Reino de España: Injusticia

Es difícil una evaluación ecuánime de la causa abierta al procés cuando hay tantas pasiones contradictorias desatadas. Es normal, porque se trata de la cuestión fundamental de la identidad nacional, tanto para catalanes como para españoles. Y es sabido que las emociones suelen predominar sobre la razón. Pero debiera ser posible una reflexión serena sobre un tema que va a entreverar la vivencia cotidiana de nuestro país en tiempos venideros. Y que, tal vez, engendre dramas individuales y colectivos que nos amarguen la existencia. Ya se ha agotado la tinta, incluida la de mi pluma, intentando analizar los orígenes, causas y consecuencias de esta ruptura de la convivencia. No volvamos sobre el tema, ahí están las hemerotecas, bibliotecas y sitios de internet para quien quiera entender y no sólo vociferar.

Ni tampoco es necesario elaborar sobre lo obvio: que un conflicto político requiere un tratamiento político y no judicial. Y eso intentan quienes desde España (como Sánchez) y desde la Catalunya que no se siente España (como Junqueras) buscan crear las bases de una relación constructiva que mire al futuro posible en lugar de hincar los pendones en un pasado imposible hecho de fragmentos atroces de nuestra historia. Pero hay algo más, por encima de la política: la ética. En un mundo obviamente en descomposición, aquí, allá y acullá, lo único que nos puede salvar como especie y como sociedad es el recurso a valores éticos fundamentales de nuestra dignidad como humanos. Derechos humanos en el sentido amplio. Traducidos en el respeto personal e institucional al otro, cualquiera que sea este otro. En ese sentido, instituciones democráticas que se comporten como tales constituyen la conexión necesaria entre la ética y la política, entre el deber ser moral y el ser social legal. Desgraciadamente, la observación imparcial de lo que está ocurriendo en el proceso al independentismo en el Tribunal Supremo hace temer que se está fraguando una tremenda injusticia. Una injusticia que será recordada en la historia como tal y que manchará por mucho tiempo la credibilidad democrática de nuestro país, despertando los demonios inquisitoriales que caracterizaron España durante la mayor parte de su existencia como nación. Demonios que se aprestan a asumirse como señorías. Y no sólo Vox. Y no sólo la derecha, tal como observamos en actitudes visceralmente intolerantes de algunos iconos socialistas. ¿Cuál es la raíz de la Inquisición en sus múltiples encarnaciones? La presunción de culpabilidad. Y la inmovilidad de un dogma de fe cuya simple puesta en cuestión conlleva la condena. Pues bien, hay síntomas de esos prejuicios en la práctica judicial a la que asistimos.

En mis estudios de Derecho en las facultades de Barcelona y París aprendí que un proceso penal juzga, y eventualmente condena, actos, no intenciones. La intención probada puede ser un agravante, pero no un acto delictivo si no vulnera en la práctica ningún derecho protegido por la ley. De modo que, más allá del rechazo subjetivo a la legitimidad establecida por la Constitución del 78, aun dentro de las normas de esa Constitución, si no hay actos que tengan la consecuencia material de subvertir su ordenamiento, no hay delito, ni presunción de delito, por muchas declaraciones de intención que se hagan. La declaración unilateral de independencia por una parte del Parlament de Catalunya fue un brindis al sol bajo la presión emocional del movimiento social independentista, como han ­declarado sus autores reiteradamente. Y no por cobardía, porque han demostrado su disposición al sacrificio en aras de sus ideales. La declaración ni siquiera se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat y no ­acarreó ningún acto administrativo. Intención, no acción. A mí me parece un acto irresponsable, pero la irresponsabilidad no es un delito, porque si fuera así habría muchos políticos en la cárcel.

Se convocó un referéndum desde las instituciones para votar sí o no a la independencia. Las dos opciones, independientemente de que la mitad del electorado lo boicoteara. Pero ese referéndum tampoco tuvo ninguna consecuencia legal ni práctica, aunque se utilizara como referencia de legitimidad. Fue, claro, un acto de desobediencia al Gobierno del Estado, y como tal podría castigarse, generalmente con inhabilitación, pero no es un crimen. Y en el caso de que se utilizaran fondos sin autorización, que está por ver, sería malversación, tal como apreció la justicia alemana sin ver indicios de rebelión.

Lo que está fuera de toda duda, excepto para los fanáticos, es que no hubo rebelión porque esto requiere violencia. Y la única violencia el 1 de octubre, y en otros momentos, provino de las fuerzas policiales, como pudo observar en directo el mundo entero. De hecho, el argumento especioso es que el llamamiento a un referéndum ilegal motivó la violencia porque obligó a la policía a emplear violencia… Simplemente escandaloso.

Pero ¿por qué esa inquina y parcialidad de fiscales y jueces? Tiene una raíz ideológica y política, no jurídica. Porque la norma nunca es automática, requiere una interpretación y esa interpretación es sesgada. No por mala fe, sino por predisposición ideológica hacia la defensa de la nación española que no se puede cuestionar. En realidad, la separación de poderes no existe en muchas democracias, incluida la nuestra. Porque el Consejo General del Poder Judicial, que ordena el conjunto del sistema judicial, es designado por los partidos mayoritarios en el Parlamento. Así, se catalogan los jueces en conservadores y progresistas. Pero resulta que hay un tema en que todos los partidos españoles están de acuerdo: la unidad de España. Y, por tanto, en eso también concuerdan todos los jueces en el CGJP, Supremo y Constitucional. Tienen que tener cuidado en un solo tema: derechos humanos. Y ahí los espera el Tribunal Europeo, última defensa contra la injusticia.

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