Al momento se corre el riesgo de la ruptura de la negociación de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN sin lograr resultados, hecho que traería repercusiones negativas de distinta índole. No habría sinergia y continuidad con la implementación de la paz con las FARC sino retoma del conflicto bélico en distintas regiones, se agotaría el proceso de paz sin conseguir cerrar en definitiva la guerra, se alentarían las posiciones militaristas y retrógradas en detrimento de las posibilidades de la construcción de la paz y como lo ha demostrado la experiencia colombiana recuperar el entendimiento para reemprender un nuevo proceso de solución política, para el caso con el ELN, podría demorar hasta una década, en caso de darse.
Lo real es que este proceso de paz entró en crisis. Las partes no lograron reanudar un compromiso de cese al fuego y hostilidades, el ELN optó por pasar de inmediato a acciones militares, actos de sabotaje y hechos violatorios al derecho humanitario que recibieron rechazo de todos los sectores, en reacción el Gobierno se retiró de la mesa y ante los reclamos de sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional para que se reanuden las conversaciones y se consiga pronto un nuevo cese al fuego, el pulso entre las partes no cede y puede llevar a la ruptura definitiva.
El Gobierno le exige al ELN “muestras de buena voluntad” en términos de cesar la confrontación como condición para retornar a la mesa. El ELN alega que no se está bajo compromiso de cese al fuego y si bien hizo un gesto positivo declarando parar las acciones bélicas dos días previos y hasta dos días posteriores a las elecciones para Congreso de este fin de semana, 11 de marzo, pronto su efecto en términos de ambiente hacia reinstalar la mesa se quebró producto de un nuevo y cruento ataque guerrillero contra las fuerzas militares.
Entre tanto, el tiempo se agota, de manera que restan solo unos meses al gobierno y en mayo se elige nuevo presidente, por de no reestablecerse la mesa al momento para conseguir un nuevo cese al fuego y hostilidades bilateral y avanzar en la quinta ronda hacia dejar sentada la metodología de participación y entrega de aportes de la sociedad civil, se ha fracasado en este intento de más de tres años de gestiones. Más aún, basta con no reanudar el diálogo y el trabajo de la mesa para dar por finalizado este proceso, pues dada su suspensión y la finalización del mandato del gobierno implica su ruptura definitiva.
De fracasar la negociación con el ELN es lejana e improbable su recuperación
Es preciso recordar que en Colombia no hubo una solución política global y simultánea para finalizar la guerra de varias décadas entre el Estado y las distintas guerrillas, sino que se han registrado acuerdos de paz parciales y progresivos. Primero se registró el proceso de paz que se inició con el M19 y continuó de forma consecutiva con el EPL y varios grupos milicianos y fracciones guerrilleras regionales, en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y sus posibilidades y efectos.
Luego, asistimos a la segunda ola de negociaciones con resultados definitivos para la paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos que logró conseguir tras más de cuatro años de conversaciones un acuerdo de paz final con las FARC EP en 2016, siendo éste el más decisivo e importante dados los orígenes más históricos y el mayor influjo social, potencial bélico y presencia territorial de esta guerrilla con respecto a las demás. Pero simultáneamente, aunque con mucha lentitud, se avanzó hacia conseguir otro acuerdo de paz con la guerrilla restante, el ELN.
De tal forma, desde tres casi cuatro años el Gobierno, las FARC EP y el ELN afirmaron que sería un solo proceso de paz con dos mesas y que habría sinergia al implementar los compromisos de la paz derivados de los dos acuerdos esperados. Luego, al conseguirse la paz con las FARC EP las organizaciones sociales, redes sociales y sectores de opinión favorables a la paz advirtieron que sin lograr el acuerdo de paz con el ELN no habría paz completa y se causarían grandes dificultades para implementar la paz solo con las FARC EP.
Por tanto, asistimos a una coyuntura muy difícil, puesto que ya no fue posible conseguir bajo las administraciones del presidente Santos la paz con las FARC, pero queda la última oportunidad para no fracasar en el propósito de cerrar de forma integral el conflicto bélico. Aún es posible si se obra con disposición, voluntad y prontitud, recuperar un nuevo acuerdo de cese al fuego y las hostilidades bilateral y conseguir que la mesa llegue a avances sustanciales -ojalá completos-, con relación al primer punto de la agenda: Participación de la Sociedad. Así, el nuevo gobierno en estas condiciones podría darle continuidad al proceso de paz.
