Juan Manuel Santos logró lo impensable, firmar la paz con el grupo armado de las FARC, sentando un precedente para el país. Esta guerrilla, nacida en el conflicto de mitad del siglo pasado, surgió como un grupo campesino y en esa esencia las negociaciones condujeron a que los acuerdos pivotarán en el punto 1, es decir, en la reforma agraria integral. A la par con las negociaciones de la Habana, en Colombia, bajo la tutela de José Antonio Ocampo y Cecilia López, se desarrolló la Misión para la transformación del campo, documento que desde la mesa de negociación no solo se saludó, sino que se compartió plenamente.
Es innegable lo que tanta evidencia tiene. La concentración de la tierra en Colombia es la más alta, por lo menos del continente, con un 0.92. Las guerras se han librado en los campos, y buena parte del botín es la tierra misma, tenemos un país no solo inequitativo en tanto propiedad, sino que la misma, con problemas de títulos, sirve para acumular capital sin que esto represente pagos de impuestos, el necesario catastro multipropósito tiene una actualización del 9.4%, explicado por los grandes centros urbano-rurales del país. Las familias campesinas han quedado relegadas a las tierras con menos potencialidades y se deben de enfrentar a problemas de riego, vías para comercializar los productos, infraestructuras para tener una vida digna, empezando por educación y salud, y se complementa con una débil institucionalidad que incluye el escaso acceso a créditos y mercados de capitales.
Pero si todo esto está claro ¿qué pasa entonces cuando el país acordó que había que volver las miradas estratégicas, de justicia y equidad con la ruralidad? El Gobierno Duque no solo se encargó de intentar borrar todo lo que sonara a Santos, sino que asumió como mandato del país lo que fue de sus electores, desconociendo los acuerdos, o simplemente no los trabajó que para el caso es igual. Esto con el argumento del no en el plebiscito, negando con ello, como lo ha hecho su partido, el que después de ese resultado adverso se realizaron múltiples ajustes al documento inicial, dando paso a un nuevo acuerdo, firmado en el Teatro Colón. Pero no es la única explicación, esto fue lo que pasó en los últimos cuatro años, donde se continuó con una desidia desde la política pública, que ha dejado a la ruralidad al libre albedrío de la nada, donde lo urbano se constituyó en la esencia de los procesos de planeación. Hubo que llegar a la pandemia para que el país entendiera la importancia de los alimentos, que estos venían de los campos y que el libre comercio internacional no nos aseguraba la alimentación. El país lleva muchos años haciendo la tarea de la desruralización.
Así que el país votó por Petro, los campos, las zonas de frontera, la Colombia marginada, le apostaron a otra alternativa, como se suele decir, “las y los nadie, tampoco tienen nada que perder”. Así que se la jugaron, se la siguen jugando y siguen esperando que se hagan realidad tantos y tantos anuncios.
El Gobierno acaba de definir unas líneas especiales de crédito por $150.000 millones de pesos dirigidas a pequeños productores, mujeres y jóvenes entre otros grupos poblacionales. Con tasas de interés por debajo de la inflación, lo que en la práctica significa tasas de interés negativas. También ha empezado a adjudicar 60.000 subsidios del 20% en los gastos en fertilizantes. Se avanza en los procesos, dispendiosos, por cierto, de compras y adjudicaciones de tierras, entre otras medidas que se diseñan y de las que ha dicho la ministra, con bastante razón, que no se requieren nuevas leyes sino implementaciones. Todas muy buenas ideas que no han resultado de fácil ejecución, por lo tanto, por ahora está el camino trazado y las familias campesinas esperan que esto avance rápido, porque el tiempo sí que lo hace.
De otro lado, las reformas en otros ministerios avanzan teniendo presente su incidencia en la ruralidad. Ha sido claro el tema en salud donde buena parte de la argumentación de la reforma se basa en la inoperatividad del modelo que ha dejado a la Colombia profunda sin la atención requerida. Por ahora la discusión avanza, la dirigencia de los partidos ha manifestado sus preocupaciones por algunos temas, principalmente por el papel que cumplirán las EPS, y se hace un reconocimiento a las carencias en salud de la ruralidad, habrá que esperar cómo van trascendiendo las discusiones.
La reforma pensional propone un pilar subsidiado para entregar una pensión (renta ciudadana) de $223.000 a los adultos mayores de 65 años en condición de pobreza o vulnerabilidad. Acá cabrían las y los campesinos, e incluso podría ser al semicontributivo, lo que de entrada estaría muy bien, pero se tendrían que tener los avances institucionales para lograr que verdaderamente los recursos lleguen allí a la Colombia profunda, lo que en realidad no sería imposible.
En la reforma laboral el tema de la ruralidad, en particular para las actividades agropecuarias si que aparece en la figura del contrato agropecuario y particularmente en el Jornal diario integral, se bloquea, con acierto, para que la agroindustria asuma esta figura en detrimento de los empleos formales que explican la mayor parte de los empleos formales del sector. Se propone que los contratos se volverán indefinidos después de la semana 27 y si es por temporadas quien lo realizó tiene prevalencia para la próxima. Buen intento, con algo de ingenuidad de por medio, y es pretender la formalización en el tiempo, lo que muestra la incomprensión del sector, sus características y su esencia, además de las dificultades institucionales para garantizar esto, ya que a nivel urbano no se ha podido con las y los empleados del cuidado. La seguridad social para el campo debe de avanzarse hacia la universalización, si se sigue atada al contrato de trabajo es difícil mejorar en el goce del derecho.
El Sena adelanta la implementación del programa Campesena, una estrategia para que la formación, las certificaciones especializadas y laborales, así como la tecnología en el campo se constituyan en alternativas para forjar capacidades y oportunidades en los y las campesinas, un reconocimiento a su labor, pero también a las potencializadas que desde los campos se pueden desarrollar para forjar mejores escenarios de futuro. Esto se tendrá que unir a otros programas educativos rurales en marcha de educación pública y privada, de fundaciones, organismos internacionales o el propio proyecto Utopía de la Universidad de La Salle. Todas estas estrategias, que ya son reales, vienen demostrando que con capacidades y oportunidades se transforma el campo para hacerlo ese lugar de vida, esa opción para las y los jóvenes, de realización personal y económica para las familias campesinas
Los caminos están trazados con un riesgo grande, y es que si las normas pasan como se espera, queden en el papel, por las dificultades logísticas e institucionales para hacer que en el campo se lleven a cabo todos los procesos necesarios para la materialización de los derechos.
Por ahora entonces, las familias campesinas aguardan para tener una oportunidad diferente, que les permita sentirse parte de este país y consolidar desde su esencia y cultura campesina sus proyectos de vida, justa y digna. Nadie cree que es fácil todo esto, pero si hay que trascender los mensajes de optimismo, los anuncios de prensa o de redes y pasar a las realidades, porque el pueblo también se cansa de esperar a que le toque.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle
Foto tomada de: Presidencia de la República
excelente descripción de nuestra realidad. Creo que en el plan de desarrollo están trazadas muchas de las pautas aquí planteadas y que reflejan el anhelo de la mayoría que creyó y sigue creyendo en que el cambio es posible!