Es de anotar que el Catatumbo es una región estratégica por constituir una importante frontera con Venezuela, que se ha convertido en un territorio de refugio del ELN para eludir la confrontación armada de la fuerza pública colombiana, además allí hay 50 mil hectáreas de coca y una ruta privilegiada a través de Venezuela de salida de la cocaína procesada en esta región.
El ELN ha manifestado sin ninguna prueba, que justifica el asesinado a firmantes de paz porque los califica de colaboradores de las disidencias de Calarcá en negocios del narcotráfico. El resultado de este despliegue por el control del territorio, es una crisis humanitaria de gran magnitud, en una región caracterizada por la ausencia del Estado Colombiano, en donde los grupos armados han asumido el control de la economía legal e ilegal, así como la contratación pública, en donde la fuerza del Estado llega escasamente cada 4 años para garantizar el proceso electoral, que permita sostener un régimen político de exclusión con diversos territorios abandonados por el Estado.
Ante esta situación de crisis humanitaria, es razonable la decisión del gobierno nacional de suspender el proceso de negociación con este grupo armado al margen de la ley. Esta es la crisis más grave de este proceso, y se suma a otras que han ocurrido antes como las ocurridas el año pasado cuando el ELN atacó la base militar en Puerto Jordán, que dejó 27 jóvenes heridos y tres muertos, después de 45 días sin cese al fuego, tres ataques a la fuerza pública en la región cercana al Catatumbo que dejaron un soldado muerto, seis ataques en Arauca con dos policías y dos soldados muertos y nueve voladuras de oleoductos en el mismo departamento.
En enero del 2023 fue la primera crisis, tras el anuncio fallido del presidente de la República, de un cese al fuego con el ELN, que no se había acordado, luego sobrevino el secuestro del padre del jugador de fútbol Luis Díaz que sumió la negociación en otra crisis. Más adelante se presentaría nuevamente una crisis por la decisión del frente Comuneros del Sur de establecer una negociación al margen de la Mesa y por la decisión del gobierno de establecer una Mesa aparte de la Mesa de negociaciones que se mantenía con el ELN.
Lo que demuestra es que por lo pronto no existe una voluntad de paz por parte del ELN, que no ha comprendido el momento histórico y que la mejor posibilidad que han tenido para negociar es con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En esta línea vinieron las declaraciones de Antonio García comandante general de esta organización que señaló que con este gobierno no se firmaría un acuerdo de paz lo que ya dejaba a las negociaciones sin un horizonte cierto para continuar. Una nueva herida al proceso.
Hasta que el ELN no exprese una voluntad clara y contundente de avanzar hacia la paz, no se deben retomar las negociaciones. Está completamente deslegitimado el proceso por el accionar criminal del ELN contra la población civil, así como contra otras organizaciones insurgentes que se mantienen en el proceso de negociaciones con el gobierno.
Lo urgente en este momento es que la fuerza pública asuma el control del territorio, pero esto debe garantizar la presencia permanente e integral del Estado colombiano en el Catatumbo para que puedan regresar los ciudadanos que han sido desplazados, quienes deben ser sujetos de inmediata atención por parte del gobierno nacional y local, con la garantía de sus necesidades básicas y derechos fundamentales con cordones humanitarios, hasta que resuelva su retorno.
Al respecto, el gobierno nacional ha anunciado la declaración de un estado de conmoción interior y una emergencia económica, que son un estado de excepción a la que han apelado varios gobiernos ante una crisis de esta magnitud. Hasta el momento no se conocen los decretos que darían desarrollo a las medidas que se adoptarían, lo que está claro es que resolver el retorno y la crisis en el Catatumbo pasa por generar una implementación eficaz de una política de sustitución de cultivos ilícitos con proyectos productivos, con asistencia técnica desde la producción hasta la comercialización, que garantice la sobrevivencia de sus pobladores, la inversión social en servicios públicos esenciales como la salud, la educación, el agua y la energía, todo esto debe hacerse con participación de la sociedad civil y la ciudadanía de la región. Esta situación demuestra una vez más el fracaso de la política de sustitución de cultivos ilícitos, que debe ser revisada y replanteada a fondo en su implementación.
El control del territorio por parte de la fuerza pública, es necesario, pero es insuficiente, se requiere una presencia permanente del Estado. Eso es lo único que garantizará la subordinación de los grupos armados al margen de la ley en esta región del país. Esto significa que el estado de excepción de la conmoción interior, no sólo se debe limitar a la presencia militar, sino a la presencia total del Estado.
Por último, esta lamentable situación humanitaria del pueblo del Catatumbo, es un campanazo más para hacer un replanteamiento del direccionamiento de la política de paz total, así como la coordinación estratégica de la misma, la definición del seguimiento de las mesas de negociaciones en el día a día, la articulación entre los distintos procesos de paz, la necesidad de monitoreos detallados en el territorio y la participación de la sociedad civil. La toma y el control del territorio por la fuerza pública debe estar acompañada de la formulación y puesta en práctica de una política de corto, mediano y largo plazo que se plantee la construcción de una economía sustentable y sostenible, pues la principal actividad económica no puede ser la economía del narcotráfico. Hoy esas 50 mil hectáreas de coca son las que proveen buena parte del sustento de la población que allí vive. Por ello debe replantearse de fondo la presencia del Estado y la adopción de un plan de desarrollo conjunto de las entidades territoriales con el gobierno nacional. Las economías ilícitas no pueden seguir siendo el principal renglón económico y el medio principal de sobrevivencia de la población de esta región.
Por lo anterior, es inaplazable replantear el conjunto de la política de paz total. No se entiende porque no hay una articulación estrecha entre los procesos de negociación y el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, PNIS, como tampoco se entiende porque no se ha presentado al Congreso de la República la reforma de la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, que de una alternativa jurídica a los procesos de sometimiento de las bandas armadas con las que se mantienen mesas de negociación en Buenaventura, Quibdó y en Medellín y el Valle de Aburra. La estrategia de paz total esta en crisis y requiere un replanteamiento de fondo.
Carolina Corcho Mejía, Exministra de salud, médica psiquiatra.
Foto tomada de: Infobae
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