La otra opción, lamentablemente muy posible, es que las partes no reanuden los trabajos de la mesa y por consiguiente no consigan estos avances en los pocos meses que restan del gobierno Santos. En tal contexto, bien puede declararse por las partes o alguna de ellas el cese del proceso de paz con total fracaso en sus resultados, o bien, aunque formalmente no lo hagan, se registrará el hecho histórico de la ruptura del entendimiento sin resultado para la paz.
Pero es de advertir que la experiencia en Colombia de las últimas décadas evidencia que cuando se han producido procesos de paz fallidos con las guerrillas, en promedio se requiere una década y el paso de varios gobiernos para intentar nuevas conversaciones y negociaciones de paz. Es decir, quedaríamos ante la probabilidad de una tercera ola negociación con esta guerrilla, si no se produce antes bien su derrota militar y/o su descomposición.
Inseguridad y de reactivación de dinámicas de violencia en las regiones
Lamentablemente para las posibilidades de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC la situación en las regiones, en especial en aquellas donde tenía presencia y niveles de control territorial y social ésta anterior guerrilla, se ha deteriorado notoriamente la situación de seguridad y se incrementan dinámicas de violencia de distinto orden. Si bien entes del Estado y la fuerza pública han desplegado planes y programas y en algunas localidades se siente el positivo impacto de la paz, en la mayoría de los territorios de manera general se han fortalecido y reactivado dinámicas de violencia, en medio de una cruenta y compleja reconfiguración de actores y dominios territoriales.
En tal contexto, el ELN se ha expandido en algunas regiones como el Chocó, Nariño y Arauca buscando ocupara anteriores zonas de las FARC, ocasionando presiones y varios casos graves de agresión contra líderes sociales, excombatientes amnistiados y comunidades. Agrupaciones herederas del paramilitarismo como las AGC y otras de corte narco-paramilitar y mafiosas hacen lo propio, de manera que en varias regiones chocan con el ELN o con rezagos milicianos o de disidencias guerrilleras de las FARC, como sucede en Chocó, el Bajo Cauca, norte de Antioquia y Nariño. La disidencia del Frente 1 de las FARC controla territorio significativo en Guaviare y busca expandir su actividad y control hacia Caquetá y otros lugares. Por su parte, la última disidencia activa del EPL en Catatumbo se expande hacia zonas anteriores de las FARC, mientras en el norte del Cauca algunos núcleos milicianos no desactivados empiezan a actuar a nombre del ELN y del EPL.
Estas circunstancias debilitan la dinámica de la transición prevista de las Fuerzas Militares del escenario de guerra hacia el escenario de la construcción de la paz. Pues si bien emprende la fuerza pública una valiosa labor para garantizar seguridad en las Zonas de Capacitación y Reincorporación de excombatientes, a la vez dinamiza operativos ofensivos ante la reactivación de grupos armados ilegales de distinta índole y la resistencia de redes mafiosas desde el control de economías ilegales y desde la oposición violenta a la implementación del pacto de paz con las FARC y la búsqueda de la normalización institucional.
En tal sentido, se emprenden operativos oficiales importantes en Catatumbo donde se despliega la Fuerza de Tarea Vulcano, donde actúan el ELN y la disidencia aún activa del EPL. En Nariño, Urabá y Bajo Cauca donde se implementa la Operación Agamenón II, dirigida contra el grupo narco-paramilitar AGC. En Atrato y parte del Pacífico donde la Fuerza de Tarea Zeus, se despliega contra las ACG y el ELN. En el norte de Antioquia y parte de Córdoba donde persisten operativos contra las AGC y ahora actúa una disidencia de las FARC.
Caso agravado sucede en Tumaco, Nariño, donde reportes oficiales informan que se incrementaron a 23 mil hectáreas de siembra ilegal de coca y a 42 mil hectáreas en el conjunto de Nariño, el 43% del país, de manera que se disputan grupos narco-paramilitares, grupos conformados por exmilicianos de las FARC como el denominado Guerrilla Unida del Pacífico y actúa y se expande el Frente de Guerra Suroccidental del ELN. En consecuencia, la Fuerza de Tarea Hércules asume un plan estratégico con diez mil efectivos del Ejército, la Armada y la FAC y un cuerpo especial de la Policía, con impacto en 10 municipios de Nariño.
