Emergencia Sanitaria
Vivir en el campo con menos constreñimiento espacial y mayor movilidad pareciera tener ciertas ventajas en tiempos de pandemia. Sin embargo, la gente del campo también enfrenta otros problemas como la precariedad de los servicios sanitarios y de salud, vías y transporte, energía y educación, e inversión pública que la actual crisis agrava. La falta de agua potable, alcantarillado y centros de salud equipados, son problemas prioritarios para los campesinos y campesinas encuestados. El 59,4% dice tener asistencia médica en centros de salud, EPS o SISBEN, pero difícilmente logra acceso real a un servicio de calidad por la ausencia de personal capacitado, insumos médicos, infraestructura de cuidados intensivos, y porque no cuentan con medios económicos para asistir a una consulta. A pesar de la escasez de alcohol para la desinfección y limpieza de los hogares, el 80% cuenta con elementos de aseo, pero reporta un aumento exagerado del precio, lo que ha obligado a las autoridades a hacer un control de precios en las tiendas y almacenes, poner multas a los especuladores y en unos pocos casos, subsidiar algunos productos.
Prevención, organización comunitaria y orden público
En el campo los campesinos conocen de manera general las medidas oficiales de prevención a través de los canales oficiales de los gobiernos y las secretarías de salud locales, y por los medios masivos televisión y radio: evitar el contacto físico, lavarse las manos, el aislamiento y el uso de transporte propio (a pie, moto, carro o bestia). En otros casos recurren a las redes sociales y comunitarias que articulan a vecinos, Juntas de Acción Comunal, resguardos indígenas y consejos comunitarios afro, para compartir información y tomar decisiones organizativas y de autoprotección en hogares y veredas. En algunas zonas de Boyacá, Cundinamarca y Huila hay puntos de control del ejército o la policía, en ocasiones con apoyo de las personas de la localidad. En otros lugares de Tolima, Caquetá, Córdoba y Bolívar las comunidades han establecido sus propios retenes para limitar y vigilar el ingreso y salidas de las veredas, gestionando su propia seguridad y libertad de movimiento.
“La gente asumió la responsabilidad de aislarse a pesar de que le haya afectado el tema económico. Es la vida no la economía”, es la manera en que un productor de queso en Caquetá expresa que la organización comunitaria es uno de los principales mecanismos de protección frente a la escasa red de seguridad social en las zonas rurales. Las veredas son las principales unidades de organización socio-territorial rural y las juntas de acción comunal coordinan acciones y recursos entre vecinos e instituciones. En ciertos territorios, las guardias indígenas, cimarronas y campesinas son las encargadas de su protección frente a la amenaza del virus y de los grupos armados que han incrementado la violencia contra los líderes sociales.
La presencia de actores armados reportada en la mitad de las encuestas, revela que estos han asumido el control de la movilidad y en algunos casos han amenazado con eliminar a posibles contagiados, especialmente en áreas fronterizas con Ecuador y Perú, como Putumayo. Incluso se reportan alianzas de disidencias guerrilleras y grupos paramilitares para la vigilancia territorial. Sin embargo, estos controles armados no han impedido la militarización oficial para labores de erradicación forzada de cultivos ilícitos a cargo de cuerpos especializados y personas, muchas veces campesinas, reclutadas en distintos lugares del país. Esto no solo representa un riesgo por la violencia que se ha generado sino por el potencial contagio. Nos queda la pregunta por la prolongación de la militarización, oficial y paraestatal, del campo y su legitimidad entre las poblaciones rurales.
Abastecimiento y consumo de los productores de alimentos
El abastecimiento alimentario rural depende de la capacidad de las familias de producir y comprar lo que necesitan. La mitad de los encuestados afirmó no tener problemas de abastecimiento gracias a los productos de sus parcelas, aunque el autoconsumo no garantiza el acceso a una diversidad alimentaria o una nutrición adecuada. Así lo expresó un productor en Solano, Caquetá: “La gente tiene un problema económico, pero no están en riesgo de que mañana vaya a pasar hambre. Podemos subsistir 3 o 5 meses consumiendo yuca. Pero si vamos a un nutricionista nosotros no nos estamos alimentando como se debe”.
La falta de alimentos en los hogares rurales se debe a la escasez de productos de la canasta básica que no llegan a las zonas rurales o llegan a precios muy altos, y a la ausencia de dinero para comprarlos. En palabras de un campesino de Boyacá: “Lo que yo produzco no vale, pero lo que consumo sí vale, estamos preocupados porque lo que sacamos nos lo compran barato y lo que traen llega caro”. El fuerte verano que afecta la producción y las dificultades de comercialización por las restricciones de movilidad para llegar al mercado o al lugar de venta a los intermediarios, también limitan la disponibilidad de alimentos y de ingresos como se reporta en el Sur de Bolívar, Córdoba y Tolima. “El verano y la epidemia nos tienen acorralados” comenta Albeiro en el sur de Bolívar.
