colombiano con la entonces guerrilla de las FARC en 2016. El anunció generó toda suerte de interpretaciones e interrogantes, y la ministra tuvo que salir a precisar la noticia tanto a medios como a líderes políticos que juzgaron la iniciativa de inadecuada por tratarse de una compra a la cuestionada Federación Colombiana de Ganaderos, cuando hay otros sectores que reclaman también una fuerte inversión. López recordó entonces que Colombia es el único país en América Latina, que no ha tenido éxito en la reforma agraria, y que la no distribución de la tierra representa unos costos sociales, políticos y en términos de paz, muy elevados.
¿Cómo será este proceso?
En primer lugar no se trata de beneficiar a Fedegan ni de garantizar impunidad a los máximos despojadores de tierras, como interpretó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Se trata de una apuesta enorme, jamás vista en la historia de Colombia, que podría llevar al país a convertirse no sólo en una nación más justa y democrática en relación con la tenencia de tierra (epicentro de un largo y sangriento conflicto armado) sino a consolidarse como una verdadera potencia agroalimentaria a nivel mundial saldando, además, una vieja deuda con las comunidades agrícolas del país y asegurando su acceso a la propiedad rural. Un hito en la historia nacional.
“Recuperar el campo, la dignidad de la vida rural y “convertir a Colombia en potencia agroalimentaria, aprovechando sus ventajas comparativas, como su ubicación frente a los mercados, la disponibilidad de tierras y su condición de potencia hídrica y biodiversa”, son propósitos comunes que ambos actores [Ministerio y Fedegan] plasmaron en el documento que firmaron el pasado 8 de octubre”[1].
Muchas preguntas han surgido desde el anuncio del Acuerdo. Por ejemplo: ¿Qué tipo de tierra se va a comprar, a qué precio, a quienes, cuál debe ser su capacidad productiva, como se definen los beneficiarios y cómo se determinará la destinación de cada predio?, entre muchas otras. Y no es para menos. Pero la principal inquietud es saber si existen los recursos para comprar tantas hectáreas de tierra
En el ‘Acuerdo para la materialización de la paz territorial’, suscrito por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior y el Alto Comisionado para la Paz, de una parte, y de otra la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, “en virtud de los principios de diálogo y concertación que el Gobierno Nacional ha consagrado para unir al país alrededor del objetivo común de una Paz Total, que dignifique la vida de todos los colombianos, que facilite la convivencia en medio de las diferencias y que haga posible el desarrollo con equidad”, se establece en su numeral siete “que es necesario crear la base de tres (3) millones de hectáreas para el Fondo Nacional de Tierras al que se refiere la RRI, y que es propósito del Gobierno hacerlo con tierras fértiles, ociosas e improductivas, pero en el entendido de que la productividad de la tierra no depende solamente de su fertilidad, es decir, de sus condiciones físicas y agrológicas, sino de las condiciones adecuadas de producción que se convierten en “ventajas competitivas”, sin las cuales no son aprovechables las claras ventajas comparativas del país”.
Asimismo, para la creación de la “base de tres (3) millones de hectáreas del Fondo Nacional de Tierras, el Gobierno Nacional ha definido como una de las estrategias la “compra directa” de tierras, buscando conformar núcleos territoriales que permitan la Reforma Rural Integral”[2], de modo que cada ganadero que quiera vender pueda presentar su oferta, porque la idea no es comprar en bloque la base propuesta, sino escuchar a diferentes sectores, llegando a la compra máxima de 500 mil hectáreas por año.
Pero además del sector ganadero, otros gremios observan con buenos ojos la iniciativa y también estarían dispuestos a vender sus tierras. “No solo los ganaderos están dispuestos a venderle tierras al Gobierno Nacional como parte de la estrategia que el presidente Gustavo Petro lidera para sacar adelante la reforma agraria en Colombia. Otros gremios del sector agropecuario se sumarían a la iniciativa que comenzó a tomar forma tras el acuerdo firmado el sábado pasado entre la Presidencia y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán.