Estado, narco-paramilitares y ELN: responsables de la crisis humanitaria
El acuerdo entre Gobierno y ELN de cese al fuego y hostilidades, bilateral y temporal por cien días, tuvo vigencia entre mediados de octubre de 2017 y los nueve primeros días de enero de 2018, con veeduría de una misión de la ONU. El reporte de este organismo intergubernamental, en coincidencia con informes de varias ONG internas, reconoció el cumplimiento predominante de los compromisos por las partes, de forma que cesaron acciones bélicas y hechos de violencia política que significaron un importante alivio humanitario para la población en las regiones.
Sin embargo, se presentaron hechos de violencia y dinámicas militares por las partes, contrarios a este acuerdo o que al menos generaban tensiones y dificultad para la posibilidad de los compromisos suscritos. El gobierno en las distintas zonas de impacto histórico del conflicto, bien donde se implementa la paz con las FARC o con presencia del ELN, no garantiza seguridad y debida protección a los liderazgos sociales, de forma que se producen en su contra ataques sistemáticos con numerosos líderes asesinados. La Policía y el Ejército resultaron involucrados en la masacre contra campesinos cultivadores de coca que protestaban en demanda de aplicación de soluciones de sustitución de cultivos sucedida en Tumaco. Y el ELN denunció que tropas oficiales incursionaban en zonas de presencia de sus estructuras guerrilleras.
Por su parte, trascendieron denuncias contra el ELN en Chocó por presiones y desplazamientos contra comunidades étnicas, en medio de su disputa con estructuras de las AGC, a la vez que resultó responsable del asesinato de un líder indígena en este departamento. Posteriormente, esta guerrilla resultó responsable de un ataque contra un grupo residual armado de ex integrantes de las FARC, pero de forma que habría ocasionado varias muertes contra personas civiles.
Este tipo de situaciones fueron tensionando el ambiente y afectando negativamente tanto la credibilidad del proceso de paz ante la sociedad y la comunidad internacional como la confianza entre las partes. ELN se declaró insatisfecho por el no tratamiento en el mecanismo de algunos hechos de violencia contra la población de responsabilidad estatal como la masacre de Tumaco, por lo cual cuestionó a la propia ONU y se marginó del dispositivo de la veeduría[1]. El Gobierno a la vez rechazaba públicamente las infracciones contra civiles y los dispositivos de expansión militar de frentes del ELN en varias regiones.
En tales condiciones ambas partes, pero desde reclamos distintos, llamaban a revisar y renegociar las condiciones del acuerdo de cese al fuego y hostilidades bilateral, hecho que no lograron realizar dadas las ópticas distintas y en asuntos contrarias de las discusiones al respecto. En vísperas de la culminación de este acuerdo el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas llamó a la fuerza pública para disponerse a enfrentar la guerrilla “con toda contundencia”, ante lo cual desde el ELN hubo también pronunciamientos sobre disposición a retomar las acciones militares.
Agotada la fecha de cese convenido, al anochecer del 9 de enero de 2018 y amanecer del 10 de enero siguiente, mientras las partes dialogaban en aras de revisar el acuerdo y se habían producido importantes declaraciones desde sectores diversos de la sociedad y por parte de la comunidad para que no se retornara a las hostilidades[2], el ELN se precipitó éste día y los siguientes a realizar actos de sabotaje contra la infraestructura petrolera, hostigamientos a la fuerza pública y un secuestro de un funcionario de Ecopetrol en Arauca; luego realizó también ataques en Norte de Santander, Chocó y Nariño.
Entonces los operativos de respuesta militar del Ejército en varios casos se vieron implicados en graves violaciones a los derechos humanos. El 20 de enero siguiente indígenas del Pueblo Betoye, entre Tame y Arauca, bloquearon la carretera para denunciar al Ejército por la muerte de dos de sus integrantes, uno de ellos fiscal de la comunidad del Juliero, cuando estaban de caza con flechas para su sustento en el resguardo, de forma que en sus comunicaciones afirmaron que los militares les pusieron brazaletes del ELN y armas a sus cadáveres, para hacerlos aparecer como supuestos guerrilleros caídos en combate, cuando “…fueron interceptados por miembros del Ejército Nacional, quienes les dispararon de manera indiscriminada, quitándoles la vida en el acto”[3].
