Para tal ejercicio de relación se toma la variable que construye Transparencia Internacional conocida como el Índice de Percepción de la Corrupción, que evalúa a la mayoría de los países del mundo en 10 criterios, entre los cuales se encuentran temas de justicia, democracia y riesgo del país. De manera adicional, este índice toma avalores entre 0 y 100, donde 100 es la mayor y mejor calificación posible. Por parte del indicador de la contratación pública se cuenta con el promedio de los 4 criterios con los cuales trabaja el informe anteriormente mencionado, entre los cuales se encuentra el Marco Normativo, Implementación, Herramientas, y Monitoreo y Medición de Resultados.
De acuerdo con el Índice de Transparencia para 2020, se resaltar que los 5 países con las mejores puntuaciones son Dinamarca (88), Nueva Zelanda (88), Finlandia (85), Singapur (85) y Suecia (85). Ahora, para los países de la América Latina y el Caribe, la situación se agudiza ya que la puntuación promedio es de 39.27 y el país que presenta el mejor puesto es Uruguay en la oposición 21 seguido por Chile en la 25 con puntuaciones respectivas a 71 y 67. El puntaje para Colombia es de 39 y se ubica en el puesto 92 del ranking mundial, lo que implica que está en la posición promedio de América Latina y el Caribe y que está a 32 puntos el mejor puntaje del país de la región y 49 puntos del país con el mejor puntaje en el mundo, que duplica la puntuación de Colombia.
Ahora, como lo muestra la gráfica 1 para los países de la región, entre mayor sean las buenas prácticas y las políticas que se desarrollen para avanzar en la Contratación Pública, se presentaría mejores puntuaciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Mediante estimadores estadísticos, se encuentra que el coeficiente de correlación entre las dos variables de estudio es igual a 0.3206 y que el estimador de causalidad es 0.2726. En conclusión, mejorar las buenas prácticas que hagan avanzar y fortalecer todos los ámbitos de la contratación pública, disminuiría los riesgos de corrupción y, por lo tanto, fortalecería la institucionalidad en el país, haría más eficiente el gasto público y, por lo tanto, mejoraría la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos en los países de la región.
Luis Carlos Calixto Rodríguez
Foto tomada de: Presidencia de la República
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