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, sostiene que “otros sectores de la producción también estarán interesados directamente en aprovechar y utilizar el mercado de tierras. Están en disposición de vender la tierra y es una operación que va en función de una rentabilidad y un costo de oportunidad”. La organización que lidera Bedoya reúne a 22 gremios, entre los que se encuentran los arroceros, cafeteros, bananeros, la industria de la caña y exportadores de flores, entre otros”[3].
Respecto al valor de la compra, la ministra López ha dicho que “se trata de un proceso voluntario mediado por los valores comerciales catastrales de los predios”, los cuales serán determinados por Instituto Agustín Codazzi (IGAC), entidad que “dará los precios mínimos y máximos de cada una de las ofertas, a los que se sumará el resultado del catastro multipropósito que se hará en forma de piloto en estas zonas. Aunque el valor depende de lo anterior, el presidente Gustavo Petro estima que los tres millones de hectáreas pueden costar $60 billones”[4].
Las tierras adquiridas irán al Fondo Nacional de Tierras (FNT) y se asignará a las comunidades campesinas, indígenas y pueblos afrocolombianos, priorizando a las mujeres y considerando el registro de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de demandas y procesos jurídicos, donde se reconoce a las personas sujetas a los beneficios de la reforma agraria. La ministra ha explicado que “están los instrumentos y la información para definir cómo se asigna, según la región y la vocación productiva”.
López también asegura que la ANT, “tiene un registro importante, y bien hecho, de 6 millones de predios despojados”, estos se pueden “cruzar” con los datos de Unidad Administrativa de Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, y otras entidades para verificar dichos datos” y que el ministerio de Agricultura “está contratando un equipo de litigantes experto en propiedad, despojo, y tenencia de tierra para revisar cada oferta”. Así mismo, expresó que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, “tiene los mapas de uso del suelo perfectamente definidos” gracias a estos se puede saber cuáles tierras son fértiles y cuáles no. Además, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, “también verificará esa fertilidad”[5].
Ahora sobre la compra de predios como las acciones que sobre ellos se desarrollen, el Acuerdo establece que “deberán estar acordes con la realidad del cambio climático, entendido como las modificaciones del clima atribuidas directa o indirectamente a la actividad humana, observada durante periodos de tiempo preestablecidos (mayores o iguales a 30 años), para desarrollar actividades productivas, la ganadería entre ellas, que permitan remover más carbono de la atmosfera bajo sistemas amigables con el ambiente, especialmente de Sistemas Silvopastoriles Intensivos, SSPI, de tal forma que el país avance en el cumplimiento de acuerdos internacionales, como la disminución de emisiones de GEI en un 51% al 2030, y ser un país carbono neutral para 2050”.
¿De dónde saldrán los 60 billones?
Respecto a los recursos que se destinarán para la compra de tierras, “la Ministra de Agricultura aseguró que el precio va a depender de qué tan productiva sea la tierra… “Nosotros estamos estimando la necesidad de crear un fondo con recursos probablemente de algunas vigencias futuras. Estamos mirando cómo sería. Pero tenemos que estar un poco más preparados para saber cuál será la dinámica de esa compra”, explicó la jefe de la cartera. A su vez, indicó que uno de los temas críticos para la compra de estas tierras va a ser la asistencia técnica, ya que no todo será solamente tierra. “Estamos a punto de obtener un crédito del fondo verde de 100 millones de euros, que eso nos da una flexibilidad muy grande para otros datos que todavía no se han contemplado dentro de lo que sería la compra de tierras” dijo”[6]. Es decir que aun no hay claridad sobre la fuente de estos recursos ni cuales serán esas vigencias futuras.
Por ahora es incierto el origen de los recursos, de hecho aún no se sabe que impuestos aprobará el Congreso y a cuánto ascenderá la reforma tributaria. “¿De dónde saldrán esos recursos? El mandatario ha dicho que se podría modificar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que son las metas fiscales que dejó el anterior gobierno, con el fin de aumentar la deuda pública, que se encuentra en niveles muy elevados. En una nueva reunión entre Petro y el expresidente Álvaro Uribe, este último le recomendó que comprara solo 500.000 hectáreas inicialmente”[7].
Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha dicho que no se puede comprar tierras con títulos de deuda pública. “Expertos en el tema explican que no es posible utilizar este instrumento de financiación de forma directa, es decir, sin que haya existido una negociación previa en el mercado con inversionistas del sector financiero. “Igual tenemos la regla fiscal que hay que cumplir”, agregó el ministro Ocampo. Se estima que más de un cuarto de los ingresos tributarios de la Nación se destinan actualmente al pago de intereses de deuda pública, la cual supera el 60% del PIB. La regla fiscal dice que se debe reducir al 55% para el año 2024. No es un tema menor, como quiera que este sería el primer gran cuello de botella para financiar la compra de tierras”[8].
El mismo presidente Petro, afirmó en una rueda de prensa que “lo más difícil es conseguir los dineros para que, a un ritmo de unas 500.000 hectáreas anuales pudiéramos avanzar”. Porque esa tierra tiene que tener crédito, tiene que tener transferencias tecnológicas, tiene que tener mecanismos de comercialización. Debe tener un proceso de asociatividad regional que nos permita saltar hacia la agroindustria. No solucionar el problema fundamental que genera la violencia es prácticamente condenar al país a carencias, a pobrezas y a la muerte”, agregó.
Por ahora sólo se sabe que el Gobierno Nacional asumirá los costos para hacer realidad este negocio… y que además, tendrá a su cargo la construcción y mantenimiento de las vías terciarias para facilitar a los productores la comercialización de sus productos, lo cual incrementará aún más el valor de esta iniciativa”[9].
Más allá de estos desafíos, la reforma que plantea el gobierno ya arrancó, con otro hecho que ha elevado confianza en las decisiones y promesas del gobierno. Se trata de la reciente titulación de 681.372 hectáreas de tierra para beneficio de comunidades campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Los títulos expedidos durante este mes “serán entregados a los beneficiarios desde hoy hasta el próximo 15 de noviembre”, anunció la ministra López. “Este anuncio es el resultado de un gran esfuerzo que hace el Ministerio y sus agencias para agilizar el proceso. La titulación masiva de predios es un reflejo del compromiso del gobierno con la reforma agraria y el cumplimiento del Acuerdo de Paz” sostuvo.
En esta fase se entregarán los títulos de propiedad de los predios formalizados en 19 departamentos, es un área equivalente a cuatro veces la extensión de Bogotá. A la par con la regularización de los predios, el Ministerio dispuso una sólida oferta institucional en la que se impulsarán proyectos de generación de ingresos y apoyo a apuestas productivas para comunidades organizadas a través de la Agencia de Desarrollo Rural. “Pasar a la legalidad, a la formalidad significa tener acceso a todos los instrumentos que el gobierno ha previsto para los sectores que trabajan en el campo y que no han tenido la posibilidad de producir con los apoyos del Estado. Es un mensaje claro de que la política agraria es una realidad y, por tanto, no se justifican ni ocupaciones ni invasiones”, recalcó la jefe de la cartera”[10].
Hace menos de una semana, Petro participó en la entrega de las primeras 287.000 hectáreas tituladas a indígenas. Se trató del pueblo Inga del resguardo Musu Runakuna, en el Putumayo, desplazado en dos ocasiones, primero por la guerra y luego por la naturaleza. “El martes pasado, el gobernador Marino Peña recibió de manos del nuevo director de la ANT, Gerardo Vega, el título que certifica que 68 hectáreas de tierra en zona rural de Mocoa pertenecen a su resguardo, que habitan 166 personas, correspondientes a 43 familias.
“Esta es la certeza de que somos dueños de nuestra tierra, de que se aplicará aquí lo establecido en la Constitución, de que desarrollaremos nuestro gobierno propio y de que nuestro sistema se implementará para procurar la pervivencia cultural”, le dijo Peña a Colombia+20 tras recibir el título en un evento en Bogotá”[11].