Las comunidades indígenas Betoye de la región, Julieros también denunciaron que “el Ejército Nacional con el afán de confrontar al ELN y/o otros grupos al margen de la ley en Arauca, en su afán por presentar resultados al gobierno central, cometen hechos fuera de sus funciones, como este caso y otro asesinato ayer en la madrugada, se trata de una joven profesora de un CDI (Centro Docente Indígena), que como costumbre en la región y en comunidades indígenas, se trasladan en la madrugada entre familiares, esta vez a pelar un pollo para una venta al detal”. En su comunicado la ONIC demandó rectificación del Ministro de Defensa y del presidente de la República e investigaciones de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General y organismos de derechos humanos, dado que las víctimas de tales hechos fueron oficialmente señaladas como supuestos integrantes de esa guerrilla[4].
Posteriormente, tropas del Ejército también cometieron un homicidio contra un importante líder indígena que estaba en un resguardo con su comunidad, en desarrollo de operativos de persecución al ELN. Entre tanto, en Nariño, la incursión del ELN produjo el homicidio de tres amnistiados de las FARC, cuando realizaban un proyecto social y productivo en una finca en el marco de las acciones de su reintegración a la vida civil. Además, sobrevinieron los ataques urbanos del ELN en Barranquilla, Soledad y rurales en el sur de Bolívar contra estaciones de la Policía Nacional, pero de forma que en los casos urbanos utilizó de manera desproporcionada ataques con explosivos y contra personal policial en labores civiles, que no constituían objetivo militar, lo cual configura una grave infracción al derecho humanitario, al producir entre ellos cinco víctimas fatales y numerosos heridos, hecho que generó amplio rechazo de diversos sectores de opinión.
Estas circunstancias revelan la lamentable vigencia de hechos violatorios a los derechos humanos y al derecho humanitario por las partes del conflicto, lo cual debilita en términos de legitimidad y respaldo las posibilidades de este proceso de paz, a la vez que menoscaba la confianza entre las partes en la mesa posible de reactivar, en medio de una situación contradictoria. Esto puesto que precisamente en el punto primero de la agenda sobre Participación de la Sociedad, se adicionó paralelamente el tratamiento del punto 5 F, relativo a asuntos y posibles acuerdos humanitarios especiales, tendientes precisamente a evitar este tipo de trasgresiones humanitarias por las partes en conflicto bélico.
Sociedad y comunidad internacional llaman a salvar este proceso de paz
El Gobierno recién había cambiado su equipo negociador dejando al frente de su comisión negociadora al exvicepresidente, exministro y exembajador Gustavo Bell, cuando se precipitaron los hechos referidos que hicieron entrar en crisis el proceso de paz. Bell declaró que el gobierno seguirá en búsqueda de recuperar el cese al fuego bilateral y continuar con la agenda de conversaciones convenida en búsqueda del fin del conflicto. Pero de hecho el gobierno hizo retornar a Bogotá de Bell y su equipo. Poco antes también se había dado el cambio en el cargo del Alto Comisionado para la Paz, de forma que Rodrigo Rivera ahora en ejercicio, apenas ha logrado pronunciarse al respecto en críticas al ELN por la retoma de sus actuaciones violentas, señalándolo de ser responsable de la suspensión del diálogo, con alto costo por la incidencia de estas dificultades en medio de la campaña electoral en curso.
“El ELN está haciendo muy difícil que alguno de los actuales candidatos presidenciales apueste por una salida negociada, pues esa guerrilla no ha sabido estar a la altura de la voluntad de paz del Gobierno”[5].
De otra parte, los países garantes Noruega, Cuba, Ecuador, Venezuela, Brasil y Chile han reaccionado a favor de la reanudación de las conversaciones entre las partes y el pronto acuerdo de nuevos términos para recuperar el compromiso de cese al fuego y las hostilidades. Y el Secretario General de la ONU Antonio Guterrez que hizo presencia a mediados de enero de este año en Colombia, llamó al Gobierno y al ELN a retomar las conversaciones y criticó la retoma de la violencia armada. En sus declaraciones expresó: “…el esfuerzo colectivo de paz no puede fracasar, la negociación debe ser preservada como referente y ejemplo para la solución de los conflictos en un mundo que necesita la paz”[6]. “Exhorto al cese de las acciones armadas y al reinicio de un diálogo serio y constructivo con miras a colmar lo antes posible las expectativas generadas por el compromiso de las partes de llegar a una solución de su conflicto por la vía política”[7].