Frente a esta a esta situación, las ayudas que han llegado al territorio corresponden en un 60% a las transferencias condicionadas del gobierno como Familias en Acción y Adulto Mayor y, en algunos pocos casos, la devolución del IVA. Pero a pesar de la bancarización masiva para optimizar las entregas de estos dineros, estas difícilmente llegan a quienes no tienen servicios bancarios o de transferencia de giros, o viven en lugares distantes, sin energía eléctrica y con transporte deficiente. Otras ayudas consisten en la donación ocasional de alimentos de las alcaldías, la iglesia y algunos actores privados, a los más vulnerables. Estas acciones se dirigen, en particular, hacia las zonas urbanas donde las personas son más dependientes de las actividades de servicios, comercio y empleo informal.
Para atenuar los efectos de la crisis y evitar la pérdida de la inversión productiva y las cosechas, las y los campesinos han recurrido a la elaboración y transformación de nuevos bienes y productos alimentarios, el desarrollo de estrategias de oferta y venta por redes sociales, y la comercialización entre veredas y municipios. Otras acciones redistributivas por fuera del mercado son el intercambio de servicios, el trueque y las donaciones de alimentos que solidariamente las familias campesinas han hecho entre ellos y a los pobladores urbanos. En La Capilla, en Boyacá, doña Lilia comenta que “Entre vecinos nos colaboramos harto para el mercado, no hay necesidad de bajar al pueblo, lo que necesite le recomiendo al vecino o al señor del carro le doy la lista y la plata”. Estas estrategias comunitarias de resistencia contrastan con la falta políticas de créditos o subsidios estatales a la producción campesina para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del país.
Los campesinos saben que ellos son sus mejores aliados frente al incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado con los movimientos rurales en las últimas décadas. Un ejemplo es la reciente flexibilización del arancel de aduanas para la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya (Decreto 523 de 2020) que favorece la agroindustria, compite con la producción nacional de alimentos y pone en riesgo las semillas nativas. Otro caso es el desvío irregular de dineros de la línea especial de crédito Colombia Agro Produce creada por el gobierno para garantizar la cadena de producción y el abastecimiento alimentario durante la emergencia, hacia grandes empresarios. Esta operación también benefició a los grandes bancos del país que participaron en la intermediación financiera.
Trabajo, precios y comercio de productos de la economía campesina
En tiempos de pandemia, las dinámicas del trabajo, los precios y el comercio de los productos de la economía campesina se afectan según la heterogeneidad productiva del campesinado, su articulación a la economía y la dependencia de los intermediarios. Según los encuestados, la crisis sanitaria ha abierto oportunidades para ciertos bienes como el café, por su baja disponibilidad en el mercado y por el aumento del dólar. También han aumentado los precios de la arveja verde, el arroz, el plátano y la panela, que ha tenido un repunte muy significativo luego de varios años de crisis.
Para el 33% de los encuestados los precios de sus productos se han mantenido iguales porque hacen parte de circuitos cortos de comercio donde la venta es directa, o porque los intermediarios siguen trabajando con la misma frecuencia y compran el mismo volumen. Un 26,4% de productores ha notado una baja o ha tenido pérdidas por las restricciones en el transporte o cambios de rutas de los intermediarios, variaciones en los patrones de consumo urbanos, sobreoferta local de ciertos alimentos, variación en los volúmenes de compra y nuevos costos de los fletes para sacar las cosechas.
En escalas veredales y municipales también hay oportunidades de reactivación económica. Para el 42,9% de los encuestados los cambios en la circulación e ingreso de ciertos productos en los municipios les han permitido mantener los precios y el flujo de comercialización de sus propios alimentos. “Al no entrar la misma cantidad de afuera, estimula a que la gente saque más sus productos al mercado local” explica doña Rosa en La Paz, Santander. Las nuevas dinámicas de circulación de mercancías, dinero y personas invitan a imaginar las posibilidades y límites del aislamiento y la integración comercial para la economía campesina, familiar y comunitaria.
