Ante los múltiples males que se derivan de una situación de hostilidad interna generalizada, de guerra civil (stásis) que compromete a una nación entera, es preciso preguntarse cuál debe ser la consideración sobre los miembros que vivieron en medio de los graves daños que produjo la confrontación, de manera que la paz surja como el fruto del esfuerzo de todos y no solo de las partes que activamente participaron en el conflicto.
La responsabilidad, asociada generalmente con la culpa, es reconsiderada por Hanna Arendt en términos políticos. Y aunque la aplicación práctica de esta perspectiva se funda en la estrategia política nazi de impedir la distinción entre alemanes y criminales, ofrece la ventaja, aun cuando sea posible la identificación de un cierto número de culpables, de no trasladar al ámbito de lo privado y lo individual un acontecimiento esencialmente general y colectivo como fue el nazismo. Más aún cuando los máximos responsables, susceptibles de un castigo penal (“los responsables de todo este infierno”), no aparecerían ni siquiera en la lista de los criminales directos. Así pues, no solo es estéril un tratamiento penal a quienes produjeron el mal, sino que también es inconveniente si lo que se quiere es dirimir los conflictos en un contexto de reforma institucional para la construcción de un destino común en la sociedad.
El horror de la guerra en general, y de la violencia paramilitar, en particular, ha confirmado un episodio espeluznante propio de los nazis: la existencia de hornos crematorios en Colombia identificados gracias a las declaraciones de Salvatore Mancuso. ¿Qué hacer frente al mal radical? Las sanciones penales, cuya aplicación sería un bálsamo purificador para el deseo de venganza en la justicia punitiva, conducirían a la comunidad política a una especie de indolencia general una vez esta haya logrado deshacerse de toda responsabilidad, trasladándola a unos cuantos individuos que, señalados y acusados, cargarían sobre sus espaldas con todo el peso de la culpa. Mas reducir las diferentes formas de vinculación criminal con la categoría culpable para redimir a muchísimos más que tuvieron otras formas de participación (consciente o inconsciente, directa o indirecta) más parece una necesidad de autoexculpación que un afán de justicia. Los “justicieros”, defensores del retributivismo, solo conciben la responsabilidad en términos jurídicos, como penalidad, y son incapaces de percibir el amplio margen donde pueden ser incluidos otros actores desde el punto de vista moral y político, como los responsables sin culpa (Young, 2011).
Por ello, es necesario preguntarse qué tipo de justicia se ajustaría a una sociedad como la colombiana que ha sido al mismo tiempo espectadora pasiva e indiferente, instigadora a distancia, simpatizante, promotora, financiadora obligada, contribuyente voluntaria, participante indirecta, combatiente activa, etc., en una guerra que, de forma continua, se ha extendido durante más de cinco décadas. Pues bien, el concepto de responsabilidad política acuñado por Hanna Arendt puede prestar gran ayuda a la comprensión de una situación de esta naturaleza. Y aunque es exagerado asemejar las premisas de la Alemania Nazi al caso colombiano (movilización total del pueblo para el crimen, pérdida absoluta de la distinción entre culpables e inocentes), una consideración horizontal de la violencia en Colombia es fácilmente vinculable con dicha situación, con lo cual, si bien no se niegan las responsabilidades morales y políticas de una cantidad importante de instituciones, entidades y personas, sí permite salir del estrecho marco de la inculpación penal.
La sentencia de Arendt, según la cual “cuando todos son culpables nadie lo es”, puede aplicarse también a la responsabilidad política: donde todos son responsables, ninguno es responsable. Aquí la colectividad es el objeto difuso sobre el cual recae la acusación política. Los individuos, comprendidos en la comunidad, son considerados solamente como partes de un todo en el cual se inscriben. El yo cede su lugar al mundo de los hombres. No es el burgués, sino el ciudadano; no es el hombre concreto miembro de la sociedad civil, sino el hombre abstracto miembro de la comunidad quien toma parte de la responsabilidad política, la cual “existe con total independencia de los actos de los individuos concretos que forman el grupo” (Arendt, 2005). Esta consideración abstracta de la responsabilidad debe ser superada para ser proyectada en el futuro, por lo cual se exige que la responsabilidad política sea entendida como acción colectiva coordinada por los ciudadanos que se manifiestan y actúan en la esfera pública para propiciar cambios institucionales (Young, 2011).
Si el proceso con las FARC no solo pretende superar la guerra y transitar hacia la paz, sino también modificar ciertas estructuras sociales que se consideran injustas, con las cuales se vincula la raíz del conflicto, este proceso se manifiesta, en consecuencia, como un fortalecimiento de la democracia en términos de participación política e inclusión social. “El éxito de una justicia de transición puede ser medido por la calidad de las reformas políticas logradas” (Kai Ambos, 2008). En este sentido, la responsabilidad política, como la concibe Iris Young en Modelo de conexión social, sirve de elemento interpretativo para comprender el papel de una ciudadanía activa capaz de apropiarse, mediante acciones públicas y colectivas, es decir, políticas, de la necesidad de poner en práctica actividades coordinadas y conjuntas que impidan la producción y reproducción de “conductas sociales moralmente incorrectas” que han sido naturalizadas y sancionadas por la comunidad en general, y que han provocado la creación sistemática de situaciones graves de criminalidad e injusticia ya enquistadas en la estructura social.
En el histórico acto público del pasado martes 03 de octubre en la Plaza de Bolívar, el ministro Iván Velásquez, al reconocer la responsabilidad institucional del Estado colombiano, pidió perdón a las víctimas de falsos positivos “por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo. Reconocemos -dijo- la responsabilidad del Estado en su ejecución”.
Estos hechos pavorosos han perdido seriedad ante la simpleza de la prensa que los registra como una noticia más, digna de unos cuantos titulares marginales. Este sesgo informativo de una prensa activista y militante que en connivencia con autoridades corruptas del Estado se resiste a ahondar en la verdad, cuando no la niega, ha fabricado una imagen distorsionada del conflicto: aumentando su dimensión cuando habla de sus rivales o trivializando su gravedad con su venal simpatía. Es la banalización típica de quien se asume como responsable. La gran mayoría de colombianos hemos “vivido” el conflicto a través de medios de comunicación. De ahí que la percepción que se tiene de él esté relacionada con la manera como ellos construyeron su relato.
Los “ciudadanos normales” son los hombres-masa o el grupo mayoritario que asume las prácticas de su sociedad como “buenas” de manera acrítica. Políticos, militares, presidentes, empresarios, ganaderos, periódicos, noticieros y medios de comunicación en general contribuyeron con la producción del horror; con silencio obediente y aplauso servil callaron ante la crueldad con la cual exterminaron por lo menos a 6.402 civiles vulnerables entre 2002 y 2008. Asesinatos, masacres y desapariciones en masa hicieron necesarios al verdugo la construcción dantesca de hornos crematorios para evitar vestigios de la inmensidad de su barbarie. Mancuso, ovacionado otrora en el congreso como héroe, hoy es denigrado por la ultraderecha por las declaraciones que hasta ahora han resultado ciertas.
Así pues, un enfoque no jurídico, sino político de la responsabilidad colectiva frente al pasado horroroso es necesario para propiciar el tránsito hacia la paz como fruto del esfuerzo de todos y no solo de la parte visible que directamente participó en la guerra. Es este un imperativo político y también moral de todos los que sentimos la necesidad de superar la enemistad interior y alcanzar la reconciliación social. De esta forma es que debe entenderse hoy el sentido de responsabilidad que el presente impone a los colombianos.
David Rico
Foto tomada de: Infobae
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