Reforma tributaria: ¿Más de lo mismo?

Quienes sostienen que la reforma tributaria del gobierno Petro es más de lo mismo, seguramente lo dicen porque desconocen, o no quieren reconocer, el énfasis que tiene el proyecto sobre impuestos directos, que gravan la capacidad de pago de los contribuyentes de una mejor manera que los indirectos o impuestos al consumo.

Tradicionalmente las reformas tributarias han buscado financiar los gastos del Estado a través de impuestos al consumo, donde el IVA ha servido como instrumento clave para aumentar el recaudo, pese a la regresividad que entraña. Esta es una ruta fácil para obtener recursos, así como la deuda; pero ni lo uno, ni lo otro, se pretendieron en esta reforma.

Cada tributo de la reforma buscó cumplir con el principio de progresividad, es decir, pretendió gravar siempre los ingresos más altos y las mayores capacidades de pago. Esto se aprecia en el impuesto de renta que, si bien pudo haber ido más allá, hay que entender que la aprobación obedece a un proceso deliberativo, donde hubo fuerzas y una élite que impidieron justamente profundizar la progresividad. En la reforma quedó que los ingresos superiores a 13 millones de pesos mensuales aproximadamente son los que tendrán que aportar más, mientras que las otras reformas no se habían atrevido a esto, luego no es comprensible que se diga es más de lo mismo.

Entre los temas más debatidos estuvieron los impuestos saludables y la no deducibilidad de las regalías. La oposición sostuvo sin argumentos sólidos que este tributo era inflacionario y que le daría pena darle la cara a los colombianos y a sus votantes por haberles encarecido sus bienes básicos. Varias consideraciones al respecto: primero, el Ministerio de Hacienda advirtió que estos impuestos solo aportarían a la inflación el 0,3%, luego desmiente con rigor la idea simple de la oposición. Segundo, particularmente en bebidas azucaradas, la oposición parece que no se percata que ese es un mercado muy concentrado ―oligopolio―, donde Coca Cola y Postobón tiene el 74% del mercado, distribuido entre 40% y 34% respectivamente. Además, Postobón tiene casi que un cluster sobre el que soporta su actividad, pues tiene participación en ingenios, embotelladoras, entre otros, lo que le permite crear economías de escala. Esta le ofrece una ventaja ante el impuesto pues podría internalizar el tributo y no trasladarlo al consumidor, lo que representa una amenaza para sus competidores, quienes sí tendrían que trasladar el impuesto. En tercer lugar, no fácilmente comprensible que una idea macroeconómica ―inflación― domine un debate que tiene que ver con la salud pública, ya que está comprobado que la diabetes, hipertensión, obesidad y caries son producidos por dichos productos. Y finalmente, la reforma excluyó a los pequeños negocios, tiendas y panaderías, con lo cual también era falso que se quebrarían.

Sobre la no deducibilidad de las regalías el debate estuvo centrado en una consideración jurídica del Estado y de costos de producción. Los defensores de mantener la deducibilidad argumentaban que “no era justo” cobrarles primero regalías y luego el impuesto de renta. Esta idea, que podría cautivar incautos, tiene muchos problemas porque desconoce que el Estado es el dueño del subsuelo y que, al entregar un permiso para explotarlo, puede ejercer un cobro por ello ―regalías― sin problema alguno y sin que represente un costo. Segundo, las empresas no tendrían razón para no pagar luego su impuesto de renta completo, sin deducir las regalías pagadas, luego la defensa ejercida no tenía mucho sustento. Este impuesto representaba en el recaudo cerca de 5 billones de pesos y no es bien visto que una empresa explote el subsuelo, pague las regalías respectivas, pero después se las descuente del impuesto de renta. Esto sería una apropiación de un capital natural que es de todos, luego si defender esta idea es más de lo mismo, entonces significa que no han entendido el tema.

Finalmente, otra razón que desmiente la idea de que es más de lo mismo, tiene que ver con el límite o prohibiciones que se les imponen a los beneficios tributarios que poseen ciertos sectores de la sociedad. El goce de estos beneficios los ha puesto con menores tasas efectivas de tributación lo que representa una ventaja y aporte indeseado en el camino la justicia social y tributaria. Por esta vía a las empresas se les mantuvo el impuesto de renta en 35%, pero se les puso un tope mínimo de 15%, siguiendo las recomendaciones de la OCDE. Aún así, hubo muchos reclamos al respecto, lo que indica que efectivamente se confirmó lo que muchos estudios habías revelado: están pagando mucho menos del 35% y se resisten a pagar el 15%.

En síntesis, todos los que digan que esta reforma es más de lo mismo es porque sencillamente pretenden mantener los privilegios determinadores de buena parte de la desigualdad y la injusticia social del país y se niegan rotundamente a reconocer que las reformas son, además de una política de financiamiento público, un instrumento valioso para redistribución del ingreso y corregir desigualdades.

Jorge Coronel López, Economista, Mg. en Economía, Columnista Diario Portafolio

Foto tomada de: Semana.com