De acuerdo con lo expuesto por el CNE, Colombia Humana no cumple con los requisitos del artículo 108 de la Constitución el cual establece que se solo se concederá la personería jurídica a los grupos significativos de ciudadanos que hayan superado el umbral del 3 por ciento de la votación en las elecciones de Congreso.
Si bien el argumento del CNE tiene sustento jurídico, es un absurdo político porque no se ajusta ni al espíritu ni al propósito del Estatuto de la Oposición y crea un estado jurídico difícil de subsanar así como una paradoja: negarle la personería jurídica a Colombia Humana es dejar los escaños de Gustavo Petro y Ángela María Robledo sin piso jurídico, negándoles la financiación y el acceso a los medios de comunicación masiva por haber ocupado el segundo lugar en las elecciones.
Obviamente, la decisión del CNE fue impugnada pero subsiste un vacío jurídico que tiene que ser resuelto.
En cuanto a la reforma que busca superar las críticas que desde distintos frentes se han hecho al sistema electoral, parece haberse llegado a una confluencia de puntos de vista entre el gobierno y la bancada alternativa que ha presentado su propia propuesta de reforma política.
En reunión convocada por el presidente Iván Duque a todos los partidos políticos para recoger todas las iniciativas anticorrupción, incluida la reforma política, se acordó la creación de una mesa técnica que cuenta ya con una serie de propuestas que fueron presentadas en el pasado.
Varias son las propuestas que parecen contar con un gran apoyo entre los partidos. Entre ellas sobresalen dos. En primer lugar, la eliminación de la circunscripción nacional para senadores, concebida por los constituyentes del 91 para potenciar liderazgos con méritos propios, pero que ha dejado a los departamentos más atrasados económica y socialmente sin representación en el Senado, perpetuando el predominio de los caciques mediante la institución de los avales. En segundo lugar, abolir la figura del voto preferente, creada mediante el acto legislativo 01 de 2003, la cual dio lugar a una explosión de empresas políticas personales y a un encarecimiento de las campañas electorales. En este orden de ideas, si las listas son cerradas cabe pensar que la responsabilidad de llevar a buen puerto recaería en los partidos por lo que no sería descabellado pensar en una financiación exclusivamente estatal eliminando ventajas electorales fundamentadas en el dinero.
Otras propuestas que concitan acuerdos son la conformación de listas con criterios de paridad y alternancia en materia de equidad de género y una reforma de fondo del CNE.
Respecto del CNE, conocido es el planteamiento según el cual mientras su origen esté en los partidos políticos y en el Congreso de la República, sus decisiones estarán cubiertas por un manto de duda por ausencia de independencia. Cabe recordar que la Misión de Observación Electoral ha solicitado que se apruebe la creación de un Consejo Electoral Colombiano – CEC – que sea independiente y con plena autonomía administrativa y presupuestal para que pueda desarrollar de manera efectiva y eficiente sus funciones, en particular el control a la financiación de las campañas y la publicidad ilegal que rodea los certámenes electorales.
Otras propuestas que concitan menos apoyo son el voto obligatorio y la reducción de edad para que los colombianos puedan votar desde los 16 años.
El voto obligatorio a muchos parece un esperpento porque el ejercicio del voto solamente adquiere validez efectiva y moral cuando es una expresión libre y voluntaria, porque votar o no votar es un derecho que se regula por convicción, no por imposición. La propuesta de voto desde los 16 años ha sido criticada por tener claros visos de populismo y porque lo que busca es que los menores voten por quienes les habilitaron el derecho a votar.
Con las reformas al sistema electoral se busca luchar contra la corrupción. Falta que los principales interesados, los congresistas, las aprueben. De otro lado, es claro que la principal causa de la corrupción no es el régimen electoral sino el régimen político. Mientras los que ocupan cargos electivos deban pagar a sus electores por los puestos en disputa, seguirá la feria de cuotas burocráticas y el festín de contratos públicos, con las consiguientes prácticas corruptas que se han enquistado en la sociedad.
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Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario
Foto obtenida de: id.presidencia.gov.co
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