Venezuela: ¿ruta de negociación?
Fuerzas sociales y políticas venezolanas han venido dando pasos en la perspectiva de construir condiciones para abrir una ruta realista de diálogo que obligue al régimen a negociar, y a la oposición, a concretar acuerdos con soluciones a asuntos urgentes como, entre muchos otros, la emergencia humanitaria compleja.
A dar esos pasos en Venezuela han contribuido organizaciones sociales, empresariales, de trabajadores, universidades e iglesia, que luego de cuatro años de diálogo se articularon en el Foro Cívico Nacional y continúan motivando a unir el reclamo social con exigencias al liderazgo político. Así impulsan la apertura del complejo proceso de recuperación de la vía democrática y electoral, con acompañamiento de la comunidad internacional.
En 2021 han ayudado a concretar acuerdos puntuales entre oposición y régimen. El primero, facilitado por la Organización Panamericana de la Salud para hacerle frente a la pandemia, al permitir el acceso al sistema Covax que facilita la consecusión de las vacunas que deben aplicarse sin discriminación alguna. También, la entrada del Programa Mundial de Alimentos para atender 1,5 millones de niñas/os en zonas muy afectadas por inseguridad alimentaria. Además, la exigencia de aplicar el convenio con la Organización Internacional del Trabajo de diálogo tripartito -gobierno, empresarios y trabajadores-, ha logrado la liberación de algunos sindicalistas detenidos, el freno a ataques a defensores de derechos humanos y lideres sociales, el traslado a arresto domiciliario de seis directivos de Citgo detenidos.
Otro paso para el retorno al Estado de derecho y la reconstrucción de la ruta electoral se acaba de lograr con la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Después de 17 años, dos expertos opositores han sido escogidos dentro de los cinco rectores principales del CNE, y con sus suplentes estarán al frente de procesos electorales por siete años. El partido de gobierno PSUV quiso imponer al contralor y a diputados de la Asamblea Nacional (AN) oficialista pero no lo logró.
El nuevo CNE organiza la elección de 23 gobernadores y 335 alcaldes, concejales y legisladores regionales, que se realizará el 21 de noviembre del 2021. Habrá al menos 16 procesos de auditoría al sistema de votación bajo el escrutinio de técnicos de partidos participantes y expertos internacionales para asegurar transparecia y seguridad del voto. Del 1 de junio al 15 de julio actualizarán el registro electoral. El CNE revisa inhabilitaciones impuestas a opositores, ojalá logren habilitar la plena participación de todas las figuras y partidos opositores, pues implica acciones de otros órganos que la han impedido, como la Contraloría y el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. Y ojalá el régimen de Maduro no se niegue a aceptar un resultado que le sea desfavorable.
Hay amenazas. La Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, alerta sobre el intento del régimen de Maduro de instalar el llamado “Estado comunal”, que atenta contra la descentralización y la territorialidad basada en alcaldías y gobernaciones, al tratar de suprimirlos como espacios de democracia y participación ciudadana; y llaman al CNE a informar e impedir que se concreten situaciones como esa, reñidas con la legalidad. El embargo de los bienes y la sede de El Nacional, realizado como expropiación armada en favor de Diosdado Cabello -quien exigió indemnización porque el periódico había reproducido una denuncia en su contra aparecida en la prensa internacional-, es un grave ataque a la libertad de expresión.
Desde Estados Unidos y la Unión Europea se ha reconocido al nuevo CNE como un primer paso y se ha dicho que evaluarán las sanciones al régimen si hay elecciones justas y verificables. Es de esperar que el nuevo CNE logre condiciones para unas elecciones libres y transparentes que recuperen la confianza en el voto y la capacidad efectiva de elegir con garantías respetadas por todos los poderes públicos. Esto exige acabar la represión contra medios de comunicación, organizaciones humanitarias y sociales, y liberar los presos políticos. Requiere, además, incorporar electores que se encuentran fuera de Venezuela, y una gestión técnica de los organismos electorales subalternos como mesas y juntas regionales o municipales. También implica una campaña equitativa que impida el uso de recursos públicos o de medios de comunicación en favor de candidatos oficialistas así como una creíble observación electoral nacional e internacional.
¿Giro de Juan Guaidó?