Igualmente, entre otros, el comisionado de Alemania para el proceso de paz criticó el paso a la actuación violenta del ELN que evidenció el fracaso del cese convenido y la reanudación de la guerra causando gran decepción en importantes referentes de la comunidad internacional: “Fue una frustración tremenda. No lo fue tanto el fin del cese sino el accionar del ELN, el recomienzo de la guerra. Frustró al papa, al secretario general de las Naciones Unidas, a los países garantes (…) Claro que hay quejas de que no se estaba implementando apropiadamente lo pactado, de incidentes aquí y allá, del no funcionamiento del Mecanismo de Monitoreo, pero eso debe negociarse en la misma mesa”[8].
El 20 de enero pasado el presidente Santos anunció que regresaba el jefe negociador Gustavo Bella a Quito para reunirse de nuevo con la delegación del ELN, en atención a la solicitud de la ONU de mantener la mesa de diálogo y buscar avanzar en los acuerdos y conseguir recuperar el cese al fuego y hostilidades. Sin embargo, no fue posible resolver el impasse existente, de forma que la situación sigue congelada. Solo queda la esperanza que el gesto de cese de acciones los días contiguos a las elecciones por parte del ELN no vayan a ser seguidos de una nueva escalada, para dejar espacio a que se recomponga en algún grado el ambiente, de manera con las renovadas exigencias y visitas de delegaciones de la sociedad civil y pronunciamientos de la comunidad internacional, el gobierno retorne a la mesa y ésta pueda entregar los mínimos resultados posibles, para que la finalización del gobierno Santos no sea en guerra abierta con el ELN sino en tránsito hacia recuperar posiblemente este proceso de paz con el gobierno entrante, que en todo caso está comprometido con la implementación del pacto de paz con las FARC.
ÁLVARO VILLARRAGA SARMIENTO: Directivo del CNMH, integrante de FUCUDE, catedrático.
Bogotá, DC. 8 de mar. De 2018.
NOTAS
[1] La Misión de la ONU en el informe ante el Consejo de Seguridad del 13 de diciembre de 2017 informó de 27 actividades de verificación, pero el ELN discrepó al estimar que se debía haber incluido su denuncia sobre lo que calificó de hostigamiento de tropas oficiales a sus frentes y la masacre contra campesinos cultivadores de coca que comprometió a la fuerza pública en Tandil, Tumaco.
[2] “Carta abierta a las delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN” suscrita por numerosos académicos, ONG, iniciativas de paz, líderes sociales y empresarios de distintas regiones en demanda de prorrogar el cese al fuego, valorar las muertes, atentados y confrontaciones evitadas en los 99 días de cese al fuego y hostilidades bilateral, el mejoramiento del ambiente y la confianza para avanzar en la negociación y sobre el que retomar las acciones de guerra y de violencia desmotivarían el respaldo al proceso de paz, la motivación y las garantías para la participación ciudadana prevista. http://www.redepaz.org.co/index.php/component/k2/item/170-carta-abierta-a-delegaciones-de-gobierno-y-eln
[3] Comunicado de la ONIC, 19 de enero de 2018.
[4] “ONIC denuncia casos de ejecuciones extrajudiciales en Tame, Arauca”, 20 de enero de 2018, en: www.contagioradio.com/on
[5] “La incomprensible patada de la guerrilla de “Gabino” a la mesa de diálogos de Quito”. Marisol Gómez. El Tiempo. 14 de enero de 2018, página 1.7.
[6] “ONU llama al ELN a frenar la escalada de violencia”, El Tiempo, 15 de enero de 2018, página 1.
[7] “ONU trabaja por el cese con el ELN”. El Espectador. 16 de enero de 2018, página 25.
[8] “Alemania pide un nuevo cese al fuego con el ELN”, entrevista con Tom Koenigs, comisionado alemán para el proceso de paz, Carolina Ávila Cortés, El Espectador, 23 de enero de 2018, página 10.
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