El ‘Acuerdo para la materialización de la paz territorial’, reconoce que históricamente, los programas de reforma agraria han sido parciales y limitados, “porque no se ha logrado la superación del componente de “redistribución de la tierra”, para pasar a la implementación simultánea de las condiciones que deben acompañarla para que sea productiva (infraestructura física), y generadora de ingresos suficientes para sacar a alguien de la pobreza monetaria, así como las condiciones que deben acompañar a las comunidades rurales para garantizarles una vida digna (infraestructura física y social), condiciones cuya ausencia combinada configura lo que hoy se conoce como “pobreza multidimensional”. Ahora podría ser Integral.
En líneas generales se entiende que una reforma agraria busca democratizar el acceso a la tierra y mejorar la calidad de vida campesina, enfrentando tanto la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos (latifundismo) como el bajo nivel de productividad agrícola, y en Colombia superar una de las principales causas del conflicto. De modo que si el origen de la guerra interna ha estado ligado a la tierra, la posibilidad de lograr una paz total, también lo está. En la Reforma Rural Integral está la llave de la paz total.
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[1] El Espectador; “Claves sobre la compra de tierras”. Por María Camila Ramírez Cañón. Sección Tema del día. Págs 2 y 3. Bogotá, miércoles 12 de octubre de 2022.
[2] ‘Acuerdo para la materialización de la paz territorial’, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Numeral 9.
[3] El País; Reforma Agraria en Colombia. “Los agricultores también esperan vender tierras al Gobierno de Petro”. Por Greace Vanegas. España, 12 de octubre de 2022. Ver en: https://elpais.com/america-colombia/2022-10-12/los-agricultores-tambien-esperan-vender-tierras-al-gobierno-de-petro.html
[4] El Espectador; Op. Cit.
[5] El Pilón; “Ministra de Agricultura reveló detalles sobre la compra de tierras: “500 mil hectáreas por año”. Bogotá, 9 de octubre de 2022. Ver en: https://elpilon.com.co/ministra-de-agricultura-revelo-detalles-sobre-la-compra-de-tierras-500-mil-hectareas-por-ano/
[6] Revista Portafolio; “Estas son las dudas a resolver sobre la compra de tierras a Fedegan”. Por Diana K. Rodríguez. Bogotá, 10 de octubre de 2022. Ver en: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/fedegan-gobierno-petro-estas-son-las-dudas-a-resolver-sobre-la-compra-de-tierras-a-fedegan-572415
[7] El Colombiano; ¿De dónde va a salir la plata? Medellín, 3 de octubre de 2022.
Ver en: https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/de-donde-va-a-salir-la-plata-HI18769248
[8] El País; Reforma Agraria en Colombia. Op. Cit.
[9] Pulzo; “Petro firmó acuerdo para comprar tierras a ganaderos, pero falta un detalle: el dinero”. Bogotá, 10 de octubre de 2022. Ver en: https://www.pulzo.com/economia/gustavo-petro-firmo-acuerdo-para-comprar-tierras-ganaderos-pero-falta-dinero-PP2018619
[10] Ministerio de Agricultura; “Reforma agraria se inicia con titulación masiva en 19 departamentos”, Bogotá, 21 de septiembre de 2022. Ver en: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Reforma-agraria-se-inicia-con-titulaci%C3%B3n-masiva-en-19-departamentos.aspx
[11] Pulzo; “Reforma agraria: Petro ya entregó las primeras 287.000 hectáreas tituladas a indígenas”. Bogotá, 6 de octubre de 2022. Ver en: https://www.pulzo.com/nacion/petro-entrego-primeras-287000-hectareas-tituladas-indigenas-PP2000562A
Maureén Maya
Foto tomada de: Ministerio de Agricultura de Colombia
Úrge titular la tierra de los predios que figuran en el registro catastral como “falsa tradicion,” pues sus poseedores no tienen acceso al crédito, ni a las facilidades que ofresca el gabierno para hacerla producir. El 60% de la propidad rural, se encuentra en estas condiciones.