Entre 2019 y 2020, Guaidó y el sector opositor que representa, exigieron cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Como esa estrategia no surtió efecto, en 2021 empezaron a hablar de cinco pilares: construir la mayor y mejor unidad posible, rescatar la capacidad de movilización y presión interna, atender la emergencia humanitaria compleja, fortalecer la presión internacional para lograr elecciones libres y justas. Ahora rechazaron el nombramiento del nuevo CNE, porque fue hecho por la AN conformada el 6 de diciembre de 2020, que por sus irregularidades no es reconocida por 60 países. Sin embargo, el resultado de las elecciones regionales en noviembre próximo podrá adquirir un carácter plebiscitario si la oposición obtiene la mayoría de votos y se decide a usar la posibilidad constitucional de un referendo revocatorio, que podría realizarse a partir de 2022.
El 11 de mayo 2021, Guaidó presentó la propuesta de “acuerdo de salvación nacional” como un proceso de negociación entre las fuerzas opositoras y el régimen de Maduro, con presencia internacional. No exigió cese de usurpación ni gobierno de transición sino garantías para elecciones libres y verificables. Además, abogó por el compromiso internacional para lograr la recuperación de Venezuela y ofrecer incentivos al régimen como el levantamiento progresivo de sanciones a cambio de avances democráticos reales.
Maduro aceptó conversar pero le dijo a Guaidó: “Sale hoy a decir que quiere diálogo porque se quedó por fuera de todo, aislado y derrotado”. Le exigió “renuncia de la oposición extremista al camino del golpismo, del intervencionismo, de llamar a invasiones, y que sus dirigentes rindan cuentas. Que regresen ese dinero al país, que regresen Citgo y Monómeros”. Ojalá la mayor coordinación entre los gobiernos de Estados Unidos y países de la Unión Europea que promueven la negociación para resolver las crisis venezolanas, incida en la construcción de una ruta democrática.
Colombia: ¿giros cruciales?
En medio de masivas y prolongadas protestas, el gobierno colombiano tiene el desafío de escuchar y negociar. Al mismo tiempo tiene que dar un giro sustancial en su política internacional para revertir los efectos que dejó el apoyo del presidente Iván Duque a Trump y a su política frente a Venezuela, de presión externa con “todas las cartas sobre la mesa”, que recurría a sanciones y amenazas de uso de la fuerza. Además, el presidente debe revertir el aislamiento de Colombia generado por desaciertos como: invitar a Trump a enviar delegado a la reunión del Grupo de Lima en Bogotá, ayudar a que incluyera a Cuba en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo; apoyar a su dogmático asesor cubano-americano, Mauricio Claver-Carone, para la presidencia del BID, tratar de intervenir en las elecciones de Ecuador, etc. Según el exasesor de seguridad John Bolton, Trump le habría preguntado a si mandaban 5.000 hombres a Colombia, como anotó en la libreta que mostró la prensa, y agregó que el canciller Carlos Holmes “me trajo un paquete de ese mismo tipo de libretas para que no se me acabaran”. En lugar de rechazar esas amenazas ¿validaba el uso de territorio colombiano para la presencia militar estadounidense?
Amenazas e injerencias unilaterales y debilitamiento de instituciones multilaterales, generan tensiones en la región y efectos contraproducentes en Venezuela. Las sanciones petroleras agravan la situación al exacerbar la crisis económica y humanitaria con dañinos efectos sobre la población. El régimen de Maduro fue logrando con diverso tipo de maniobras aferrarse al control de todos los poderes públicos. La oposición terminó reprimida, en el exilio y fraccionada.
La presidencia de Duque y su partido han concentrado e ideologizado la política exterior de Colombia. A eso contribuyó también la entonces canciller Claudia Blum, recordada por desatinos como el del 21 de abril ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, responsabilizando al Partido Comunes por las disidencias de las exFarc; por fortuna la ONU ratificó el respaldo a la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz. El despojo a la cancillería de su papel, se corresponde también con el uso de la diplomacia para pagar favores políticos. Aunque Duque prometió en su campaña por la presidencia que para las representaciones de Colombia en el mundo, mínimo 50% serían de carrera diplomática, según datos presentados al Congreso, solo el 23,7% de embajadores de Colombia son de carrera, o sea, el presidente ha nombrado discrecionalmente el 76,3% con amigos y miembros de su partido.
Ante ese acumulado de desaciertos como de denuncias internacionales del maltratamiento a la protesta social, si Duque se dedica a tratar de mejorar su imagen sin transformar la realidad interna y la política exterior, pierde la oportunidad de dar giros sustanciales, hará mucho más complicada la última parte de su presidencia, y agrava la situación de Colombia.
Socorro Ramírez
Foto tomada de: Vanguardia
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