El trabajo rural remunerado y no remunerado también se ha visto afectado con la emergencia sanitaria. El 50% de los encuestados ha experimentado una reducción en el empleo rural, dentro y fuera de las fincas. Por ejemplo, en Bolívar y Antioquia se vive una doble afectación por el verano y el covid-19 que reducen los cultivos para trabajar y ofrecer empleo, la liquidez y la contratación de jornal. En regiones cafeteras como Huila y Tolima escasea la mano de obra por las restricciones de movilidad y el miedo de los cafeteros al contagio. El desplazamiento de la mano de obra joven es notorio en departamentos cocaleros como Caquetá. Sin embargo, en muchos hogares hay un reemplazo en la mano de obra debido al retorno de los hijos e hijas al campo. Está por estudiar cómo afecta la presencia de estos jóvenes la economía campesina y el patrón de envejecimiento de la población rural.
En contraste, el 33% de los encuestados no observa cambios en las dinámicas de trabajo rural entre los productores con predios pequeños, que no cultivan grandes extensiones y dependen de su propia labor. La continuidad en el trabajo también se debe a las relaciones de parentesco y vecindad que posibilitan la circulación de mano de obra a través de figuras como las mingas, los convites o la mano cambiada.
Economía del cuidado y situación de las mujeres
¿Cuáles son los efectos del coronavirus en los hogares rurales? Las encuestas revelan efectos diferenciados por género y edad, en cuanto al riesgo de contagio, la movilidad y el trabajo doméstico. El 60% respondió que la emergencia sanitaria afecta a hombres y mujeres por igual, pero los hombres dicen estar más expuestos al covid-19 por la mayor interacción social cuando van a vender los productos o hacer las compras en el pueblo. Otros se arriesgan cuando participan en los puntos de control veredales o prestan servicios de transporte y mototaxismo intra e interveredal.
El confinamiento parecería proteger la salud de las mujeres y los hijos. Sin embargo, quedarse en casa restringe la movilidad, las interacciones sociales y económicas, y la autonomía de las mujeres. A la vez, incrementa la violencia intrafamiliar, especialmente hacia las mujeres y las niñas. Por temor al contagio las mujeres ponen en práctica una pedagogía de la prevención con sus familias y aumentan las medidas de aseo personal, en la vivienda y con los alimentos comprados. Estas labores aumentan el trabajo cotidiano doméstico, que el 73.3% de los encuestados reconoce ser una labor femenina. En el campo las actividades del hogar abarcan la cría de animales, la producción agrícola y la transformación de alimentos; estas hacen parte de la economía del cuidado y no cuentan con retribución monetaria ni reconocimiento social. La situación se agudiza en hogares con jefatura femenina, que son los más pobres y desprotegidos. No obstante, en ciertos casos las mujeres mencionan una reducción en la carga doméstica debido al retorno de hijos e hijas, nietos y nietas por la crisis.
Un motivo de preocupación de madres y padres en el campo es la calidad de la educación que están recibiendo sus hijos, pues si bien las clases están regularizadas los estudiantes no cuentan con servicios de energía, ni recursos electrónicos, ni internet para estudiar virtualmente. La opción de aprender con talleres, guías y materiales fotocopiados, que no siempre están disponibles o representan un gasto adicional para la familia, no tiene la regularidad del estudio presencial en el aula ni el acompañamiento docente necesario para el monitoreo y aprendizaje. La crisis sanitaria ha puesto en evidencia, una vez más, brechas urbano-rurales en materia educativa, acceso a bienes públicos y conectividad.
Otra preocupación es la falta de acceso de niños, niñas y adolescente matriculados en el sistema público al complemento nutricional, que en muchos casos es el principal alimento que reciben. Algunos encuestados dijeron recibir refrigerios y mercados para esta población estudiantil, estos han sido esporádicos y sin una clara regularidad. Este aspecto indudablemente pone un peso en la economía familiar, en el trabajo doméstico y en las labores de cuidado.
El campo requiere atención, políticas públicas y subsidios para la producción campesina y comunitaria, inversión social, dotación de bienes públicos, y reconocimiento y garantía de derechos, como han expresado numerosas organizaciones del campo y la sociedad civil. ¿Estará el gobierno dispuesto, como lo dijo Leonardo Díaz, Chipatá en Santander, a “Escuchar el grito del que le está doliendo y la risa del que está feliz”?
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[1] Boyacá, Tolima, Putumayo, Cundinamarca, Chocó, Sucre y Cauca, Bolívar, Guaviare, Santander, Norte de Santander, Córdoba, Antioquia, Caquetá, Tolima y Huila.
Juana Camacho, Mariana Carvajal y Paula Forigua, Colaboración entre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) y el Seminario de Estudios Agrarios (Segrario).
Foto tomada de: Vanguardia
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